Caso Martí Intimidades de la tragedia*
Tomado de La Jornada, Hernández.
Raúl Monge
Los pormenores clave de la negociación en la que tomó parte Ernesto Mendieta para intentar la liberación del joven Fernando Martí son relatados a Proceso por el propio consultor en seguridad, quien a finales de los noventa se desempeñó como fiscal especial Antisecuestros de la Procuraduría General de la República. El negociador insiste en negar que su estrategia ante los plagiarios del hijo del empresario Alejandro Martí haya fallado, y en todo caso atribuye a la “mala suerte” el asesinato del muchacho a manos de sus captores. Según Mendieta, el patrón de conducta de esta banda es similar al que muestran otros casos de secuestros investigados actualmente por la PGR. Toda esa información, sostiene, “la tienen esta dependencia y la Secretaría de Seguridad Pública federal”.
A petición de su socio –el exbanquero Alfredo Harp Helú–, el pasado 4 de junio, poco antes del mediodía, el empresario Alejandro Martí se comunicó por teléfono con el consultor en seguridad y servicios legales Ernesto Mendieta. Le pidió ayuda debido a que horas antes Fernando Martí, el menor de sus tres hijos, había sido secuestrado.
Ese día Alejandro Martí y su esposa regresaban a la Ciudad de México procedentes de Estados Unidos, donde habían recogido a otro de sus hijos que estudia en aquel país.
Mendieta, cuya empresa Aquesta Terra Comunicación, S.A. de C.V. está a cargo de los sistemas de seguridad de los negocios de la familia Martí, se trasladó de inmediato a la residencia del dueño de los clubes deportivos Sport City, ubicada por el rumbo de San Ángel, al sur de la Ciudad de México.
Esperó a Martí 45 minutos. Una vez juntos, el empresario le platicó lo que sabía hasta ese momento acerca del secuestro de Fernando. Le explicó que a las 8:00 horas su hija había recibido una llamada de los plagiarios en la que le avisaron que tenían en su poder a su hermano Fernando, así como al chofer Jorge Palma Lemus y al escolta Christian Salmones; también le dijeron que querían 3 millones de dólares por liberarlo y que se comunicarían más tarde para darle los pormenores del rescate.
Abogado de profesión, capacitado en Alemania, España, Francia, Italia y Estados Unidos en manejo de crisis, Mendieta cuenta que antes de armar la estrategia para el pago del rescate Martí le preguntó si su hijo regresaría sano y salvo a casa.
“No tengo ninguna duda de que va a regresar”, respondió Mendieta, quien fue asesor de Antonio Lozano Gracia cuando éste fungió como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Ernesto Zedillo.
Martí no lo dejó terminar la idea y le confió: “Mira, Ernesto, esto no puede pasar en México. Nada más dame una oportunidad de que esté aquí Fernandito, de que recupere a mi familia… e inmediatamente me pongo a trabajar a fondo, con quien tú me digas, para resolver el problema del secuestro porque no pueden estar viviendo así las familias mexicanas”.
Mendieta explicó luego a la familia Martí los lineamientos que deben seguirse en caso de secuestro: uno, entender perfectamente lo que está sucediendo; dos, por qué pasan ese tipo de eventos, que deben resolverse, y tres, delinear un plan que incluya no sólo el aspecto legal, dar o no parte a la autoridad, sino también detalles de orden psicológico, administrativo, financiero y de seguridad de los integrantes de la familia y de sus negocios.
Durante la entrevista con Proceso, realizada en sus oficinas de avenida Insurgentes, frente al World Trade Center, Mendieta sostiene: “Un asesor de crisis no ordena; asesora, sugiere. No hay que olvidar que los empresarios son capitanes en los negocios y no les puedes imponer nada, les tiene uno que presentar argumentos, alternativas… ellos toman las decisiones que mejor convengan a sus intereses. Así pasó en este caso”.
Mendieta relata que el mismo día deliberó con la familia hasta las dos o tres de la madrugada del día siguiente para trazar una estrategia y constituir un “comité de crisis”; esto es, que la familia tomara decisiones en conjunto y designara un representante para que fungiera como interlocutor ante los secuestradores.
Por sigilo, Mendieta se reserva el nombre de este último; sólo apunta que se trató de una persona “cercanísima, de toda la confianza, de Alejandro”. Hoy se sabe que se trató del yerno del empresario.
Antes de proseguir, quien fuera fiscal Especial Antisecuestros de la PGR en 1997 recuerda que el 5 de junio, alrededor de las 15:00 horas, los secuestradores se comunicaron con la familia Martí, como lo habían anticipado, para negociar la liberación de Fernando.
Según la declaración ministerial de Alejandro Martí, averiguación previa FSPI/T3/1005/08-06, en esa ocasión los secuestradores le pidieron 5 millones de pesos a cambio de la libertad de su hijo.
“Queremos los 5 millones; si no (los entregas) le vamos a romper su madre”, le advirtieron.
El representante de la familia siguió al pie de la letra las instrucciones de Mendieta e hizo una contraoferta a los plagiarios. Les ofreció un millón 960 mil pesos; los plagiarios la rechazaron.
De acuerdo con la versión del propio Martí, le dijeron a su yerno que se quedara con ese dinero, que lo utilizara mejor “para enterrar al primero (de los plagiados) que liberarían sin vida”.
“¿A quién quieres, primero: al chamaco o al viejo?”, preguntaron los secuestradores.
La estrategia
El especialista que en su paso por la Procuraduría General de la República detuvo al plagiario Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, relata que al día siguiente del secuestro, con el consentimiento de la familia Martí, habló a las oficinas del titular de la Fiscalía para la Seguridad de las Personas e Instituciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Jesús Jiménez Granados, para ponerlo al tanto de la situación.
Como el funcionario no se encontraba, su secretario particular atendió la llamada y preguntó a Mendieta si se trataba de una denuncia. Éste le respondió que sí, que más tarde iría a las oficinas.
“Cuando llegué ya me estaba esperando el fiscal, a quien le dije que se trataba del hijo del empresario (Alejandro Martí) y que quería levantar el acta correspondiente”.
Según el entrevistado, Jiménez Granados, quien hoy es jefe general de la Policía Judicial, le explicó que lo más conveniente era que la denuncia la interpusiera un familiar del secuestrado. Incluso, como deferencia al empresario, un agente del Ministerio Público se trasladó a la residencia de la familia Martí y levantó el acta la noche de ese mismo 5 de junio.
Cuando el reportero comenta al entrevistado que funcionarios de la PGJDF le confiaron que la familia pidió que quedara asentado en actas que, por voluntad propia, la Policía Judicial se abstuviera de intervenir, Mendieta afirma que eso es falso.
Tan no fue así que, afirma, el 6 de junio a las 10 de la mañana participó en una mesa de coordinación interinstitucional con funcionarios de la PGJDF e integrantes de la familia Martí que él asesoraba. Más: recuerda que el entonces procurador Rodolfo Félix Cárdenas estuvo ahí unos instantes.
Un día después del secuestro de Fernando, el 5 de junio, la familia Martí recibió el segundo golpe moral: los plagiarios asesinaron al chofer Jorge Palma –lo asfixiaron colocándole una bolsa de plástico en la cabeza–, y creyeron haber hecho lo mismo con el escolta, Christian Salmones, pero éste logró salvar la vida debido a que perdió el conocimiento durante el fallido intento de estrangulamiento del que fue víctima.
La policía capitalina encontró inconsciente a Salmones en la cajuela de un auto estacionado sobre calzada de Tlalpan, con un crisantemo en la boca y a Palma Lemus en la parte trasera del vehículo, un Corsa gris, placas 614-THL, que había sido reportado como robado desde el 14 de mayo.
Mendieta aporta un dato desconocido hasta ahora: Ese día, los secuestradores se comunicaron con la familia para avisarle que habían matado al chofer y al escolta, y hasta le mencionaron el sitio exacto en donde estaban los cuerpos.
De común acuerdo con la familia, el consultor envió una persona de confianza a certificar la información y, cuando éste llegó a la dirección indicada, se percató de que personal de la Secretaría de Seguridad Pública ya tenía conocimiento de los hechos.
“Le avisé a Jiménez Granados de lo sucedido. La policía capitalina abrió la cajuela del auto y el escolta reaccionó. Pidieron una ambulancia y se lo llevaron al hospital de Xoco; pese a que se recuperó, la PGJDF decidió mantener la versión de que había fallecido, por razones de seguridad, y lo trasladaron a un sitio más seguro.
Según Mendieta, Salmones aportó poco a la investigación. En su declaración, por ejemplo, relató que el 4 de junio circulaban sobre avenida Insurgentes rumbo al sur en el BMW blindado, cuando un grupo de hombres vestidos de negro, con chalecos con las siglas de la AFI y armados, hizo indicaciones a Palma para que se detuviera en el retén marcado con conos naranjas. Eran casi las 7:00 de la mañana.
Añadió que sacó su identificación y su permiso para portar armas, pero los supuestos policías los encañonaron y se los llevaron a una casa de seguridad que, por el tiempo de traslado, sospecha que se encontraban en el Estado de México.
A su vez, el empresario Alejandro Martí declaró a Joaquín López-Dóriga el pasado jueves 14 que antes de la muerte de su chofer estaba renuente a que la policía interviniera en el caso. Pero el día que mataron a Jorge Palma “sentí que debía inmediatamente avisar a la policía”, dijo.
“Oímos a Fernando”
Luego de intensos forcejos y de llegar a un acuerdo con la familia Martí en el pago del rescate –5 millones de pesos–, los secuestradores le pusieron fecha y hora a la entrega del dinero: 12 de junio.
Según la averiguación previa, los plagiarios le pidieron a la familia Martí que no interfiriera la policía, que metieran el dinero en un maletín deportivo, que el correo fuera vestido con short, playera y sandalias y que se dirigiera al sitio a las calles de Rif y Río Churubusco, colonia Pedro María Anaya, delegación Coyoacán.
No fue todo: También dijeron a la familia que el correo encontraría en el lugar de la cita un auto en cuyo interior encontraría un teléfono desde el cual recibiría instrucciones.
El enviado de la familia Martí se ciñó a la instrucción: subió al auto, tomó el teléfono y esperó la llamada de los secuestradores. Cuando entró la llamada, le ordenaron que dejara el maletín con el dinero en el asiento trasero, que saliera del auto y cruzara la calle sin voltear hacia atrás; le dijeron también que pronto pasaría un auto con Fernando a bordo.
La persona acató la orden y cruzó la calle, en espera del auto indicado por los plagiarios. Ahí permaneció unas 10 horas. Por la indumentaria que portaba y su larga estancia en el mismo lugar, llamó la atención de unos patrulleros, quienes le preguntaron qué hacía ahí. Él respondió que esperaba a unos familiares.
A la 1:35 horas de la madrugada del 13 de junio, el correo se comunicó con Mendieta y le pidió instrucciones. El asesor mandó por él.
Entrevistado el pasado jueves 14 por Joaquín López-Dóriga en El Noticiero, Alejandro Martí le dijo al conductor de Televisa: “Lo oímos por teléfono, lo oímos una vez, varias veces nos dieron lo que se llama ‘pruebas de vida’, supimos que (Fernando) estaba vivo, por lo menos hasta el día del pago; luego ya no sé qué pasó porque nosotros pagamos y ellos no sé qué complicaciones tuvieron, no sé si a lo mejor uno robó al otro y al final decidieron ejecutarlo”.
A partir de ese momento, el empresario cambió de estrategia y buscó la ayuda de la policía.
Según relata Mendieta, Martí gestionó una entrevista con el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, a quien puso al tanto de la situación.
Un par de días después, dice, Facundo Rosas y Benito Roa Lara, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial y encargado de la Dirección General de Secuestros y Robos de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública federal, respectivamente, se pusieron en contacto con el empresario. Lo primero que le dijeron es que el fallido rescate había sido consecuencia de una mala negociación.
Mala suerte
Mendieta niega haber fallado; incluso asegura que la negociación nunca se le fue de control. Y aunque reconoce que si Fernando no regresó, insiste en que no fue por problemas en la negociación.
Detalla: “El tiempo que duró la negociación, el monto que exigieron inicialmente los plagiarios y la posterior disminución en sus pretensiones, las pruebas de sobrevivencia que entregaron, la hora y la puntualidad de las llamadas, y el hecho de no cambiar la ruta de la entrega del dinero forman parte de un patrón de conducta de la banda que es similar a otros casos de secuestros investigados por la PGR. Toda esa información la tienen la PGR y la SSP federal”.
También sostiene que en el caso Fernando “el problema estuvo del lado de los malos”; es decir, aclara, de la organización criminal.
Y se explaya: “Seguramente, alguno o algunos de los integrantes de la banda se quedó con el dinero del rescate; la otra parte del grupo, la encargada de vigilar y cuidar a la víctima, no supo qué hacer con el joven y optaron por matarlo”.
De acuerdo con el director general de la empresa Aquesta Terra, quien asesoró al realizador de cine Tony Scott en la filmación de la película Hombre en llamas, protagonizada por el estadunidense Denzel Washington, a partir de la intervención de la PGR sus servicios ya no fueron requeridos por la familia Martí.
Cuenta incluso que Alejandro Martí le confió que el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de SSP federal, Facundo Rosas, le regateó los documentos sobre una organización criminal cuyo patrón de actuación era similar a la que secuestró a Fernando.
Rosas preguntó al empresario si quería la información para explotarla comercialmente, en clara alusión a Mendieta.
