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jueves, mayo 01, 2008

Impondrá PRIAN su dictadura



Tomados de El Universal, Helioflores y Naranjo.


Prisa tenían los “legisladores” por debatir una vez que las tribunas de las cámaras de senadores y diputados fueran “liberadas” por el Frente Amplio Progresista. Pocas horas les bastaron para aprobar al vapor, sin debates, sin saber siquiera qué es lo que votaban, diversas leyes que afectarán a México y a los mexicanos. Para eso querían la “normalidad” democrática. Para seguir levantando el dedo y cobrar puntualmente cada quincena sin trabajar.

El costo de los 500 “legisladores” de la Cámara de Diputados durante el presente año será de más de cinco mil millones de pesos, uno de los más altos del mundo, mientras que cada uno de los 128 senadores cobra al mes 233,378 pesos por ir a sentarse y a veces ni eso al Senado de la República. Su “trabajo” es ir a levantar el dedo y aprobar, la mayoría de las veces, leyes lesivas para los mexicanos. En pocas palabras estamos pagando cantidades millonarias de dinero a un grupo selecto de parásitos que legislan en contra de los mexicanos y a favor de los poderes fácticos, de los grandes empresarios, de los grandes evasores de impuestos y defraudadores.

Y no es mentira, la Lotería Nacional, un ente del gobierno federal, cuya junta es presidida por el propio secretario de Hacienda del gobierno usurpador Agustín “Tonina” Carstens tramitó un amparo para dejar de pagar el IETU. Es decir el encargado de proponer y hacer cumplir el IETU no está dispuesto a pagarlo, al igual que los grandes empresarios que ya se ampararon para seguir, como siempre, sin pagar impuestos.

Legislan a modo y conveniencia. Como el caso del PRI y PAN que quieren tener “legisladores” en el Distrito Federal, cuando en la urnas no los consiguen y para ello “legislan” de tal forma que aunque la gente no vote por ellos, tengan “representantes populares”, pero representantes de quién si no votaron por ellos. Se supone que los “legisladores” son elegidos por la ciudadanía, pero ahora el PRIAN pretende mandar sobre ciudadanos que no votaron por ellos, sino precisamente votaron en contra de que ellos estuvieran en los órganos de gobierno. Imponer a “legisladores” es un acto de las dictaduras, nunca de las democracias. Eso es precisamente lo que aprobó el PRIAN, sin debate, ni oposición y en unos cuantos minutos.

Varias de sus leyes al vapor son en contra de la población y del desarrollo armónico del país. Ahora mediante “leyes” se impondrá la dictadura. Si las marchas y manifestaciones públicas no les parecen, pues hay que legislar para evitarlas y mandarlas a un manifestódromo, donde no molesten. Con ello pretenden conculcar los derechos constitucionales, que son violados por cotidianamente por el pelele Felipe Calderón Hinojosa y su gavilla.



Los siguientes materiales fueron tomados de la revista Proceso.









Al vapor, sin debate, leyes peligrosas


Jenaro Villamil

Quince días con las dos tribunas del Congreso ocupadas por legisladores del Frente Amplio Progresista, del 10 al 25 de abril, lograron evitar el “albazo” a la reforma energética propuesta por Felipe Calderón, pero los diputados y senadores del resto de los partidos aprobaron, en sedes alternas y en menos de dos semanas, modificaciones a 25 leyes, sin ningún voto en contra y sin discusión de fondo, en claro fast track.

Estos fueron los auténticos “albazos” legislativos que no pudieron evitar el FAP ni las “adelitas”. A pesar de que el PRI y el PAN y varios medios de comunicación acusaron a legisladores del PRD, PT y Convergencia de mantener “secuestrado” el Congreso, en las sesiones alternas, aun con problemas de quórum, PRI y PAN aprobaron modificaciones de fondo a leyes como la de Adquisiciones, al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a una decena de normas relacionadas con las instituciones de crédito y hasta al propio artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General.

El martes 22 los senadores aprobaron 19 dictámenes. A través de los cambios a la Ley de Adquisiciones se permitirá la trasnacionalización de las compras del sector público –incluyendo, por supuesto, a Pemex– y se establecen los mecanismos de subasta electrónica y subasta en reversa, a pesar de la frontal oposición de empresas afiliadas a la Canacintra y a la Concamín.

Sin consultar a los propios consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal, menos a las autoridades capitalinas, y con el firme apoyo del senador René Arce y de la presidenta de la Cámara de Diputados Ruth Zavaleta, ambos perredistas y antilopezobradoristas, el Congreso aprobó por la vía rápida modificaciones a 10 artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que debilitan la autonomía del IEDF, disminuye a 40 el número máximo de diputados electos de cada partido, autoriza la creación de partidos locales y reduce de siete a dos años el encargo del actual presidente del instituto, Isidro Cisneros.

