Demuetran la currpción en Pemex y en el PAN

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Naranjo.

Aunque las iniciativas privatizadoras del pelele Felipe Calderón Hinojosa no incluyen el tema de la corrupción y mucho menos de las prebendas que se otorgan al sindicato petrolero o los miles de contratos al margen de la ley otorgados de forma discrecional no sólo violan la Constitución mexicana sino que son tierra fértil para la corrupción al incrementar los precios de los bienes y servicios que contrata Pemex para el negocio de unos cuantos.

En respuesta a los señalamientos de falta de transparencia y rendición de cuentas en la paraestatal, los panistas y el empleado de la empresa –que leyó su ponencia en los términos y el mismo tono de voz del ratero Carlos Salinas de Gortari- utilizaron la verborrea. "Defendieron" el famoso comité que se encargará de "supervisar" que no haya corrupción, eso fue todo.

¿Hubo respuestas al titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, sobre los múltiples casos –documentados todos- de la corrupción en Pemex? No, el panismo amante de la corrupción –y no es frase, baste ver lo que han hecho en 8 años en la Presidencia de la República o los 12 en la gubernatura de Guanajuato y otros tantos en la de Jalisco- dejó pasar de lado cuestiones como el que las empresas de Pemex Internacional no entreguen cuentas, o que existan contratos 125 por ciento más caros, o que a pesar de que la empresa "entrega" trimestral y anualmente "reportes" omite la información sustancial, por lo que se le han abierto varias averiguaciones.

Sin ir más lejos a solicitud expresa de un ciudadano para conocer cuántos y cuáles son los contratos que Pemex firmó con el reconocido traficante de influencias Juan Camilo Mouriño, la paraestatal contestó que no cuenta con esa información, pero el organismo encargado de normar la Ley de Transparencia, el IFAI, anunció ayer que las empresas familiares del mentado Mouriño firmaron con la empresa petrolera mexicana 108 contratos mas, por lo que le ordenó que entregara la información. Esa es la "transparencia" del PAN, esa es la corrupción en Pemex.

González de Aragón fue nombrado por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados por lo que es voz de uno de los poderes legales de México. En esa calidad –no a título personal- declaró que las grandes empresas mexicanas del Consejo Coordinador Empresaria pagaron 70 pesos en promedio en materia de impuestos, con la complacencia de Hacienda. No lo dijo Andrés Manuel López Obrador, ni el PRD, ni los medios de comunicación alternativos, lo dijo el encargado de auditar al Poder Ejecutivo por mandato de los diputados. Todo está documentado. La respuesta del PAN fue bla, bla, bla. Buenas intenciones, misma y mejor corrupción.

De esta manera quedó demostrado que con los recursos del petróleo, de todos los mexicanos, se financian las grandes empresas del país, cuyos dueños se cuentan –según la revista Forbes- entre los 500 hombres más ricos del mundo.

Por ello las iniciativas privatizadoras del usurpador Calderón Hinojosa significan más corrupción, más mentiras y más saqueo. Es el peor golpe que les han dado a los panistas en los "debates". Tendrán que lamerse las heridas.

El siguiente reportaje fue tomado de la revista Proceso.

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Trampa contra PEMEX

Jenaro Villamil

Especialistas consultados por Proceso coinciden en que, de aprobarse la nueva Ley Orgánica de Pemex impulsada por el presidente Felipe Calderón, la paraestatal no tendrá la "autonomía de gestión" que promete el ordenamiento y sí, en cambio, habría una mayor privatización. Además, en los debates acerca de la reforma energética se planteó que una nueva estructura de gobierno en Pemex sólo abrirá las puertas a los contratos de riesgo y a la asignación de obras sin licitación previa.

Descarriladas las propuestas para que la inversión privada participe en refinación y transporte de hidrocarburos, así como en petroquímica, las negociaciones entre PRI, PAN, un sector del PRD, el gobierno federal y representantes de consultoras como McKinsey o Dupont se enfocan ahora en la iniciativa presidencial de una nueva Ley Orgánica para Pemex.

