Evidencia ONU mentiras del pelele Calderón Hinojosa

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.



Con el cuento de “Vivir mejor” del pelele Felipe Calderón Hinojosa se engaña con descaro a los millones de mexicanos que reciben en sus propios hogares la ilegal publicidad que toma las bases de datos de instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, Fonacot o cualquier programa del desgobierno usurpador, para remitir al ciudadano las mentiras mediante el Servicio Postal Mexicano, que está en manos de una prima del mentado Calderón Hinojosa. El dichas cartas con fotografía –publicidad personal, ilegal- y logos oficiales se afirma que la población vive mejor gracias al usurpador.

En sus entregas por radio y televisión se asegura que los campesinos producen más y mejores productos para que de esta manera lleguen a las mesas de los mexicanos a precios bajos y de buena calidad, pues nunca antes ha habido presupuestos tan grandes para apoyar a “nuestros productores del campo”.

Como siempre todo se trata de mentiras sobre mentiras. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo dependiente de la ONU, la importación de alimentos por parte de México fue de 200 mil millones de pesos en 2007. Durante el nefasto sexenio del ladrón panista Vicente Fox Quesada se incrementó en 70 por ciento la compra de alimentos en el extranjero pese a los presupuestos “históricos” de que se ufanaba el corrupto ranchero. Durante los primeros 19 meses del espurio Calderón Hinojosa la cifra se ha incrementado en 45 por ciento respecto a lo que dejó el traidor Fox Quesada. Es decir que los comerciales de Los Pinos mienten con cinismo en cada una de las palabras que dicen, ni hay tal producción, ni México será autosuficiente, ni se está apoyando a los campesinos. Son puras mentiras.

En medio de este festín de desvergüenzas se incrementan los energéticos cada semana con declaraciones de que por ser unos “centavitos” no tiene por qué repercutir en los precios y mucho menos en la inflación.

A la par de tamaño descaro se cocina la forma en que se dará el asalto a los mexicanos mediante la privatización del petróleo. Las reuniones entre los Chuchos del PRD con el PAN y PRI se hacen más frecuentes. El pacto entre el PAN y PRI esta asegurado desde hace meses, sólo falta la estrategia para neutralizar a los legisladores no afines a la Nueva Izquierda de los Chuchos, que han anunciado que utilizarán hasta la toma de tribuna para evitar el atraco al pueblo de México.

Independientemente de la resistencia legislativa, cientos de miles de mexicanos están listos a dar una dura batalla mediante la resistencia civil pacífica para oponerse a la venta de Pemex. Es cuestión de tiempo, pues está claro que hasta el momento el plan de empobrecer más al país sigue en marcha y toda la mafía política, empresarial e “institucional” está a la espera de su tajada del pastel.


A continuación dos colaboraciones tomadas del periódico La Jornada.








http://www.jornada.unam.mx/











¿Por qué debemos creer?

Mario Di Costanzo Armenta

Sin lugar a dudas, durante los últimos días casi todos los ciudadanos de este país que tenemos acceso a algún medio de comunicación hemos visto o escuchado los “mensajes” que Felipe Calderón dirige a la opinión pública con objeto de informar qué ha pasado durante su segundo año de gobierno.

Como siempre, dichos mensajes refieren datos sobre presuntos avances que, por más que busquemos, son difíciles de encontrar.

De esta manera, y como reza el refrán popular, Felipe Calderón “puede decir misa”, pero la realidad es que la economía y la sociedad muestran un grave retroceso y polarización desde que él asumió el gobierno de este país.

Así, por ejemplo, mientras en diciembre de 2006 un kilogramo de frijol costaba 9.60 pesos, en la actualidad –y a pesar de todos los “avances” que Felipe refiere– tiene un costo de 20 pesos, lo que significa un incremento de aproximadamente 108 por ciento.

Lo grave es que lo mismo sucede con el resto de la canasta básica, lo que se puede confirmar al observar la evolución en los precios del huevo, arroz, tortilla, pan, carne de res o de pollo, aceite, lenteja, así como de otros productos no tan básicos, pero muy “influyentes” en el costo de la vida, como lo son la gasolina, el diesel y el gas, que durante los últimos 21 meses han mostrado incrementos que en promedio superan 8.5 por ciento.