“Alejandro me llamó y me contó ese episodio. Le dije: ‘A ver, Alejandro, no voy a ser un obstáculo entre tú y la libertad de tu hijo. Lo que quiere Rosas es que no vaya yo, así que me hago a un lado y punto’”.
Mendieta dice que a pesar de lo anterior sigue atento al caso y en espera de ayudar en lo que se pueda. “Pero no han tenido necesidad de pedirme nada”.
Con el asunto del secuestro del joven estudiante del colegio American British School en manos de las policías federal y capitalina, Alejandro Martí recibió, la noche del 31 de julio, el golpe final: Fernando fue encontrado muerto en el interior de un Corsa, en la colonia Villa Panamericana, delegación Coyoacán.
El Servicio Médico Forense dictaminó que el joven de 14 años había muerto por asfixia, al igual que su chofer, Jorge Palma. Con base en la necropsia, se determinó también que Fernando tenía al menos 30 días de haber fallecido.
Curiosamente, un día después de ese hecho, la PGJDF detuvo y arraigó a José Luis Romero Ángel, comandante de un grupo especial comisionado en la zona del aeropuerto capitalino, y a Marco Antonio Moreno Jiménez. A este último se le encontró un celular del cual salió la presunta llamada de los secuestradores. Un par de días después, la procuraduría capitalina aprehendió a un tercer sospechoso, el policía judicial capitalino Fernando Hernández Santoyo.
Según la indagatoria, Romero Ángel solicitó, mediante oficio, los datos de Christian Salmones, el escolta que acompañaba a Fernando durante el secuestro. En una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, el excomandante asegura que su detención fue ilegal y acusa al jefe de la Fiscalía Antisecuestros, Rafael Tuxpan, de amenazas y tortura; incluso pide que la investigación del secuestro y asesinato del joven Martí sea atraída por la PGR.
En la entrevista con Proceso, Mendieta, quien en 1997, como funcionario de la PGR, se encargó de las negociaciones para liberar al jesuita Wilfredo Guinea, quien falleció antes de ser liberado, asegura que no tiene la menor duda de que el grupo que secuestró a Fernando Martí está conformado por policías o expolicías.
“Hay muchos indicios: la mecánica de operación, la información que tienen, los contactos, etcétera”, dice.
Mendieta afirma que no obstante su paso por la PGR él no se considera expolicía, sino más bien un estudioso de la seguridad, y subraya también que no tiene ningún remordimiento por el desenlace del caso.
Después de recibir la noticia de la muerte de su hijo Fernando, Alejandro Martí le preguntó a Mendieta:
–¿Qué nos pasó, Ernesto?
–Todo es producto de la mala suerte –respondió el consultor.
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Éxodo del terror*
Alejandro Maciel
SAN DIEGO.– Cuando miró por el espejo retrovisor, José advirtió que dos camionetas de color oscuro lo iban siguiendo. No quería asustarse, pero las historias de secuestros son tan comunes en Tijuana que dio vuelta hacia la Zona del Río, sólo para estar seguro de que no eran sus nervios los que lo estaban traicionando.
José –cuya identidad real se oculta a petición suya– cuenta que una de las camionetas viró y la otra siguió de frente. Entendió en ese momento que estaba a punto de caer en una emboscada, así que giró en círculo y aceleró a fondo.
Era el mes de abril de este año y José, propietario de una docena de ferreterías en Tijuana, terminaba su recorrido de todos los días y estaba a punto de irse a su casa.
El empresario cayó en la cuenta de que no había ningún lugar seguro en la ciudad, ya que por regla general la policía no acude a los llamados ciudadanos. Entonces se dirigió hacia la garita de San Ysidro.
Cuando llegó a la línea, respiró aliviado. Pensó que sus perseguidores no se iban a atrever a ir por él hasta allá. Pero no habían pasado ni 20 segundos cuando los dos autos se acercaron a toda velocidad. Él ya se había detenido y, como en cámara lenta, vio a dos hombres bajarse de los vehículos y dirigirse hacia él. José no lo pensó dos veces: abrió la puerta del auto y cruzó corriendo hacia Estados Unidos, donde quedó a salvo.
A raíz de ese episodio, José y su familia decidieron salir de Tijuana y radicar en San Diego. Su caso ilustra un fenómeno: la emigración a Estados Unidos de familias de clase media a causa de la ola de secuestros que azota a la ciudad fronteriza mexicana.
“Primero fueron dentistas, luego abogados y doctores. Ahora están llegando maestros, pequeños empresarios y hasta ejecutivos de alto nivel”, dice Mireya Durazo, empleada de una agencia de bienes raíces de Chula Vista cuya página en internet, dirigida a los clientes de Tijuana, se promueve con el lema: “¿Busca un lugar más tranquilo para vivir?”.
Francisco Villegas Peralta, propietario de cinco restaurantes en Tijuana, es uno de esos nuevos residentes de Chula Vista. Dirigió la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en la primera ciudad y recientemente adquirió una casa en esta zona de California por 585 mil dólares. Dice que unas 200 personas, empresarios del mismo ramo y sus familias, han dejado Tijuana durante los últimos dos años.
Clara Jaramillo, presidenta de Latin Credit, otra agencia de bienes raíces de Chula Vista, refiere a Proceso que entre sus clientes es común encontrar a personas mutiladas: a unas les falta un dedo, a otras un pedazo de oreja. “Llegan atemorizados y listos para adquirir alguna propiedad lo más rápido posible”. En lo que va del año Latin Credit ha vendido 50 casas a familias de Tijuana.
Josie Ortiz, también vendedora de bienes raíces en Chula Vista, asegura que el año pasado vendió 20 casas a familias tijuanenses, cifra que, afirma, representa un incremento de unas 10 casas en relación con años anteriores.
Uno de sus clientes es un distribuidor de alimentos que compró una casa el mes pasado, después de que un policía le dijo que su nombre aparecía en la lista de un secuestrador. Otro cliente, dueño de un restaurante en Tijuana, recibió un mensaje telefónico en el que le advertían que “iban tras de él”.
Métodos del terrorismo
Un exitoso contador tijuanense –cuyo nombre pide omitir– sostiene que cuatro de sus nueve amigos viven ahora en San Diego. “Se van porque tienen miedo de que algo les pase a ellos o a sus familias”, dice. Y no es que sus amistades tengan un alto poder adquisitivo, sino que ahora cualquier persona puede ser plagiada en la ciudad bajacaliforniana.
Según el abogado Miguel Ángel García Leyva, integrante de la Asociación Esperanza contra Desapariciones Forzadas, en Tijuana se registran al menos dos secuestros diarios.
De acuerdo con datos recientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, los secuestradores están llevándose a todo tipo de personas, incluidos niños, personas de la tercera edad y mujeres, que antes casi no eran objeto de raptos.
En el sector empresarial el esquema es distinto. En la mayoría de los casos las víctimas son muchachos o adultos jóvenes de 26 a 30 años de edad con padres que pueden pagar un rescate. Son privados de la libertad frente a sus domicilios, usualmente en horario matutino.
A los secuestrados que son cabezas de familia los sacan de sus casas. Los comandos tocan, entran intempestivamente o echan la puerta abajo, y cuando tienen enfrente a sus víctimas les advierten que se entreguen o, de lo contrario, sus familiares van a pagar las consecuencias. “Y no oponen resistencia. Se entregan frente a las familias, que después acuden desesperadas buscando ayuda”, señala un líder empresarial que también ha sido objeto de amenazas.
El importe de los rescates varía. El crimen organizado exige desde 300 mil dólares hasta 3 millones de dólares. A las familias de clase media les piden un mínimo de 10 mil dólares.
Si bien no hay una cifra oficial, banqueros, cámaras de comercio, agencias de bienes raíces y organizaciones de apoyo a víctimas de secuestros en ambos lados de la frontera calculan en mil el número de familias tijuanenses que se han mudado a San Diego en los últimos tres años huyendo de la violencia o por temor a ser víctimas de un secuestro.
Pero vivir en San Diego tampoco los pone a salvo… Por razones de negocios muchas de estas familias tienen que seguir cruzando a Tijuana y eso las hace blanco de secuestros.
Alex Horan, quien encabeza el escuadrón anticrímenes violentos del FBI en San Diego, describe a los secuestradores como grupos muy sofisticados que operan con los mismos métodos de las células terroristas, cada una con un jefe y con claras divisiones de trabajo y funciones.
“Usualmente un grupo está encargado de realizar el secuestro, otro de transportar a la víctima, otro más de ocultarlo. Otro grupo se encarga de las negociaciones y el rescate. Muchas veces no existe relación entre una célula y otra, lo que hace más difícil la localización de los secuestrados”, dice Horan a Proceso.
En 2007 por lo menos 26 residentes del condado de San Diego fueron secuestrados en Baja California. En 90% de los casos las víctimas eran familias mexicanas de clase media, recién llegadas y sin nexos criminales.
Por lo general son propietarias de algún negocio en Tijuana, Rosarito o Ensenada, y tienen parientes en San Diego. Usualmente las víctimas son hombres de unos 40 años de edad que deben cruzar la frontera varias veces a la semana.
Las autoridades calculan en 10 mil las personas que viven en el condado de San Diego pero que trabajan o tienen negocios en Tijuana.
“Cuando se encuentran conduciendo su vehículo en territorio mexicano, las personas son detenidas muchas veces por secuestradores disfrazados de policías”, dice Horan, y añade: “Los plagiarios portan armas y simulan un retén. En uno o dos minutos, alguien empuja a la víctima dentro de la cajuela del vehículo y se consuma el secuestro. El auto queda abandonado en el sitio”.
El FBI no tiene una cifra exacta de cuántos secuestros similares a éstos han ocurrido, ya que los familiares por lo general no los reportan, por temor, dice Horan.
Fronteras rebasadas
Pero los secuestros ya no se limitan al territorio mexicano. San Diego, y particularmente Chula Vista, vive un incremento alarmante de este tipo de delitos, los cuales son cometidos al parecer por comandos procedentes de Tijuana.
La asociación Esperanza y Vida contra las Desapariciones Forzadas ha registrado 16 casos de ciudadanos estadunidenses de origen mexicano plagiados en ciudades del sur de California, así como tres casos de mexicanos secuestrados al norte de la frontera y llevados a Tijuana.
“A principios de este año una persona fue plagiada junto con una menor en San Ysidro y fueron traídas a Tijuana; pagó 100 mil dólares por su liberación, pero en su cautiverio vio a otras 15 personas raptadas ahí donde lo mantenían”, cuenta Fernando Ocegueda Flores, representante de la mencionada asociación civil y de las familias de víctimas de secuestro en San Diego.
A las diez y media de la noche del 8 de febrero pasado, los vecinos de Eastlake, una zona adinerada de Chula Vista en la que se han asentado numerosas familias de Tijuana, supieron que la tranquilidad suburbana que buscaban había terminado y que la ola de secuestros y asesinatos de la que venían huyendo los había alcanzado.
El cadáver de Joel Fonseca Jr., un hombre que tenía de 23 años de edad, fue encontrado a las puertas de su auto, un Mercedes Benz, que se hallaba en el estacionamiento de una lujosa unidad de departamentos.
De acuerdo con el guardia de seguridad, al escuchar dos detonaciones corrió hacia el estacionamiento, donde alcanzó a ver una camioneta blanca que velozmente se alejaba del lugar.
La policía de Chula Vista, encargada de investigar el caso, informó que mientras levantaba las evidencias llegó un sujeto y les dijo que a él y a Fonseca los habían secuestrado tres personas enmascaradas, pero que a él lo habían dejado en libertad a una milla de distancia.
El 5 de junio se repitió la escena. Esta vez Osvaldo Gil, de 42 años, fue “levantado” por equivocación por dos sujetos en Eastlake. Según informes de la policía, Gil salió con sus amigos a tomar unas copas y para regresar a su casa llamó a un taxi.
Una vez en Eastlake, dos sujetos se le cerraron, lo bajaron del vehículo y se lo llevaron, informó el taxista. Al ver las identificaciones de su víctima, los captores se dieron cuenta de que habían cometido un error y lo liberaron 36 horas más tarde en un punto de la ciudad de San Diego conocido como South Park.
Ante el nuevo plagio ocurrido en la zona de Eastlake en Chula Vista, las autoridades locales dijeron a Proceso que con éste ya son cuatro los plagios ocurridos aquí en tres meses.
“Ya son varios los casos que tenemos en Chula Vista, y aunque se parecen a los que ocurren en Tijuana, no tenemos manera de comprobarlo”, dijo Bernard González, vocero de la policía de esa ciudad.
Darrell Foxworth, vocero del FBI en San Diego, señala que entre el 1 de octubre de 2007 y el 23 de mayo de 2008 esta dependencia ha recibido el reporte de 16 ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes de Estados Unidos que han sido secuestrados en Tijuana, así como en los condados de San Diego e Imperial, ambos fronterizos con México.
“El problema es que nadie sabe a ciencia cierta cuántos secuestros han ocurrido, porque en la mayoría de los casos los familiares prefieren no reportarlos debido a que no confían en las policías o temen que con la participación del FBI se ponga en peligro a sus seres queridos.”
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¡Vámonos al otro lado...!*
Arturo Rodríguez García
Gran número de empresarios mexicanos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas están huyendo, con sus familias y sus capitales, a regiones fronterizas estadunidenses como la llamada Área Metropolitana de McAllen, Texas. Afectados o atemorizados por la violencia del narcotráfico, así como por los vacíos de poder que genera la confrontación de las fuerzas de seguridad que lo combaten, están cambiando su lugar de residencia –y de negocios– a dicha zona.
