Las mentiras tras el saqueo

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

Desde la debacle del PRI como partido de gobierno el desfile del 1 de mayo fue perdiendo el lustre y las mantas de agradecimiento al “sr. Presidente” fueron opacadas por los gritos y en algunos casos objetos lanzados contra el balcón presidencial de Palacio Nacional. A partir de ahí la “celebración” fue cada vez menos suntuosa y más breve.

Con el imbécil y ladrón de Vicente Fox Quesada, ésta cambio a recintos cerrados –el PAN nunca ha tenido la simpatía de las masas y acostumbra reunirse en lugares cerrados en vez de plazas públicas para evidenciar lo menos posible su falta de popularidad y aceptación- con los mismos oradores que con el PRI, pero bajo el resguardo del Estado Mayor Presidencial.

La “tradición” es seguida por el usurpador Felipe Calderón Hinojosa, cuya popularidad entre la ciudadanía dista mucho de las encuestas oficiales. El pelele no puede presentarse en ningún lugar público porque de inmediato es abucheado. Hasta en lugares cerrados como en el Auditorio Nacional, donde asistió con estudiantes becados por la Fundación Telmex de Carlos Slim, recibió el rechazo de los alumnos. Por eso no es “novedad” que salgan con el cuento del “respeto” a los trabajadores, o de que el acto no es “oficial”, aunque el día si sea una jornada de descanso obligatorio consagrada en la Ley Federal del Trabajo y utilizada para el festejo oficial. Se trata pues de otra mentira del mismo tipo de las que nos tiene acostumbrados el PAN.

Durante los últimos 30 años el crecimiento económico de México ha sido mediocre, primero con el PRI, luego con el PAN y ahora con el PRIAN. En los regímenes priístas la disculpa ante el desastre de la economía era imponer mayores impuestos, además de productos y servicios más caros. La justificación: la medicina es amarga, pero sería peor si no la aplicamos. Año tras año, sexenio tras sexenio las mismas promesas de crecimiento y las mismas medicinas amargas.

Con el PAN llegaron las mentiras cínicas y descaradas. Con el traidor y corrupto Vicente Fox Quesada las condiciones externas eras las culpables del miserable avance de la economía –aunque estúpido como es, después dijera que ésta era la envidia del mundo-, de la pobreza y del desempleo. Con el espurio Calderón Hinojosa continúa el mismo cuento, que si los precios de los energéticos –aunque México reciba el doble de dólares de lo presupuestado por los altos precios del petróleo-, que si los precios internacionales de los alimentos, que si el cambio climático, que si la manga del muerto. Las mentiras, el cinismo y la impunidad para el PRIAN son una forma de vida y constituyen la base de los “valores” con los que actúan y viven. No hay más explicación, ni otra realidad. Sus actos cotidianos reafirman lo dicho aquí.

Dejando en la basura las mentiras del PRIAN, la realidad es muy distinta. Según el oficial Banco de México la inflación para este 2008 –pronosticada ocho meses antes de que acabe el año- será de 4.75 por ciento, pero si los aumentos salariales en los contratos colectivos de trabajo se negocian en 4.5 por ciento, ¿en qué momento podrían mejorar sus condiciones de vida? Si ha esto le sumamos que en realidad se debe multiplicar por 6 ese índice oficial tendremos el desastre de la economía hogareña que ya está resintiendo los incrementos en prácticamente todos los alimentos.

Esa es la causa del descontento social, la falta de empleo –los que hay están pésimamente pagados y sin beneficios sociales-, el aumento de los productos básicos, como granos, aceite, carnes, verduras, frutas, etc., y el encarecimiento de los energéticos.

En medio de este polvorín, los poderes fácticos y su pelele Calderón Hinojosa, quieren reventar la paciencia social con el mayor engaño y atraco de la historia reciente de México. La venta de Pemex, a ellos mismos, para poder incrementar sus ya abultadas fortunas, mientras la miseria continúa su expansión en el país. ¿Qué haría el PRIAN y su espurio Calderón Hinojosa si dejaran de emigrar los cientos de miles cada año, y si éstos dejaran de enviar los miles de millones de dólares al año a sus familias? Datos oficiales apuntan a que las remesas de mexicanos en el extranjero son la segunda fuente de divisas luego del petróleo. Imaginemos que ya no hubiera Pemex, o que ya no hubieran remesas. ¿Cómo viviríamos? De eso se trata, de ese tamaño es el gran negocio. Por eso tanta avaricia y tanta mentira. Buscan el saqueo.


