¿Deveras renunciarán quienes no puedan? -Mientras, dirigentes de Iluminemos México recibirán dinero público

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores.

Los anuncios publicitarios en radio y televisión sobre el “segundo informe” del desgobierno usurpador precedieron al día de hoy, en el que Juan Camilo Mouriño, reconocido traficante de influencias, entregará al Congreso de la Unión el legajo que incluye los “logros” del pelele Felipe Calderón Hinojosa en materias como la inseguridad, la economía, el desempleo y la inflación, a 19 meses de que asaltó Los Pinos.

De nada servirá que organismos como el Banco de México afirmen que la inflación es la más alta de los últimos años al estimarse en 6 por ciento anual. O que el famoso pacto de estabilidad de precios no se cumpliera y que los 150 productos procesados “congelados”, no se mantuvieran así y se incrementaron 9 por ciento. O que el precio de la tortilla no baje desde hace más de un año cuando se incrementó en 40 por ciento. O que el crecimiento económico será en el mejor de los casos de 2.5 por ciento.

Que decir de las decenas de miles de personas que el sábado pasado le exigieron que renuncie. La marcha organizada por quienes lo impusieron en Los Pinos terminó sacando a la luz el descontento popular y se escucharon los gritos de “si no pueden, renuncien”. Hoy a menos de 36 horas de la famosa marcha los empresarios organizadores ya encontraron su hueso ya que con dinero de nuestros impuestos –faltaba más- se creará un “Observatorio ciudadano” para vigilar que se “cumplan los pactos”. Es decir se terminó la protesta callejera y ahora los empresarios dirán –claro que dirán que sí- si el combate a la inseguridad avanza o no. Se trata pues de controlar la protesta social y mediante un enjuague entre los corruptos de siempre se dirá a los millones de mexicanos –claro que por medio de la televisión y la radio- que ahora sí se está haciendo algo. Mentira, tras mentira y nuevamente defraudarán a quienes de buena fe y mal infirmados asistieron a la marcha del sábado a hacer una catarsis de sus agravios.

Una prueba clara de que la inseguridad e impunidad seguirán aumentando es la denuncia que Andrés Manuel López Obrador hizo pública ayer sobre la compra de un viejo buque tanque petrolero por el que se pagaron más de 10 mil millones de pesos, cuando un buque más grande y nuevo de manufactura china se vendió en poco más de dos mil millones de pesos. Esa como otras tantas denuncias por corrupción y peculado contra los Fox-Sahagún , Bibriesca, Bours, Mouriño, etc., seguirán “congeladas” en la Procuraduría General de la República. ¿Si no pueden que renuncien? ¿De verdad piensan que renunciarán por una marcha? ¿De verdad los “legisladores” del PAN y PRI votarán una ley para revocar los mandatos de los poderes ejecutivos en los tres niveles de gobierno? Por su puesto que no y en poco tiempo lo veremos y comprobaremos.


El siguiente análisis fue tomado de la revista Proceso.



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"Manos limpias"

jorge carrasco araizaga

MÉXICO, DF, 29 de agosto (apro).- “Manos limpias” se llamó la operación que, a principios de la década pasada, echó a andar la Procuraduría General de Italia para acabar con el entramado político y empresarial que utilizó el aparato público en beneficio de los grupos mafiosos locales.

La institución encargada de procurar justicia reaccionó de esa manera a las protestas sociales propiciadas por el asesinato, en 1992, de los jueces Giovanni Falconi y Paolo Borsallino.

Ambos se empeñaron en encarcelar a los mafiosos napolitanos y a sus cómplices. Pagaron con su vida. Pero ante la creciente protesta de la sociedad, que superó el miedo a la mafia de Nápoles (la Camorra) y salió a las calles, la Procuraduría General en Roma decidió seguir construyendo sobre las bases sentadas por los jueces.

La operación “Manos limpias” se dirigió hacia lo que era voz pública: las redes de protección institucional de la mafia. Políticos de todos los partidos, autoridades y empresarios acabaron en la cárcel.

La justicia alcanzó a los exprimeros ministros, Bettino Craxi y Giulio Andredotti, importantes líderes de la Democracia Cristiana. Pero también cayeron muchos empresarios que, coludidos con autoridades y mafiosos, se movían fácilmente entre la legalidad y la ilegalidad.

Para sobrevivir, la delincuencia organizada requiere de la protección institucional. A su servicio están gobernantes, funcionarios del Ejecutivo, senadores, diputados, jueces o cualquier empleado que esté en condiciones de dar cualquier tipo de protección.

Al final, delincuentes y servidores públicos desarrollan una relación simbiótica en la que sacan provecho de su vida en común. México es ahora ejemplo mundial de esa situación.

Pero la protesta social producto de la inseguridad pública puede convertirse en un instrumento político.

En 2004, la cúpula empresarial mexicana organizó una multitudinaria manifestación hacia el Zócalo de la capital del país para protestar contra el entonces presidente Vicente Fox y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por la incapacidad de sus administraciones de garantizar la integridad de las personas y la posesión de sus bienes.

No pasó nada. Ni los gobernantes respondieron ni los empresarios fueron capaces de convertir la protesta en un movimiento social por la seguridad.

Cuatro años después, los sindicatos empresariales patrocinaron una nueva protesta contra la inseguridad, bautizada “Iluminemos México”.

Pero esta vez la protesta no es contra el gobierno de Felipe Calderón. Todo lo contrario, lo que se busca es “responder” a sus insistentes llamados para que la sociedad se involucre en la lucha contra la inseguridad.

Basta revisar los membretes de las organizaciones que convocaron a la marcha. Son los mismos que en 2006, en violación de las leyes electorales, hicieron la campaña paralela a favor de Calderón.

Es cierto, ante la naturaleza del problema se requiere la participación social, pero no la desnaturalización de la protesta social. Hay de protestas a protestas.

Por supuesto que los sindicatos patronales están en su derecho de manifestarse porque han sido víctimas, como el resto de la sociedad, de las expresiones más violentas de la delincuencia.

Pero ¿cuánto tiempo tardaron en darse cuenta que la inseguridad es uno de los principales problemas del país? ¿Cuánto tiempo dejaron pasar antes que la delincuencia los alcanzara? ¿Contribuyeron en algo para superar las condiciones socioeconómicas de la inseguridad?

Calderón, curiosamente, se erigió como el candidato de “las manos limpias”. Casi dos años han pasado desde que tomó el poder y nada tiene que mostrar, no sobre su alegada honestidad, sino de su decisión de atacar la impunidad ahí donde tiene todos los instrumentos para hacerlo.

¿Acaso no sabe qué políticos, de cualquier partido, están involucrados con la delincuencia? ¿No tiene idea de qué empresarios van y vienen entre la legalidad y la ilegalidad?

No es con marchas promovidas desde los grupos de poder económico como Calderón va a lograr su siempre ansiado respaldo social.

Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx