Firman pacto de impunidad y corrupción
Violencia e inseguridad continuarán
Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha.
La farsa cuyo telón de fondo tuvo el dolor de Alejandro Martí, padre del joven asesinado por secuestradores, concluyó ayer con una carta de buenas intenciones, que como en decenas de ocasiones anteriores, los ahí presentes –gente muy fina y de “honorabilidad” intachable- se comprometieron a que ahora sí la van a cumplir. Fracaso tras fracaso, negligencia unida a la corrupción. En 80 años de PAN y PRI se ha prometido de todo. Desde cambiar el régimen de corrupción en todo el sistema político y judicial hasta sacar a “patadas al PRI de Los Pinos”, engendro de impunidad.
Nada se ha logrado. Todo lo contrario. La corrupción es ahora mayor que hace 8 años, la inseguridad es también más alta. Junto a ello contemplamos en cadena nacional el cinismo y desfachatez de todos. En primer lugar de los medios electrónicos, quienes ávidos de vender más lucran con la tragedia y el dolor de las víctimas y sus familiares, después sería la arenga simplona y palera de siempre “estamos con usted señor presidente, somos soldados del PRI”, perdón “ahora lo somos del PAN”, fue un lapsus.
Ayer el catálogo de agravios no fue leído por las víctimas, sino por los victimarios. En la reunión estuvieron presentes la crema y nata de la corrupción, de la ilegalidad y de los impunes, de los intocados por las leyes, de los que se saben por encima del mentado Estado de derecho, que cada vez está más chueco.
Fueron los mismos violadores de los preceptos constitucionales los que llamaron a la legalidad. Fueron los ¿representantes? de la sociedad los que se comprometieron que esta vez sí se va a terminar con la impunidad. Pero ¿a quién representan?
El representante de los gobernadores de la Conago, Eduardo Bours, está acusado de corrupción y de amasar durante los seis años de su desgobierno una fortuna que incluye prácticamente la propiedad de medio Sonora. Además, diversas fuentes lo señalan como parte importante en la distribución de droga mediante su flotilla de camiones que transportan productos de su firma Bachoco.
El pelele Felipe Calderón Hinojosa acusado de robarse la presidencia y violentar la voluntad popular. De negligencia, corrupción y fomentar la impunidad al evitar que personajes tan siniestros como el ladrón Vicente Fox Quesada sea investigado y llevado ante los jueces por enriquecimiento ilícito y corrupción. De que el secretario de Gobernación del desgobierno usurpador, Juan Camilo Mouriño, consiga contratos de manera ilegal para favorecer a las empresas de su familia. De que su “guerra” contra la delincuencia, luego de 2 años sea un fracaso y ahora diga que esta vez sí va en serio, pese a asegurar hace unos meses que se iba ganando por “goleada”. De sumir al país en la desesperación al no crear ningún nuevo puesto de trabajo, incrementar la pobreza de millones de familias al vender más cara la gasolina y el gas para obligar a la ciudadanía a “pensar” que la venta de Pemex es la única solución. De criminalizar la protesta social, pues al dirigente social de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle, se le condenó ayer a otros 45 años de cárcel, que se suman a los 67 antes impuestos, para hacer en los hechos la cadena perpétua, por defender su tierra. Mientras los Mouriño, los Fernández de Cevallos, los Azácarraga Jean, los Salinas Pliego, los Fox Quesada, los Bibriesca, etc., caminan y hacen “negocios” en libertad. La impunidad total.
Maria Elena Morera, representante de los empresarios se adjudicó la representación de la sociedad, cuando representa solamente al 10 por ciento de los mexicanos más ricos del país. Justo representa los que detentan el 90 por ciento de la impunidad, de la corrupción y los que tienen hundido al país al pagar sueldos de hambre, no pagar impuestos e imponer a tipos como Calderón Hinojosa. Así que ¿cuál representante de la sociedad civil, cual activista social?
Los góbers preciosos Mario Marín y Ulises Ruiz Ortiz acusados ambos de asesinatos, tortura y secuestros, ¿son garantes del famoso pacto? O son justo lo contrario, garantes de la impunidad y corrupción.
Roberto Campa Cifrián, impuesto candidato del Panal, el partido de la asesina Elba Esther Gordillo, subsecretario de Seguridad federal del gobierno espurio ¿qué ha hecho en todo este tiempo? Nada pues anunció que dentro de seis meses dará a conocer el programa para luchar contra los secuestros. En seis meses... eso es no tener m...