Los siguientes materiales fueron tomados de la revista Proceso.



http://www.proceso.com.mx/





El Pemex de Fox: un hoyo negro

Antonio Jáquez

En la revisión de las cuentas públicas correspondientes al sexenio de Vicente Fox, la Auditoría Superior de la Federación encontró en Petróleos Mexicanos irregularidades administrativas e indicios de malos manejos y corrupción... En conjunto, los años de 2001 a 2006 forman un gigantesco hoyo negro en las finanzas del organismo paraestatal –cuya dirección estuvo en manos de Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo– por el que fluyeron recursos ilimitados y sin control.

De 2001 a 2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se sumergió en las aguas profundas de Petróleos Mexicanos con el objetivo de revisar parte de las operaciones de la paraestatal, y, no sorprendentemente, los auditores descubrieron una serie de irregularidades: adquisición de equipo innecesario, adjudicaciones fuera de norma, inversiones accionarias no reportadas, contratos desventajosos, registros omitidos y concesiones extraordinarias y fuera de la normatividad al sindicato petrolero, como el pago de festejos.

Entre los hallazgos de los auditores resaltan fideicomisos asociados a Pemex manejados en las sombras desde su constitución misma en lugares como Delaware y las Islas Caimán, paraísos de la opacidad.

El manejo ineficiente de la paraestatal durante el gobierno de Vicente Fox es uno de los hoyos negros de su sexenio, más hondos, en algunos casos, que los de la era priista. Las revisiones a la cuenta de 2006, cuyos resultados se divulgaron apenas el pasado 27 de marzo, confirmaron la tendencia detectada desde 2001: la empresa opera con controles muy laxos. Algunos ejemplos:

En 2002 se revisaron diversos contratos de obra celebrados por organismos subsidiarios, con los resultados siguientes:

En Pemex Exploración y Producción (PEP) se detectó sobrecosto por conservación de equipos y extensión de garantías (274.6 millones), “inversión ociosa generada por la adquisición de equipos en diciembre de 1998 y que no se habían puesto en operación a la fecha de la revisión” (650.8 millones) y, entre otras anomalías, incorrecta aplicación de precios unitarios.

El sobrecosto y la inversión ociosa, según anexo de la auditoría, se refieren a cuatro paquetes de turbocompresores de alta presión, comprados a la empresa Stewart & Stevenson Internacional en octubre de 1997, para ser instalados en la plataforma marina adyacente al complejo Akal-C. Entregados en el plazo límite, a finales de 1998, los paquetes se almacenaron en Dos Bocas, Tabasco, desde el 4 de febrero de 1999, y ahí se quedaron varios años, como si fueran inservibles.

En Pemex Refinación se detectaron “vicios ocultos” (defectos de construcción disimulados) en tanques de la coquizadora en Cadereyta (por 23 millones de pesos), incorrecta aplicación de precios unitarios (por 16.3 millones de pesos) e incorrecta cuantificación de volúmenes de obra (por 600 mil pesos).

Los cuestionamientos sobre Pemex y las demás entidades revisadas –que sumaron unas 3 mil observaciones– molestaron tanto al gobierno federal que embistió por debajo de la mesa al auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, filtrando a Televisa documentos relativos a sus nexos con Carlos Salinas de Gortari y personajes de su régimen (Proceso 1393).

Igualmente, a comienzos de abril de 2004, González de Aragón fue amordazado por los propios diputados miembros de la Comisión de Vigilancia de la ASF, quienes le advirtieron que entregara el informe sobre la cuenta pública de 2002 prácticamente en privado y sin divulgar resultados específicos.

“Entregas y te vas”, le dijo a González de Aragón el diputado Salvador Sánchez Vázquez, presidente de la comisión citada, según reveló días después este semanario.

Pidiregas

En 2003, los auditores revisaron con lupa las cuentas Pidiregas de Pemex, es decir las referidas al mecanismo financiero usado para fondear proyectos de infraestructura a largo plazo. El objetivo de los auditores era verificar si el mecanismo cumplía con los requisitos autorizados, que se pueden resumir en tres puntos: que el proyecto sea financiado con recursos de terceros, que sea viable y autosuficiente, y que su control y registro contable se ajusten a las normas.

