El Ejército, el gran perdedor*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Jorge Carrasco Araizaga

La detención de tres generales y un teniente coronel la semana pasada, con el divisionario Tomás Ángeles Dauahare como cereza del pastel, es el golpe más espectacular contra el prestigio del Ejército Mexicano en los tiempos recientes. La evidente connotación política de la operación conjunta Secretaría de la Defensa-Procuraduría General de la República pone aún más en entredicho la estrategia de Felipe Calderón de lanzar su guerra contra el narcotráfico exponiendo a los militares a los riesgos en los que inevitablemente han caído: la ineficacia, el fracaso, la corrupción o la violación a los derechos humanos. Con los cárteles de la droga prácticamente incólumes, con el tráfico de estupefacientes ininterrumpido, con el gran dinero del narco intocado, con la violencia rebasando los límites de la barbarie, en vísperas de las elecciones presidenciales del 1 de julio puede decirse que las Fuerzas Armadas son las grandes perdedoras de la guerra de Calderón.

El Ejército Mexicano es el gran perdedor en la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por Felipe Calderón. La detención de tres generales por supuestos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, en una acción evidentemente política realizada a mes y medio de la elección presidencial, es el mayor golpe que han recibido las fuerzas armadas en su historia reciente.

Ya cuestionado por los resultados de esa guerra, entre ellos el marcado incremento en la violación a los derechos humanos, el Ejército acaba el sexenio sometido a una fuerte presión desde el propio gobierno de Calderón, que en su “legado” de combate al narcotráfico dejará a la institución dividida y a su liderazgo en entredicho.

El golpe ya está dado y no hay nada que lo pueda revertir, coinciden militares y analistas en seguridad nacional, quienes también advierten que el escándalo provocado por la detención de tres generales y la búsqueda de otro jefe militar puede acabar en una pifia más de la Procuraduría General de la República (PGR) bajo el gobierno de Calderón, como el llamado michoacanazo y la detención del exalcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon.

Finalmente se supo que el cuarto militar de alto rango al que buscaban era el teniente coronel de caballería retirado Isidro de Jesús Hernández Soto, quien la noche del viernes 18 fue presentado ante la PGR como parte de la investigación por delincuencia organizada que se lleva a efecto contra miembros del Ejército por sus presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva.

Mediante una “orden de localización y presentación”, el general de división en retiro y subsecretario de la Defensa Nacional en los dos primeros años de Calderón, Tomás Ángeles Dauahare, fue detenido la noche del martes 15 en su domicilio de la Ciudad de México. Efectivos de la Policía Judicial Militar lo llevaron al Campo Militar número 1. Después fue entregado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.

Lo mismo ocurrió con el general brigadier en activo Roberto Dawe González, quien en este sexenio trabajó en el Cuerpo de Guardias Presidenciales, donde estuvo a cargo de la seguridad perimetral de la residencia oficial de Los Pinos.

Apenas se había anunciado el arraigo de ambos generales por 40 días –el plazo se cumple el 26 de junio, cinco días antes de las elecciones generales del 1 de julio–, la PGR anunció la “retención” de un tercer militar de alto rango, el general de brigada Ricardo Escorcia Vargas, quien al principio del mandato de Calderón era el comandante de la 24 Zona Militar en Morelos.

A diferencia de la detención de otros generales también acusados de proteger a narcotraficantes, la aprehensión y arraigo judicial del general Ángeles Dauahare ocurre cuando el gobierno de Calderón está por terminar, y en medio de los acomodos dentro y fuera de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para influir en la designación del sucesor del general secretario Guillermo Galván Galván.

Hasta ahora Ángeles Dauahare, que hizo su carrera en el arma de Infantería, había sido el más visible. El miércoles 9 de mayo participó en un foro sobre seguridad nacional realizado en San Luis Potosí por la Fundación Colosio del PRI para el candidato presidencial Enrique Peña Nieto.

Sobrino nieto del general Felipe Ángeles, estratega militar del revolucionario Francisco Villa, Tomás Ángeles salió hace cuatro años del Ejército en forma sorpresiva, en medio de rumores sobre sus supuestas aspiraciones para suceder al propio Galván o al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Con una trayectoria que incluye cargos como agregado militar de México en Washington (dos veces), director del Colegio Militar, secretario particular del general secretario y subsecretario de la Sedena, pertenece a un grupo de militares retirados de alto rango que además de poseer información privilegiada ha mantenido activas sus relaciones políticas fuera de la Sedena.

Su equipo en la dependencia estaba diezmado desde que Clemente Vega García asumió como general secretario, en el gobierno de Vicente Fox, pero Ángeles Dauahare mantenía fuertes nexos con políticos y tenía mucha relación con otras instancias de gobierno.

La detención del divisionario es la más significativa hasta ahora, no sólo porque se trata del exfuncionario de mayor nivel acusado de delincuencia organizada, sino por la información que poseía, las decisiones que tomó y su influencia en el instituto armado, a diferencia del general Jesús Gutiérrez Rebollo, hasta ahora el caso más sonado de un general detenido por vínculos con el narcotráfico.