Se aprobaron también cambios a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que prácticamente desaparecen la jurisprudencia de la llamada “causal de nulidad abstracta” que permitía la anulación de las elecciones por la inequidad en la cobertura de los medios o la injerencia de las autoridades estatales o federales.

Legislar al vapor fue la consigna. En todas las sesiones anteriores a la “toma” de la tribuna, ocurrida el 10 de abril, sólo se habían discutido y aprobado 13 dictámenes, contra los 25 de las últimas dos semanas, según el registro de la Gaceta Parlamentaria del Senado.

La única ley que ni siquiera se ventiló en tribuna fue la de Radio y Televisión y la de Telecomunicaciones, a pesar de que los tres principales partidos en el Senado se habían comprometido a dictaminar las reformas antes de que culminara el mes de abril.

Otra ley que quedó suspendida fue la Ley del Libro que autoriza el precio único. Una semana antes de la toma de la tribuna, el jueves 3 de abril, la Gaceta Parlamentaria del Senado incluía el dictamen a discusión. Seis representantes de la industria editorial estuvieron presentes en la sesión. De improviso, la Mesa Directiva decidió quitarla del orden del día, ante el visible descontento de la senadora María Rojo.

Durante estos 15 días la Ley del Libro fue una de las pocas que no fueron “mayoriteadas” por el PRI y el PAN, ya que se le incluyó un polémico artículo transitorio que prácticamente anularía la posibilidad del precio único.

Pemex y las adquisiciones

El martes 22 de abril, con 80 votos a favor y ninguno en contra, en menos de diez minutos el Senado de la República aprobó las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, reglamentaria del artículo 134 constitucional, que una semana anterior fue aprobada en la Cámara de Diputados.

El diputado Eduardo Sánchez, promotor de la iniciativa, rechazó en entrevista que estas reformas formaran parte del “paquete alterno” de leyes para permitir la apertura al capital privado en Pemex.

“No tienen que ver con Pemex. Son cortinas de humo que se han creado”, afirmó el legislador del PRI. Acusó a la Canacintra de encabezar la oposición a esta reforma porque “le pega a sus utilidades” y consideró que gracias a las subastas electrónicas, en tiempo real, se abatirá la corrupción. Aclaró que se le hicieron modificaciones para incorporar a un subastador gubernamental, centralizado, y para que las pequeñas y medianas empresas participen en las subastas.

Mientras el diputado priista defendía ante este reportero su iniciativa, en el Senado la ley se aprobó sin mayor trámite antes de las 12 del día. Eduardo Sánchez recibió dos llamadas de felicitaciones: de Emilio Gamboa, coordinador de los diputados del PRI, y de Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Este último le aclaró que si se generaban críticas, les recordarían a quienes las hicieran que en el Distrito Federal, desde la administración de Cuauhtémoc Cárdenas y durante el gobierno de López Obrador se aplicaron las subastas en reversa.

Eduardo Sánchez recuerda que el día que se iba a discutir en la Cámara de Diputados la ley de adquisiciones, tomaron la tribuna. El PRD puso de condición que no se aprobara, a cambio de dejar la tribuna de San Lázaro, rememora el diputado. Sin embargo, una votación unánime en el interior de la fracción del PRI forzó la decisión para que el jueves 17 de abril se aprobara en Cámara de Diputados.

La senadora Yeidckol Polevnsky hizo todo lo posible por frenar la aprobación en el Senado. Le reclamó a Santiago Creel, presidente de la cámara alta, que la hubieran agendado para el martes 22. Creel le respondió: “¿Cuál es el problema? Gracias a esta ley el gobierno va a comprar más barato”.

Polevnsky fue la única senadora del PRD que estuvo en la sesión realizada en la sede alterna del piso 5 de la Torre del Caballito para exponer su oposición a la iniciativa, a pesar de que ya la habían aprobado el PRI y el PAN con 80 votos a favor.

La exdirigente de la Canacintra argumentó en la tribuna, en medio de los chiflidos y de las burlas de senadoras del PAN como Teresa Ortuño y Beatriz Zavala, que esta ley tiene problemas de anticonstitucionalidad.

Polevnsky arguyó que en el país todas las dependencias le compran al extranjero, pero en territorio nacional. “No hay razón alguna para que se realicen las licitaciones en otra tierra, en otro país y con otras leyes”, subrayó.

Para la senadora perredista, los cambios a favor de las pequeñas y medianas empresas constituyen una “tomadura de pelo” porque las empresas de menor tamaño sólo podrán participar en los supuestos de excepción, que son compras menores a los 100 mil pesos.

Polevnsky afirmó que esta iniciativa “es meramente una propuesta de extranjerizar lo que falta de las compras del gobierno de este país, que se compran con recursos del erario público”.