Y los testigos de honor firmantes del acuerdo de marras, Elba Ester Gordillo y el corrupto líder de los petroleros Carlos Romero Deschapms, dueño de yates residencias en México y el extranjero, que se da el lujo de posar para la cámara del fotógrafo del diario Reforma, luciendo su reloj de 400 mil pesos. Dos líderes sindicales corruptos emblemas del sindicalismo charro, del viejo PRI, ambos impuestos por el ratero Carlos Salinas de Gortari ¿son garantes del pacto o de la impunidad?
El atribulado padre de Fernando Martí, como en sesión terapéutica acusó y acusó, puso los puntos sobre las íes: “si no pueden, renuncien, pero que no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso también es corrupción”. Solo uno de los presentes le tomó la palabra: “En lo que hace al DF yo sí te acepto el reto”, afirmó. “Si no, en el caso de la ciudad hay un procedimiento de revocación del mandato, pues que se proceda”. Con esas palabras Marcelo Ebrard trató de lavar la cara, veremos en los hechos, pues en este tema todos han fracasado y el Distrito Federal cuenta con una policía que en sus entrañas tiene la corrupción que prohija la impunidad para sus miembros.
¿Alguien más de los ahí presentes dijo esta boca es mía? Ninguno, todos pidieron más dinero, más policía, más cárceles, más penas, más leyes. ¿Y la justicia y la aplicación del Estado de derecho y la impunidad y la otra parte, los casi 100 millones no escuchados de la sociedad civil?
Si de verdad quisieran atrapar a los delincuentes, la gran mayoría de los ahí presentes debieron ser detenidos y recluidos en un penal. Ellos tienen cuentas pendientes con la ley. Desde la ley de responsabilidades de los servidores públicos, hasta la civil y la penal. Pero no, no era en serio, tan sólo fue uno de los espectáculos mediáticos que tanto encantan al pelele Felipe Calderón Hinojosa, a los grandes empresarios, al alto clero católico y por supuesto a los poderes fácticos representados por las televisoras y radiodifusoras.
A continuación un análisis tomado de la revista Proceso que da cuenta de la impunidad reinante. No importa cuantos pactos se firmen.
http://www.proceso.com.mx/
Viudas del carbón, triunfo legal
la redacción
MÉXICO, DF, 21 de agosto (apro-cimac).- Hasta ahora las autoridades estatales y federales, es decir las secretarías del Trabajo y de Economía y los gobiernos de Coahuila y el federal, lograron total impunidad frente a la tragedia de Pasta de Conchos en que murieron 65 mineros.
Hasta ahora fueron rechazadas las viudas por no tener interés jurídico como demandantes, cuando quisieron que se hiciera justicia, porque no hubo inspección, porque no es posible sostener las concesiones a una empresa que es responsable de inseguridad industrial, y porque como resultado final las autoridades del Trabajo se han lavado las manos:
La mina no se reabrirá, afirmó apenas hace unos días el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, en larga entrevista de Luis Alberto Medina publicada por El Siglo de Torreón.
La noticia ahora es que las viudas de Pasta de Conchos sí tienen interés jurídico y eso deberá ratificarlo cuanto antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Su caso no se ha cerrado y, a pesar de todo y su largo caminar, existen, son terceras interesadas, según lo establece la juez quinta de distrito en materia administrativa, Rafaela Reyna Franco, en un acuerdo en poder de apro-cimac.
Este acuerdo fue mandatado a Reyna Franco por el XIV Tribunal Colegiado en materia administrativa, y producto de la ponencia de la magistrada Rosa Elena González Tirado, así como gracias al estudio detallado de Norma Lucía Piña y Salvador Mondragón.
Además, el acuerdo establece que será la Corte la instancia que defina la constitucionalidad de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, que desconoce, precisamente, la validez de terceros interesados, causa y efecto de la impunidad que viven hasta ahora viudas y familiares de los trabajadores sepultados en la mina 8 de Pasta de Conchos.
Es la misma tragedia tantas veces repetida en la región carbonífera de Coahuila, esa tragedia que cruza caminos y corazones de quienes habitan y trabajan en esas tierras.