En la revisión se descubrió que la paraestatal encontró el modo de sacarle la vuelta a esos requisitos, por ejemplo fondeando proyectos con recursos propios pero encubiertos en fideicomisos, o seleccionando proyectos inviables. Algunos casos:

–Pemex no registró en su contabilidad, no reveló en la Cuenta Pública 2003 ni presentó en su información financiera, como deuda de la paraestatal, el saldo por 185.6 millones de pesos de recursos obtenidos a través de los fideicomisos Pemex Project Funding Master Trust y F-163.

–Pemex no ha regularizado la autorización de su Consejo de Administración respecto de las contingencias pactadas por un monto estimado de 342.4 millones de dólares, equivalentes a 3 mil 848 millones de pesos, para el período 1999-2006, en el contrato suscrito con la empresa Compañía de Servicios de Compresión de Campeche.

Se auditaron también los proyectos Cantarell y Burgos. Sobre Cantarell se obtuvieron los resultados siguientes:

–En los cuatro contratos revisados, la forma de pago con recursos Pidiregas no se ajustó a los lineamientos establecidos en el esquema de financiamiento utilizado, toda vez que la obra no generó el necesario flujo de recursos.

–En otro contrato existió falta de coordinación entre el área de construcción y la de instalación de las plataformas.

De la revisión en Burgos, destaca la observación de que el “financiamiento de este proyecto no se ajustó a la Ley General de Deuda Pública ni tampoco a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, toda vez que la obra, al igual que el proyecto Cantarell, no generó el flujo de recursos necesarios para su pago”.

Además, la empresa canceló la construcción de tres ductos, pero construyó otro en un campo que no estaba considerado en el objeto del contrato, lo que ocasionó un sobrecosto de 4.4 millones de pesos.

Fideicomisos

En 2004 se repitió la historia y surgieron más pistas sobre la operación dudosa de organismos subsidiarios de la paraestatal:

–Pemex continúa sin reflejar en sus estados financieros consolidados –afirma la ASF– el saldo de la deuda por 36.6 millones de pesos del remanente de la emisión de bonos que la paraestatal hizo a través de Pemex Finance Ltd. La deuda sólo se reportó como tal, apuntan los auditores, a los mercados de valores de México y de Estados Unidos.

Pemex Finance, según anexo del informe de la ASF, es propiedad del fideicomiso Pemex Finance Trust y se constituyó en Gran Caimán, en 1998. Mediante contrato, Pemex Finance compró cuentas por cobrar provenientes de petróleo crudo de PEP y PMI (Petróleos Mexicanos Internacional, otro organismo subsidiario de Pemex), ya efectuadas o por efectuarse en el futuro.

Las cuentas por cobrar vendidas “son aquellas que se generan por la realización de petróleo crudo tipo maya a clientes designados en Estados Unidos, Canadá y Arabia. Los recursos netos obtenidos por PEP en estas operaciones fueron utilizados para financiar proyectos Pidiregas, por derivación de fondos al fideicomiso Master Trust, y esconder así que el fondeo se hace con recursos propios de la paraestatal y no a través de terceros.

–Pemex Finance Ltd., muestra utilidades acumuladas por 2 mil 538 millones de pesos, pero Pemex no acreditó haber realizado acciones para recuperarlas durante 2004.

–La empresa no reveló en la cuenta pública, como deuda, 292.2 miles de millones de pesos de financiamientos captados en el extranjero a través del fideicomiso Master Trust. Con estos recursos liquidó en dólares facturas de proveedores y contratistas de obras Pidiregas en construcción. Como en el caso de Pemex Finance Ltd., los financiamientos se reportaron como deuda sólo en los mercados de valores de México y Estados Unidos.

–El uso de los dos fideicomisos continúa mostrando inconsistencias respecto de la normatividad en el manejo de los recursos para este tipo de proyectos.

Otra veta de manejos anómalos son las 52 empresas en las que Pemex tiene inversión accionaria; 33 de ellas con participación estatal mayoritaria. De esas 33, 12 están registradas como paraestatales y Hacienda autorizó que las 21 restantes no sean consideradas paraestatales, aunque la inversión accionaria sea superior a 50%. En nueve empresas no se cuenta con autorización alguna.