Con una estructura de gobierno distinta, la paraestatal abre el reparto del pastel: el Ejecutivo federal nombrará cuatro "consejeros profesionales" en el Consejo de Administración, quienes podrán permanecer en su encargo hasta 16 años. Designará a un "comisario vigilante de los bonos ciudadanos". Creará una nueva Comisión del Petróleo con cinco consejeros, cuyo nombramiento puede ser hasta por 10 años y quienes fungirán como órgano técnico de consulta de la Secretaría de Energía. Así mismo, otorgará más atribuciones a la Comisión Reguladora de Energía.

En los últimos cinco foros de debate en torno a la reforma energética los alcances de la "autonomía de gestión" para Pemex han sido muy cuestionados. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, manifestó que el gobierno federal no asumirá la deuda de la empresa. Y en su segunda participación, el exdirector de la paraestatal Adrián Lajous planteó que "la expansión de la industria petrolera requiere ampliar la participación privada en la misma, guiada y regulada por una intervención estatal más precisa y eficaz, que permita una cooperación creativa entre ambos sectores".

Consultados por Proceso, el exsenador priista Manuel Bartlett, el senador Graco Ramírez, del PRD, y el especialista Mario Di Costanzo coinciden en que la autonomía de gestión promovida por la iniciativa presidencial "es una trampa, tiende a privatizar más y ocasiona conflictos de interés". Ello, explican, porque cada uno de los cuatro nuevos consejeros serán juez y parte en la vigilancia y auditoría del Consejo de Administración.

En coincidencia con los últimos foros de debate se ha observado un acercamiento entre el PRI y un sector del PRD encabezado por Graco Ramírez, que elabora junto con Pablo Gómez una iniciativa: la Ley Plan de Energía.

En este marco, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes; el coordinador de la bancada de ese partido en el Senado, Manlio Fabio Beltrones; el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida, y Jesús Murillo Karam, senador y secretario general del tricolor, dijeron que en el Senado no habrá un período extraordinario de sesiones después del 22 de julio. Ese día culminarán los debates en ese órgano legislativo para aprobar las iniciativas de Calderón.

El acercamiento entre el PRI y el PRD provocó el endurecimiento de los panistas, sobre todo de los senadores que participan en los foros de debate: Juan José Rodríguez Prats, Jorge Ocejo Moreno, Rubén Camarillo, Juan Bueno Torio y su propio coordinador, Gustavo Enrique Madero, defienden la iniciativa calderonista y, lejos de debatir, descalifican a los especialistas más críticos, como Ignacio Marván y Manuel Camacho Solís, a quien le recordaron su trayectoria en el gobierno de Salinas. En el debate del 10 de junio cuestionaron también a Víctor Rodríguez Padilla, coautor con Manuel Bartlett del libro El petróleo y Pemex. Despojo a la nación.

En este contexto se desató la polémica por el supuesto espionaje del que han sido víctimas varios senadores, entre ellos el presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones. Entretanto, representantes del gobierno federal realizan intensas negociaciones con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) para salvar la propuesta de una nueva Ley Orgánica que rija a la paraestatal.

Los superconsejeros

La iniciativa presidencial de Ley Orgánica de Pemex incrementa de 11 a 15 el número de integrantes del Consejo de Administración, el órgano de gobierno de la paraestatal. Al mismo tiempo, permite que se designe a un "comisario" que representará "los intereses de los tenedores de los bonos ciudadanos" y hace posible la creación de un Comité de Transparencia y Administración con amplias facultades para determinar, incluso, contratos de obras y servicios con inversionistas privados.

Los cuatro nuevos "consejeros profesionales", todos designados por Calderón, podrán permanecer hasta 16 años en su encargo, pero sólo dos de ellos serán "de tiempo completo". Los otros dos serán "de tiempo parcial", funcionarán como consejeros externos e incluso podrían trabajar para consultoras externas.