Ahora no, ahora se abre una nueva posibilidad.
La resolución que obliga a Rafaela Reyna Franco, titular del juzgado quinto de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, representa un avance jurídico indiscutible, pero es, a dos años y medio de la tragedia, un nuevo aliento para que no se arredren viudas y familiares, para que no dejen de luchar.
Sucede precisamente en la misma semana en que un grupo de viudas, desde el sindicato minero, fijó a las autoridades un plazo de mes y medio para rescatar los cuerpos de los 63 mineros que todavía se encuentran en el lecho frío y húmedo de la mina.
La opinión del Tribunal Colegiado, que da oportunidad para que ahora sí se estudie, como dicen los especialistas y sabedores del tema, el fondo del asunto, para que se establezcan y aclaren las responsabilidades, tanto del actual como del anterior secretario de Trabajo, y por tanto del propio gobierno federal.
Debe señalarse que en el caso de Pasta de Conchos no hubo inspección ni seguridad industrial; ni intervención de las autoridades locales de Coahuila, responsables de que frente a sus ojos se deje morir día a día a los mineros y en la intemperie a las viudas y sus familias.
Ahora, en virtud de ese acuerdo, las viudas podrán pedir cuentas para que la Secretaría de Economía explique cómo y por qué se mantienen las concesiones a Industrial Minera México, a pesar que es claro que no procura la seguridad en las minas, a pesar que dejó morir a los 65 mineros, a pesar que actúa en ilegalidad al tener empresas terceras para evitar pagos completos de salarios e impuestos.
Es claro que eso le toca al nuevo titular de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, presentado en público con un especial por televisión por Felipe Calderón, como si se tratara de explicar a todos los empresarios del mundo que no se preocupen, que llegó uno de ellos a la dependencia adecuada.
Pues ahora deberá oír a las viudas y resolver. Como tendrá que hacerlo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, que las desestimó.
En fin, que este triunfo de Elvira Martínez --como viuda demandante y tenaz, del despacho de abogados que la representa, encabezado por Manuel Fuentes Muñiz, y también gracias a la tenacidad de sus compañeras de lucha, como Rosa María Mejía, que encabeza el plantón permanente allá en la mina-- podría ser piedra de toque para el futuro inmediato.
El folio del expediente de Pasta de Conchos, número 19736, en que se revoca la sentencia de juicio de amparo que se negó, una y otra vez, para rechazar la capacidad jurídica de las viudas, es ya una muestra de que a veces el camino legal sirve. No despreciarlo es fundamental en tiempos de incredulidad y desazón generalizado frente a la vigencia del estado de derecho en México.
Claro que ahora habrá que esperar de la Suprema Corte lo propio, lo mismo que analizó el Tribunal Colegiado, para que las autoridades encubridoras de la tragedia respondan ante la ley y el pueblo.
Un amigo me escribía poco antes de redactar esta columna, que ellas, las viudas, habían dejado de ser fantasmas, que se les ha dado existencia jurídica, que ahora las autoridades tendrán que tomarlas en cuenta y responder a sus demandas. Veremos.
Comentarios: saralovera@yahoo.com.mx
+++++++++++
La siguiente colaboración fue tomada del periódico La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/
Los dos proyectos
Luis Javier Garrido
¿Está el país ante una posible ruptura del orden constitucional por la posible aprobación de la contrarreforma petrolera?
1. La vía para detener una violación de los principios centrales de la Constitución mexicana, de intentar el gobierno de facto violentar el orden nacional por la entrega del petróleo a las trasnacionales, está abierta y supone una reflexión legislativa serena ante las dimensiones del desafío.
2. El Movimiento de Resistencia Pacífica en Defensa del Petróleo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, logró en menos de cinco meses detener la pretensión del gobierno de facto de imponer vía fast track una contrarreforma petrolera al país que hubiera privatizado la industria petrolera nacional, abrir una discusión sin precedente en materia energética en el Senado de la República entre mayo y julio, forjar una amplia organización popular de defensa de los recursos estratégicos de México, y ahora ha logrado impulsar la organización de un amplio grupo de la sociedad civil que ha elaborado una propuesta energética, que los partidos políticos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) se han comprometido a hacer suya, lo cual constituye un hecho sin antecedente en nuestra historia legislativa.