MCALLEN, Texas.- Por las avenidas del condado de Hidalgo se llega a Sharyland Plantation, una zona exclusiva de la comunidad The Grove, en Mission Texas, cuyos habitantes son mayoritariamente mexicanos.
Lagos artificiales y campos de golf sirven de patio trasero a las casas de fraccionamientos como El Cimarrón, Los Milagros o The Haven, que lucen álamos y palmeras, nidos de aves exóticas y jardines cubiertos de bugambilias y jamaicos que perfuman las calles.
Las mansiones, que cuestan entre 600 mil y 850 mil dólares, se localizan en el Condado de Hidalgo, Texas, dentro del Valle del Río Grande, el cual alberga también los condados fronterizos de Cameron, Starr y Willacy, un corredor comercial de exportaciones e importaciones de Estados Unidos.
A juicio de Chad Foster, presidente de la Coalición de Alcaldes y Jueces de Condados Fronterizos de Texas (TBC, por sus siglas en inglés), esta es justamente la región con más cruces migratorios legales de la Unión Americana.
En Hidalgo, apenas distinguibles por los letreros que anuncian sus límites territoriales, están las ciudades conurbadas de Mission Phar, Edinburg y McAllen. El condado, para fines estadísticos estadunidenses y por costumbre, es conocido como Área Metropolitana de McAllen.
Para escapar de los levantones, secuestros y extorsiones, así como de la violencia general del narcotráfico, empresarios del noreste de la República Mexicana protagonizan un extraordinario éxodo familiar –y económico– que tiene como destino los lujosos fraccionamientos de esta zona metropolitana.
Aunque en México y Estados Unidos no está disponible el número de visas para inversionistas tipo E, L, TLC y de Tarjetas Verdes –para las cuales se requiere una inversión mínima de 500 mil dólares– que se emiten para esta área, la Cámara de Comercio de McAllen señala que, cada mes, hay al menos 20 nuevos inversionistas mexicanos que instalan aquí sus negocios.
Otro dato ilustrativo del fenómeno, proporcionado por la Cámara de Comercio de McAllen, consiste en que la crisis del sector inmobiliario que azota a Estados Unidos no existe en el Valle del Río Grande.
La causa: que familias enteras provenientes de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila –estados donde se ha recrudecido la violencia– están comprando casas y reubicando sus negocios aquí.
De acuerdo con Matt Z. Ruszczak, vicepresidente para el Desarrollo de Negocios y Asuntos Gubernamentales de la Cámara de Comercio de McAllen, los inversionistas mexicanos que arriban a la zona lo hacen porque desean diversificar sus negocios o porque huyen de la inseguridad de sus ciudades de origen.
Y agrega: “Comentan que fueron víctimas de la inseguridad o nos dicen que deciden comprar casas o invertir aquí, por si la situación empeora en su país”.
A su vez, la cónsul para Asuntos Políticos y Económicos de México en McAllen, Miriam Medel García, indica así mismo al reportero que cada vez son más frecuentes los casos de ciudadanos mexicanos que tienen problemas por haber adquirido una casa o negocio sólo con visa de turista.
Vacío de poder y miedo
Para arribar al puente internacional se debe conducir por la avenida Hidalgo, la principal de Reynosa, Tamaulipas, y pasar un retén con escáner para armas de la Policía Federal Preventiva.
Hay que tomar en seguida el bulevar Luis Echeverría, que cruza calles sin pavimentar convertidas en improvisadas canchas de futbol donde niños sin camisa se enlodan junto con los perros –por las charcas que dejó el huracán Dolly– bajo un sol intenso que pone la temperatura ambiente a 45º centígrados.
El tránsito lento obliga a los viajeros a aspirar en grandes cantidades las emanaciones de la refinería de Pemex, de la basura del mercado y del agua podrida de los baches próximos a lo que el ingenio popular rebautizó como “Calle del Gramo”.
Este sector, donde abundan los polleros, indocumentados y prostitutas, alberga numerosos puestos de piratería y fayuca, cantinas y casas de cambio. Y, como es un área altamente peligrosa, desde hace algunos meses es patrullada por soldados. Ya en el puente, del lado mexicano, se observan una tanqueta y decenas de militares que, provistos de armas largas, impiden al reportero tomarles fotografías.
A unas cuadras de ahí, y por todo Reynosa, los exclusivos fraccionamientos Las Haciendas, Los Leones, Del Prado, Jardín, Las Fuentes y Privada Las Fuentes, con casas de acabados de lujo y jardines, parecen abandonados: por todos lados, letreros de renta o venta.
Para Rebeca Rodríguez Gómez, presidenta de la Comisión de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (Cefprodhac), la emigración de empresas y familias comenzó en Nuevo Laredo entre 2003 y 2004, a partir del vacío de poder que generó la confrontación del Operativo México Seguro con los cuerpos policiacos municipal y estatal.
Ahora, dice, el fenómeno se ha generalizado en la llamada Frontera Chica, que comprende cinco municipios además de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, donde se multiplican las viviendas que se rematan o rentan por cantidades irrisorias, hasta hace poco impensables.
Según Matt Ruszczak, “hace cinco años el Valle del Río Grande tenía una economía rural, basada en la agricultura. Hoy, el área se está convirtiendo en una de las más exitosas de comercio internacional, industrial y de servicios. Se ha situado ya dentro del primer nivel de desarrollo comercial”.
A su vez, la activista Rodríguez Gómez afirma que los indicadores de inseguridad bajaron con el arribo de refuerzos militares en 2007, pero “llegaron de una manera tan agresiva a Tamaulipas –irrumpiendo impunemente en las casas y colocando retenes en los que hacen revisiones exhaustivas indiscriminadas– que aumentaron en la gente el sentimiento de inseguridad”.
En 2007, el Cefprodhac registró 176 homicidios en las ciudades de la frontera tamaulipeca, de los cuales al menos 67 estuvieron relacionados con el narcotráfico; en Nuevo León fueron 107 las víctimas del narco en el mismo año, mientras que en Torreón sólo hubo 19 homicidios de este tipo, pero el Ministerio Público levantó 103 actas circunstanciadas por desaparición de personas, en las que al menos 30 casos correspondieron a empresarios levantados.
Justamente en Torreón, en mayo de 2007 se difundió una carta enviada presuntamente por el cártel del Golfo al abogado Alberto Romero, para que alineara a empresarios con los que se relacionaba en diversos organismos empresariales y a quienes debió presentar un video.
En la proyección (como se describió en Proceso 1595), el desaparecido jefe policiaco antisecuestros de la región, Enrique Ruiz Arévalo, con los ojos vendados y visiblemente golpeado, daba nombres de empresarios presuntamente relacionados con el cártel de Sinaloa.
La carta, firmada por el cártel del Golfo, advertía: “(…) nosotros no venimos a robar a nadie, simplemente venimos a hacer negocio. Aclarando que será molestada la persona que tenga negocios ilícitos fuera de nuestra organización. Esta es una petición de carácter urgente e irrevocable”.
Y, entre otras cosas, advertía: “Sin más por el momento, se les informa que cualquier desacato ante dicha petición tendrá consecuencias irreversibles para su persona y socios del sistema empresarial”.
La firma de la carta era “F.E.C.E.Z”, y abajo decía: “Cártel del Golfo”.
A diferencia de las ciudades mexicanas, en la zona metropolitana de McAllen no se han producido recientemente ejecuciones relacionadas con el narcotráfico, como tampoco levantones ni secuestros.
Alerta para viajeros
Si de acuerdo con el censo de 2006, 87% del Área Metropolitana de McAllen era ya de población hispana, sólo de 2007 a 2008 la venta de casas ha aumentado 25%, con un incremento de 32% sólo en mayo pasado respecto del mismo mes de 2007.
La Casa McAllen en Monterrey –una extensión de la Cámara de Comercio de McAllen para fomentar la actividad comercial en México– realizó en junio pasado, durante tres días, una Expo de Bienes Raíces que tuvo ventas promedio de 30 clientes diarios.
Sergio García, empresario editorial originario de Matamoros, Tamaulipas, que desde hace cinco años vive en McAllen, refiere que en el Valle del Río Grande “no ha bajado el crecimiento como en otras ciudades de Estados Unidos. Te puedo dar nombres de al menos 10 familias que en seis meses se instalaron en Brownsville por la inseguridad. Del lado estadunidense les ha ido bien”.
Por su parte, Jesús Martínez, dueño de restaurantes de cabrito y carnes asadas en Reynosa, prepara la inauguración de una sucursal en McAllen, obligado por las bajas ventas del lado mexicano, fenómeno que atribuye al hecho de que el gobierno de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no viajar a México. Por eso, señala, “la gente tiene miedo de ir. Y precisamente esa gente, los estadunidenses, o los pochos, son nuestro mercado”.
Se refiere a los comunicados que emite el Departamento de Estado ante la inseguridad en las ciudades mexicanas, como la “Alerta para viajeros” que, emitida en septiembre de 2007, fue actualizada el 14 de abril y tiene vigencia hasta el 15 de octubre de 2008. Allí, las autoridades estadunidenses advierten sobre “la actividad criminal violenta” que se está dando en la zona fronteriza de México.
Jesús Martínez manifiesta: “Sucede una cosa: hay gente que hace un negocio ilícito, se enrola con la sociedad y aparenta ser un empresario normal; cuando le sucede algo, los vecinos y conocidos se asustan y hay sicosis. Eso es lo que pasa: la gente se espanta, tiene miedo y se viene para acá... prefieren salir de Reynosa”.
Un empresario mexicano que vive en El Cimarrón, del lado estadunidense, conversa con el reportero y se ofrece a guiarlo en un recorrido a condición de omitir su nombre.
Recuerda que hasta hace poco este fraccionamiento era llamado “El Cereso de Reynosa 2”, por ser el lugar predilecto de los capos del Golfo. “Ahora –confía– todo mundo quiere vivir aquí. Los narcos aquí no sacan la cabeza; mejor cruzan por la línea Centri (vía rápida del puente para residentes), para cometer sus felonies”.
Conforme avanzamos desde El Cimarrón hacia la frontera, se observan precios cada vez más accesibles y la proliferación de vehículos con placas de Tamaulipas y Nuevo León.
“Hay mucha gente que tiene que seguir trabajando en Reynosa: ejecutivos de maquiladoras, comerciantes, dueños de alguna fábrica pequeña. Pero viven de este lado, acá tienen a sus familias”, explica el residente con 16 años en McAllen.
Más adelante hay condominios de lujo construidos en forma de herradura, como una fortaleza que protege el área común. Es Misión San Antonio, un fraccionamiento cerrado con 15 mil metros cuadrados de áreas verdes, un lago, juegos para niños, una casa club y un centro de negocios. La publicidad ofrece “Financiamiento para mexicanos”.
El guía se despide afuera de un centro comercial sobre Shary Road, donde destaca un letrero en mármol y letras doradas que reza: “Tacos al pastor”. Está próximo el puente internacional Reynosa-Phar.
“Bienvenidos a México”, anuncia un letrero bajo el cual se colocó un cartelón con la leyenda: “Se Buscan”. Exhibe las fotografías de Heriberto Lazcano El Lazca, El Hummer y Miguel Treviño El Mike, jefes de Los Zetas.
Mientras tanto, en sentido contrario, por el carril Centri se acumula el tráfico vespertino de vehículos último modelo. Son los empresarios y ejecutivos que, obligados a operar en México, regresan a dormir a McAllen y su zona metropolitana…
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Las policías: improvisación, caos, desastre*
Ricardo Ravelo
Mientras los cárteles de la droga asesinan impunemente y se diversifican en el secuestro y la extorsión, el gabinete de seguridad de Felipe Calderón sigue improvisando: cambia jefes policiacos a capricho, unifica corporaciones sin plan alguno y, sobre todo, promueve la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública –que pospuso por darle prioridad a la energética– sin depurar las corporaciones federales, hoy conocidas por su corrupción e ineficiencia.
Presentada a principios del sexenio ante el Congreso de la Unión como la panacea para abatir al crimen organizado y frenar la corrupción policiaca, la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que entre otros proyectos incluye la unificación de todas las policías del país, permanece congelada y es probable que en septiembre próximo se discuta su viabilidad, sostiene Juan Rivera Bedolla, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
El proyecto, impulsado por el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, ha sido duramente cuestionado, pues a juicio de expertos como Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, sólo en países africanos prevalece este modelo “que en Italia, Francia, Alemania, e incluso en Colombia y El Salvador, es visto como de los más atrasados del mundo”.
Otras causas que frenaron el proyecto –dice el especialista– son de carácter político, pues las policías de los estados y municipios son instrumentos de poder de gobernadores y alcaldes, y están diseñadas para servir a los intereses políticos y a poderes paralelos, como el narcotráfico, no a la sociedad.
Pese a las críticas, y en los momentos en que el país padece su más severa crisis en la materia, la iniciativa de reforma a los cuerpos de seguridad parece tener futuro en la Cámara de Diputados, dice el legislador priista Rivera Bedolla, quien cree posible que se concrete la unificación, aunque advierte: “No será fácil”.
Entrevistado el jueves 14, el diputado explica que la unión referida –que involucraría a 400 mil policías agrupados en mil 600 cuerpos de seguridad en todo el país– está detenida porque las corporaciones están implicadas en secuestros y narcotráfico, es decir, han sido penetradas por el crimen organizado.
Por ello, señala, para aprobar la reforma es necesario depurar a todas esas corporaciones y hacer una selección de sus elementos. También tendrán que establecerse criterios estrictos para ser policía, como pasar estudios patrimoniales, registros de voces y estudios de ADN; y lo más importante: que cuenten con la misma capacitación y se les pague mejor.