Más aún, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), durante el presente año la economía mexicana registrará un crecimiento de sólo 2.5 por ciento, con lo que se ubicará por segundo año consecutivo dentro de los últimos lugares de los países de la región en materia de crecimiento económico.

Así, por segundo año consecutivo y a pesar de lo que Felipe Calderón pueda decir en sus mensajes televisivos, el crecimiento del país se ubicará a la zaga de las siguientes economías: Perú, con 8.3 por ciento; Panamá, con 8 por ciento; Uruguay, con 7.5 por ciento; Argentina, con 7 por ciento; e igual que Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, con una tasa de expansión de 6 por ciento.

Pero también estaremos por debajo del crecimiento proyectado para los siguientes países: Honduras, con 4.5 por ciento; Guatemala, 4.3 por ciento, lo mismo que Costa Rica; Chile, con 4 por ciento; El Salvador, con 3.7 por ciento; y Nicaragua, Haití y Ecuador con 3 por ciento.

Lo anterior, a pesar de que fue el propio Calderón quien, el 16 de enero del presente año, al inaugurar la decimasegunda Conferencia Anual Latinoamericana del Grupo Santander, señalo que “México está preparado para cualquier escenario y no hay duda que vamos a salir extraordinariamente bien este 2008”.

Aquel mismo día, añadió: “Yo, en lo personal, me he especializado en navegar a contracorriente; primero, dentro de mi partido; luego, en la campaña electoral y… bueno, pues a mí esto del escenario preocupante de 2008 realmente hasta me emociona un poquito y me asegura que vamos a salir extraordinariamente bien”.

El asunto es que de acuerdo con estudios de la propia Cepal, un incremento de 15 por ciento en los precios de los alimentos provoca un aumento de 2.8 por ciento en la pobreza. Esto quiere decir que si aceptamos que en México existen al menos 50 millones de mexicanos pobres y que los precios de los alimentos que integran la canasta básica han crecido durante los últimos 21 meses en 51 por ciento, podemos afirmar que la gestión de Felipe Calderón ha tenido como resultado la generación de por lo menos 5 millones de pobres. O, en otras palabras, que el número de pobres en el país se ha incrementado en aproximadamente 10 por ciento como resultado de la política económica de quien se propuso rebasar a la “izquierda por la izquierda” y quién se hiciera llamar el “presidente de la estabilidad y el empleo”.

Aquí conviene recordar que el 23 de agosto de 2007, Andrés Manuel López Obrador advirtió mediante una carta dirigida a la opinión pública que “desde la campaña presidencial en 2006, ya se veía la fragilidad económica de Estados Unidos y los impactos que podría tener en nuestra economía”.

Más aún, en dicha carta señaló lo que se debía empezar a hacer para evitar el colapso económico: estableció como líneas de acción el combate a los monopolios, la urgencia de contar con una verdadera reforma fiscal que acabara con los paraísos fiscales, la necesidad de impulsar la inversión en el sector energético, la reducción del gasto corriente, el urgente apoyo al campo y el rechazo al Tratado de Libre Comercio.

Así, independientemente de ideologías políticas o económicas, sería muy bueno que los ciudadanos hiciéramos un pequeño recuento sobre las mentiras y verdades que durante estos últimos dos años se han venido señalando por parte de Felipe Calderón y su gabinete, ya que los mismos argumentos utilizados en el pasado para engañar a la gente están siendo usados en la actualidad para promover la privatizadora reforma energética caldero-priísta.

Por todo ello, tenemos que preguntarnos, primeramente: ¿por qué debemos creer?


++++++++++++++


FAP: predicar con el ejemplo

John M. Ackerman

Habría que celebrar el respaldo que el Frente Amplio Progresista (FAP) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han brindado en los últimos meses a figuras de democracia directa como la revocación de mandato, la consulta popular y el referendo. Resulta, sin embargo, paradójico que no se decidan a implementar en lo local aquello que demandan a nivel federal. Entidades federativas controladas por la izquierda, como Michoacán, Guerrero, Zacatecas y el propio Distrito Federal, cuentan con marcos legales sumamente deficientes en materia de participación ciudadana.