3. El amplio grupo plural, integrado tanto por intelectuales, técnicos y científicos que participaron en los Foros del Senado como por miembros del Grupo de Intelectuales en Defensa del Petróleo, y de los cuales la mayoría no son militantes de ningún partido político ni están vinculados al Gobierno Legítimo de López Obrador, trabajó más de tres semanas para elaborar una evaluación de las iniciativas de Felipe Calderón y de Manlio Fabio Beltrones presentadas al Senado, un plan de emergencia en materia energética y una serie de iniciativas legales en materia de energía y de petróleo acordes con la Constitución en lo que constituye una de las más importantes aportaciones de la sociedad en nuestra historia parlamentaria.
4. Los dos proyectos de reforma de la industria petrolera mexicana que se van a discutir en las próximas semanas en el Congreso difieren, por lo mismo, radicalmente, pues mientras el proyecto Beltrones (al igual que lo hacía el proyecto Calderón), y que es el ya negociado por PRI y PAN, busca el empequeñecimiento de Pemex, al seguir subdividiéndolo en pequeñas empresas “paraestatales filiales” y desmantelándolo de sus funciones –que pretende entregar a las trasnacionales, que ya están operando en México–, en lo que constituye una abierta privatización, y conduce, por consiguiente, a su destrucción, la propuesta alternativa que presentará el FAP con base en la elaborada por este grupo persigue el fortalecimiento de Pemex, como una gran industria nacional, por la vía de reinvertir sus ganancias e impedir el saqueo del gobierno.
5. Los dos proyectos difieren en consecuencia en lo que se refiere al manejo en el futuro de la industria petrolera asentada en el país, pues mientras las iniciativas de Calderón y de Beltrones, abdicando de cualquier pretensión nacional, a pesar de lo que dicen sus defensores, entregan el pleno control de la industria petrolera de México a las grandes compañías petroleras trasnacionales conforme al modelo neoliberal, la propuesta de los técnicos, científicos e intelectuales que se comprometieron a hacer suya los partidos integrantes del FAP, mantiene, por el contrario, el control de la industria petrolera de México en manos de la empresa paraestatal Pemex como ordena el mandato constitucional.
6. La iniciativa Beltrones o “de la alianza PAN-PRI” entraña como consecuencia que al ceder Pemex sus funciones estratégicas, en un futuro cercano la política energética de México estaría decidida por unas cuantas empresas trasnacionales, con las consecuencias catastróficas para México que ello supone, en tanto que la iniciativa alternativa respeta el mandato constitucional y defiende el principio de que es prioritario defender una política energética de Estado, como hacen todas las grandes potencias: de Estados Unidos a Rusia.
7. La iniciativa Beltrones, que para ser aprobada requeriría que senadores y diputados del PRI traicionaran los principios de su partido al crearle un marco seudo jurídico de blindaje a Pemex, crea, en fin, un marco “legal” propicio para la corrupción al fijarle este marco legal metaconstitucional que la protege de todo tipo de controles de parte del Congreso o de la sociedad, facilitando los enjuages tanto de los altos funcionarios del Estado como de los líderes sindicales, más aún que hasta el presente, como ahora de los dirigentes de las corporaciones privadas, en tanto que la “iniciativa alterna” lo que busca es que se terminen todas estas prácticas ilegales a través de un firme control de parte tanto del Congreso como de la sociedad.
8. Las dos propuestas difieren radicalmente en lo que se refiere a su posición frente al marco constitucional del país, pues mientras las iniciativas Beltrones y Calderón entrañan cientos –no decenas, sino cientos– de violaciones a la Constitución mexicana, como se ve claramente en uno de los documentos de la propuesta alterna, esta última fue redactada teniendo como principio el respeto absoluto a la Constitución, que constituye el acuerdo fundamental de los mexicanos, y que al ser gravemente violentado en un asunto de tanta importancia podría llevar al país a un escenario gravísimo de confrontación.
9. La ropuesta elaborada por el grupo de especialistas, técnicos e intelectuales, de cuyos avances fueron informados los dirigentes de los partidos integrantes del FAP el 16, el 19 y el 20 de agosto, y que formalmente les será entregada el próximo día 24, ha de ser la base para que sus representantes defiendan en las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado los principios constitucionales fundamentales del país, y con ellos la necesidad de tener una política energética en beneficio del pueblo mexicano y no de las trasnacionales, de lo cual depende la paz y la seguridad de la nación en el futuro inmediato.