Además, la ASF descubrió en la tesorería del corporativo de Pemex una inversión de la empresa Kot Insurance Company (filial de Pemex) en Oil Insurance Limited por 10 millones de dólares que no está reportada como parte de la información de las 52 empresas.

En Pemex Refinación se detectaron irregularidades diversas:

–No se encuentra actualizada la información de las bases de datos de las existencias físicas y de la capacidad de almacenamiento de los productos petrolíferos de las gerencias de Almacenamiento y Distribución.

–En la cartera de clientes al cierre del ejercicio de 2004 se reportaron adeudos por 12 mil 523 millones de pesos, dentro de los cuales se observa un monto de 284 millones de pesos correspondiente a los ejercicios de 1986 a 2003, sobre los cuales no se han realizado acciones para su recuperación y/o depuración.

La ASF detectó indicios de malos manejos en el “Programa de Hidrocarburos”, como la diferencia no aclarada de 8.5 millones de barriles de más entre el volumen de crudo enviado a proceso contra el volumen de producción total obtenido en refinación. En complemento, “no se proporcionó la documentación comprobatoria del rendimiento obtenido de la producción de cada una de las refinerías del Sistema Nacional de Refinación”.

En el rubro de distribución, la ASF observa que “no se comprobó con documentación la recepción de petróleo crudo adquirido a Pemex Exploración y Producción” por un volumen de poco más de 12 millones de barriles. Señala la ASF que hay “una falta de conciliación de cifras y/o volúmenes entre los diferentes procesos y la entrega de producción para venta, lo cual no permite obtener cifras confiables de los volúmenes de productos transportados”.

Aún más, “no se aclararon ni documentaron las diferencias entre el volumen de petrolíferos comercializados en el mercado interno reportado por la Subdirección Comercial, contra lo reportado por la Subdirección de Finanzas y Administración. Ni tampoco las diferencias entre el volumen de productos petrolíferos producidos y comercializados reportados en el ‘Sistema Nacional de Refinación-Rendimientos del Crudo 2004’ contra el de ventas totales de la Subdirección Comercial”.

Pemex-sindicato: más prebendas

En su revisión de la cuenta pública de 2005, la ASF examinó los compromisos de Pemex con el sindicato. Nadie levantó las cejas con los resultados, pero al menos se documentó esa relación viciada:

–En el Convenio 10257/04 –relativo a las obligaciones de la paraestatal con el sindicato petrolero– se comprometieron recursos sin contar con la suficiencia presupuestal correspondiente, lo cual debió ser aprobado previamente por el Consejo de Administración de Pemex y por las secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público.

–Se entregaron directamente al sindicato petrolero mil 65 millones de pesos por concepto de vivienda para los trabajadores, sin sustento normativo y sin estar considerados en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

–Se le dieron directamente al sindicato 200 millones de pesos por concepto de mantenimiento de instalaciones deportivas, sin sustento normativo y sin estar previstos en el CCT.

–Otros 459 millones de pesos fueron entregados directamente al sindicato por concepto de ayuda correspondiente al período de 2001 a 2004, pagados en 2005, correspondientes a festejos relacionados con el aniversario de la expropiación petrolera, con el desfile del 1 de mayo y con revisiones anuales al CCT, sin sustento normativo, sin estar contemplados en dicho contrato y sin apego a disposiciones de carácter presupuestal al haberse reconocido indebidamente obligaciones de años anteriores con cargo al presupuesto de 2005.

De nuevo, de la revisión de Pemex Refinación se derivó una serie de observaciones por irregularidades:

–Se constataron adeudos pendientes de cobro por 192.5 millones de pesos, de “Clientes de Gobierno” provenientes de ejercicios anteriores, sin que haya evidencia documental de acciones para su recuperación.

–Hay saldos pendientes de cobro por 119.6 millones de pesos, a “Otros Clientes”, de los cuales se carece de la evidencia documental que sustente los derechos de cobro.