Con el incremento en el número de integrantes del Consejo de Administración, el Ejecutivo federal puede ejercer un mayor control sobre Pemex.

En la actualidad, seis de los 11 consejeros son los titulares de las secretarías de Energía, de Hacienda, de Economía, de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como del jefe de la Oficina de la Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos, quien sustituyó a Juan Camilo Mouriño cuando éste fue designado secretario de Gobernación.

El nombramiento de los cinco consejeros restantes le corresponde al STPRM, encabezado por Carlos Romero Deschamps.

Sin embargo, según Di Costanzo la incorporación de los cuatro nuevos consejeros designados por el Ejecutivo federal que establece la nueva Ley Orgánica "diluye la representación sindical e, incluso, permitiría que se tomen decisiones sin necesidad del sindicato". Para ello, abunda, basta con la asistencia de "al menos ocho de los miembros" del Consejo de Administración y con la presencia de "dos consejeros independientes".

El Consejo de Administración podrá crear "cuantos comités técnicos requiera". Sin embargo, se crean dos nuevos con amplias facultades: el Comité de Transparencia y Auditoría, integrado por tres consejeros profesionales, uno de ellos de tiempo completo, así como el Comité de Estrategia e Inversiones.

El primero de éstos no tendrá funciones menores. Para Manuel Barquín Álvarez, dicha instancia "acabaría por convertirse en un súper comité y estaría integrado por esos consejeros", cuyas funciones no se han precisado.

De acuerdo con el artículo 22 de la nueva Ley Orgánica de Pemex, ese comité podría proponer "disposiciones en materia de obras y servicios" relacionadas con adquisiciones, arrendamiento y enajenación de bienes de la paraestatal. Dentro de sus atribuciones también estará la designación de un "auditor externo"; y emitirá su opinión sobre la cuantificación de las reservas de hidrocarburos, y en torno a la suficiencia y racionalidad del dictamen de auditoría de los estados financieros.

Además, con la nueva Ley Orgánica se incrementa el poder de la Secretaría de Hacienda, pues "se abre la posibilidad para que, por ejemplo, un subsecretario de Hacienda pueda ser consejero profesional y miembro del Comité de Transparencia". El artículo 11 establece que al menos uno de los cuatro consejeros profesionales debe ser experto en materia financiera y formar parte del Comité de Transparencia. Las facultades de este comité estarán por encima de la Secretaría de la Función Pública y excluyen de la fiscalización en Pemex a la Auditoría Superior de la Federación, nunca mencionada en las iniciativas.

Sin autonomía

Liberar a Pemex de la Secretaría de Hacienda, especialmente de la enorme carga fiscal que representa más de 70% de los ingresos de la paraestatal, ha sido una de las coincidencias fundamentales durante los 18 foros de debate en el Senado.

Sin embargo, de acuerdo con la iniciativa presidencial, el poder de Hacienda sobre Pemex no disminuye. Al contrario, mantiene la discrecionalidad en el manejo de la deuda de la paraestatal y sobre los excedentes.

El artículo 43 de la iniciativa de Ley Orgánica establece que la paraestatal deberá enviar anualmente a Hacienda "sus metas de balance financiero para los siguientes cinco años". El Consejo de Administración podrá aprobar adecuaciones a su presupuesto a fin de aumentar su gasto con base en sus excedentes de ingresos propios, "siempre y cuando cumpla con la meta anual de balance financiero".

"Si la Secretaría de Energía y el Comité de Administración le ponen una meta anual alta de balance financiero a Pemex, ¿dónde está la autonomía frente a Hacienda?", se pregunta Di Costanzo.

En el decimocuarto foro de debate, Carlos Tello Macías, exsecretario de Programación y Presupuesto, criticó las iniciativas de Calderón porque, afirma, no garantizan la autonomía de Pemex ni eliminan el control de la Secretaría de Hacienda. Propuso establecer una Comisión Nacional de Energía, de la cual dependan Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y desincorporar a éstas del presupuesto federal.