Como subsecretario de la Defensa Nacional en los dos primeros años de este sexenio, Ángeles Dauahare se encargó de la administración de la principal fuerza armada del país, pero más significativo aún fue su papel durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Tenía a su favor que era la puerta de entrada al titular de la Sedena en aquel sexenio, Enrique Cervantes Aguirre. Desde su posición como secretario particular, no sólo era el hombre de todos los contactos y con información privilegiada, sino que conoció a fondo el alto mando y las tramas de la dependencia.

Él desempeñó un papel clave cuando el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) se incorporó a través de la PGR en el combate contra el narcotráfico.

Cuando Fox nombró secretario de Defensa a Vega García, con quien Ángeles Dauahare había competido por el cargo, el alto mando revirtió la medida: por órdenes del nuevo titular, el entonces subsecretario de la Sedena, Jesús Álvarez Pérez –actual asesor en seguridad del gobierno de Zacatecas–, concentró a los gafes en el Campo Militar 37, en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México.

“Reunidos en el campo militar, el subsecretario les dijo: ‘Hasta aquí llegó la comisión. Ahora se reincorporan a sus actividades y a los que no quieran se les va a dar su baja’. La mitad dio tres pasos al frente”, cuenta un contemporáneo de Ángeles Dauahare.

“Fue un error terrible porque ahora sabemos en dónde están. Se fueron bien adiestrados, con mucha información tanto de los grupos de delincuencia organizada como de la PGR y de las policías federales”, dice en alusión a Los Zetas, el cártel del narcotráfico formado por desertores del GAFE que empezó como grupo armado del Cártel del Golfo y que ahora, ya como cártel independiente, está aliado con lo que queda de la organización de los Beltrán Leyva.

Como secretario particular de Cervantes Aguirre, Ángeles Dauahare controlaba el Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN), organismo de inteligencia que intercambiaba información con Estados Unidos y que después cambió su nombre a Oficina de Inteligencia Antinarcóticos (OIA).

El CIAN estaba a cargo del entonces coronel Moisés García Ochoa, ahora director general de Administración de la Sedena y uno de los generales que se mencionan para suceder al general secretario Guillermo Galván.

Irregularidades

Militares entrevistados por Proceso advierten que si el gobierno de Calderón carece de pruebas contundentes contra el general Ángeles la detención “se le va a revertir tremendamente”, en particular al secretario Galván. Un general retirado, también contemporáneo de Ángeles, dice: “Para que Galván haya permitido o promovido la detención es que debe estar casi seguro de que hay pruebas contundentes. Si no, las consecuencias serán terribles no sólo para su liderazgo sino para todo el Ejército”.

El coronel retirado Jorge Carrillo Olea, exgobernador de Morelos, plantea al respecto: “Si la Sedena actuó como instrumento quiere decir que hay un convencimiento de Galván de que hay algo oscuro. Pero si no es así, si resulta otro parto de los montes a los que nos tiene acostumbrados la PGR, entonces será peor. Pero en cualquier caso le han dado un golpe terrible al Ejército”.

Hasta el momento, advierte, por la falta de información esto se ve peor que en el caso del general Gutiérrez Rebollo, detenido en 1997 cuando era comisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, bajo el cargo de proteger a El Señor de los Cielos, Amado Carrillo, capo del Cártel de Juárez.

Ángeles Dauahare jugó un papel importante en esa detención. Además, presidió el Consejo de Guerra contra los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, detenidos en 2000 y acusados de tener vínculos con el narcotráfico.

En esos casos la PGR dio a conocer desde el principio los cargos en su contra. Esta vez ha informado a cuentagotas. A través de filtraciones periodísticas dejó saber que los tres militares están bajo investigación por supuestos vínculos con los hermanos Beltrán Leyva cuando éstos aún eran socios de Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa.

Mientras la Sedena se ha limitado a informar que “la localización y presentación” de los generales la hizo la Policía Judicial Militar como “colaboración”, la PGR también filtró que la SIEDO solicitó ya “la presentación” de otro general de brigada, que “es buscado en todo el país”.

En lugar de permitir que los abogados de los dos generales arraigados tuvieran acceso al expediente para saber quiénes los acusan y de qué, la dependencia a cargo de Marisela Morales Ibáñez divulgó en la prensa del viernes 18, mediante funcionarios anónimos, que las acusaciones derivan de la llamada Operación Limpieza dada a conocer en octubre de 2008 por el entonces titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, y a partir de la cual la actual procuradora general se hizo cargo de la SIEDO.

Con esta operación se reconoció oficialmente la infiltración de los Beltrán Leyva en la PGR y el Ejército; también cayeron varios militares, entre ellos el mayor Arturo González, aprehendido en diciembre de ese año y preso en un penal federal por sus nexos con dicha organización delictiva.

En forma extraoficial, la PGR dijo que como secuela de la Operación Limpieza surgieron los cargos contra los jefes militares, por lo que en marzo de 2010 inició la averiguación previa AP/SIEDO/UEIDCS/112/2010.

