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domingo, septiembre 07, 2008

Se cae la farsa de Iluminemos México; organizaciones de la "sociedad civil" cobran en Los Pinos


Tomado de La Jornada, Hernández.


Fue de conocimiento público que la marcha "Iluminemos México" fue una mascarada implementada por los empresarios y los poderes fácticos en la que participaron las clases sociales más favorecidas y los agraviados por la delincuencia e inseguiridad. La intención de los empresarios que están de tras de membretes ciudadanos fue encabezar el descontento social que existe en el país por la corrupción e impunidad de más de 80 años de PAN y PRI, para tratar de controlarlo y guiarlo hacia la nada.


Si alguna duda quedaba de esas perversas intenciones esta semana Reporte Índigo muestra un amplio reportaje donde desenmascara a María Elena Morera Mitre de Galindo, presidenta nacional del membrete empresarial México Unido Contra la Delincuencia, sus nexos con el desgobierno usurpador del pelele Felipe Calderón Hinojosa y el dinero que recibe por aplaudir al principal responsable de la catástrofe en materia de seguridad nacional: Genaro García Luna. Además, el pago mediante un buen puesto al joven hijo de Morera Mitre, quien siendo servidor público lo hicieron pasar como representante ciudadano durante la firma del mentado pacto. Todo un espectáculo preparado para los adictos a la televisión, que piensan que al terminar de ver los noticieros "están bien informados" y no, como es la realidad, engañados.








Calderón secuestrado

Por Ramón Alberto Garza

El presidente está secuestrado. Felipe Calderón es hoy el principal rehén de las ambiciones de poder de un hombre que busca convertirse en el dueño único de los sistemas de inteligencia y de la Policía Nacional.

Es Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública que está maniobrando para convertirse en el súper secretario del gabinete calderonista. Y el asunto es muy grave.
Tanto, que militares, procuradores, jefes policiacos nacionales y estatales comienzan a ver al controvertido jefe de seguridad como un peligro nacional.

Y empiezan a unir sus voces para denunciar ante el primer mandatario a quien en aras de una supuesta unidad de mando, pisotea y humilla a sus altos mandos. El estado de emergencia creado por su incompetencia para combatir el crimen organizado le permite eso y más.

Genaro García Luna se sabe apoyado incondicionalmente. Y dice que para dar resultados, tiene que pasar incluso por encima de intereses que se oponen a su proyecto. Fue él quien creó la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el sexenio foxista. Con tan pobres resultados, que basta ver cómo el crimen organizado se mueve a sus anchas en todo el territorio nacional.

Esa incompetencia de cuatro años no es castigada, sino premiada con más presupuestos,
más encomiendas, más concentración de la inteligencia nacional en sus manos. Tal vez por eso las tensiones hacia dentro de la Secretaría de la Defensa van en aumento. Porque a pesar de que hay quienes han denunciado ante Felipe Calderón la manipulación y las corruptelas del secretario de Seguridad, no sólo lo sigue protegiendo, sino que cada día le da más poder.

Y es que Genaro García Luna está empecinado en que el presidente Calderón le acepte lo antes posible la creación de la Policía Nacional. Sería su cereza en el pastel de las promesas de los 100 días. Esa Policía Nacional sería un ente muy peligroso, sobre todo considerando
que nadie puede garantizar la rectitud, la honestidad ni la capacidad de alguien que pueda ser instalado al frente.

Porque una Policía Nacional como la que propone el ahora secretario de Seguridad sería, por sus dimensiones, alcances y presupuestos, un nuevo poder, muy superior y con mayor información que ningún otro en México. Un organismo que tendría la capacidad de disuasión –por chantaje, o incluso por el simple uso de la fuerza–, de someter a las demás autoridades civiles electas democráticamente e intimidar a los otros poderes de la Unión.

Un poder de fuego, medido en el número de elementos que tendría, capaz de retar inclusive a las instituciones garantes de la soberanía y la paz, como lo es el Ejército mexicano. No es una falsa alarma. Los norteamericanos, tan expertos en cuestiones de seguridad, nunca aceptaron crear una Policía Nacional. Por el contrario, fraccionaron la inteligencia en una veintena de agencias, burós y departamentos a fin de equilibrar y evitar que la concentración de ese poder en un solo hombre lo convirtiera en un potencial corrupto, en un potencial corruptor, y con todas las facilidades para convertirse en un tirano.

Tal vez por eso nadie cree en las promesas de Genaro García Luna. Porque en su tiempo se las hizo a Vicente Fox, como ahora se las hace a Felipe Calderón. Y ambos le creen al incompetente.