10. Lo que está en juego es de enorme gravedad, pues la iniciativa Beltrones como la de Calderón entrañan una verdadera ruptura del orden constitucional mexicano y esto trae gravísimas consecuencias para el futuro de la República.
Nada se ha logrado. Todo lo contrario. La corrupción es ahora mayor que hace 8 años, la inseguridad es también más alta. Junto a ello contemplamos en cadena nacional el cinismo y desfachatez de todos. En primer lugar de los medios electrónicos, quienes ávidos de vender más lucran con la tragedia y el dolor de las víctimas y sus familiares, después sería la arenga simplona y palera de siempre “estamos con usted señor presidente, somos soldados del PRI”, perdón “ahora lo somos del PAN”, fue un lapsus.
Ayer el catálogo de agravios no fue leído por las víctimas, sino por los victimarios. En la reunión estuvieron presentes la crema y nata de la corrupción, de la ilegalidad y de los impunes, de los intocados por las leyes, de los que se saben por encima del mentado Estado de derecho, que cada vez está más chueco.
Fueron los mismos violadores de los preceptos constitucionales los que llamaron a la legalidad. Fueron los ¿representantes? de la sociedad los que se comprometieron que esta vez sí se va a terminar con la impunidad. Pero ¿a quién representan?
El representante de los gobernadores de la Conago, Eduardo Bours, está acusado de corrupción y de amasar durante los seis años de su desgobierno una fortuna que incluye prácticamente la propiedad de medio Sonora. Además, diversas fuentes lo señalan como parte importante en la distribución de droga mediante su flotilla de camiones que transportan productos de su firma Bachoco.
El pelele Felipe Calderón Hinojosa acusado de robarse la presidencia y violentar la voluntad popular. De negligencia, corrupción y fomentar la impunidad al evitar que personajes tan siniestros como el ladrón Vicente Fox Quesada sea investigado y llevado ante los jueces por enriquecimiento ilícito y corrupción. De que el secretario de Gobernación del desgobierno usurpador, Juan Camilo Mouriño, consiga contratos de manera ilegal para favorecer a las empresas de su familia. De que su “guerra” contra la delincuencia, luego de 2 años sea un fracaso y ahora diga que esta vez sí va en serio, pese a asegurar hace unos meses que se iba ganando por “goleada”. De sumir al país en la desesperación al no crear ningún nuevo puesto de trabajo, incrementar la pobreza de millones de familias al vender más cara la gasolina y el gas para obligar a la ciudadanía a “pensar” que la venta de Pemex es la única solución. De criminalizar la protesta social, pues al dirigente social de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle, se le condenó ayer a otros 45 años de cárcel, que se suman a los 67 antes impuestos, para hacer en los hechos la cadena perpétua, por defender su tierra. Mientras los Mouriño, los Fernández de Cevallos, los Azácarraga Jean, los Salinas Pliego, los Fox Quesada, los Bibriesca, etc., caminan y hacen “negocios” en libertad. La impunidad total.
Maria Elena Morera, representante de los empresarios se adjudicó la representación de la sociedad, cuando representa solamente al 10 por ciento de los mexicanos más ricos del país. Justo representa los que detentan el 90 por ciento de la impunidad, de la corrupción y los que tienen hundido al país al pagar sueldos de hambre, no pagar impuestos e imponer a tipos como Calderón Hinojosa. Así que ¿cuál representante de la sociedad civil, cual activista social?
Los góbers preciosos Mario Marín y Ulises Ruiz Ortiz acusados ambos de asesinatos, tortura y secuestros, ¿son garantes del famoso pacto? O son justo lo contrario, garantes de la impunidad y corrupción.
Roberto Campa Cifrián, impuesto candidato del Panal, el partido de la asesina Elba Esther Gordillo, subsecretario de Seguridad federal del gobierno espurio ¿qué ha hecho en todo este tiempo? Nada pues anunció que dentro de seis meses dará a conocer el programa para luchar contra los secuestros. En seis meses... eso es no tener m...