Los bajos sueldos de los policías alarman al legislador. Dice que con esta crisis de seguridad que azota al país “no es posible” que los policías estatales o municipales perciban sueldos que, en promedio, apenas llegan a 5 mil pesos mensuales. Los agentes federales ganan 14 mil pesos, pero también es insuficiente, dice, porque “con estos salarios nadie quiere arriesgar su vida, y creo que tienen razón”.
Las protestas que hasta ahora habían realizado policías estatales (de Sinaloa, Nuevo León y Coahuila) ya alcanzaron a las corporaciones federales. El viernes 15, unos 5 mil agentes realizaron un paro de labores en protesta porque la SSP modificó su esquema de descanso.
La inconformidad se desató cuando el coordinador de Seguridad Regional, Ramón Pequeño, envió el miércoles 13 a las 34 comandancias regionales y 32 comisarías de aeropuertos el oficio 30/2008, mediante el cual ordenó que a partir del 15 de agosto sólo tendrán un día de descanso por seis de trabajo y sin la posibilidad de acumularlos.
El diputado Rivera Bedolla señala que en los estados la situación de los policías es aún peor, puesto que en marzo pasado se aprobó una partida de 3 mil 500 millones de pesos para otorgarles 25% de aumento salarial a los agentes que trabajan en 150 municipios que se consideran críticos. Sin embargo, dice el priista, hasta la fecha los gobiernos estatales no han aplicado los incrementos, a pesar de que ya tienen los recursos.
–¿Cuál es su diagnóstico de la corrupción policiaca en el país? –se le pregunta al presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
–Estamos conscientes de que hay infiltración –responde–, hay delincuentes dentro de las policías, y el problema es muy grave a nivel municipal, sobre todo. Por eso, antes de homologar a todos los cuerpos de policía federal, estatal y municipal, se debe limpiarlos mediante un proceso de saneamiento riguroso, que por desgracia no se ha hecho todavía.
–¿Puede considerarse como un hecho la unificación de las policías a nivel nacional, o cree usted que llevará mucho más tiempo?
–La idea es que en el próximo período de sesiones, que se inicia el 1 de septiembre, se deben tener listos los ajustes al Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a más tardar en seis meses debemos tener a la policía unificada.
Crimen diversificado
Sin embargo, al menos en lo que a las policías federales se refiere, ya dieron muestra de ineficiencia pese a que desde principios de 2007 operan en forma unificada, pues el crimen organizado sigue imparable en todo el país. Estas fallas, según el comisario Javier Herrera Valles, se deben a la ausencia de un modelo eficaz, a la falta de coordinación y a la improvisación que impera en la SSP.
En abril pasado, tras cumplirse un año de que la Policía Federal comenzó a operar unificada bajo un solo mando, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García, destacó las bondades de su proyecto al afirmar que el cuerpo policiaco integrado por la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal Preventiva (PFP) ya dispone de la capacidad de investigación de la primera y del despliegue de la segunda.
Sin que el proyecto se sometiera a discusión en el Congreso, García Luna aceleró la unión de la AFI y de la PFP mediante el acuerdo 05/2007, publicado el 25 de abril de 2007, y enseguida creó la instancia de coordinación única.
Hasta el 30 de marzo de este año, la Policía Federal disponía de 24 mil 533 efectivos, integrados por 18 mil 640 elementos de la PFP y 5 mil 893 de la AFI. En tanto que en las entidades federativas siguen operando, bajo diversos mandos, cerca de 370 mil policías estatales y municipales sobre los que no se tienen controles estrictos.
De esta forma, en medio del caos por la inseguridad y sin que existan niveles óptimos de coordinación con todas las instituciones del ramo, la SSP instaló su propia División de Inteligencia Policial y comenzó a monitorear vuelos, carreteras, aduanas, penales federales y calles del Distrito Federal.
Ninguna de esas medidas resultó eficaz frente a la avasallante violencia del narcotráfico y las acometidas de las bandas dedicadas al secuestro: los cárteles de Tijuana, del Golfo, de Sinaloa, de Juárez y del Milenio siguen activos y continúan cobrando vidas: cerca de 4 mil crímenes se han perpetrado durante 19 meses de gobierno y de “guerra” al narcotráfico.
A pesar de que el rescate de los espacios de convivencia social y el combate a la delincuencia común y al crimen organizado han sido las principales banderas del presidente Felipe Calderón desde el arranque de su gobierno, los cambios al SNSP pasaron a segundo término cuando decidió impulsar la reforma energética, que no parecía tan urgente como la otra.
Ahora, el gobierno federal empieza a tomar medidas emergentes, como la creación de un cuerpo antisecuestros en la Secretaría de Seguridad Pública –que se anunció la semana pasada–, exige mayor cooperación de los gobiernos estatales y hace un llamado a la “unidad social contra el delito”, cuando México ya ocupa el primer lugar en secuestros en el mundo, según el informe Secuestro: un negocio explosivo, que la organización pacifista holandesa IKV-Pax Christi dio a conocer el jueves 14 en Bogotá, Colombia.
“México es conocido actualmente como el país de Latinoamérica donde se corre el mayor riesgo de ser secuestrado”, señala el informe, y destaca que por debajo de México están Irak, India, Sudáfrica y Brasil.
Añade que, además del secuestro, son alarmantes las extorsiones telefónicas por medio de secuestros falsos, y que la Ciudad de México “es considerada en todas partes como la más peligrosa de Latinoamérica”.
El incremento de los plagios es explosivo. El diagnóstico refiere que 200 personas fueron secuestradas durante 2006 en Tijuana, Baja California, “por motivos económicos”. Las víctimas fueron “hombres de negocios exitosos y miembros de la clase media acomodada”. Buena parte de las bandas de secuestradores provienen de “la mafia de las drogas”, pues utilizan el plagio como medio de “venganza o chantaje”.
De acuerdo con IKV-Pax Christi, en el mundo se cometen 25 mil secuestros al año, la mayoría en países latinoamericanos, y predominan las causas económicas. Las zonas fronterizas son las más peligrosas.
En el caso de México, se destaca que el estado de Baja California es famoso por la influencia de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, dos de las organizaciones para las que el secuestro significa “un lucrativo ingreso adicional sobre sus ingresos por el tráfico de drogas”.
Datos del SNSP consultados por Proceso refuerzan las afirmaciones del informe citado, pues oficialmente se registraron 467 secuestros tan sólo en 2007. Según la misma fuente, los estados más golpeados son el Distrito Federal, con 77 plagios; el Estado de México, con 67; Baja California, con 45, y Guerrero, con 30. Autoridades federales estiman que la cifra puede ser mayor y que por lo menos hay de tres a cinco secuestros por entidad que no se denunciaron “por desconfianza hacia las propias autoridades”.
Los datos oficiales establecen, además, que en el Distrito Federal y en el Estado de México operan unas 300 bandas dedicadas al plagio y al llamado “secuestro exprés”.
En otras entidades el panorama es aún más complejo. Hasta el año pasado, por ejemplo, tanto autoridades estatales como federales pensaban que los secuestros iban en aumento debido a que algunos cárteles de la droga habían diversificado sus operaciones involucrándose en el tráfico de personas, piratería y secuestro.
Aunque, en efecto, esta diversificación criminal se detectó en organizaciones “atomizadas”, como el cártel de Tijuana, en Baja California, y Los Zetas, en el Golfo de México, lo cierto es que amplias redes de policías, expolicías y delincuentes menores (que se volvieron violentos con el rentable negocio del secuestro) comenzaron a extorsionar y plagiar comerciantes, ganaderos, abarroteros y empresarios mayores, en la mayoría de los casos identificándose como miembros de Los Zetas.
Un caso que ilustra lo anterior fue el asesinato, el mes pasado, de un joven originario de Cosamaloapan, Veracruz, llamado Zeus Puerto. Su cadáver apareció mutilado de las manos cerca del municipio de Otatitlán, en la misma entidad. En una cartulina tenía el mensaje: “Esto les pasa por andar secuestrando y extorsionando a nombre de la organización”.
Improvisación perpetua
Ante la evidente descomposición del país, agudizada por la infiltración de criminales en las policías o la vinculación de éstos en la protección de redes de secuestradores y narcotraficantes, los cuerpos policiacos federales, estatales y municipales van de mal en peor.
Desde abril de 2007, cuando el titular de la SSP, Genaro García Luna, empezó su ensayo policiaco al unificar la AFI y la PFP bajo una instancia de coordinación, no ha dejado de meterse en confrontaciones.
De acuerdo con el comisario Javier Herrera Valles, mando regional que está sin trabajo por denunciar las corruptelas en la secretaría, García Luna se peleó con Ardelio Vargas Fosado, primer comisionado de la Policía Federal, meses después de haber sido designado en el puesto, en una de las primeras rupturas internas por diferencias en los proyectos y estrategias.
Entre cambios y reacomodos, los problemas continuaron y la unificación policial no arrojaba resultados. En mayo de 2007, recuerda Herrera Valles, apenas dos meses después de que García Luna había seleccionado, según él, a lo mejor de la AFI y de la PFP, aplicó exámenes en 34 regiones de la AFI y en 32 de la PFP. El resultado: tuvo que destituir a 284 mandos, entre ellos a los comandantes regionales de ambas policías.
Los cambios y ajustes siguieron en la SSP. Se incorporaron nuevos policías, la mayoría llevados de la AFI, y los colocaron en cargos de nueva creación, muchos de éstos inexistentes en el reglamento de la SSP. Por ejemplo, fue incorporado Igor Labastida Calderón, quien en la PFP fungía como director general de Tráfico y Contrabando, área adscrita a la Coordinación de Seguridad Regional, cuando en realidad el oficial dependía de la Coordinación de Inteligencia.
Poco después, y a raíz de que fue asesinado, el pasado 25 de junio se difundió el dato de que Labastida Calderón era investigado por su presunta vinculación con el cártel de Sinaloa. Amigo cercano de Édgar Millán, otro de los altos mandos de la PFP acribillado el 8 de mayo de este año, también ocupó un cargo inexistente en la PFP: García Luna se lo llevó de la AFI y lo nombró comisionado de Mandamientos Judiciales –cargo que no existe en el reglamento– y luego coordinador general de Seguridad Regional de la PFP.
Otro problema que Herrera Valles califica de “muy grave” es la falta de continuidad de los funcionarios en sus cargos. “Ni bien los nombran cuando ya los están cambiando”, dice el comisario, quien ejemplifica con el caso de Facundo Rosas, actual subsecretario de Seguridad, quien inició como comisionado de Análisis Policial –otro cargo inexistente–, luego fue nombrado coordinador de Inteligencia, fungió como comisionado interino de la PFP y, finalmente, fue designado subsecretario de Inteligencia Policial.
Ramón Pequeño ha sido el más rotado dentro de la SSP desde que se integró a la PFP en 2007: inició como titular de la División Antidrogas –otro cargo inexistente en el reglamento, dice Herrera– en sustitución de Armando Espinoza de Benito; luego pasó a la División de Análisis Policial en relevo de Rosaura Paz, y al poco tiempo fue nombrado jefe del Area de Delitos Federales, cargo también inexistente. Posteriormente pasó a la Coordinación de Inteligencia y ahora funge como coordinador de Seguridad Regional.
Por este último puesto han desfilado otros funcionarios “que no han tenido continuidad” –dice Herrera–, como Maribel Cervantes Guerrero, quien en la reestructuración de abril de este año fue nombrada coordinadora de Inteligencia después de fungir como coordinadora de la Unidad de Desarrollo.
Otro caso: Héctor Garay Cadena era jefe de supervisión de la zona centro en 2007, luego fue comisionado para encabezar el Operativo Conjunto Nuevo León, en cuyas acciones fueron asesinados cinco policías bajo su mando, tres de ellos después de ser secuestrados en el hotel donde se hospedaban.
Durante el referido proceso de reestructuración de abril, Garay fue nombrado comisionado antidrogas, pero enseguida fue removido y designado comisionado interino de la PFP.
Los cambios en la PFP no parecen tener fin. Hasta la citada reestructuración interna quedó inconclusa, pues en julio pasado el titular de la SSP emitió el acuerdo 05/2008 para sustituir las comandancias de región, que en junio de 2007 habían sido reforzadas –según García Luna, con “los mejores mandos de la SSP”–, y en su lugar creó las coordinaciones estatales.
Según Herrera Valles –y lo corroboran otros mandos consultados en la SSP–, a “esos 34 comandantes de región los trajo a la Ciudad de México para evaluarlos y determinar qué elementos se incorporarían a las coordinaciones estatales. Cabe aclarar que la coordinación estatal no existe en el reglamento”.
–¿Y qué pasó con los mandos sometidos a evaluación? –se le pregunta a Herrera.
–Sólo 16 aprobaron los exámenes, los capacitaron junto con militares, agentes del Cisen, afis y miembros de las Fuerzas Federales de Apoyo, y el resto terminó reacomodado en las coordinaciones estatales.
Ante el aumento de plagios, García Luna anunció otro experimento policiaco: la Unidad Antisecuestros de la PFP. Sin embargo, como hay escasez de elementos, la SSP recurrirá a 300 estudiantes que toman un curso de investigadores en el Instituto de Capacitación (Icap) de la PGR, a quienes ya les anunciaron que se incorporarán a la lucha contra el secuestro, pese a que carecen del perfil adecuado y no han tenido prácticas de tiro.