Los acusadores son cinco militares presos por narcotráfico, entre ellos un general no identificado, un exsecretario de Seguridad Pública estatal, tres agentes de la Policía Federal (a cargo del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna) y tres testigos protegidos, entre ellos “Jennifer”, señalado como “testigo estrella” de la SIEDO por aparecer en numerosas acusaciones de delincuencia organizada. Entre esos 12 testimonios están los de militares comisionados con García Luna.

Hasta el cierre de esta edición, los abogados defensores del general Tomás Ángeles Dauahare, Alejandro Ortega Sánchez, y del general Dawe González, José Ordoñez González, no habían sido reconocidos como tales por la PGR, a pesar de que así lo pidieron los militares.

“Han violado el derecho de defensa. No han dejado que yo acepte el cargo y me citan hasta el martes 22 para asumir la defensa a pesar de que he estado presente desde el día que lo detuvieron”, dice Ortega Sánchez a Proceso.

Su hermano, el también abogado José Antonio Ortega Sánchez, a quien el general Ángeles buscó para hacerse cargo de la defensa pero que estaba fuera del país, asegura en entrevista que el divisionario en retiro “fue detenido con una simple orden de presentación para arraigarlo y eventualmente consignarlo”.

Sólo le dieron cinco minutos para ver a su esposa e hijas, gracias a un amparo contra su detención, y de esa manera tuvo que reconocer que no estaba incomunicado. La PGR cubrió así las formas, pero no le dio más tiempo para hablar con el abogado y saber de qué se le acusa y con qué testimonios, agrega.

“La detención no tiene sustento porque el general no pretendía huir. Estaba tranquilamente viviendo en su casa de Cuernavaca. Venía entre semana a asuntos particulares. No estaba huyendo ni había flagrancia. Estaba totalmente localizable. Ahora está arraigado, violándose todos sus derechos procesales”, dice.

Directo, el litigante asegura: “El tema de la seguridad nacional se está usando políticamente. Estoy seguro de que es un asunto político. El general en diversos momentos expresó opiniones contrarias a la política que se sigue ahora contra la violencia”. Y niega que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) estuviera investigándolo y que exista una petición de extradición.

Fracaso absoluto

Guillermo Garduño Valero, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana especializado en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, advierte que por las violaciones procesales “esto va hacia otro michoacanazo”, como se conoció a la derrota judicial del gobierno de Calderón cuando en una acción también previa a las elecciones federales intermedias de 2009, en una medida más espectacular que eficiente, mandó efectivos del Ejército y de la Policía Federal a Michoacán para detener a una treintena de funcionarios del gobierno estatal perredista y presidentes municipales. Los acusaron de delincuencia organizada, pero después de un año de cárcel fueron exonerados.

Para el investigador, es claro que Calderón también ordenó las recientes detenciones de altos mandos militares y que el general Galván sólo obedeció. “Quiere que esto juegue a su favor. Pero hay formas de hacer política y otra cosa es jugar con el aparato del Estado. Se ha hecho un daño irreparable al Ejército”, dice.

Agrega que si Calderón no se dio cuenta de que tres generales que estuvieron en su entorno tenían esas supuestas relaciones con el narcotráfico, se trata de un descuido enorme, pero es peor que haya administrado la información y decidiera actuar violando el proceso judicial a sólo unos cuantos meses de que abandone el poder y a semanas de los comicios presidenciales.

Además de calificar las detenciones como “una acción electorera”, independientemente del sustento de las acusaciones, asegura que representan “el fracaso absoluto de la política de Calderón: el narco no sólo ganó las batallas, sino la guerra”.

Después del alto costo social de la estrategia de Calderón, dice Garduño Valero, “veo un narcotráfico más fuerte, más poderoso, que reta a la fuerza del Estado con una enorme capacidad de fuego y recursos, mientras que el aparato del Estado no ha podido meterse al interior de estos grupos para desarticularlos”.

Javier Oliva Posada, coordinador del diplomado de Defensa y Seguridad Nacional de la UNAM y profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, coincide: en la “guerra” de Calderón ha resultado contraproducente la sobreexposición del Ejército.

Relator de la mesa de seguridad nacional organizada por la Fundación Colosio y en la que participó el general Ángeles Dauahare, Oliva Posada asegura: “Se ha utilizado al Ejército de manera discrecional. Uno de los resultados son los abusos de autoridad y los 290 militares que han sido procesados por ello. Se ha desnaturalizado su función y ahora, con estas acusaciones a los generales, ha quedado afectado en un momento muy complicado, a 45 días de la elección presidencial”.

Ha sido una estrategia de desgaste para el Ejército, dice Erubiel Tirado, coordinador del diplomado sobre seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana: “En estos años hemos visto que ha sido utilizado como eje de una estrategia de posicionamiento político y de legitimación”.

Al final del sexenio, la principal Fuerza Armada del país queda como una institución debilitada. Pero más allá de la imagen y el aprecio social, el problema también fue de eficiencia, argumenta Tirado: “La expresión del secretario de Defensa en 2007, de que la exposición no ponía en peligro al Ejército ante el poder corruptor del narco porque los operativos duraban poco y había rotación, está en entredicho, incluso más allá de lo que suceda con los generales ahora detenidos”.

*Tomado dela revista Proceso.