Y los testigos de honor firmantes del acuerdo de marras, Elba Ester Gordillo y el corrupto líder de los petroleros Carlos Romero Deschapms, dueño de yates residencias en México y el extranjero, que se da el lujo de posar para la cámara del fotógrafo del diario Reforma, luciendo su reloj de 400 mil pesos. Dos líderes sindicales corruptos emblemas del sindicalismo charro, del viejo PRI, ambos impuestos por el ratero Carlos Salinas de Gortari ¿son garantes del pacto o de la impunidad?
El atribulado padre de Fernando Martí, como en sesión terapéutica acusó y acusó, puso los puntos sobre las íes: “si no pueden, renuncien, pero que no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso también es corrupción”. Solo uno de los presentes le tomó la palabra: “En lo que hace al DF yo sí te acepto el reto”, afirmó. “Si no, en el caso de la ciudad hay un procedimiento de revocación del mandato, pues que se proceda”. Con esas palabras Marcelo Ebrard trató de lavar la cara, veremos en los hechos, pues en este tema todos han fracasado y el Distrito Federal cuenta con una policía que en sus entrañas tiene la corrupción que prohija la impunidad para sus miembros.
¿Alguien más de los ahí presentes dijo esta boca es mía? Ninguno, todos pidieron más dinero, más policía, más cárceles, más penas, más leyes. ¿Y la justicia y la aplicación del Estado de derecho y la impunidad y la otra parte, los casi 100 millones no escuchados de la sociedad civil?
Si de verdad quisieran atrapar a los delincuentes, la gran mayoría de los ahí presentes debieron ser detenidos y recluidos en un penal. Ellos tienen cuentas pendientes con la ley. Desde la ley de responsabilidades de los servidores públicos, hasta la civil y la penal. Pero no, no era en serio, tan sólo fue uno de los espectáculos mediáticos que tanto encantan al pelele Felipe Calderón Hinojosa, a los grandes empresarios, al alto clero católico y por supuesto a los poderes fácticos representados por las televisoras y radiodifusoras.
A continuación un análisis tomado de la revista Proceso que da cuenta de la impunidad reinante. No importa cuantos pactos se firmen.
http://www.proceso.com.mx/
Viudas del carbón, triunfo legal
la redacción
MÉXICO, DF, 21 de agosto (apro-cimac).- Hasta ahora las autoridades estatales y federales, es decir las secretarías del Trabajo y de Economía y los gobiernos de Coahuila y el federal, lograron total impunidad frente a la tragedia de Pasta de Conchos en que murieron 65 mineros.
Hasta ahora fueron rechazadas las viudas por no tener interés jurídico como demandantes, cuando quisieron que se hiciera justicia, porque no hubo inspección, porque no es posible sostener las concesiones a una empresa que es responsable de inseguridad industrial, y porque como resultado final las autoridades del Trabajo se han lavado las manos:
La mina no se reabrirá, afirmó apenas hace unos días el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, en larga entrevista de Luis Alberto Medina publicada por El Siglo de Torreón.
La noticia ahora es que las viudas de Pasta de Conchos sí tienen interés jurídico y eso deberá ratificarlo cuanto antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Su caso no se ha cerrado y, a pesar de todo y su largo caminar, existen, son terceras interesadas, según lo establece la juez quinta de distrito en materia administrativa, Rafaela Reyna Franco, en un acuerdo en poder de apro-cimac.
Este acuerdo fue mandatado a Reyna Franco por el XIV Tribunal Colegiado en materia administrativa, y producto de la ponencia de la magistrada Rosa Elena González Tirado, así como gracias al estudio detallado de Norma Lucía Piña y Salvador Mondragón.
Además, el acuerdo establece que será la Corte la instancia que defina la constitucionalidad de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, que desconoce, precisamente, la validez de terceros interesados, causa y efecto de la impunidad que viven hasta ahora viudas y familiares de los trabajadores sepultados en la mina 8 de Pasta de Conchos.
Es la misma tragedia tantas veces repetida en la región carbonífera de Coahuila, esa tragedia que cruza caminos y corazones de quienes habitan y trabajan en esas tierras.
Ahora no, ahora se abre una nueva posibilidad.
La resolución que obliga a Rafaela Reyna Franco, titular del juzgado quinto de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, representa un avance jurídico indiscutible, pero es, a dos años y medio de la tragedia, un nuevo aliento para que no se arredren viudas y familiares, para que no dejen de luchar.