–Se presentó una diferencia de 1.5 millones de barriles del volumen total vendido, entre lo reportado en el Sistema Integral de Información Comercial (618.1 millones de barriles) de la Subdirección de Finanzas y Administración, y lo reportado por el Sistema de Transferencia de Custodia (616.6 millones de barriles) de la Subdirección de Almacenamiento y Distribución.

Jubilados y contratistas VIP

En 2006, la ASF examinó el rubro de jubilaciones en el Contrato Colectivo de Trabajo 2005-2007, suscrito por Pemex y el sindicato. La revisión encontró que la empresa otorgó “incrementos marginales” que demandaron recursos importantes que, “al no verse acompañados de mayores niveles de productividad laboral, limitaron crecientemente su uso productivo y el desarrollo de la infraestructura de Pemex”.

La jubilación mínima mensual promedio del personal sindicalizado fue de poco más de 5 mil pesos y la máxima ascendió a 117 mil pesos, mientras que para el personal de confianza la mínima fue de 7 mil 648 pesos y la máxima de 224 mil 558 pesos, “lo que indica una gran brecha entre ambos tipos de personal y al interior de cada grupo, ya que mientras para los primeros la diferencia entre la mínima y la máxima fue de 23 veces, para los segundos fue de 29.4 veces”.

De acuerdo con la base de datos, se registran diferencias significativas entre las pensiones mínimas y máximas en ambos tipos de jubilados. O sea: hay jubilados comunes y jubilados VIP:

El 74.1 de los jubilados recibió ingresos hasta por 20 mil pesos y participó con 58.1% del valor de la nómina total que se pagó por este concepto, “mientras que, en el otro extremo, solamente 4.1% de los beneficiarios obtuvieron percepciones superiores a los 40 mil pesos brutos mensuales”.

Una perla: en una muestra revisada, los auditores encontraron que cuatro jubilados –de los que no se dice su nombre, quizá por pudor– “percibieron un ingreso mensual de entre 100 mil y 200 mil pesos… El caso extremo de los cuatro jubilados es un hombre de 57 años de edad, quien con 33 años de servicio cumplió con lo establecido en el CCT 2005-2007, y percibe una pensión mensual de 173 mil 410 pesos”.

Las revisiones de 2006 detectaron, en PEP, que la paraestatal pagó 97 facturas con datos iguales: en fecha de expedición, concepto, período facturado, tipo de moneda y número de estación, por 875.4 millones de pesos, a las empresas Compañía de Servicios Compresión de Campeche y Cotejar, de cuyos accionistas no se dan datos.

Hubo también auditorías a los servicios técnicos pagados a terceros por PEP, con hallazgos como la existencia de un contrato con la empresa Hay Group que no establece el plazo y lugar de los servicios; o la aplicación indebida del registro presupuestal de un contrato con Dupont por 313.5 millones de pesos, del que, peor aún, no se acreditó la justificación de la adjudicación y los beneficios obtenidos.

El contrato con Dupont “se formalizó” el 15 de noviembre de 2005, un año después que salió de la paraestatal Raúl Muñoz Leos, que fue directivo de esa empresa privada antes de incorporarse al sector público. La ASF señala que “la entidad fiscalizada” (Pemex) no entregó la justificación “para adjudicar el contrato a través de invitación a cuando menos tres personas”, ni tampoco “demostró los beneficios que se obtuvieron de la contratación de estos servicios”.

Los auditores no rastrearon la probable conexión de Muñoz Leos con ese contrato, pero sí documentaron que el mismo se suscribió con el supuesto objetivo de brindar servicios de seguridad y protección ambiental y que en los hechos consistió en la impartición de cursos, de los cuales ni siquiera se proporcionaron informes completos. El servicio de seguridad contratado con Dupont sustituyó al sistema propio que tenía la paraestatal y que, según los auditores, era más eficaz.

Otro contrato discrecional se estableció con la empresa Oceanografía, que ha sido vinculada en indagaciones legislativas y periodísticas con familiares de la exprimera dama Marta Sahagún.

Señala la ASF que Pemex “modificó los requisitos de las bases de la licitación pública referente a las características técnicas de la velocidad de la embarcación requeridas para los trabajos de mantenimiento concursados y la fecha de inicio de los trabajos”.

