Desfiladero*
Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera.
Jaime Avilés
jamastu@gmail.com
■ Fox reventó Cantarell
■ Clamor nacional en ciernes: “si no pueden, renuncien”
México tiene el hombre más rico del mundo y un sitio en el fondo de la tabla de medallas olímpicas. Entre ambos indicadores, que guardan íntima relación, tiene también la sexta mafia más peligrosa del planeta –que exporta drogas a 36 países y controla la mitad de los municipios de la geografía política nacional–, pero la sanguinaria constelación de agrupaciones delictuosas, que responde al nombre genérico de “crimen organizado”, palidece ante la capacidad destructiva de quienes “gobiernan” el país desde hace 26 años.
En diciembre de 2000, cuando Vicente Fox llegó a Los Pinos, el gigantesco yacimiento de Cantarell, sito en el Golfo de México, generaba 49 por ciento de la producción de petróleo de todo el país. Era un campo maduro, que llevaba casi 30 años dando aceite ligero de la más alta calidad; la prudencia aconsejaba tratarlo con cariño para que durara mucho más. Pero Fox lo condenó a muerte.
En 2001, Petróleos Mexicanos extrajo de Cantarell un volumen de crudo equivalente a 55 por ciento de la producción nacional. En 2002 aumentó a 60 por ciento. En 2003 llegó a 63 por ciento, repito, de la producción nacional, tope que mantuvo en 2004. En 2005, lógicamente reventado, el yacimiento empezó a declinar, pero aún totalizó 61 por ciento del total. Y a partir de allí, se fue a pique. En 2006, cuando Fox abandonó el poder, Cantarell proporcionaba de nuevo 55 por ciento de la producción nacional, y al término del año pasado, en franca decadencia, dispensó “apenas” 49 por ciento; en la actualidad ha caído a 42 por ciento, y sigue en picada (los datos son oficiales, figuran en las memorias de Pemex y han sido citados en diversos foros por Octavio Romero Oropeza, secretario del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador).
Pero eso no es todo. Para explotarlos así, Fox ordenó que a los pozos de Cantarell les inyectaran nitrógeno, a fin de aumentar la presión en el fondo y hacer que el crudo subiera más rápido. Esto ocasionó un daño extra: el gas asociado al petróleo se contaminó y se volvió inútil. Desde 2003, Pemex quema 750 millones de pies cúbicos de gas natural cada día. Y para compensar esa pérdida construyó dos plantas gasificadoras –una en Ensenada, Baja California, y otra en Altamira, Tamaulipas– y las concesionó a Sempra y Shell, empresas estadunidenses que extraen, ¡oh sorpresa!, 750 millones de pies cúbicos de gas natural cada día y se lo venden al “gobierno federal” en 2 mil millones de dólares al año.
Fox debe ser juzgado por el evidente delito de lesa patria que cometió al destripar el yacimiento de Cantarell, patrimonio de todos los mexicanos. Pero su responsabilidad no termina allí. Durante su sexenio, Pemex tuvo ingresos excedentes valuados en 604 mil millones de pesos, debido al aumento del precio internacional del crudo. ¿Dónde está ese dinero? La Auditoría Superior de la Federación, instancia que depende del Poder Legislativo y está a cargo de Arturo González de Aragón, dio a conocer hace algunas semanas, en el contexto de los debates petroleros en el Senado, que de 2001 a 2006 el gobierno de Fox logró una recaudación fiscal de 74 (sí, setenta y cuatro) pesos derivada de los impuestos que pagaron cada uno de los principales causantes del país, a quienes devolvió en su conjunto más de 600 mil millones de pesos, como estímulos a la inversión.
En otras palabras, Fox repartió los ingresos excedentes de la renta nacional entre los 50 magnates más conspicuos de México, al devolverles un total de 100 mil millones de pesos al año. Pero Felipe Calderón está a punto de superar con mucho esa marca. Sólo en el primer semestre de 2008, siempre según la Auditoría Superior, devolvió impuestos por 93 mil millones de pesos. ¿A cambio de qué? De que los patrones le permitan seguir “gobernando”, aunque la idea de remplazarlo por un capataz más eficiente, que además de dinero les brinde tranquilidad para salir a la calle, se está volviendo la comidilla en todos los restaurantes de lujo, desde Ciudad Juárez hasta Villahermosa, pasando por muchas ciudades ensangrentadas.