Sucede precisamente en la misma semana en que un grupo de viudas, desde el sindicato minero, fijó a las autoridades un plazo de mes y medio para rescatar los cuerpos de los 63 mineros que todavía se encuentran en el lecho frío y húmedo de la mina.
La opinión del Tribunal Colegiado, que da oportunidad para que ahora sí se estudie, como dicen los especialistas y sabedores del tema, el fondo del asunto, para que se establezcan y aclaren las responsabilidades, tanto del actual como del anterior secretario de Trabajo, y por tanto del propio gobierno federal.
Debe señalarse que en el caso de Pasta de Conchos no hubo inspección ni seguridad industrial; ni intervención de las autoridades locales de Coahuila, responsables de que frente a sus ojos se deje morir día a día a los mineros y en la intemperie a las viudas y sus familias.
Ahora, en virtud de ese acuerdo, las viudas podrán pedir cuentas para que la Secretaría de Economía explique cómo y por qué se mantienen las concesiones a Industrial Minera México, a pesar que es claro que no procura la seguridad en las minas, a pesar que dejó morir a los 65 mineros, a pesar que actúa en ilegalidad al tener empresas terceras para evitar pagos completos de salarios e impuestos.
Es claro que eso le toca al nuevo titular de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, presentado en público con un especial por televisión por Felipe Calderón, como si se tratara de explicar a todos los empresarios del mundo que no se preocupen, que llegó uno de ellos a la dependencia adecuada.
Pues ahora deberá oír a las viudas y resolver. Como tendrá que hacerlo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, que las desestimó.
En fin, que este triunfo de Elvira Martínez --como viuda demandante y tenaz, del despacho de abogados que la representa, encabezado por Manuel Fuentes Muñiz, y también gracias a la tenacidad de sus compañeras de lucha, como Rosa María Mejía, que encabeza el plantón permanente allá en la mina-- podría ser piedra de toque para el futuro inmediato.
El folio del expediente de Pasta de Conchos, número 19736, en que se revoca la sentencia de juicio de amparo que se negó, una y otra vez, para rechazar la capacidad jurídica de las viudas, es ya una muestra de que a veces el camino legal sirve. No despreciarlo es fundamental en tiempos de incredulidad y desazón generalizado frente a la vigencia del estado de derecho en México.
Claro que ahora habrá que esperar de la Suprema Corte lo propio, lo mismo que analizó el Tribunal Colegiado, para que las autoridades encubridoras de la tragedia respondan ante la ley y el pueblo.
Un amigo me escribía poco antes de redactar esta columna, que ellas, las viudas, habían dejado de ser fantasmas, que se les ha dado existencia jurídica, que ahora las autoridades tendrán que tomarlas en cuenta y responder a sus demandas. Veremos.
Comentarios: saralovera@yahoo.com.mx
+++++++++++
La siguiente colaboración fue tomada del periódico La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/
Los dos proyectos
Luis Javier Garrido
¿Está el país ante una posible ruptura del orden constitucional por la posible aprobación de la contrarreforma petrolera?
1. La vía para detener una violación de los principios centrales de la Constitución mexicana, de intentar el gobierno de facto violentar el orden nacional por la entrega del petróleo a las trasnacionales, está abierta y supone una reflexión legislativa serena ante las dimensiones del desafío.
2. El Movimiento de Resistencia Pacífica en Defensa del Petróleo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, logró en menos de cinco meses detener la pretensión del gobierno de facto de imponer vía fast track una contrarreforma petrolera al país que hubiera privatizado la industria petrolera nacional, abrir una discusión sin precedente en materia energética en el Senado de la República entre mayo y julio, forjar una amplia organización popular de defensa de los recursos estratégicos de México, y ahora ha logrado impulsar la organización de un amplio grupo de la sociedad civil que ha elaborado una propuesta energética, que los partidos políticos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) se han comprometido a hacer suya, lo cual constituye un hecho sin antecedente en nuestra historia legislativa.
3. El amplio grupo plural, integrado tanto por intelectuales, técnicos y científicos que participaron en los Foros del Senado como por miembros del Grupo de Intelectuales en Defensa del Petróleo, y de los cuales la mayoría no son militantes de ningún partido político ni están vinculados al Gobierno Legítimo de López Obrador, trabajó más de tres semanas para elaborar una evaluación de las iniciativas de Felipe Calderón y de Manlio Fabio Beltrones presentadas al Senado, un plan de emergencia en materia energética y una serie de iniciativas legales en materia de energía y de petróleo acordes con la Constitución en lo que constituye una de las más importantes aportaciones de la sociedad en nuestra historia parlamentaria.