A la misma empresa se le adjudicó un contrato específico por 198.6 millones de pesos y 17 millones de dólares, de los cuales se pagaron 133.7 millones de pesos en el ejercicio 2006. Oceanografía también salió beneficiada con el pago de otro contrato, “sin que entregara los reportes finales que forman parte de la evidencia de ejecución de dichos trabajos”.


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Los secretos de la paraestatal

Daniel Lizárraga

Como parte de su estrategia para sacar adelante la reforma energética, el gobierno de Felipe Calderón se ha valido de todos los medios a su alcance para justificar la participación de inversión privada en la exploración y explotación de recursos petroleros. Sin embargo, elude mencionar que un enorme volumen de expedientes relativos a la paraestatal fue puesto bajo reserva, en algunos casos hasta por 12 años, con lo que se escamotea información que debiera ser del dominio público.

En el diagnóstico oficial sobre Pemex y en el paquete de reformas en materia energética, el gobierno de Felipe Calderón no mencionó que durante los últimos ocho años la paraestatal clasificó como reservados 75 mil 809 expedientes.

Pese a que están de por medio recursos públicos, los directivos de la empresa han colocado bajo llave, por períodos que van de los cinco hasta los 12 años, expedientes sobre otorgamiento de franquicias, pagos a proveedores y contratos con particulares para la instalación de negocios en México y el extranjero. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como su reglamento y los lineamientos emanados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) les han brindado atribuciones para ello.

El pasado 25 de marzo, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Georgina Kessel, envió a la Cámara de Diputados un diagnóstico de 128 cuartillas en torno de Pemex en el que señala los riesgos que corre México ante el eventual agotamiento de sus pozos. Dos meses antes, en enero de 2008, la Coordinación de Asesores de Pemex-Refinación ordenó que se colocara bajo reserva un expediente llamado Autoevaluación del organismo.

Directivos de la paraestatal determinaron que el contenido de este documento quedara bajo llave durante los próximos cinco años. Si en este trabajo hay datos ocultos en torno del diagnóstico de Pemex-Refinación, no habrá forma de saberlo sino hasta 2013, cuando Calderón ya sea expresidente.

Todo este acervo de información forma parte de los 5 millones 69 mil 577 archivos colocados por los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón en el Índice de Expedientes Reservados, administrado por el IFAI.

Este semanario tuvo acceso a una base de datos que cuenta con 12 mil 345 entradas que corresponden a igual número de expedientes bajo reserva. En esa lista si bien se localizan archivos que deben permanecer resguardados, como los que se refieren a las ubicaciones de pozos, ductos o medidas de seguridad, hay otros cuyo ocultamiento genera sospechas, como los que se relacionan con las inversiones hechas en la empresa Pemex Finance LTD, constituida por el gobierno de México en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

También se ha mantenido fuera del dominio público la información relativa al capital con que se estableció el Fideicomiso F/163, así como la concerniente a las cuentas bancarias del Project Funding Master Trust, abierto en Delaware, Estados Unidos, que han servido para mantener los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas).

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que tan sólo en 2003 la deuda del F/163 ascendió a 16 mil millones de pesos, resultado de tres emisiones de certificados bursátiles, así como por la contratación de otro tipo de instrumentos financieros. En ese fideicomiso participan Pemex, ING México y Casa de Bolsa BBVA Bancomer.

Cerrazón informativa

Aunque los servidores públicos se empeñan en colocar cerrojos a los archivos oficiales hasta por un período máximo de 12 años –como lo estipula la Ley Federal de Transparencia– siempre habrá manera de romper los candados para que la información sea pública.

Sin embargo, cualquier ciudadano, investigador, periodista o empresario que pretenda desclasificar un archivo en México por medio del IFAI deberá armarse de paciencia, pues le llevará por lo menos tres meses. En caso de que quiera conocer información clasificada de Pemex y los funcionarios de la empresa muestren resistencia, el trámite puede llevarle hasta seis meses, sin tomar en cuenta puentes y periodos vacacionales.

La información de Pemex sumergida entre los más de 5 millones de archivos que conforman el Índice de Expedientes Reservados en México, representa apenas una parte de la historia. La otra, la conformada durante el régimen priista, está enterrada en el Archivo General de la Nación (AGN). Para llegar a ella, no hay IFAI que medie a favor los ciudadanos.