Que Felipe Calderón no puede y, peor aún, no quiere hacer nada contra las bandas que han destruido la gobernabilidad a bazucazos en un número creciente de territorios, lo demuestra el ridículo “acuerdo nacional por la seguridad, la legalidad y la justicia”, que anteayer signaron los gestores oficiales de diversas mafias. Éstos se comprometieron, entre otras cosas, a “tomar medidas contra el lavado de dinero a más tardar (sic) en seis meses”, como si la Secretaría de Hacienda no contara con una Unidad de Inteligencia Financiera cuya misión es precisamente ésa, aunque en el ágape nadie mencionó que ésta, en 2007, detectó mil 300 operaciones de ese tipo y en 2008 no ha reportado ninguna.
La farsa del jueves en Palacio Nacional fue tan predecible como insultante. Para darle un mínimo de credibilidad, Calderón debió anunciar las renuncias del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, traficante de influencias confeso; del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, por su notoria y escandalosa ineptitud. Ante la cadena de matanzas, que sólo en lo que va de agosto ha acumulado la escalofriante cifra de casi 200 asesinatos en Chihuahua, ninguno de los tres tuvo la delicadeza de viajar a aquella entidad aunque sea para insinuar que el “gobierno federal” aún existe, así sea en grado de tentativa.
No por nada, el pasado martes, López Obrador exigió la dimisión de Mouriño, García Luna y Medina Mora, demanda que 48 horas después hicieron suya el empresario Alejandro Martí y el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones. Ambos, uno en Palacio, otro en Aguascalientes, coincidieron el jueves al declarar: “si no pueden, renuncien”, palabras que ayer engalanaron la primera plana de todos los diarios y pronto van a convertirse en clamor nacional, con dedicatoria especial para Calderón.
Los signatarios solicitaron un plazo de 100 días para empezar a obtener resultados. Desde ahora, todo mundo sabe que nada lograrán. Pero durante ese lapso se dará el episodio central de la batalla por Pemex. Si el pueblo impide que el petróleo se privatice, pero el terror aumenta con la anuencia cómplice de Los Pinos, la derecha pedirá, como ya lo está haciendo, que el Ejército salga a las calles del DF para cazar dos pájaros de un tiro. La movilización de la gente debe sacar del gobierno a quienes persiguen cínicamente ambos objetivos.
*Tomado de La Jornada.
jamastu@gmail.com
■ Fox reventó Cantarell
■ Clamor nacional en ciernes: “si no pueden, renuncien”
México tiene el hombre más rico del mundo y un sitio en el fondo de la tabla de medallas olímpicas. Entre ambos indicadores, que guardan íntima relación, tiene también la sexta mafia más peligrosa del planeta –que exporta drogas a 36 países y controla la mitad de los municipios de la geografía política nacional–, pero la sanguinaria constelación de agrupaciones delictuosas, que responde al nombre genérico de “crimen organizado”, palidece ante la capacidad destructiva de quienes “gobiernan” el país desde hace 26 años.
En diciembre de 2000, cuando Vicente Fox llegó a Los Pinos, el gigantesco yacimiento de Cantarell, sito en el Golfo de México, generaba 49 por ciento de la producción de petróleo de todo el país. Era un campo maduro, que llevaba casi 30 años dando aceite ligero de la más alta calidad; la prudencia aconsejaba tratarlo con cariño para que durara mucho más. Pero Fox lo condenó a muerte.
En 2001, Petróleos Mexicanos extrajo de Cantarell un volumen de crudo equivalente a 55 por ciento de la producción nacional. En 2002 aumentó a 60 por ciento. En 2003 llegó a 63 por ciento, repito, de la producción nacional, tope que mantuvo en 2004. En 2005, lógicamente reventado, el yacimiento empezó a declinar, pero aún totalizó 61 por ciento del total. Y a partir de allí, se fue a pique. En 2006, cuando Fox abandonó el poder, Cantarell proporcionaba de nuevo 55 por ciento de la producción nacional, y al término del año pasado, en franca decadencia, dispensó “apenas” 49 por ciento; en la actualidad ha caído a 42 por ciento, y sigue en picada (los datos son oficiales, figuran en las memorias de Pemex y han sido citados en diversos foros por Octavio Romero Oropeza, secretario del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador).
