La imagen comprada se deteriora*
Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.
Jenaro Villamil
Ese documento, entregado a Proceso junto con un CD, incluyó
50 páginas de un detallado Plan de trabajo 2005-2011, cuyos objetivos
principales eran deslindar a Peña Nieto –recién electo gobernador– del
“escándalo Arturo Montiel”, su antecesor y padrino político, y convertir al
joven mandatario en una figura política conocida a escala nacional y “posible
candidato” del PRI a la Presidencia de la República.
La información fue entregada por una fuente plenamente
identificada por el reportero y que pidió el anonimato “para proteger mi vida y
la de mi familia”. Señalaba a TV Promo –“brazo político y financiero de
Televisa”– como un instrumento “a través del cual esta empresa vende sus
espacios publicitarios, sus contenidos noticiosos e incluso su línea editorial
a cambio de favores y retribuciones futuras”.
Finalmente en 2007 Televisa admitió ante la Securities and
Exchange Commision –el organismo regulador bursátil de Estados Unidos– que TV
Promo sí realiza intermediación con diversos clientes. Junto con otras empresas
broker “definen tarifas aplicables a terceros que adquieren servicios de
publicidad, los cuales son más bajos que las tarifas que regularmente se
pagan”. La auditoría que mandó hacer Televisa en abril de 2008, realizada por
Price Waterhouse Coopers, anota que durante 2006 y 2007 la televisora “pagó
comisiones sobre ventas a una empresa en donde un miembro del consejo y
ejecutivo de la compañía es un accionista por un monto de 113 millones 972 mil
pesos y 49 millones 614 mil pesos, respectivamente”.
La danza de las cifras
La información proporcionada por el PRI no desglosaba la
inversión en televisión abierta y menos mostraba los contratos originales.
Desde finales del gobierno de Arturo Montiel la Oficina de Comunicación Social
calificó como “reservada” la información de los contratos con medios de
comunicación, impresos o electrónicos. La administración de Peña Nieto siguió
manteniendo en “reserva” esa información.
Los primeros días posteriores al debate la polémica por los
gastos de Comunicación Social del Estado de México, el Gobierno del Distrito
Federal y el federal quedaron en segundo plano. Los distractores más
importantes fueron la polémica presencia de la edecán Julia Orayén –quien llevó
un vestido escotado que generó fervor en las redes sociales– y las fallas en la
producción televisiva del debate, atribuidas a Jesús Tapia, quien terminó
presentando su renuncia ante el IFE.
Sin embargo la polémica adquirió un nuevo aire el miércoles 9.
López Obrador desmintió las cifras del gasto de Comunicación Social de su
gobierno ofrecidas por Peña Nieto. Según el candidato presidencial del PRD sus
gastos fueron: 148 millones de pesos en 2001; 149 en 2002; 72.9 en 2003; 92.9
en 2004, y 93.3 en 2005. Un total de 556.1 millones de pesos.
El periódico Reforma publicó un comparativo con estas cifras
y los datos de la Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal. No coincidieron las cifras de 2001 y 2002. En el primer año fueron
202.6 millones de pesos y en el segundo fueron 212.7. El monto total es de 674
millones de pesos; una diferencia de 118 millones.
Las cifras del gobierno del Estado de México son más
contrastantes. Según la información difundida en la página oficial de Enrique
Peña Nieto, su administración destinó 646.6 millones de pesos entre 2005 y
2011. Según la cifra derivada de la Cuenta Pública, se destinó a Comunicación
Social un total de mil millones de pesos. Es decir casi 354 millones de pesos
de diferencia.
En entrevista con Carmen Aristegui, en el programa MVS
Noticias el jueves 10, López Obrador desafió a Peña Nieto: “Si es cierto lo que
él dice (Peña Nieto) en el manejo de los gastos en medios, yo renuncio a mi
candidatura; pero si no es cierto lo que él dice, que haga lo propio”.
Y planteó la necesidad de contrastar las cifras y las pautas
publicitarias con las televisoras y el monitoreo de ambos periodos.
El viernes 11, Peña Nieto defendió las cifras de gasto en
Comunicación Social de su gobierno. Insistió en que entre 2001 y 2006 el GDF
destinó mil 209 millones de pesos en este rubro y evadió aceptar el reto de
López Obrador. “Él puso esa condición. Nadie le pide que renuncie a su
candidatura”, atajó el mexiquense en entrevista con Aristegui.
Volvió a desacreditar el extenso plan de acción que Televisa
le ofreció a Peña Nieto desde octubre de 2005 –publicado por Proceso– por un
monto de 742.1 millones de pesos, de los cuales 691.7 millones serían en
“inversión en tiempos de televisión”.
Peña Nieto negó que dependiera de Televisa o que pagara para
que en los espacios informativos de la empresa hablaran bien de él. Calificó de
“absurdo y falaz” que Televisa hiciera una inversión política a través de él.
Específicamente en Televisa, entre septiembre de 2005 y
septiembre de 2006 tuvo 226 menciones, incluyendo entrevistas y notas
informativas. Entre 2006 y 2007 se elevaron a 310 menciones; de 2007 a 2008
fueron 261 y entre septiembre de 2008 y julio de 2009, en vísperas de las
elecciones federales intermedias, aumentaron a 398 menciones monitoreadas.