*Tomados de la revista Proceso.
Los pormenores clave de la negociación en la que tomó parte Ernesto Mendieta para intentar la liberación del joven Fernando Martí son relatados a Proceso por el propio consultor en seguridad, quien a finales de los noventa se desempeñó como fiscal especial Antisecuestros de la Procuraduría General de la República. El negociador insiste en negar que su estrategia ante los plagiarios del hijo del empresario Alejandro Martí haya fallado, y en todo caso atribuye a la “mala suerte” el asesinato del muchacho a manos de sus captores. Según Mendieta, el patrón de conducta de esta banda es similar al que muestran otros casos de secuestros investigados actualmente por la PGR. Toda esa información, sostiene, “la tienen esta dependencia y la Secretaría de Seguridad Pública federal”.
A petición de su socio –el exbanquero Alfredo Harp Helú–, el pasado 4 de junio, poco antes del mediodía, el empresario Alejandro Martí se comunicó por teléfono con el consultor en seguridad y servicios legales Ernesto Mendieta. Le pidió ayuda debido a que horas antes Fernando Martí, el menor de sus tres hijos, había sido secuestrado.
Ese día Alejandro Martí y su esposa regresaban a la Ciudad de México procedentes de Estados Unidos, donde habían recogido a otro de sus hijos que estudia en aquel país.
Mendieta, cuya empresa Aquesta Terra Comunicación, S.A. de C.V. está a cargo de los sistemas de seguridad de los negocios de la familia Martí, se trasladó de inmediato a la residencia del dueño de los clubes deportivos Sport City, ubicada por el rumbo de San Ángel, al sur de la Ciudad de México.
Esperó a Martí 45 minutos. Una vez juntos, el empresario le platicó lo que sabía hasta ese momento acerca del secuestro de Fernando. Le explicó que a las 8:00 horas su hija había recibido una llamada de los plagiarios en la que le avisaron que tenían en su poder a su hermano Fernando, así como al chofer Jorge Palma Lemus y al escolta Christian Salmones; también le dijeron que querían 3 millones de dólares por liberarlo y que se comunicarían más tarde para darle los pormenores del rescate.
Abogado de profesión, capacitado en Alemania, España, Francia, Italia y Estados Unidos en manejo de crisis, Mendieta cuenta que antes de armar la estrategia para el pago del rescate Martí le preguntó si su hijo regresaría sano y salvo a casa.
“No tengo ninguna duda de que va a regresar”, respondió Mendieta, quien fue asesor de Antonio Lozano Gracia cuando éste fungió como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Ernesto Zedillo.
Martí no lo dejó terminar la idea y le confió: “Mira, Ernesto, esto no puede pasar en México. Nada más dame una oportunidad de que esté aquí Fernandito, de que recupere a mi familia… e inmediatamente me pongo a trabajar a fondo, con quien tú me digas, para resolver el problema del secuestro porque no pueden estar viviendo así las familias mexicanas”.
Mendieta explicó luego a la familia Martí los lineamientos que deben seguirse en caso de secuestro: uno, entender perfectamente lo que está sucediendo; dos, por qué pasan ese tipo de eventos, que deben resolverse, y tres, delinear un plan que incluya no sólo el aspecto legal, dar o no parte a la autoridad, sino también detalles de orden psicológico, administrativo, financiero y de seguridad de los integrantes de la familia y de sus negocios.
Durante la entrevista con Proceso, realizada en sus oficinas de avenida Insurgentes, frente al World Trade Center, Mendieta sostiene: “Un asesor de crisis no ordena; asesora, sugiere. No hay que olvidar que los empresarios son capitanes en los negocios y no les puedes imponer nada, les tiene uno que presentar argumentos, alternativas… ellos toman las decisiones que mejor convengan a sus intereses. Así pasó en este caso”.
Mendieta relata que el mismo día deliberó con la familia hasta las dos o tres de la madrugada del día siguiente para trazar una estrategia y constituir un “comité de crisis”; esto es, que la familia tomara decisiones en conjunto y designara un representante para que fungiera como interlocutor ante los secuestradores.
Por sigilo, Mendieta se reserva el nombre de este último; sólo apunta que se trató de una persona “cercanísima, de toda la confianza, de Alejandro”. Hoy se sabe que se trató del yerno del empresario.
Antes de proseguir, quien fuera fiscal Especial Antisecuestros de la PGR en 1997 recuerda que el 5 de junio, alrededor de las 15:00 horas, los secuestradores se comunicaron con la familia Martí, como lo habían anticipado, para negociar la liberación de Fernando.
Según la declaración ministerial de Alejandro Martí, averiguación previa FSPI/T3/1005/08-06, en esa ocasión los secuestradores le pidieron 5 millones de pesos a cambio de la libertad de su hijo.
“Queremos los 5 millones; si no (los entregas) le vamos a romper su madre”, le advirtieron.
El representante de la familia siguió al pie de la letra las instrucciones de Mendieta e hizo una contraoferta a los plagiarios. Les ofreció un millón 960 mil pesos; los plagiarios la rechazaron.
De acuerdo con la versión del propio Martí, le dijeron a su yerno que se quedara con ese dinero, que lo utilizara mejor “para enterrar al primero (de los plagiados) que liberarían sin vida”.
“¿A quién quieres, primero: al chamaco o al viejo?”, preguntaron los secuestradores.
La estrategia
El especialista que en su paso por la Procuraduría General de la República detuvo al plagiario Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, relata que al día siguiente del secuestro, con el consentimiento de la familia Martí, habló a las oficinas del titular de la Fiscalía para la Seguridad de las Personas e Instituciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Jesús Jiménez Granados, para ponerlo al tanto de la situación.
Como el funcionario no se encontraba, su secretario particular atendió la llamada y preguntó a Mendieta si se trataba de una denuncia. Éste le respondió que sí, que más tarde iría a las oficinas.
“Cuando llegué ya me estaba esperando el fiscal, a quien le dije que se trataba del hijo del empresario (Alejandro Martí) y que quería levantar el acta correspondiente”.
Según el entrevistado, Jiménez Granados, quien hoy es jefe general de la Policía Judicial, le explicó que lo más conveniente era que la denuncia la interpusiera un familiar del secuestrado. Incluso, como deferencia al empresario, un agente del Ministerio Público se trasladó a la residencia de la familia Martí y levantó el acta la noche de ese mismo 5 de junio.
Cuando el reportero comenta al entrevistado que funcionarios de la PGJDF le confiaron que la familia pidió que quedara asentado en actas que, por voluntad propia, la Policía Judicial se abstuviera de intervenir, Mendieta afirma que eso es falso.
Tan no fue así que, afirma, el 6 de junio a las 10 de la mañana participó en una mesa de coordinación interinstitucional con funcionarios de la PGJDF e integrantes de la familia Martí que él asesoraba. Más: recuerda que el entonces procurador Rodolfo Félix Cárdenas estuvo ahí unos instantes.
Un día después del secuestro de Fernando, el 5 de junio, la familia Martí recibió el segundo golpe moral: los plagiarios asesinaron al chofer Jorge Palma –lo asfixiaron colocándole una bolsa de plástico en la cabeza–, y creyeron haber hecho lo mismo con el escolta, Christian Salmones, pero éste logró salvar la vida debido a que perdió el conocimiento durante el fallido intento de estrangulamiento del que fue víctima.
La policía capitalina encontró inconsciente a Salmones en la cajuela de un auto estacionado sobre calzada de Tlalpan, con un crisantemo en la boca y a Palma Lemus en la parte trasera del vehículo, un Corsa gris, placas 614-THL, que había sido reportado como robado desde el 14 de mayo.
Mendieta aporta un dato desconocido hasta ahora: Ese día, los secuestradores se comunicaron con la familia para avisarle que habían matado al chofer y al escolta, y hasta le mencionaron el sitio exacto en donde estaban los cuerpos.
De común acuerdo con la familia, el consultor envió una persona de confianza a certificar la información y, cuando éste llegó a la dirección indicada, se percató de que personal de la Secretaría de Seguridad Pública ya tenía conocimiento de los hechos.
“Le avisé a Jiménez Granados de lo sucedido. La policía capitalina abrió la cajuela del auto y el escolta reaccionó. Pidieron una ambulancia y se lo llevaron al hospital de Xoco; pese a que se recuperó, la PGJDF decidió mantener la versión de que había fallecido, por razones de seguridad, y lo trasladaron a un sitio más seguro.
Según Mendieta, Salmones aportó poco a la investigación. En su declaración, por ejemplo, relató que el 4 de junio circulaban sobre avenida Insurgentes rumbo al sur en el BMW blindado, cuando un grupo de hombres vestidos de negro, con chalecos con las siglas de la AFI y armados, hizo indicaciones a Palma para que se detuviera en el retén marcado con conos naranjas. Eran casi las 7:00 de la mañana.
Añadió que sacó su identificación y su permiso para portar armas, pero los supuestos policías los encañonaron y se los llevaron a una casa de seguridad que, por el tiempo de traslado, sospecha que se encontraban en el Estado de México.
A su vez, el empresario Alejandro Martí declaró a Joaquín López-Dóriga el pasado jueves 14 que antes de la muerte de su chofer estaba renuente a que la policía interviniera en el caso. Pero el día que mataron a Jorge Palma “sentí que debía inmediatamente avisar a la policía”, dijo.
“Oímos a Fernando”
Luego de intensos forcejos y de llegar a un acuerdo con la familia Martí en el pago del rescate –5 millones de pesos–, los secuestradores le pusieron fecha y hora a la entrega del dinero: 12 de junio.
Según la averiguación previa, los plagiarios le pidieron a la familia Martí que no interfiriera la policía, que metieran el dinero en un maletín deportivo, que el correo fuera vestido con short, playera y sandalias y que se dirigiera al sitio a las calles de Rif y Río Churubusco, colonia Pedro María Anaya, delegación Coyoacán.
No fue todo: También dijeron a la familia que el correo encontraría en el lugar de la cita un auto en cuyo interior encontraría un teléfono desde el cual recibiría instrucciones.
El enviado de la familia Martí se ciñó a la instrucción: subió al auto, tomó el teléfono y esperó la llamada de los secuestradores. Cuando entró la llamada, le ordenaron que dejara el maletín con el dinero en el asiento trasero, que saliera del auto y cruzara la calle sin voltear hacia atrás; le dijeron también que pronto pasaría un auto con Fernando a bordo.
La persona acató la orden y cruzó la calle, en espera del auto indicado por los plagiarios. Ahí permaneció unas 10 horas. Por la indumentaria que portaba y su larga estancia en el mismo lugar, llamó la atención de unos patrulleros, quienes le preguntaron qué hacía ahí. Él respondió que esperaba a unos familiares.
A la 1:35 horas de la madrugada del 13 de junio, el correo se comunicó con Mendieta y le pidió instrucciones. El asesor mandó por él.
Entrevistado el pasado jueves 14 por Joaquín López-Dóriga en El Noticiero, Alejandro Martí le dijo al conductor de Televisa: “Lo oímos por teléfono, lo oímos una vez, varias veces nos dieron lo que se llama ‘pruebas de vida’, supimos que (Fernando) estaba vivo, por lo menos hasta el día del pago; luego ya no sé qué pasó porque nosotros pagamos y ellos no sé qué complicaciones tuvieron, no sé si a lo mejor uno robó al otro y al final decidieron ejecutarlo”.
A partir de ese momento, el empresario cambió de estrategia y buscó la ayuda de la policía.
Según relata Mendieta, Martí gestionó una entrevista con el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, a quien puso al tanto de la situación.
Un par de días después, dice, Facundo Rosas y Benito Roa Lara, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial y encargado de la Dirección General de Secuestros y Robos de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública federal, respectivamente, se pusieron en contacto con el empresario. Lo primero que le dijeron es que el fallido rescate había sido consecuencia de una mala negociación.
Mala suerte
Mendieta niega haber fallado; incluso asegura que la negociación nunca se le fue de control. Y aunque reconoce que si Fernando no regresó, insiste en que no fue por problemas en la negociación.
Detalla: “El tiempo que duró la negociación, el monto que exigieron inicialmente los plagiarios y la posterior disminución en sus pretensiones, las pruebas de sobrevivencia que entregaron, la hora y la puntualidad de las llamadas, y el hecho de no cambiar la ruta de la entrega del dinero forman parte de un patrón de conducta de la banda que es similar a otros casos de secuestros investigados por la PGR. Toda esa información la tienen la PGR y la SSP federal”.
También sostiene que en el caso Fernando “el problema estuvo del lado de los malos”; es decir, aclara, de la organización criminal.
Y se explaya: “Seguramente, alguno o algunos de los integrantes de la banda se quedó con el dinero del rescate; la otra parte del grupo, la encargada de vigilar y cuidar a la víctima, no supo qué hacer con el joven y optaron por matarlo”.
De acuerdo con el director general de la empresa Aquesta Terra, quien asesoró al realizador de cine Tony Scott en la filmación de la película Hombre en llamas, protagonizada por el estadunidense Denzel Washington, a partir de la intervención de la PGR sus servicios ya no fueron requeridos por la familia Martí.
Cuenta incluso que Alejandro Martí le confió que el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de SSP federal, Facundo Rosas, le regateó los documentos sobre una organización criminal cuyo patrón de actuación era similar a la que secuestró a Fernando.
Rosas preguntó al empresario si quería la información para explotarla comercialmente, en clara alusión a Mendieta.
“Alejandro me llamó y me contó ese episodio. Le dije: ‘A ver, Alejandro, no voy a ser un obstáculo entre tú y la libertad de tu hijo. Lo que quiere Rosas es que no vaya yo, así que me hago a un lado y punto’”.