En entrevista con Proceso, el investigador Jacinto R. Munguía dice que debido a la falta de manuales de consulta, encontrar documentos acerca de cómo se fue metiendo Pemex en una grave crisis financiera desde los tiempos del priismo depende más que nada de la suerte.

“Como están las cosas, una investigación sobre Pemex no tardaría menos de dos o tres años”; comenta el autor de La Nómina Secreta de Gobernación y de La Otra Guerra Sucia.

En el AGN prevalece el desorden debido a que en México nunca ha existido una Ley de Archivos. “La situación es de un enorme rezago, lo que implicará hacer un gran esfuerzo para contar con más recursos financieros, así como con personal técnica y materialmente preparado”, dice el comisionado Juan Pablo Guerrero, en un video que en semanas venideras difundirá el IFAI.

Reconfiguración

Ante la necesidad de que México cuente con energéticos suficientes para atender la alta demanda interna y, al mismo tiempo, pueda elaborarlos con niveles de alta calidad –apegados a los estándares internacionales– en el diagnóstico de la Secretaría de Energía se planteó que es necesario reconfigurar tres refinerías.

“Es un reto formidable para una sola empresa, cualquiera que esta sea. Cada una de las nuevas refinerías requerirá al menos de cuatro a cinco años para su realización. De esta manera el desafío es realizar varios proyectos simultáneos de manera continua, durante las siguientes dos décadas y al mismo tiempo realizar las reconfiguraciones y modernizaciones. Se trata de un enorme reto para cualquier empresa petrolera en el mundo”, indicó Kessel en su informe.

Mientras en la Sener se trabajaba en el informe para convencer a los legisladores de que es necesaria la participación de la iniciativa privada en la construcción de refinerías, dentro del propio Pemex-Refinación se ordenó poner bajo reserva por cinco años un documento denominado Autoevaluación del organismo.

Para la Coordinación de Asesores de esa área de Pemex, abrir estos archivos comprometería la seguridad nacional, la seguridad pública y la defensa nacional. Además de ello, podría perjudicar la persecución de los delitos o la recaudación de impuestos, de acuerdo con la justificación que aparece en el Índice de Expedientes Reservados.

Colocar bajo reserva archivos vinculados a las evaluaciones internas de la paraestatal es una práctica que viene desarrollándose desde el sexenio pasado. Entre 2004 y 2006, PMI Comercio Internacional, una de las áreas de Pemex, clasificó 26 expedientes de este tipo, sólo que a diferencia del gobierno de Calderón, los foxistas lo hicieron por el plazo máximo que les permite la ley: 12 años. Al cumplirse este período, los futuros servidores públicos podrán decidir entre levantar los sellos o dejarlos ahí por otro lapso igual.

Por ejemplo, en Pemex-Refinación se hizo una evaluación de la situación económica entre 2005 y 2006 a la que le impusieron una reserva de dos años. Desde el pasado 31 de enero esta información está liberada. Sin embargo, los nuevos directivos pueden ratificar en cualquier momento los candados a menos que, en un recurso de revisión, los comisionados del IFAI consideren que ya no existen las causales para mantener en secreto esos documentos.

Entre los miles de expedientes reservados por Pemex hay algunos que no deberían permanecer ocultos. Por ejemplo, el 22 de julio de 2005 los directivos de PMI Internacional consideraron que dos archivos que contienen detalles sobre los cierres de administración 1994-2000 –correspondientes al último sexenio priista encabezado por Ernesto Zedillo– debían enviarse a la reserva por siete años.

Los directivos de ese organismo justificaron esa decisión sobre algunos archivos heredados del priismo al apelar al “secreto industrial”. Sobre este tipo de casos, no hay explicación alguna dentro del diagnóstico de Pemex entregado a la Cámara de Diputados por la titular de la Sener, aun cuando incluyeron un apartado dedicado a rendición de cuentas.

“La política de la transparencia está basada en dos objetivos principales. Primero en institucionalizar la transparencia en la empresa y segundo en proporcionar más y mejor información a la ciudadanía. Para alcanzar dichos objetivos están en marcha diversas acciones que abarcan las distintas áreas de la empresa. Sin embargo, existen temas pendientes que deben atenderse de manera prioritaria”, se explica en el análisis entregado a los legisladores.