La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, por ejemplo, no incluye la revocación de mandato, herramienta básica de los ciudadanos para llamar a cuentas a los gobernantes. La figura del referendo en la ciudad capital no tiene carácter vinculatorio alguno, ya que “sus efectos sólo servirán como elementos de valoración para la autoridad convocante”. Con respecto al plebiscito, el jefe de Gobierno puede vetar las solicitudes ciudadanas y los resultados solamente serán vinculatorios si la opción ganadora recibe una votación equivalente a la tercera parte del padrón electoral, casi 2.5 millones de sufragios. Evidentemente estos candados están diseñados más para desalentar que para estimular la participación ciudadana, de ahí que nunca se haya organizado un referendo en la capital del país, y únicamente un plebiscito, desde la entrada en vigor de la ley.

En Zacatecas, la legislación es aún más problemática. La Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Zacatecas afirma sin rodeos que “en ningún caso, los resultados del referendo, del plebiscito o del derecho de iniciativa producirán efectos vinculativos u obligatorios para las autoridades”. En otras palabras, son figuras puramente simbólicas, cuyos resultados las autoridades pueden ignorar a su antojo.

Si a pesar de lo anterior algún grupo de ciudadanos inquietos todavía se atreve a organizar un referendo o plebiscito en Zacatecas, la norma le tiene preparada un par de sorpresas adicionales. Está estrictamente prohibido convocar a referendo en materia de reformas a la Constitución del estado o “a las leyes locales que se hubieren expedido para adecuar el marco jurídico del estado”, locución suficientemente general para abarcar casi cualquier norma. De la misma manera, una solicitud de plebiscito será invalidada si versa sobre “actos que realice la autoridad por mandato de ley”, otra generalidad polisémica. Adicionalmente, para proponer un referendo los ciudadanos tienen que cumplir con la misión imposible de reunir en apenas 30 días las firmas de 5 por ciento del padrón estatal, aproximadamente 50 mil personas.

El estado de Michoacán ni siquiera cuenta con una ley de participación ciudadana. Si bien la Constitución local señala que los ciudadanos michoacanos tienen el derecho de “participar en los procedimientos de referendo, plebiscito e iniciativa popular”, la ausencia de una ley en la materia cancela la posibilidad del ejercicio de este derecho constitucional. En años recientes se han presentado varias iniciativas al respecto, pero todas duermen el sueño de los justos en la congeladora legislativa.

A finales del año pasado, el estado de Guerrero incorporó en su Constitución la prerrogativa de los ciudadanos de “participar en los procesos de referendo y plebiscito que se convoquen en términos de las leyes correspondientes, así como en el proceso de iniciativa popular”. Sin embargo, el Congreso del estado aún no se ha atrevido a aprobar la ley reglamentaria que permitiría poner en acción este nuevo derecho ciudadano. Actualmente, Guerrero únicamente cuenta con una Ley que Establece las Bases para el Fomento de la Participación de la Comunidad, que regula la participación de ciudadanos en varios consejos y comités consultivos, todos sin poder vinculatorio alguno.

La virulenta y desproporcionada respuesta a la propuesta de Porfirio Muñoz Ledo de implementar la figura de la revocación de mandato a escala federal no es más que un espejo de aquellas reacciones igualmente irracionales a la realización de la consulta en materia petrolera en julio pasado, y también revive el eco de aquel rechazo a la solicitud del recuento total de la votación en 2006. En los tres casos, los defensores del status quo se escandalizan ante la posibilidad de tomar en cuenta las inquietudes populares y, peor aún, de transformar la manera en que el gobierno se relaciona con la ciudadanía.

El pasado 1º de septiembre, el PRD del Distrito Federal publicó un desplegado donde “asume su responsabilidad de seguir impulsando la transformación del régimen político en todos los órdenes de gobierno, a fin de ampliar el control por parte de las ciudadanas y los ciudadanos sobre los representantes y gobernantes”. No harían mal en empezar por su propia casa. Las graves deficiencias de las legislaciones en las entidades controladas por la izquierda parlamentaria amenazan con debilitar la fuerza de sus propuestas por ampliar la participación ciudadana a nivel nacional. El PRD y el FAP harían bien predicar con el ejemplo.