Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F. (apro).- El ataque de Los Caballeros Templarios
a la empresa Sabritas en Michoacán y Guanajuato es la primera acción hostil de
una organización de la delincuencia organizada en contra de intereses
económicos de Estados Unidos en México.
En el ambiente de confrontación armada creado por el
gobierno de Felipe Calderón, la decisión del cártel, planeada y ejecutada en
forma simultánea, fue una típica acción de represalia por considerar que la
empresa, filial de la transnacional estadunidense Pepsico, ha sido colaboradora
de su declarado enemigo.
Desde que el sábado 26 de mayo se conocieron los ataques,
había quedado claro el mensaje no sólo para Sabritas, sino para otras empresas
que desde hace tiempo han sido acusadas de poner su infraestructura al servicio
del gobierno de Calderón.
A partir de que en enero de 2007 el gobierno federal llevó
su guerra a Michoacán, en varias comunidades del estado era un secreto a voces
que empresas que habían estado ligadas al triunfo de Calderón estaban sirviendo
de parapeto para labores de inteligencia y aún operativas en contra de La
Familia Michoacana, el antecedente inmediato de Los Caballeros Templarios.
La reivindicación del ataque por parte de Los Caballeros… y
su advertencia de que harán lo mismo con otras firmas echó abajo la falacia de
la extorsión con la que las autoridades pretendieron justificar el ataque.
No es tampoco un hecho aislado, como salió al paso el
secretario de Economía, Bruno Ferrari. Es un escalamiento en la ya de por sí
grave amenaza para la seguridad y estabilidad del país.
La reacción del Departamento de Estado de Estados Unidos fue
algo más que una condena. El ataque a sus intereses económicos era ya un
escenario previsto. Funcionarios civiles y militares ya habían advertido que la
violencia en México podía alcanzar en cualquier momento a los intereses de ese
país en nuestro territorio, e incluso dentro de sus propias fronteras.
En octubre de 2008 se registró el primer ataque contra
objetivos “duros” de Estados Unidos en México en el contexto de la “guerra a
las drogas” declarada por Calderón, en la que ha ido de la mano del gobierno
estadunidense a través de la Iniciativa Mérida. Fue un ataque con granada al
consulado de ese país en Monterrey, Nuevo León.
En abril de 2010 hubo un segundo ataque contra oficinas
consulares estadunidenses. Ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con explosivos
caseros.
En marzo de ese mismo año, fueron ejecutadas tres personas
“vinculadas” al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Hace más de un año, en febrero de 2011, fue asesinado en una
carretera de San Luis Potosí el agente del Servicio de Inmigración y Aduanas
(ICE, por sus siglas en inglés) Jaime Zapata cuando sicarios de Los Zetas lo
confundieron como miembro de una organización rival, según la versión oficial.
Pero esta vez fue un ataque contra un “blanco suave” de
Estados Unidos en México: Pepsico, dueña de Sabritas, tiene sus oficinas
corporativas en Nueva York y es una las multinacionales más importantes del
mundo. Tan sólo en México tiene más de 70 mil empleados.
El potencial de esos ataques por parte de la delincuencia
organizada es enorme. De acuerdo con el propio Departamento de Estado, que
tiene en México al mayor número de empleados destacado fuera de Estados Unidos,
más de un millón de estadunidenses vive en México y más de 10 millones visitan
cada año el país.
Pero sobre todo, más de 18 mil compañías con inversión
estadunidense operan en México, las que tienen invertidos más de cien mil
millones de dólares en el país.
Entre los analistas de seguridad estadunidenses prevalece la
idea de que los grupos de delincuencia organizada difícilmente se querrán
enfrentar a Estados Unidos, conscientes de que se desataría una cacería en su
contra.
Pero lo ocurrido con Sabritas rompe esa regla y alienta a
quienes desde hace tiempo proponen una todavía mayor intervención de Estados
Unidos para combatir el narcotráfico en México y darle a las organizaciones de
delincuencia organizada el tratamiento de una guerrilla insurgente. Ello
implicaría tener a las Fuerzas Armadas en una “guerra de baja intensidad”
contra los narcotraficantes y sus redes de apoyo social.
Michoacán fue el escenario también del primer ataque
terrorista del narcotráfico contra población civil. Si Estados Unidos incluye a
los narcotraficantes mexicanos en su lista de terroristas, entonces sí
tendríamos lo que muchos militares conservadores de ese país han propuesto:
trasladar los objetivos geoestratégicos de Estados Unidos de Irak y Afganistán
a México.
*Tomado de la revista Proceso.
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