No importa que haya hecho montajes policiacos, como el que armó cuando se liberó de un secuestro a una francesa. ¿Alguien cree en la muy oportuna captura de 20 secuestradores en el Estado de México apenas un día después de la sacudidora marcha nacional por la paz? ¿Se necesitaba de una marcha para que dieran con la guarida de los criminales? ¿Por qué no los agarraron antes?

Pero ningún montaje más sofisticado que el de secuestrar la voluntad de María Elena Morera, la presidenta de México Unido Contra la Delincuencia. La ha convertido en su aliada, en la que desde el lado de las protestas le organiza “marchas ciudadanas”, pero sin reclamar por su nombre a la autoridad incompetente. Nadie pediría la cabeza de García
Luna.

Una sofisticada operación de cooptación que incluyó contratar al hijo de Morera como funcionario al servicio de la Secretaría de Seguridad. Con sueldos y jugosos apoyos económicos para la causa.

Por eso la tensión entre los distintos grupos responsables de la seguridad y el orden en el territorio nacional va en aumento. Como al alza van los mensajes cifrados, directos o a través de medios de comunicación. Analicemos.

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Infiltremos México



El hijo de la presidenta de México Unido Contra la delincuencia trabaja como asesor del secretario de Seguridad Pública Genaro garcía Luna. La simulación de las autoridades en el combate a la delincuencia es grave, pero que la sociedad simula que vigila a las autoridades es peor.


Por Anabel Hernández


María Elena Morera Mitre de Galindo, presidenta nacional de la organización civil MéxicoUnido Contra la Delincuencia, no está secuestrada. Esta cooptada por el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. La dirigente social, que supuestamente representa los intereses de los ciudadanos, tiene un grave conflicto de interés. Se ha convertido en juez y parte en asuntos de seguridad nacional. Juez, porque encabeza MUCD. Parte, porque desde el 13 de junio de 2008, su hijo Juan Pablo Galindo Morera, de 24 años, trabaja en la Coordinación de Asesores del propio García Luna. A su corta edad, el hijo de María Elena Morera tiene un puesto de subdirector de área y se encarga de la gestión y seguimiento de proyectos. Gana 39 mil 986 pesos mensuales más prestaciones. En exclusiva, Reporte Índigo presenta documentación oficial de la Secretaríade la Función Pública que prueba la relación de trabajo que existe entre Juan Pablo Galindo Morera y el titular de Seguridad Pública. Este joven no tiene preparación alguna en materia policiaca ni en seguridad pública. Es egresado de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad Anáhuac. Y todavía no está titulado. Pero éste no es el único conflicto de interés. También está documentado que México Unido Contra la Delincuencia recibe donativos de la SSP. El portal de transparencia del gobierno federal informa que de 2006 a 2007, la Secretaría de Seguridad Pública donó a la organización encabezada por Morera un millón 376 mil 666 pesos. Sin embargo, el 21 de agosto pasado, durante la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad, María Elena Morera habló airadamente en representación de los ciudadanos. “Ya basta de mentiras y de simulación. Ya basta de impunidad y corrupción”. Hoy, la dirigente de México Unido Contra la Delincuencia le debe una explicación a los ciudadanos y a sus más de 800 mil afiliados.



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De la sana distancia a la peligrosa cercanía

Por Anabel Hernández

Hace siete años se conocieron María Elena Morera Mitre de Galindo, de 50 años, y Genaro García Luna, de 40. El motivo fue el secuestro de Pedro Galindo, esposo de María Elena. En ese entonces, el hoy secretario de Seguridad Pública se desempeñaba como director
general de la Policía Judicial Federal.

El equipo de García Luna localizó la casa donde estaba secuestrado Galindo, lo rescató y detuvo a la banda. La esposa de la víctima pasó del agradecimiento a la cooptación.
El 16 de febrero de 2003, Morera Mitre asumió la Presidencia de México Unido Contra la Delincuencia, organización civil creada en 1997 ante la ola de secuestros registrados en el país.

El propósito de la organización era representar la voz de los ciudadanos ante las autoridades responsables de enfrentarse a los delincuentes.

El día que Morera tomó posesión, afirmó: “Hoy iniciamos una nueva etapa, buscamos
ser un eficiente instrumento de la sociedad, un instrumento moral para construir un México mejor. “México Unido Contra la Delincuencia no va a ser comparsa ni cómplice de nadie. Si algo o alguien está mal, lo vamos a señalar. Si hay culpables, no vamos a detenernos hasta que se haga justicia…”.