Mendieta dice que a pesar de lo anterior sigue atento al caso y en espera de ayudar en lo que se pueda. “Pero no han tenido necesidad de pedirme nada”.
Con el asunto del secuestro del joven estudiante del colegio American British School en manos de las policías federal y capitalina, Alejandro Martí recibió, la noche del 31 de julio, el golpe final: Fernando fue encontrado muerto en el interior de un Corsa, en la colonia Villa Panamericana, delegación Coyoacán.
El Servicio Médico Forense dictaminó que el joven de 14 años había muerto por asfixia, al igual que su chofer, Jorge Palma. Con base en la necropsia, se determinó también que Fernando tenía al menos 30 días de haber fallecido.
Curiosamente, un día después de ese hecho, la PGJDF detuvo y arraigó a José Luis Romero Ángel, comandante de un grupo especial comisionado en la zona del aeropuerto capitalino, y a Marco Antonio Moreno Jiménez. A este último se le encontró un celular del cual salió la presunta llamada de los secuestradores. Un par de días después, la procuraduría capitalina aprehendió a un tercer sospechoso, el policía judicial capitalino Fernando Hernández Santoyo.
Según la indagatoria, Romero Ángel solicitó, mediante oficio, los datos de Christian Salmones, el escolta que acompañaba a Fernando durante el secuestro. En una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, el excomandante asegura que su detención fue ilegal y acusa al jefe de la Fiscalía Antisecuestros, Rafael Tuxpan, de amenazas y tortura; incluso pide que la investigación del secuestro y asesinato del joven Martí sea atraída por la PGR.
En la entrevista con Proceso, Mendieta, quien en 1997, como funcionario de la PGR, se encargó de las negociaciones para liberar al jesuita Wilfredo Guinea, quien falleció antes de ser liberado, asegura que no tiene la menor duda de que el grupo que secuestró a Fernando Martí está conformado por policías o expolicías.
“Hay muchos indicios: la mecánica de operación, la información que tienen, los contactos, etcétera”, dice.
Mendieta afirma que no obstante su paso por la PGR él no se considera expolicía, sino más bien un estudioso de la seguridad, y subraya también que no tiene ningún remordimiento por el desenlace del caso.
Después de recibir la noticia de la muerte de su hijo Fernando, Alejandro Martí le preguntó a Mendieta:
–¿Qué nos pasó, Ernesto?
–Todo es producto de la mala suerte –respondió el consultor.
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Éxodo del terror*
Alejandro Maciel
SAN DIEGO.– Cuando miró por el espejo retrovisor, José advirtió que dos camionetas de color oscuro lo iban siguiendo. No quería asustarse, pero las historias de secuestros son tan comunes en Tijuana que dio vuelta hacia la Zona del Río, sólo para estar seguro de que no eran sus nervios los que lo estaban traicionando.
José –cuya identidad real se oculta a petición suya– cuenta que una de las camionetas viró y la otra siguió de frente. Entendió en ese momento que estaba a punto de caer en una emboscada, así que giró en círculo y aceleró a fondo.
Era el mes de abril de este año y José, propietario de una docena de ferreterías en Tijuana, terminaba su recorrido de todos los días y estaba a punto de irse a su casa.
El empresario cayó en la cuenta de que no había ningún lugar seguro en la ciudad, ya que por regla general la policía no acude a los llamados ciudadanos. Entonces se dirigió hacia la garita de San Ysidro.
Cuando llegó a la línea, respiró aliviado. Pensó que sus perseguidores no se iban a atrever a ir por él hasta allá. Pero no habían pasado ni 20 segundos cuando los dos autos se acercaron a toda velocidad. Él ya se había detenido y, como en cámara lenta, vio a dos hombres bajarse de los vehículos y dirigirse hacia él. José no lo pensó dos veces: abrió la puerta del auto y cruzó corriendo hacia Estados Unidos, donde quedó a salvo.
A raíz de ese episodio, José y su familia decidieron salir de Tijuana y radicar en San Diego. Su caso ilustra un fenómeno: la emigración a Estados Unidos de familias de clase media a causa de la ola de secuestros que azota a la ciudad fronteriza mexicana.
“Primero fueron dentistas, luego abogados y doctores. Ahora están llegando maestros, pequeños empresarios y hasta ejecutivos de alto nivel”, dice Mireya Durazo, empleada de una agencia de bienes raíces de Chula Vista cuya página en internet, dirigida a los clientes de Tijuana, se promueve con el lema: “¿Busca un lugar más tranquilo para vivir?”.
Francisco Villegas Peralta, propietario de cinco restaurantes en Tijuana, es uno de esos nuevos residentes de Chula Vista. Dirigió la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en la primera ciudad y recientemente adquirió una casa en esta zona de California por 585 mil dólares. Dice que unas 200 personas, empresarios del mismo ramo y sus familias, han dejado Tijuana durante los últimos dos años.
Clara Jaramillo, presidenta de Latin Credit, otra agencia de bienes raíces de Chula Vista, refiere a Proceso que entre sus clientes es común encontrar a personas mutiladas: a unas les falta un dedo, a otras un pedazo de oreja. “Llegan atemorizados y listos para adquirir alguna propiedad lo más rápido posible”. En lo que va del año Latin Credit ha vendido 50 casas a familias de Tijuana.
Josie Ortiz, también vendedora de bienes raíces en Chula Vista, asegura que el año pasado vendió 20 casas a familias tijuanenses, cifra que, afirma, representa un incremento de unas 10 casas en relación con años anteriores.
Uno de sus clientes es un distribuidor de alimentos que compró una casa el mes pasado, después de que un policía le dijo que su nombre aparecía en la lista de un secuestrador. Otro cliente, dueño de un restaurante en Tijuana, recibió un mensaje telefónico en el que le advertían que “iban tras de él”.
Métodos del terrorismo
Un exitoso contador tijuanense –cuyo nombre pide omitir– sostiene que cuatro de sus nueve amigos viven ahora en San Diego. “Se van porque tienen miedo de que algo les pase a ellos o a sus familias”, dice. Y no es que sus amistades tengan un alto poder adquisitivo, sino que ahora cualquier persona puede ser plagiada en la ciudad bajacaliforniana.
Según el abogado Miguel Ángel García Leyva, integrante de la Asociación Esperanza contra Desapariciones Forzadas, en Tijuana se registran al menos dos secuestros diarios.
De acuerdo con datos recientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, los secuestradores están llevándose a todo tipo de personas, incluidos niños, personas de la tercera edad y mujeres, que antes casi no eran objeto de raptos.
En el sector empresarial el esquema es distinto. En la mayoría de los casos las víctimas son muchachos o adultos jóvenes de 26 a 30 años de edad con padres que pueden pagar un rescate. Son privados de la libertad frente a sus domicilios, usualmente en horario matutino.
A los secuestrados que son cabezas de familia los sacan de sus casas. Los comandos tocan, entran intempestivamente o echan la puerta abajo, y cuando tienen enfrente a sus víctimas les advierten que se entreguen o, de lo contrario, sus familiares van a pagar las consecuencias. “Y no oponen resistencia. Se entregan frente a las familias, que después acuden desesperadas buscando ayuda”, señala un líder empresarial que también ha sido objeto de amenazas.
El importe de los rescates varía. El crimen organizado exige desde 300 mil dólares hasta 3 millones de dólares. A las familias de clase media les piden un mínimo de 10 mil dólares.
Si bien no hay una cifra oficial, banqueros, cámaras de comercio, agencias de bienes raíces y organizaciones de apoyo a víctimas de secuestros en ambos lados de la frontera calculan en mil el número de familias tijuanenses que se han mudado a San Diego en los últimos tres años huyendo de la violencia o por temor a ser víctimas de un secuestro.
Pero vivir en San Diego tampoco los pone a salvo… Por razones de negocios muchas de estas familias tienen que seguir cruzando a Tijuana y eso las hace blanco de secuestros.
Alex Horan, quien encabeza el escuadrón anticrímenes violentos del FBI en San Diego, describe a los secuestradores como grupos muy sofisticados que operan con los mismos métodos de las células terroristas, cada una con un jefe y con claras divisiones de trabajo y funciones.
“Usualmente un grupo está encargado de realizar el secuestro, otro de transportar a la víctima, otro más de ocultarlo. Otro grupo se encarga de las negociaciones y el rescate. Muchas veces no existe relación entre una célula y otra, lo que hace más difícil la localización de los secuestrados”, dice Horan a Proceso.
En 2007 por lo menos 26 residentes del condado de San Diego fueron secuestrados en Baja California. En 90% de los casos las víctimas eran familias mexicanas de clase media, recién llegadas y sin nexos criminales.
Por lo general son propietarias de algún negocio en Tijuana, Rosarito o Ensenada, y tienen parientes en San Diego. Usualmente las víctimas son hombres de unos 40 años de edad que deben cruzar la frontera varias veces a la semana.
Las autoridades calculan en 10 mil las personas que viven en el condado de San Diego pero que trabajan o tienen negocios en Tijuana.
“Cuando se encuentran conduciendo su vehículo en territorio mexicano, las personas son detenidas muchas veces por secuestradores disfrazados de policías”, dice Horan, y añade: “Los plagiarios portan armas y simulan un retén. En uno o dos minutos, alguien empuja a la víctima dentro de la cajuela del vehículo y se consuma el secuestro. El auto queda abandonado en el sitio”.
El FBI no tiene una cifra exacta de cuántos secuestros similares a éstos han ocurrido, ya que los familiares por lo general no los reportan, por temor, dice Horan.
Fronteras rebasadas
Pero los secuestros ya no se limitan al territorio mexicano. San Diego, y particularmente Chula Vista, vive un incremento alarmante de este tipo de delitos, los cuales son cometidos al parecer por comandos procedentes de Tijuana.
La asociación Esperanza y Vida contra las Desapariciones Forzadas ha registrado 16 casos de ciudadanos estadunidenses de origen mexicano plagiados en ciudades del sur de California, así como tres casos de mexicanos secuestrados al norte de la frontera y llevados a Tijuana.
“A principios de este año una persona fue plagiada junto con una menor en San Ysidro y fueron traídas a Tijuana; pagó 100 mil dólares por su liberación, pero en su cautiverio vio a otras 15 personas raptadas ahí donde lo mantenían”, cuenta Fernando Ocegueda Flores, representante de la mencionada asociación civil y de las familias de víctimas de secuestro en San Diego.
A las diez y media de la noche del 8 de febrero pasado, los vecinos de Eastlake, una zona adinerada de Chula Vista en la que se han asentado numerosas familias de Tijuana, supieron que la tranquilidad suburbana que buscaban había terminado y que la ola de secuestros y asesinatos de la que venían huyendo los había alcanzado.
El cadáver de Joel Fonseca Jr., un hombre que tenía de 23 años de edad, fue encontrado a las puertas de su auto, un Mercedes Benz, que se hallaba en el estacionamiento de una lujosa unidad de departamentos.
De acuerdo con el guardia de seguridad, al escuchar dos detonaciones corrió hacia el estacionamiento, donde alcanzó a ver una camioneta blanca que velozmente se alejaba del lugar.
La policía de Chula Vista, encargada de investigar el caso, informó que mientras levantaba las evidencias llegó un sujeto y les dijo que a él y a Fonseca los habían secuestrado tres personas enmascaradas, pero que a él lo habían dejado en libertad a una milla de distancia.
El 5 de junio se repitió la escena. Esta vez Osvaldo Gil, de 42 años, fue “levantado” por equivocación por dos sujetos en Eastlake. Según informes de la policía, Gil salió con sus amigos a tomar unas copas y para regresar a su casa llamó a un taxi.
Una vez en Eastlake, dos sujetos se le cerraron, lo bajaron del vehículo y se lo llevaron, informó el taxista. Al ver las identificaciones de su víctima, los captores se dieron cuenta de que habían cometido un error y lo liberaron 36 horas más tarde en un punto de la ciudad de San Diego conocido como South Park.
Ante el nuevo plagio ocurrido en la zona de Eastlake en Chula Vista, las autoridades locales dijeron a Proceso que con éste ya son cuatro los plagios ocurridos aquí en tres meses.
“Ya son varios los casos que tenemos en Chula Vista, y aunque se parecen a los que ocurren en Tijuana, no tenemos manera de comprobarlo”, dijo Bernard González, vocero de la policía de esa ciudad.
Darrell Foxworth, vocero del FBI en San Diego, señala que entre el 1 de octubre de 2007 y el 23 de mayo de 2008 esta dependencia ha recibido el reporte de 16 ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes de Estados Unidos que han sido secuestrados en Tijuana, así como en los condados de San Diego e Imperial, ambos fronterizos con México.
“El problema es que nadie sabe a ciencia cierta cuántos secuestros han ocurrido, porque en la mayoría de los casos los familiares prefieren no reportarlos debido a que no confían en las policías o temen que con la participación del FBI se ponga en peligro a sus seres queridos.”
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¡Vámonos al otro lado...!*
Arturo Rodríguez García
Gran número de empresarios mexicanos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas están huyendo, con sus familias y sus capitales, a regiones fronterizas estadunidenses como la llamada Área Metropolitana de McAllen, Texas. Afectados o atemorizados por la violencia del narcotráfico, así como por los vacíos de poder que genera la confrontación de las fuerzas de seguridad que lo combaten, están cambiando su lugar de residencia –y de negocios– a dicha zona.