En el último periodo, entre septiembre de 2008 y julio de
2009 las transmisiones especiales se elevaron a 2 horas, 12 minutos y 42
segundos, que es el doble del tiempo de transmisión en “notas informativas” que
tuvo Peña Nieto en Las Noticias por Adela, en el Canal 9, el metropolitano, que
fue de 1 hora 14 minutos y 50 segundos.
En El Noticiero, con Joaquín López Dóriga, en Canal 2, las
menciones a Peña Nieto sumaron 1 hora, 41 minutos y 18 segundos.
Una de esas “transmisiones especiales” fue el acto de apoyo
de Antorcha Campesina a Peña Nieto en el estadio Azteca, de Televisa, difundido
en la señal de televisión abierta el Día del Padre, el 21 de junio de 2009.
Esto provocó una queja del PAN ante el IFE y el inicio de un proceso especial
sancionador argumentando que el mandatario mexiquense violó el principio de
equidad.
La discusión en el IFE versó sobre la legalidad o no de los
spots o “cápsulas informativas” que implican publicidad encubierta. El
consejero Alfredo Figueroa argumentó que había una responsabilidad de Televisa
al difundir cápsulas de propaganda política en El Noticiero de López Dóriga. Su
propuesta fue rechazada por ocho votos contra uno.
Entrevistado por Proceso durante aquel episodio, Figueroa
admitió que era “evidente” que se trató de propaganda encubierta o “publicidad
integrada”, aunque Televisa negó que hubiera existido un pago a cambio.
“Simplemente hay que revisar los catálogos de productos que
tienen particularmente Televisa y TV Azteca. Ellos venden este tipo de
productos, los comercializan y hay un enorme debate que hay que dar respecto de
este tema porque no es simplemente un asunto que tenga que ver con un partido
político ni con una sola persona. Tiene que ver con distintas acciones
políticas, tanto de gobernantes como de partidos políticos”, argumentó
Figueroa.
El proyecto de inversión de Televisa y Enrique Peña Nieto
–negociado a través de TV Promo y negado insistentemente por la televisora, el
gobierno del Estado de México y el actual candidato presidencial– incluyó un
presupuesto para este tipo de “publicidad encubierta”.
Le puso un precio de 305 millones 688 mil pesos a 180 notas
informativas en los distintos noticiarios de Televisa. Un costo de 5 millones
780 mil a tres reportajes en la serie Los reporteros y 42.8 millones de pesos a
seis entrevistas con Peña Nieto en “varios noticiarios”. Incluyó un presupuesto
de 10 millones de pesos en tres programas de Zona Abierta, entonces conducido
por Héctor Aguilar Camín.
Éste rechazó vehementemente que hubiera vendido ese espacio
al gobierno del Estado de México y que Enrique Peña Nieto nunca estuvo en ese
programa. No negó su vieja relación de amistad con el artífice de este
proyecto: Alejandro Quintero.
Desde marzo de 2011 Fundar publicó un diagnóstico sobre las
cuentas de los gobiernos estatales en matera de comunicación social y advirtió
que existen “cifras negras” a las cuales no se puede acceder ante “la falta de
criterios claros y objetivos para la distribución de la pauta gubernamental” en
los medios de comunicación.
“La posibilidad de ‘negociar’ la pauta publicitaria inhibe
el rol social que los medios de comunicación social deberían cumplir con una sociedad
democrática y promueven la autocensura”, sentencia el organismo dirigido por
Miguel Pulido.
En las conclusiones del estudio realizado junto con Artículo
19, dirigido por Darío Ramírez, ambos organismos advierten:
“1.- El uso de la pauta como mecanismo para premiar a los
medios de comunicación con líneas editoriales afines al gobierno y como castigo
en caso contrario.
“2.- Uso de los recursos destinados a comunicación social
como herramienta de autopromoción, propaganda o para publicitar acciones y
programas que legitimen el proceder de las instancias de gobierno.
“Además se han desarrollado diversas formas de propaganda
gubernamental que buscan perpetuar la opacidad en el manejo de los recursos
públicos y atentan contra el derecho a la información de la sociedad, tales
como las entrevistas o reportajes pactados, la inclusión de ‘infomerciales’ en
noticiarios o las menciones sobre acciones de gobierno en programas de
entretenimiento (‘publicidad encubierta’). A ello se suma la ya tradicional
existencia de gacetillas (propaganda que aparece como información) práctica que
aún es recurrente, principalmente en medios impresos locales.”
La crítica de Fundar y Artículo 19 se dirigía al gobierno
federal, al del Distrito Federal y también al del Estado de México. En vísperas
de la contienda presidencial de 2012 ambos organismos calificaron de
“alarmante” esta situación.
En el documento titulado Publicidad oficial en México: la
censura estructural establece: “La situación es más alarmante si se toma en
consideración el aumento sostenido en la cantidad de recursos destinados a los
rubros de comunicación social y publicidad oficial, lo que ha derivado en la
proliferación de campañas propagandísticas en detrimento de la difusión de
información de interés público; tendencia que implica un aumento en el
potencial de las instancias de gobierno de incidir sobre las líneas
editoriales. Lo anterior exige particular atención de cara a las elecciones de
2012”.
*Tomado de la revista Proceso.
posted by Liberation at
9:42 a.m.
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