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miércoles, septiembre 03, 2008

Pánico del PAN y PRI al "si no pueden, renuncien"







Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Ante la inminente batalla política y social por la privatización del petróleo de los mexicanos, el usurpador Felipe Calderón Hinojosa ha dado línea para una nueva campaña que intenta desprestigiar a la resistencia civil pacífica y a sus principal dirigente, Andrés Manuel López Obrador, y de paso “curarse en salud” del reto lanzado la semana pasada por el empresario Alejandro Martí: Si no pueden, renuncien.

Voceros oficiales y oficiosos del PAN, PRI y lectores de noticias mal llamados “periodistas” afinan sus baterías a un “posible golpe de Estado” contra el espurio. Desde hace meses hacían mención de lo mismo, pero las palabras del afligido padre del joven asesinado, Fernando Martí, les dieron el pretexto para la nueva campaña. Desde sus columnas o espacios de radio y televisión hacen airadas “denuncias” contra el “golpista peje” y los “opositores” –como si la palabra fuera una majadería o una ilegalidad- que tratan de “tirar al presidente Calderón”. Todo por el devastador: Si no pueden, renuncien, que sólo fue aceptado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.

El lema que resonó en miles de gargantas el pasado sábado 30 de agosto y que fue mencionado por primera vez frente a la cara del pelele Calderón Hinojosa y los 32 mandatarios de los estados y el Distrito Federal, volvió a poner el tema en las discusiones políticas. Pero no es un asunto nuevo, en el Distrito Federal sí existe la revocación de mandato, pero no en el resto del país. ¿Por qué no?

Simple y sencillamente porque terminaría con la dictadura de las sacrosantas “instituciones”, de los partidos políticos y de los ejecutivos, federal y locales. Por décadas los partidos y candidatos en turno –hoy más que nunca- mienten al hacer campaña política y una vez en el poder se “olvidan” de lo prometido y llegan a hacer todo lo contrario, lesionando el interes de las mayorías. Tanto el traidor y ladrón Vicente Fox Quesada, como el pelele Felipe Calderón Hinojosa negaron lo prometido y en cambio han hecho todo lo posible por incrementar sus fortunas personales, las de sus amigos y compinches en detrimento del bienestar de los mexicanos. Diputados y senadores han puesto a la venta –desde hace décadas- su voto y sirven a los intereses de los hombres más ricos y poderosos del país. Es por eso que no quieren legislar sobre la revocación de mandato o cargo, porque ello implicaría que se les acabaría el negocito. No mas fortunas al amparo del poder público, ni más saqueo a la nación y mucho menos más concentración de riqueza en unos cuantos, mientras que la inmensa mayoría de los mexicanos apenas sobrevive.

Y no, no es golpista. Es perfectamente legal y legítimo que mediante las leyes se regule la estancia de los servidores públicos en el poder, desde legisladores, presidente municipales, gobernadores y presidente de la república, hasta magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo se basa en la Constitución mexicana que dice:

ARTICULO 39. LA SOBERANIA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.

Así que la andanada de exabruptos de los voceros oficiales y oficiosos sólo defiende los intereses de sus patrones, que son los suyos.

La resistencia civil pacífica empuja la legislación de la revocación de mandato que quitaría del cargo a quien no cumpla las expectativas populares por las que fue elegido para el puesto. De esta manera la sociedad civil tendría en todo momento la posibilidad de retirarle el voto a quien incumplió y traicionó sus ofrecimientos. Con esa iniciativa seguro que dejarían sus cargos delincuentes como los góbers Mario Marín y Ulises Ruiz, pero los haría en primer lugar el pelele Felipe Calderón Hinojosa, por el asalto a Los Pinos, sus transas con Juan Camilo Mouriño y su notoria incapacidad para dirigir al país.

Otros que dejarían el poder serían los mafiosos de los partidos políticos y líderes del Congreso tan desprestigiados. Y no lo dicen los “opositores”, sino millones de mexicanos, que hasta en encuestas oficiales los ponen en los últimos peldaños de confiabilidad y en los primeros de desprestigio. Por eso su miedo, por eso su pánico. Imaginen que México sea un país democrático y que en verdad manden los ciudadanos mediante instituciones construidas por ellos y no por los corrupto de siempre.


La siguiente colaboración fue tomada del periódico La Jornada.