En ese mismo foro participó el titular de la Secretaría de Hacienda, Agustín Carstens, quien defendió las iniciativas calderonistas al subrayar que el gobierno busca la autonomía financiera y de gestión de la empresa. Se refirió de manera elogiosa a la figura del nuevo comisario de Pemex, designado por el Ejecutivo federal, que "defenderá los intereses de los tenedores de bonos ciudadanos".

De manera sorpresiva, el presidente de la Comisión de Energía, el priista Francisco Labastida Ochoa, dejó su papel de moderador para convertirse en participante del debate y le preguntó a Carstens: "¿Estaría el gobierno federal dispuesto a respaldar a Pemex asumiendo parte de su deuda y/o dejando que Pemex utilice más rápidamente sus recursos, ahora congelados como superávit primario?".

En su respuesta, Carstens dejó en claro que el gobierno federal no asumiría la deuda de Pemex porque "sería reconocer, de hecho, que una parte muy importante de la deuda de Pemex, sobre todo aquella que no está asociada con los pasivos laborales, fueron inversiones improductivas y que Pemex no va a tener la capacidad de pagarla en el mediano y largo plazos.

"Enfáticamente yo digo que eso no es correcto. Pemex tiene toda la capacidad, tiene todos los elementos para realizar sus funciones y llevar a cabo su mandato", sentenció el funcionario.

Dependencia de consorcios

En el decimoctavo debate, realizado el 10 de julio, Víctor Rodríguez Padilla, especialista en contratos de riesgo, Alfonso Hickman Sandoval, exvocal de Obras de Pemex, y el economista Carlos Huerta Durán, asesor legislativo del PRD, coincidieron en que las nuevas atribuciones del Consejo de Administración de la paraestatal le abren la posibilidad de firmar contratos de riesgo, adjudicar obras directamente, sin licitación, y generar una mayor dependencia de grandes consorcios y consultoras internacionales.

Rodríguez Padilla criticó las seis nuevas facultades del Consejo de Administración, establecidas en los artículos 44, 45 y 46 de la iniciativa de la Ley Orgánica de Pemex, pues, dice, con el pretexto de desarrollar innovaciones tecnológicas y asesorías se abre la posibilidad de otorgar nuevos contratos de riesgo.

Hickman alertó que en el artículo 45 de la iniciativa de la Ley Orgánica de Pemex se establece un supuesto para no licitar contratos. Estas excepciones "tienen el objetivo de beneficiar a segmentos definidos de proveedores y contratistas, con la intención de formar cárteles definidos de empresas dominantes". El especialista mencionó que el proyecto tiene una continuidad con la reorganización que se realizó en Pemex en 1992. En esa fecha, por recomendación de la consultora McKinsey, se desmanteló la Subdirección de Proyectos y Construcción de Obras de la paraestatal.

En 2001, Pemex le pagó 5 millones de pesos a esa consultora y al despacho jurídico de Curtis, Mallet-Prevost, para reestructurar el corporativo, después de que ellos sugirieron el desmantelamiento de áreas clave.

La práctica de otorgar contratos por adjudicación directa ha beneficiado, sobre todo, a las consultoras internacionales. La Auditoría Superior de la Federación documentó que tan sólo entre 2004 y 2005 Pemex benefició con contratos por más de 20 millones de dólares a empresas de origen estadunidense: la trasnacional Dupont, que encabezó en México el exdirector de la paraestatal Raúl Muñoz Leos, obtuvo 17 millones de dólares; McKinsey and Company recibió contratos por 600 mil dólares, y la consultora Charles River Associates se embolsó 5 millones de dólares por la prestación de servicios de "consultoría para innovación en producción".
Para McKinsey han trabajado, entre otros especialistas que defendieron las nuevas atribuciones del Consejo de Administración, el exdirector de Pemex Adrián Lajous y el actual director corporativo de Finanzas de Pemex, Esteban Levín Bacells.