MCALLEN, Texas.- Por las avenidas del condado de Hidalgo se llega a Sharyland Plantation, una zona exclusiva de la comunidad The Grove, en Mission Texas, cuyos habitantes son mayoritariamente mexicanos.
Lagos artificiales y campos de golf sirven de patio trasero a las casas de fraccionamientos como El Cimarrón, Los Milagros o The Haven, que lucen álamos y palmeras, nidos de aves exóticas y jardines cubiertos de bugambilias y jamaicos que perfuman las calles.
Las mansiones, que cuestan entre 600 mil y 850 mil dólares, se localizan en el Condado de Hidalgo, Texas, dentro del Valle del Río Grande, el cual alberga también los condados fronterizos de Cameron, Starr y Willacy, un corredor comercial de exportaciones e importaciones de Estados Unidos.
A juicio de Chad Foster, presidente de la Coalición de Alcaldes y Jueces de Condados Fronterizos de Texas (TBC, por sus siglas en inglés), esta es justamente la región con más cruces migratorios legales de la Unión Americana.
En Hidalgo, apenas distinguibles por los letreros que anuncian sus límites territoriales, están las ciudades conurbadas de Mission Phar, Edinburg y McAllen. El condado, para fines estadísticos estadunidenses y por costumbre, es conocido como Área Metropolitana de McAllen.
Para escapar de los levantones, secuestros y extorsiones, así como de la violencia general del narcotráfico, empresarios del noreste de la República Mexicana protagonizan un extraordinario éxodo familiar –y económico– que tiene como destino los lujosos fraccionamientos de esta zona metropolitana.
Aunque en México y Estados Unidos no está disponible el número de visas para inversionistas tipo E, L, TLC y de Tarjetas Verdes –para las cuales se requiere una inversión mínima de 500 mil dólares– que se emiten para esta área, la Cámara de Comercio de McAllen señala que, cada mes, hay al menos 20 nuevos inversionistas mexicanos que instalan aquí sus negocios.
Otro dato ilustrativo del fenómeno, proporcionado por la Cámara de Comercio de McAllen, consiste en que la crisis del sector inmobiliario que azota a Estados Unidos no existe en el Valle del Río Grande.
La causa: que familias enteras provenientes de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila –estados donde se ha recrudecido la violencia– están comprando casas y reubicando sus negocios aquí.
De acuerdo con Matt Z. Ruszczak, vicepresidente para el Desarrollo de Negocios y Asuntos Gubernamentales de la Cámara de Comercio de McAllen, los inversionistas mexicanos que arriban a la zona lo hacen porque desean diversificar sus negocios o porque huyen de la inseguridad de sus ciudades de origen.
Y agrega: “Comentan que fueron víctimas de la inseguridad o nos dicen que deciden comprar casas o invertir aquí, por si la situación empeora en su país”.
A su vez, la cónsul para Asuntos Políticos y Económicos de México en McAllen, Miriam Medel García, indica así mismo al reportero que cada vez son más frecuentes los casos de ciudadanos mexicanos que tienen problemas por haber adquirido una casa o negocio sólo con visa de turista.
Vacío de poder y miedo
Para arribar al puente internacional se debe conducir por la avenida Hidalgo, la principal de Reynosa, Tamaulipas, y pasar un retén con escáner para armas de la Policía Federal Preventiva.
Hay que tomar en seguida el bulevar Luis Echeverría, que cruza calles sin pavimentar convertidas en improvisadas canchas de futbol donde niños sin camisa se enlodan junto con los perros –por las charcas que dejó el huracán Dolly– bajo un sol intenso que pone la temperatura ambiente a 45º centígrados.
El tránsito lento obliga a los viajeros a aspirar en grandes cantidades las emanaciones de la refinería de Pemex, de la basura del mercado y del agua podrida de los baches próximos a lo que el ingenio popular rebautizó como “Calle del Gramo”.
Este sector, donde abundan los polleros, indocumentados y prostitutas, alberga numerosos puestos de piratería y fayuca, cantinas y casas de cambio. Y, como es un área altamente peligrosa, desde hace algunos meses es patrullada por soldados. Ya en el puente, del lado mexicano, se observan una tanqueta y decenas de militares que, provistos de armas largas, impiden al reportero tomarles fotografías.
A unas cuadras de ahí, y por todo Reynosa, los exclusivos fraccionamientos Las Haciendas, Los Leones, Del Prado, Jardín, Las Fuentes y Privada Las Fuentes, con casas de acabados de lujo y jardines, parecen abandonados: por todos lados, letreros de renta o venta.
Para Rebeca Rodríguez Gómez, presidenta de la Comisión de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (Cefprodhac), la emigración de empresas y familias comenzó en Nuevo Laredo entre 2003 y 2004, a partir del vacío de poder que generó la confrontación del Operativo México Seguro con los cuerpos policiacos municipal y estatal.
Ahora, dice, el fenómeno se ha generalizado en la llamada Frontera Chica, que comprende cinco municipios además de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, donde se multiplican las viviendas que se rematan o rentan por cantidades irrisorias, hasta hace poco impensables.
Según Matt Ruszczak, “hace cinco años el Valle del Río Grande tenía una economía rural, basada en la agricultura. Hoy, el área se está convirtiendo en una de las más exitosas de comercio internacional, industrial y de servicios. Se ha situado ya dentro del primer nivel de desarrollo comercial”.
A su vez, la activista Rodríguez Gómez afirma que los indicadores de inseguridad bajaron con el arribo de refuerzos militares en 2007, pero “llegaron de una manera tan agresiva a Tamaulipas –irrumpiendo impunemente en las casas y colocando retenes en los que hacen revisiones exhaustivas indiscriminadas– que aumentaron en la gente el sentimiento de inseguridad”.
En 2007, el Cefprodhac registró 176 homicidios en las ciudades de la frontera tamaulipeca, de los cuales al menos 67 estuvieron relacionados con el narcotráfico; en Nuevo León fueron 107 las víctimas del narco en el mismo año, mientras que en Torreón sólo hubo 19 homicidios de este tipo, pero el Ministerio Público levantó 103 actas circunstanciadas por desaparición de personas, en las que al menos 30 casos correspondieron a empresarios levantados.
Justamente en Torreón, en mayo de 2007 se difundió una carta enviada presuntamente por el cártel del Golfo al abogado Alberto Romero, para que alineara a empresarios con los que se relacionaba en diversos organismos empresariales y a quienes debió presentar un video.
En la proyección (como se describió en Proceso 1595), el desaparecido jefe policiaco antisecuestros de la región, Enrique Ruiz Arévalo, con los ojos vendados y visiblemente golpeado, daba nombres de empresarios presuntamente relacionados con el cártel de Sinaloa.
La carta, firmada por el cártel del Golfo, advertía: “(…) nosotros no venimos a robar a nadie, simplemente venimos a hacer negocio. Aclarando que será molestada la persona que tenga negocios ilícitos fuera de nuestra organización. Esta es una petición de carácter urgente e irrevocable”.
Y, entre otras cosas, advertía: “Sin más por el momento, se les informa que cualquier desacato ante dicha petición tendrá consecuencias irreversibles para su persona y socios del sistema empresarial”.
La firma de la carta era “F.E.C.E.Z”, y abajo decía: “Cártel del Golfo”.
A diferencia de las ciudades mexicanas, en la zona metropolitana de McAllen no se han producido recientemente ejecuciones relacionadas con el narcotráfico, como tampoco levantones ni secuestros.
Alerta para viajeros
Si de acuerdo con el censo de 2006, 87% del Área Metropolitana de McAllen era ya de población hispana, sólo de 2007 a 2008 la venta de casas ha aumentado 25%, con un incremento de 32% sólo en mayo pasado respecto del mismo mes de 2007.
La Casa McAllen en Monterrey –una extensión de la Cámara de Comercio de McAllen para fomentar la actividad comercial en México– realizó en junio pasado, durante tres días, una Expo de Bienes Raíces que tuvo ventas promedio de 30 clientes diarios.
Sergio García, empresario editorial originario de Matamoros, Tamaulipas, que desde hace cinco años vive en McAllen, refiere que en el Valle del Río Grande “no ha bajado el crecimiento como en otras ciudades de Estados Unidos. Te puedo dar nombres de al menos 10 familias que en seis meses se instalaron en Brownsville por la inseguridad. Del lado estadunidense les ha ido bien”.
Por su parte, Jesús Martínez, dueño de restaurantes de cabrito y carnes asadas en Reynosa, prepara la inauguración de una sucursal en McAllen, obligado por las bajas ventas del lado mexicano, fenómeno que atribuye al hecho de que el gobierno de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no viajar a México. Por eso, señala, “la gente tiene miedo de ir. Y precisamente esa gente, los estadunidenses, o los pochos, son nuestro mercado”.
Se refiere a los comunicados que emite el Departamento de Estado ante la inseguridad en las ciudades mexicanas, como la “Alerta para viajeros” que, emitida en septiembre de 2007, fue actualizada el 14 de abril y tiene vigencia hasta el 15 de octubre de 2008. Allí, las autoridades estadunidenses advierten sobre “la actividad criminal violenta” que se está dando en la zona fronteriza de México.
Jesús Martínez manifiesta: “Sucede una cosa: hay gente que hace un negocio ilícito, se enrola con la sociedad y aparenta ser un empresario normal; cuando le sucede algo, los vecinos y conocidos se asustan y hay sicosis. Eso es lo que pasa: la gente se espanta, tiene miedo y se viene para acá... prefieren salir de Reynosa”.
Un empresario mexicano que vive en El Cimarrón, del lado estadunidense, conversa con el reportero y se ofrece a guiarlo en un recorrido a condición de omitir su nombre.
Recuerda que hasta hace poco este fraccionamiento era llamado “El Cereso de Reynosa 2”, por ser el lugar predilecto de los capos del Golfo. “Ahora –confía– todo mundo quiere vivir aquí. Los narcos aquí no sacan la cabeza; mejor cruzan por la línea Centri (vía rápida del puente para residentes), para cometer sus felonies”.
Conforme avanzamos desde El Cimarrón hacia la frontera, se observan precios cada vez más accesibles y la proliferación de vehículos con placas de Tamaulipas y Nuevo León.
“Hay mucha gente que tiene que seguir trabajando en Reynosa: ejecutivos de maquiladoras, comerciantes, dueños de alguna fábrica pequeña. Pero viven de este lado, acá tienen a sus familias”, explica el residente con 16 años en McAllen.
Más adelante hay condominios de lujo construidos en forma de herradura, como una fortaleza que protege el área común. Es Misión San Antonio, un fraccionamiento cerrado con 15 mil metros cuadrados de áreas verdes, un lago, juegos para niños, una casa club y un centro de negocios. La publicidad ofrece “Financiamiento para mexicanos”.
El guía se despide afuera de un centro comercial sobre Shary Road, donde destaca un letrero en mármol y letras doradas que reza: “Tacos al pastor”. Está próximo el puente internacional Reynosa-Phar.
“Bienvenidos a México”, anuncia un letrero bajo el cual se colocó un cartelón con la leyenda: “Se Buscan”. Exhibe las fotografías de Heriberto Lazcano El Lazca, El Hummer y Miguel Treviño El Mike, jefes de Los Zetas.
Mientras tanto, en sentido contrario, por el carril Centri se acumula el tráfico vespertino de vehículos último modelo. Son los empresarios y ejecutivos que, obligados a operar en México, regresan a dormir a McAllen y su zona metropolitana…
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Las policías: improvisación, caos, desastre*
Ricardo Ravelo
Mientras los cárteles de la droga asesinan impunemente y se diversifican en el secuestro y la extorsión, el gabinete de seguridad de Felipe Calderón sigue improvisando: cambia jefes policiacos a capricho, unifica corporaciones sin plan alguno y, sobre todo, promueve la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública –que pospuso por darle prioridad a la energética– sin depurar las corporaciones federales, hoy conocidas por su corrupción e ineficiencia.
Presentada a principios del sexenio ante el Congreso de la Unión como la panacea para abatir al crimen organizado y frenar la corrupción policiaca, la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que entre otros proyectos incluye la unificación de todas las policías del país, permanece congelada y es probable que en septiembre próximo se discuta su viabilidad, sostiene Juan Rivera Bedolla, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
El proyecto, impulsado por el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, ha sido duramente cuestionado, pues a juicio de expertos como Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, sólo en países africanos prevalece este modelo “que en Italia, Francia, Alemania, e incluso en Colombia y El Salvador, es visto como de los más atrasados del mundo”.
Otras causas que frenaron el proyecto –dice el especialista– son de carácter político, pues las policías de los estados y municipios son instrumentos de poder de gobernadores y alcaldes, y están diseñadas para servir a los intereses políticos y a poderes paralelos, como el narcotráfico, no a la sociedad.
Pese a las críticas, y en los momentos en que el país padece su más severa crisis en la materia, la iniciativa de reforma a los cuerpos de seguridad parece tener futuro en la Cámara de Diputados, dice el legislador priista Rivera Bedolla, quien cree posible que se concrete la unificación, aunque advierte: “No será fácil”.
Entrevistado el jueves 14, el diputado explica que la unión referida –que involucraría a 400 mil policías agrupados en mil 600 cuerpos de seguridad en todo el país– está detenida porque las corporaciones están implicadas en secuestros y narcotráfico, es decir, han sido penetradas por el crimen organizado.
Por ello, señala, para aprobar la reforma es necesario depurar a todas esas corporaciones y hacer una selección de sus elementos. También tendrán que establecerse criterios estrictos para ser policía, como pasar estudios patrimoniales, registros de voces y estudios de ADN; y lo más importante: que cuenten con la misma capacitación y se les pague mejor.