Con los años se borró la sana distancia. La extrema cercanía de Morera Mitre de Galindo con García Luna convirtió a la ONG en la trinchera donde el funcionario federal encuentra respaldo y legitimidad. Ello a pesar de que desde 2002 se han hecho señalamientos bien documentados sobre su ineficacia.

Un ejemplo es el caso de Marcos Tinoco Gancedo, “El Coronel”, quien denunció que García Luna y sus colaboradores protegían a su banda de secuestradores y a otros grupos de delincuentes. También está el homicidio de Enrique Salinas de Gortari, ya que la Procuraduría de Justicia del Estado de México pudo probar que miembros del equipo más cercano a García Luna habían extorsionado al hermano de Carlos Salinas de Gortari. En
ese tiempo, se acusó al entonces director de la AFI de proteger a sus colaboradores.

En 2005, México Unido Contra la Delincuencia difundió una agresiva campaña en medios electrónicos denominada “La ciudad del miedo”. En ella, la organización social criticó directamente al gobierno del Distrito Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador por su ineficacia para combatir la inseguridad. Incluso, Pedro Galindo mostraba en pantalla sus manos con cuatro dedos amputados, los cuales le fueron mutilados cuando estuvo secuestrado.

“Andrés Manuel López Obrador fue vencido por el secuestro en la Ciudad de México”, dijo la víctima en una entrevista. Morera Mitre aclaró varias veces que esa campaña no tenía un tinte político. El tiempo pasó. Y la inseguridad se volvió un tema nacional. Pero México Unido Contra la Delincuencia no ha emprendido una nueva campaña para evidenciar la
ineficiencia de los funcionarios federales.

Al contrario, esta organización se ha convertido en la principal promotora de la imagen de García Luna. “Nos recibió el ingeniero Genaro García Luna: un hombre singular, joven, impecable en trato y educación. Lo primero que me pregunté fue: ¿Cómo una persona con estas características, que transmitía seguridad y confianza, podía ser el titular de una de las instituciones más desprestigiadas: la Policía Judicial Federal”, dijo Morera Mitre en la presentación del libro “Contra el Crimen. ¿Por qué 1,661 Corporaciones de Policía no Bastan? Pasado, Presente y Futuro de la Policía en México”, cuyo autor es el titular de la SSP.

La publicación salió en 2006, cuando el funcionario era director general de la Agencia Federal de Investigaciones. En su escrito, Morera Mitre se deshizo en loas para García Luna y hasta lo acompañó en varias presentaciones del libro. Este apoyo es recíproco. El 7 de febrero de 2008, García Luna presentó el libro de MUCD titulado “Exigimos Seguridad”. “México Unido Contra la Delincuencia ha dejado constancia de su oportuno y
honesto esfuerzo para lograr la participación de la sociedad en el establecimiento y
la fijación de una cultura de la legalidad y la justicia.

“Desde su fundación, México Unido Contra la Delincuencia ha impulsado con gran entusiasmo y compromiso el desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad pública para solucionar el problema de la inseguridad”, dijo el funcionario.

En ese entonces, el hijo de Morera Mitre ya trabajaba en la dependencia encabezada por García Luna.

Joven asesor

Juan Pablo Galindo Morera entró a trabajar en la Secretaría de Seguridad Pública el 1 de febrero de 2007. Apenas tenía 23 años. Todavía estaba cursando el noveno semestre de la carrera cuando ingresó a la Dirección General de Asuntos Internacionales con un sueldo de 17 mil 123 pesos mensuales. Era jefe de departamento y tenía funciones de control de gestión.

Un año fue suficiente para que le duplicaran su salario. Y ahora es miembro del equipo cercano de García Luna. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, invitó a Morera Mitre a formar parte del Consejo Nacional de Seguridad como representante de la
sociedad. De hecho, fue una de los dos oradores que participaron a nombre de la ciudadanía.

El otro fue Alejandro Martí, padre del joven Fernando Martí, cuyo secuestro y asesinato causaron indignación el mes pasado. El empresario fue contundente:

“Si no pueden, renuncien. Pero no sigamos usando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, porque eso también es corrupción”. En las últimas semanas, Morera Mitre se ha dedicado a neutralizar la demanda de Martí. Ha dicho que la intención del discurso no es que renuncien los funcionarios de seguridad pública que no entreguen resultados.

“Va más bien en el sentido de que trabajemos todos, de que trabajemos juntos para hacer que lo que la autoridad prometa, lo cumpla”, dijo la dirigente en entrevista con El Universal el martes 26 de agosto, unos días antes de la marcha ciudadana Iluminemos México.