Pero eso no es todo. Para explotarlos así, Fox ordenó que a los pozos de Cantarell les inyectaran nitrógeno, a fin de aumentar la presión en el fondo y hacer que el crudo subiera más rápido. Esto ocasionó un daño extra: el gas asociado al petróleo se contaminó y se volvió inútil. Desde 2003, Pemex quema 750 millones de pies cúbicos de gas natural cada día. Y para compensar esa pérdida construyó dos plantas gasificadoras –una en Ensenada, Baja California, y otra en Altamira, Tamaulipas– y las concesionó a Sempra y Shell, empresas estadunidenses que extraen, ¡oh sorpresa!, 750 millones de pies cúbicos de gas natural cada día y se lo venden al “gobierno federal” en 2 mil millones de dólares al año.
Fox debe ser juzgado por el evidente delito de lesa patria que cometió al destripar el yacimiento de Cantarell, patrimonio de todos los mexicanos. Pero su responsabilidad no termina allí. Durante su sexenio, Pemex tuvo ingresos excedentes valuados en 604 mil millones de pesos, debido al aumento del precio internacional del crudo. ¿Dónde está ese dinero? La Auditoría Superior de la Federación, instancia que depende del Poder Legislativo y está a cargo de Arturo González de Aragón, dio a conocer hace algunas semanas, en el contexto de los debates petroleros en el Senado, que de 2001 a 2006 el gobierno de Fox logró una recaudación fiscal de 74 (sí, setenta y cuatro) pesos derivada de los impuestos que pagaron cada uno de los principales causantes del país, a quienes devolvió en su conjunto más de 600 mil millones de pesos, como estímulos a la inversión.
En otras palabras, Fox repartió los ingresos excedentes de la renta nacional entre los 50 magnates más conspicuos de México, al devolverles un total de 100 mil millones de pesos al año. Pero Felipe Calderón está a punto de superar con mucho esa marca. Sólo en el primer semestre de 2008, siempre según la Auditoría Superior, devolvió impuestos por 93 mil millones de pesos. ¿A cambio de qué? De que los patrones le permitan seguir “gobernando”, aunque la idea de remplazarlo por un capataz más eficiente, que además de dinero les brinde tranquilidad para salir a la calle, se está volviendo la comidilla en todos los restaurantes de lujo, desde Ciudad Juárez hasta Villahermosa, pasando por muchas ciudades ensangrentadas.
Que Felipe Calderón no puede y, peor aún, no quiere hacer nada contra las bandas que han destruido la gobernabilidad a bazucazos en un número creciente de territorios, lo demuestra el ridículo “acuerdo nacional por la seguridad, la legalidad y la justicia”, que anteayer signaron los gestores oficiales de diversas mafias. Éstos se comprometieron, entre otras cosas, a “tomar medidas contra el lavado de dinero a más tardar (sic) en seis meses”, como si la Secretaría de Hacienda no contara con una Unidad de Inteligencia Financiera cuya misión es precisamente ésa, aunque en el ágape nadie mencionó que ésta, en 2007, detectó mil 300 operaciones de ese tipo y en 2008 no ha reportado ninguna.
La farsa del jueves en Palacio Nacional fue tan predecible como insultante. Para darle un mínimo de credibilidad, Calderón debió anunciar las renuncias del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, traficante de influencias confeso; del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, por su notoria y escandalosa ineptitud. Ante la cadena de matanzas, que sólo en lo que va de agosto ha acumulado la escalofriante cifra de casi 200 asesinatos en Chihuahua, ninguno de los tres tuvo la delicadeza de viajar a aquella entidad aunque sea para insinuar que el “gobierno federal” aún existe, así sea en grado de tentativa.
No por nada, el pasado martes, López Obrador exigió la dimisión de Mouriño, García Luna y Medina Mora, demanda que 48 horas después hicieron suya el empresario Alejandro Martí y el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones. Ambos, uno en Palacio, otro en Aguascalientes, coincidieron el jueves al declarar: “si no pueden, renuncien”, palabras que ayer engalanaron la primera plana de todos los diarios y pronto van a convertirse en clamor nacional, con dedicatoria especial para Calderón.
Los signatarios solicitaron un plazo de 100 días para empezar a obtener resultados. Desde ahora, todo mundo sabe que nada lograrán. Pero durante ese lapso se dará el episodio central de la batalla por Pemex. Si el pueblo impide que el petróleo se privatice, pero el terror aumenta con la anuencia cómplice de Los Pinos, la derecha pedirá, como ya lo está haciendo, que el Ejército salga a las calles del DF para cazar dos pájaros de un tiro. La movilización de la gente debe sacar del gobierno a quienes persiguen cínicamente ambos objetivos.
*Tomado de La Jornada.
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8:37 a.m.
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