Impuestos, corrupción y crimen

Luis Linares Zapata

El hilo conector que va de la delincuencia organizada a la gobernabilidad no pasa, de manera definitoria, por las policías o el más vasto aparato de justicia. Estas instancias son sus estaciones terminales, modalidades represivas para las deformaciones del organismo social. Antes que ellas se entrecruzan las raíces profundas de su génesis y desarrollo: el reparto inequitativo de la riqueza, la cerrazón de los horizontes de vida digna para las masas, el desempleo como punto seguro de destino, la depreciada situación de la juventud y sus ralas oportunidades de bienestar, el nulo crecimiento de la economía o el grado de impunidad en sus múltiples variantes, incluida, en sitial preferencial, la rampante inequidad fiscal y los múltiples como indebidos privilegios que detentan personas y grupos específicos. Seguir la ruta de tales fenómenos es entrarle de lleno y a fondo a lo que, después de muchos años de incubación, llega a ser descrito como crimen, organizado o no.

¿Adónde van 65 por ciento de los jóvenes en edad de estudiar (media y superior) que no están en las escuelas? De la manera en que se responda esta interrogante se comenzará a visualizar el meollo cierto de los problemas de inseguridad observados. La mayor parte de esos segmentos poblacionales engruesan las filas de la informalidad, muy apoyada en el México afectado por una globalidad mal apropiada o por el desamparo de una fábrica nacional desintegrada. Otros, en nutridos contingentes, caerán en la tentación del dinero fácil, rápido y en cantidades suficientes como para colmar valores subvertidos. En ellos se sustenta la inagotable y creciente reserva que alimenta al formidable ejército del mal, un verdadero cáncer que se extiende indetenible por el cuerpo de la nación y que el secretario de la Defensa calcula en medio millón de personas (sólo en el narcotráfico).

Otra gran tajada del sector joven emigra al extranjero en busca de un sueño más asequible. Ver pelotones de muchachos entre los 15 y 25 años aventurarse por el desierto de Arizona, aun en plena temporada de calor (45 o más grados a la sombra), desnuda cualquier retórica difundida desde el poder acerca de las bondades del modelo de gobierno adoptado, del mando cierto o la visión clara. Ese terrible espectáculo deshace las invenciones retóricas, propagandística del oficialismo e impone la necesidad de revisar muchos de sus errores, ausencias e irresponsabilidades.

Al final del análisis, las causas efectivas y directas de las conductas delictivas saldrán a la luz. Ésas que muchos quieren ignorar, soslayar y hasta combaten con denuedo. Es verdad que también una policía inexperta, desorganizada, mal capacitada y peor pagada es una vertiente de consideración en el fenómeno del crimen. O las ineficiencias y la corrupción de jueces y funcionarios que deben impartir justicia. Pero esto sólo aplica para la fase final, quizá la más notoria y estridente pero en las cuales se centra la atención y el reclamo de crecientes grupos de la sociedad. En especial de aquellos que sienten peligrar su modo de vida, alcanzado después de trabajos y perseverancia. O de aquellos otros que han logrado cierto bienestar o porque han podido acumular capital suficiente como para ser punto de admiración y codicia por otros, pervertidos en sus valoraciones y conductas.

También es necesario apuntar aquí los perniciosos efectos que el crimen tiene sobre los densos sectores sociales que colindan con la marginación. Ellos también padecen, en ocasiones de manera cotidiana, lo peor de los dos mundos: el de los maleantes y sus contrapartes policiacas. No se puede olvidar tampoco las conductas agresivas en los hogares, la discriminación de raza o género que apresan a las mujeres o a los pueblos indios.

Hay, sin embargo, otros factores que inciden en el crimen: la astringencia financiera de la hacienda pública es uno de los más dañinos. En repetidas ocasiones el auditor superior de la Federación ha denunciado la enorme evasión y elusión de impuestos que corroen el sistema impositivo del país y a lo cual no se ha querido, ya no digamos poner límites, sino que se le regatea la atención debida. Los privilegios fiscales (650 mil millones de pesos devueltos en el foxiato) para con los grandes contribuyentes son una constante tal que imposibilitan al Estado para que cumpla debidamente con su cometido de seguridad impulsando el crecimiento económico y el bienestar de familias e individuos.

La misma seguridad, tarea primordial del Estado, queda condicionada si no se cuenta con los recursos para darle vigencia cotidiana. En el entendido que ella es la resultante de factores, entre otros, de los arriba descritos. ¿Cómo garantizar tal derecho si se tienen tantas limitaciones en el sistema educativo? ¿Cómo combatir la impunidad si se encubre a los criminales mayores, aquellos que se apañan todas las oportunidades, trafican con todas las influencias decisorias, corrompen instituciones o no cumplen con sus obligaciones fiscales?

No hay que menospreciar el cuarto de siglo de magro crecimiento económico como una causal eficiente de los niveles exacerbados de inseguridad que ahora se padecen. Ahí es donde hay que buscar explicaciones y poner los remedios, y no sólo salir a las calles, airados, empujados compulsivamente por los medios de comunicación, pidiendo que renuncien los encargados públicos o después, como los argentinos alebrestados, exigir que todos se vayan a la calle.