4. Los dos proyectos de reforma de la industria petrolera mexicana que se van a discutir en las próximas semanas en el Congreso difieren, por lo mismo, radicalmente, pues mientras el proyecto Beltrones (al igual que lo hacía el proyecto Calderón), y que es el ya negociado por PRI y PAN, busca el empequeñecimiento de Pemex, al seguir subdividiéndolo en pequeñas empresas “paraestatales filiales” y desmantelándolo de sus funciones –que pretende entregar a las trasnacionales, que ya están operando en México–, en lo que constituye una abierta privatización, y conduce, por consiguiente, a su destrucción, la propuesta alternativa que presentará el FAP con base en la elaborada por este grupo persigue el fortalecimiento de Pemex, como una gran industria nacional, por la vía de reinvertir sus ganancias e impedir el saqueo del gobierno.
5. Los dos proyectos difieren en consecuencia en lo que se refiere al manejo en el futuro de la industria petrolera asentada en el país, pues mientras las iniciativas de Calderón y de Beltrones, abdicando de cualquier pretensión nacional, a pesar de lo que dicen sus defensores, entregan el pleno control de la industria petrolera de México a las grandes compañías petroleras trasnacionales conforme al modelo neoliberal, la propuesta de los técnicos, científicos e intelectuales que se comprometieron a hacer suya los partidos integrantes del FAP, mantiene, por el contrario, el control de la industria petrolera de México en manos de la empresa paraestatal Pemex como ordena el mandato constitucional.
6. La iniciativa Beltrones o “de la alianza PAN-PRI” entraña como consecuencia que al ceder Pemex sus funciones estratégicas, en un futuro cercano la política energética de México estaría decidida por unas cuantas empresas trasnacionales, con las consecuencias catastróficas para México que ello supone, en tanto que la iniciativa alternativa respeta el mandato constitucional y defiende el principio de que es prioritario defender una política energética de Estado, como hacen todas las grandes potencias: de Estados Unidos a Rusia.
7. La iniciativa Beltrones, que para ser aprobada requeriría que senadores y diputados del PRI traicionaran los principios de su partido al crearle un marco seudo jurídico de blindaje a Pemex, crea, en fin, un marco “legal” propicio para la corrupción al fijarle este marco legal metaconstitucional que la protege de todo tipo de controles de parte del Congreso o de la sociedad, facilitando los enjuages tanto de los altos funcionarios del Estado como de los líderes sindicales, más aún que hasta el presente, como ahora de los dirigentes de las corporaciones privadas, en tanto que la “iniciativa alterna” lo que busca es que se terminen todas estas prácticas ilegales a través de un firme control de parte tanto del Congreso como de la sociedad.
8. Las dos propuestas difieren radicalmente en lo que se refiere a su posición frente al marco constitucional del país, pues mientras las iniciativas Beltrones y Calderón entrañan cientos –no decenas, sino cientos– de violaciones a la Constitución mexicana, como se ve claramente en uno de los documentos de la propuesta alterna, esta última fue redactada teniendo como principio el respeto absoluto a la Constitución, que constituye el acuerdo fundamental de los mexicanos, y que al ser gravemente violentado en un asunto de tanta importancia podría llevar al país a un escenario gravísimo de confrontación.
9. La ropuesta elaborada por el grupo de especialistas, técnicos e intelectuales, de cuyos avances fueron informados los dirigentes de los partidos integrantes del FAP el 16, el 19 y el 20 de agosto, y que formalmente les será entregada el próximo día 24, ha de ser la base para que sus representantes defiendan en las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado los principios constitucionales fundamentales del país, y con ellos la necesidad de tener una política energética en beneficio del pueblo mexicano y no de las trasnacionales, de lo cual depende la paz y la seguridad de la nación en el futuro inmediato.
10. Lo que está en juego es de enorme gravedad, pues la iniciativa Beltrones como la de Calderón entrañan una verdadera ruptura del orden constitucional mexicano y esto trae gravísimas consecuencias para el futuro de la República.
posted by Liberation at
12:06 p.m.
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home