En el resto del capítulo, el tema de los 75 mil 809 expedientes reservados de Pemex desde el gobierno anterior no aparece. De acuerdo con resoluciones del IFAI emanadas de las sesiones plenarias, incluso cuando en esos expedientes hubiese información sensible que no puede ser abierta –como son las coordenadas de un pozo petrolero– existen otro tipo de datos de los cuales se pueden elaborar versiones públicas.

Nada de esto se consideró en el análisis sobre la crisis de la paraestatal. Por ejemplo, Pemex-Refinación decidió cerrar durante 12 años tres expedientes que contienen información sobre franquicias en todo el país, con el argumento de que, dejarlos al alcance de cualquier persona, implicaría violaciones a los secretos bancarios o fiduciario.

Ocultamiento

De no haber una impugnación ante el IFAI por esa decisión, no podrá conocerse la forma en que la paraestatal entrega franquicias por lo menos hasta 2016. Mientras tanto, en el análisis elaborado por la Sener se advierte que, dado el crecimiento de la demanda de gasolinas para los próximos 20 años, se requerirán tres reconfiguraciones pendientes y el establecimiento de varias nuevas refinerías para atender el mercado interno.

“De hecho se estima que será necesaria la construcción de una nueva refinería cada tres cuatro años, durante las próximas dos décadas, si es que se quisiera abatir totalmente las importaciones de gasolinas para 2008”, destaca el estudio.

Los datos duros empleados por la Sener para convencer a los legisladores de permitir la participación de inversiones privadas en Pemex, así como su promesa de trabajar para mejorar la rendición de cuentas contrasta con el hecho de que 5 mil 670 expedientes sobre la comercialización de refinados permanezcan bajo resguardo durante siete años.

Si bien buena parte de esos documentos permanecen ahí desde el sexenio pasado, otros corresponden exclusivamente a decisiones del gabinete calderonista. Un paquete de unos 2 mil 701 contratos, por ejemplo, fue enviado al Índice de Expedientes Reservados el 10 de enero de 2007, cuando Felipe Calderón tenía alrededor de un mes de haber rendido protesta ante el Congreso de la Unión.

Ya en 2008, cuando en la Cámara de Diputados y en el Senado se esperaba que en cualquier momento se enviara una iniciativa para la reforma energética, los directivos de Pemex enviaron a la reserva otros 631 expedientes sobre comercialización de refinados. De hecho, según los datos disponibles, el registro de estos data del pasado 15 de enero y pueden permanecer ahí hasta 2015.

En lo que se refiere a la comercialización de crudo, Proceso localizó al menos 3 mil 593 expedientes enviados al Índice de Expedientes reservados, y en torno de la comercialización de petroquímicos se ubicaron alrededor de 2 mil 580 archivos. La tendencia es siempre la misma: se trata de clasificaciones paulatinas que abarcan desde 2004 hasta 2007, que se escudan en el “secreto industrial” y con el argumento de que liberarlos comprometería la seguridad nacional.

Lo mismo han colocado en ese sistema administrado por el IFAI expedientes susceptibles de ser abiertos mediante versiones públicas, que otros sobre temas como cuentas bancarias, contratos con bancos, deuda documentada de Pemex-Refinación, pagos a terceros proveedores, la modernización de la flota petrolera y hasta decisiones generadas por los Consejos de Administración de Pemex-Petroquímica Básica, Pemex-Exploración y Producción, así como de la propia Dirección General de la paraestatal.

Desde que se inició el debate con motivo de la reforma energética, el secretario general del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps, ha permanecido en la sombra. La relación entre este líder y el mandatario panista ha sido tersa. Ambos estrecharon cordialmente sus manos el pasado 18 de marzo durante el acto oficial para conmemorar el 70 aniversario de la Expropiación Petrolera en el puerto de Dos Bocas, Tabasco.

El dinero manejado en el Fideicomiso de Cobertura Laboral y Vivienda está protegido durante el gobierno calderonista. El gabinete de Vicente Fox actuó de la misma manera de 2003 a 2006, según consta en los registros localizados por este semanario. El primero que podrá liberarse será hasta el año 2013. El llamado Fondo Laboral de Pemex recibe el mismo trato de secrecía. No obstante, a diferencia del caso anterior, la protección a sus corridas financieras está garantizada desde los convenios firmados en 1998 hasta 2007.