“Si bien se pusieron plazos, no creo que eso signifique cortar cabezas. No tiene ese sentido, de ninguna manera. El sentido es... pongámonos todos a trabajar”. Morera Mitre propuso la creación de un Observatorio Ciudadano que tenga la facultad de adentrarse en las instituciones para señalar sus deficiencias y denunciar a los funcionarios ineficaces y corruptos.

La pregunta es, ¿de qué puede servir un observatorio ciudadano si está en manos de personas que son juez y parte?

Resulta preocupante que las autoridades simulen que luchan contra la delincuencia. Pero que la sociedad aparente que vigila a las autoridades, es peor. Si las voces de las organizaciones civiles están cooptadas por las autoridades a las que dicen vigilar, el reclamo ciudadano pierde legitimidad. Morera Mitre dejó de representar a la sociedad. Ahora sólo vela por sus intereses personales.


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Herrera Valles, el perseguido

El jueves 4 de septiembre, a la misma hora en que Javier Herrera Valles concedía esta entrevista a Reporte Índigo, su hermano Arturo, comandante regional de Tabasco, fue casado de sus oficinas por elementos que dijeron ser de la PFP.

Por Anabel Hernández

El presidente exige que se denuncie la corrupción. Y cuando un servidor público tiene el valor civil de hacerlo con pruebas, con nombres, la “justicia” se viene en su contra. “Justicia” que es impuesta por aquellos que fueron denunciados. Javier Herrera Valles, quien fue comisario general de la Policía Federal Preventiva hasta hace tres meses, entregó al presidente Felipe Calderón una carta y diversos documentos que demuestran la existencia
de corrupción e irregularidades en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Todo con copia a la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública. Él y su familia hoy son perseguidos y amedrentados por los servidores públicos
que menciona en su denuncia.

El 22 de agosto de 2008, la SSP inició un procedimiento administrativo contra Herrera Valles porque supuestamente no se presentó durante ocho días ante la Sección Segunda del Estado Mayor de la PFP y porque no presentó a tiempo su ficha de incapacidad 0922LM5416007 expedida por el ISSSTE.

Así se señala en el oficio SSP-PFPSHCHJ-1250-08, del cual se tiene copia. Por esos hechos, que según el ex comisario general son falsos, hoy viernes 5 de septiembre comparecerá ante la Comisión de Honor y Justicia, la cual decidirá si es culpable o inocente. Dicha Comisión está integrada por Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia para la Prevención; Ramón Pequeño, coordinador de Seguridad Regional, y
Víctor Gerardo Garay Cadena, actual comisionado interino de la PFP. Todos ellos fueron
denunciados por Herrera Valles. Ayer jueves, a la misma hora que Herrera Valles concedía esta entrevista a Reporte Índigo, su hermano Arturo, comandante regional de Tabasco, era sacado de sus oficinas por personas que se identificaron como elementos de la PFP. Hasta el cierre de esta edición, se desconocía su paradero.

El pecado del ex comisario general de la PFP, quien tenía 30 años de trayectoria en la policía y un historial limpio, fue poner al descubierto las irregularidades del secretario
Genaro García Luna y de su equipo de colaboradores más cercanos. En su denuncia incluyó a elementos como Benito Roa Lara, quien fue director general de Secuestros de la PFP aunque ni siquiera tiene la preparatoria terminada. También documentó casos de personas que han pedido licencias de 180 días y luego son detenidas en actos delictivos.

“Esperando que mi aportación le sea de utilidad, le reitero la seguridad de mi subordinación y respeto”, escribió Herrera Valles en su carta al presidente, que está fechada el 7 de mayo de 2008.


La respuesta de las autoridades fue la sanción administrativa para sacarlo de la PFP. “Él (presidente) lo ha manifestado muchas veces, que privilegiemos la cultura de la denuncia. Yo lo estoy haciendo, y si a mí se me cesa por denunciar arbitrariedades en la secretaría, va a crear un precedente de veras muy serio y muy triste.

“Es realmente una injusticia, y no me arrepiento de haber hecho esas denuncias. Y las voy a seguir haciendo hasta que realmente se ponga atención, porque lo estamos viendo, la sociedad lo exige (…) en una marcha que hubo hace unos días, donde cientos de miles exigieron que se acabara la impunidad, en donde se les dé seguridad pública. Y ésa es mi pretensión, que haya seguridad pública. Por 30 años lo he hecho, y ésa es mi lucha”, afirmó Herrera Valles.