Los bajos sueldos de los policías alarman al legislador. Dice que con esta crisis de seguridad que azota al país “no es posible” que los policías estatales o municipales perciban sueldos que, en promedio, apenas llegan a 5 mil pesos mensuales. Los agentes federales ganan 14 mil pesos, pero también es insuficiente, dice, porque “con estos salarios nadie quiere arriesgar su vida, y creo que tienen razón”.
Las protestas que hasta ahora habían realizado policías estatales (de Sinaloa, Nuevo León y Coahuila) ya alcanzaron a las corporaciones federales. El viernes 15, unos 5 mil agentes realizaron un paro de labores en protesta porque la SSP modificó su esquema de descanso.
La inconformidad se desató cuando el coordinador de Seguridad Regional, Ramón Pequeño, envió el miércoles 13 a las 34 comandancias regionales y 32 comisarías de aeropuertos el oficio 30/2008, mediante el cual ordenó que a partir del 15 de agosto sólo tendrán un día de descanso por seis de trabajo y sin la posibilidad de acumularlos.
El diputado Rivera Bedolla señala que en los estados la situación de los policías es aún peor, puesto que en marzo pasado se aprobó una partida de 3 mil 500 millones de pesos para otorgarles 25% de aumento salarial a los agentes que trabajan en 150 municipios que se consideran críticos. Sin embargo, dice el priista, hasta la fecha los gobiernos estatales no han aplicado los incrementos, a pesar de que ya tienen los recursos.
–¿Cuál es su diagnóstico de la corrupción policiaca en el país? –se le pregunta al presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
–Estamos conscientes de que hay infiltración –responde–, hay delincuentes dentro de las policías, y el problema es muy grave a nivel municipal, sobre todo. Por eso, antes de homologar a todos los cuerpos de policía federal, estatal y municipal, se debe limpiarlos mediante un proceso de saneamiento riguroso, que por desgracia no se ha hecho todavía.
–¿Puede considerarse como un hecho la unificación de las policías a nivel nacional, o cree usted que llevará mucho más tiempo?
–La idea es que en el próximo período de sesiones, que se inicia el 1 de septiembre, se deben tener listos los ajustes al Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a más tardar en seis meses debemos tener a la policía unificada.
Crimen diversificado
Sin embargo, al menos en lo que a las policías federales se refiere, ya dieron muestra de ineficiencia pese a que desde principios de 2007 operan en forma unificada, pues el crimen organizado sigue imparable en todo el país. Estas fallas, según el comisario Javier Herrera Valles, se deben a la ausencia de un modelo eficaz, a la falta de coordinación y a la improvisación que impera en la SSP.
En abril pasado, tras cumplirse un año de que la Policía Federal comenzó a operar unificada bajo un solo mando, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García, destacó las bondades de su proyecto al afirmar que el cuerpo policiaco integrado por la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal Preventiva (PFP) ya dispone de la capacidad de investigación de la primera y del despliegue de la segunda.
Sin que el proyecto se sometiera a discusión en el Congreso, García Luna aceleró la unión de la AFI y de la PFP mediante el acuerdo 05/2007, publicado el 25 de abril de 2007, y enseguida creó la instancia de coordinación única.
Hasta el 30 de marzo de este año, la Policía Federal disponía de 24 mil 533 efectivos, integrados por 18 mil 640 elementos de la PFP y 5 mil 893 de la AFI. En tanto que en las entidades federativas siguen operando, bajo diversos mandos, cerca de 370 mil policías estatales y municipales sobre los que no se tienen controles estrictos.
De esta forma, en medio del caos por la inseguridad y sin que existan niveles óptimos de coordinación con todas las instituciones del ramo, la SSP instaló su propia División de Inteligencia Policial y comenzó a monitorear vuelos, carreteras, aduanas, penales federales y calles del Distrito Federal.
Ninguna de esas medidas resultó eficaz frente a la avasallante violencia del narcotráfico y las acometidas de las bandas dedicadas al secuestro: los cárteles de Tijuana, del Golfo, de Sinaloa, de Juárez y del Milenio siguen activos y continúan cobrando vidas: cerca de 4 mil crímenes se han perpetrado durante 19 meses de gobierno y de “guerra” al narcotráfico.
A pesar de que el rescate de los espacios de convivencia social y el combate a la delincuencia común y al crimen organizado han sido las principales banderas del presidente Felipe Calderón desde el arranque de su gobierno, los cambios al SNSP pasaron a segundo término cuando decidió impulsar la reforma energética, que no parecía tan urgente como la otra.
Ahora, el gobierno federal empieza a tomar medidas emergentes, como la creación de un cuerpo antisecuestros en la Secretaría de Seguridad Pública –que se anunció la semana pasada–, exige mayor cooperación de los gobiernos estatales y hace un llamado a la “unidad social contra el delito”, cuando México ya ocupa el primer lugar en secuestros en el mundo, según el informe Secuestro: un negocio explosivo, que la organización pacifista holandesa IKV-Pax Christi dio a conocer el jueves 14 en Bogotá, Colombia.
“México es conocido actualmente como el país de Latinoamérica donde se corre el mayor riesgo de ser secuestrado”, señala el informe, y destaca que por debajo de México están Irak, India, Sudáfrica y Brasil.
Añade que, además del secuestro, son alarmantes las extorsiones telefónicas por medio de secuestros falsos, y que la Ciudad de México “es considerada en todas partes como la más peligrosa de Latinoamérica”.
El incremento de los plagios es explosivo. El diagnóstico refiere que 200 personas fueron secuestradas durante 2006 en Tijuana, Baja California, “por motivos económicos”. Las víctimas fueron “hombres de negocios exitosos y miembros de la clase media acomodada”. Buena parte de las bandas de secuestradores provienen de “la mafia de las drogas”, pues utilizan el plagio como medio de “venganza o chantaje”.
De acuerdo con IKV-Pax Christi, en el mundo se cometen 25 mil secuestros al año, la mayoría en países latinoamericanos, y predominan las causas económicas. Las zonas fronterizas son las más peligrosas.
En el caso de México, se destaca que el estado de Baja California es famoso por la influencia de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, dos de las organizaciones para las que el secuestro significa “un lucrativo ingreso adicional sobre sus ingresos por el tráfico de drogas”.
Datos del SNSP consultados por Proceso refuerzan las afirmaciones del informe citado, pues oficialmente se registraron 467 secuestros tan sólo en 2007. Según la misma fuente, los estados más golpeados son el Distrito Federal, con 77 plagios; el Estado de México, con 67; Baja California, con 45, y Guerrero, con 30. Autoridades federales estiman que la cifra puede ser mayor y que por lo menos hay de tres a cinco secuestros por entidad que no se denunciaron “por desconfianza hacia las propias autoridades”.
Los datos oficiales establecen, además, que en el Distrito Federal y en el Estado de México operan unas 300 bandas dedicadas al plagio y al llamado “secuestro exprés”.
En otras entidades el panorama es aún más complejo. Hasta el año pasado, por ejemplo, tanto autoridades estatales como federales pensaban que los secuestros iban en aumento debido a que algunos cárteles de la droga habían diversificado sus operaciones involucrándose en el tráfico de personas, piratería y secuestro.
Aunque, en efecto, esta diversificación criminal se detectó en organizaciones “atomizadas”, como el cártel de Tijuana, en Baja California, y Los Zetas, en el Golfo de México, lo cierto es que amplias redes de policías, expolicías y delincuentes menores (que se volvieron violentos con el rentable negocio del secuestro) comenzaron a extorsionar y plagiar comerciantes, ganaderos, abarroteros y empresarios mayores, en la mayoría de los casos identificándose como miembros de Los Zetas.
Un caso que ilustra lo anterior fue el asesinato, el mes pasado, de un joven originario de Cosamaloapan, Veracruz, llamado Zeus Puerto. Su cadáver apareció mutilado de las manos cerca del municipio de Otatitlán, en la misma entidad. En una cartulina tenía el mensaje: “Esto les pasa por andar secuestrando y extorsionando a nombre de la organización”.
Improvisación perpetua
Ante la evidente descomposición del país, agudizada por la infiltración de criminales en las policías o la vinculación de éstos en la protección de redes de secuestradores y narcotraficantes, los cuerpos policiacos federales, estatales y municipales van de mal en peor.
Desde abril de 2007, cuando el titular de la SSP, Genaro García Luna, empezó su ensayo policiaco al unificar la AFI y la PFP bajo una instancia de coordinación, no ha dejado de meterse en confrontaciones.
De acuerdo con el comisario Javier Herrera Valles, mando regional que está sin trabajo por denunciar las corruptelas en la secretaría, García Luna se peleó con Ardelio Vargas Fosado, primer comisionado de la Policía Federal, meses después de haber sido designado en el puesto, en una de las primeras rupturas internas por diferencias en los proyectos y estrategias.
Entre cambios y reacomodos, los problemas continuaron y la unificación policial no arrojaba resultados. En mayo de 2007, recuerda Herrera Valles, apenas dos meses después de que García Luna había seleccionado, según él, a lo mejor de la AFI y de la PFP, aplicó exámenes en 34 regiones de la AFI y en 32 de la PFP. El resultado: tuvo que destituir a 284 mandos, entre ellos a los comandantes regionales de ambas policías.
Los cambios y ajustes siguieron en la SSP. Se incorporaron nuevos policías, la mayoría llevados de la AFI, y los colocaron en cargos de nueva creación, muchos de éstos inexistentes en el reglamento de la SSP. Por ejemplo, fue incorporado Igor Labastida Calderón, quien en la PFP fungía como director general de Tráfico y Contrabando, área adscrita a la Coordinación de Seguridad Regional, cuando en realidad el oficial dependía de la Coordinación de Inteligencia.
Poco después, y a raíz de que fue asesinado, el pasado 25 de junio se difundió el dato de que Labastida Calderón era investigado por su presunta vinculación con el cártel de Sinaloa. Amigo cercano de Édgar Millán, otro de los altos mandos de la PFP acribillado el 8 de mayo de este año, también ocupó un cargo inexistente en la PFP: García Luna se lo llevó de la AFI y lo nombró comisionado de Mandamientos Judiciales –cargo que no existe en el reglamento– y luego coordinador general de Seguridad Regional de la PFP.
Otro problema que Herrera Valles califica de “muy grave” es la falta de continuidad de los funcionarios en sus cargos. “Ni bien los nombran cuando ya los están cambiando”, dice el comisario, quien ejemplifica con el caso de Facundo Rosas, actual subsecretario de Seguridad, quien inició como comisionado de Análisis Policial –otro cargo inexistente–, luego fue nombrado coordinador de Inteligencia, fungió como comisionado interino de la PFP y, finalmente, fue designado subsecretario de Inteligencia Policial.
Ramón Pequeño ha sido el más rotado dentro de la SSP desde que se integró a la PFP en 2007: inició como titular de la División Antidrogas –otro cargo inexistente en el reglamento, dice Herrera– en sustitución de Armando Espinoza de Benito; luego pasó a la División de Análisis Policial en relevo de Rosaura Paz, y al poco tiempo fue nombrado jefe del Area de Delitos Federales, cargo también inexistente. Posteriormente pasó a la Coordinación de Inteligencia y ahora funge como coordinador de Seguridad Regional.
Por este último puesto han desfilado otros funcionarios “que no han tenido continuidad” –dice Herrera–, como Maribel Cervantes Guerrero, quien en la reestructuración de abril de este año fue nombrada coordinadora de Inteligencia después de fungir como coordinadora de la Unidad de Desarrollo.
Otro caso: Héctor Garay Cadena era jefe de supervisión de la zona centro en 2007, luego fue comisionado para encabezar el Operativo Conjunto Nuevo León, en cuyas acciones fueron asesinados cinco policías bajo su mando, tres de ellos después de ser secuestrados en el hotel donde se hospedaban.
Durante el referido proceso de reestructuración de abril, Garay fue nombrado comisionado antidrogas, pero enseguida fue removido y designado comisionado interino de la PFP.
Los cambios en la PFP no parecen tener fin. Hasta la citada reestructuración interna quedó inconclusa, pues en julio pasado el titular de la SSP emitió el acuerdo 05/2008 para sustituir las comandancias de región, que en junio de 2007 habían sido reforzadas –según García Luna, con “los mejores mandos de la SSP”–, y en su lugar creó las coordinaciones estatales.
Según Herrera Valles –y lo corroboran otros mandos consultados en la SSP–, a “esos 34 comandantes de región los trajo a la Ciudad de México para evaluarlos y determinar qué elementos se incorporarían a las coordinaciones estatales. Cabe aclarar que la coordinación estatal no existe en el reglamento”.
–¿Y qué pasó con los mandos sometidos a evaluación? –se le pregunta a Herrera.
–Sólo 16 aprobaron los exámenes, los capacitaron junto con militares, agentes del Cisen, afis y miembros de las Fuerzas Federales de Apoyo, y el resto terminó reacomodado en las coordinaciones estatales.
Ante el aumento de plagios, García Luna anunció otro experimento policiaco: la Unidad Antisecuestros de la PFP. Sin embargo, como hay escasez de elementos, la SSP recurrirá a 300 estudiantes que toman un curso de investigadores en el Instituto de Capacitación (Icap) de la PGR, a quienes ya les anunciaron que se incorporarán a la lucha contra el secuestro, pese a que carecen del perfil adecuado y no han tenido prácticas de tiro.
*Tomados de la revista Proceso.
posted by Liberation at
8:38 a.m.
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