Objetivo, el Distrito Federal

A iniciativa del senador René Arce, el Senado aprobó el 22 de abril cambios a 10 artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal que pueden derivar en una controversia por presuntas contradicciones con el artículo 41 de la Constitución. Dos días después, el 24 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la minuta proveniente del Senado, aun cuando existían serías dudas sobre el quórum en la sesión, presidida por Ruth Zavaleta.

Las modificaciones aprobadas constituyen una limitación a la autonomía del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). Permiten que el acceso a los partidos políticos a medios de comunicación durante los comicios se realicen a través del IFE, que la autoridad local puede convenir con el IFE que éste organice los procesos electorales locales, disminuyen de siete a dos años el encargo del presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, y autoriza la anulación de las elecciones de jefe de Gobierno, diputados locales y jefes delegacionales sin señalar las causales en el propio Estatuto de Gobierno.

El actual presidente del IEDF, Isidro Cisneros, consideró que estas reformas constituyen “una intromisión grosera” de los partidos políticos en la autonomía del organismo, son un “golpe de Estado técnico” y crean una crisis política en la Ciudad de México.

Cisneros afirmó que lo más grave de estos cambios es que afectarán el proceso del 2009, cuando estaban en marcha decisiones como la compra de urnas electrónicas y permitir el voto de los capitalinos que viven fuera. Cerca de 800 mil de ellos que viven en el sur de Estados Unidos están en proceso de incorporarse al padrón del Distrito Federal.

Cisneros consideró que estas reformas son resultado de la crisis interna del PRD. La corriente de René Arce, que impulsó esta iniciativa, busca crear tres nuevos partidos políticos locales que ya solicitaron registro ante el IEDF. Patria Nueva, Fuerza Democrática y Movimiento Social Democrático se identifican como cercanos al grupo de Arce y Nueva Izquierda en el Distrito Federal.

La decisión de impulsar la aprobación fast track de estos cambios se tomó, al parecer, el mismo día de la toma de las tribunas. La noche del jueves 10 de abril, en el hotel Meliá del Paseo de la Reforma, se reunieron los senadores Federico Döring, del PAN, María de los Ángeles Moreno, del PRI, y el propio René Arce, integrantes de la comisión del Distrito Federal, para acordar el albazo legislativo.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fracturada entre la corriente Nueva Izquierda, representada por Víctor Hugo Círigo, y los grupos contrarios, todos del PRD, deberá ratificar o rechazar estos cambios. El área jurídica del gobierno de Marcelo Ebrard analiza la posibilidad de vetar o de realizar una controversia constitucional la reforma.

Para el diputado local Gerardo Villanueva Albarrán, estas modificaciones al Estatuto de Gobierno “violan la igualdad jurídica del Distrito Federal respecto a los demás estados, debilita al Instituto Electoral del Distrito Federal, anula prácticamente la representación proporcional, sustituyendo a los candidatos de partido por candidatos de mayoría, elimina arbitrariamente la representación mayoritaria por voluntad popular, limitando el número de diputados a que pueden acceder los partidos políticos o, más grave aún, las coaliciones”.


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Diálogo


josé gil olmos

México, D.F., 30 de abril (apro).- Juan Camilo Mouriño sigue demostrando una enorme incapacidad e ignorancia para ejercer la figura de representante del gobierno. Ante la posibilidad de diálogo con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) vuelve a errar tratando de que el grupo armado claudique antes de empezar las conversaciones, con lo que no hace más que cancelar cualquier acercamiento.

Débil como secretario de Gobernación, Mouriño desdeñó ser el representante directo en las conversaciones y designó al subsecretario Abraham González para que dé seguimiento a la propuesta de dialogo del EPR.

Además, de entrada constriñó la propuesta del EPR de que se formara una comisión de intermediación, al exigir que el diálogo sea directo y, además, le quitó valor a la principal petición de este grupo: la aparición de sus dos compañeros: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 20 de mayo del año pasado.

Lo que Mouriño pretende es que el EPR desista de sus principios de lucha, principios que han mantenido desde hace 40 años, pues los orígenes del grupo guerrillero se encuentran en el Partido de los Pobres y en el Partido Revolucionario Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), los cuales buscan un cambio de forma de gobierno en el país.

El amigo de Felipe Calderón quiere llegar a la mesa y encontrar una carta de rendición más que a un interlocutor con el que tenga que abordar temas nacionales, como la desaparición y asesinato de al menos 30 luchadores sociales en lo que va del presente gobierno y casi 500 desde la administración de Vicente Fox, de acuerdo con los datos de la propia guerrilla.

Mouriño pretende iniciar el dialogo ante un interlocutor postrado, vencido y amenazado de ser llevado a prisión por las bombas a los gaseoductos de Pemex “y otros actos delictivos que han sido denunciados”. Eso no es dialogo.

¿Cómo se le ocurre al joven campechano-gallego iniciar el diálogo con el EPR con la amenaza de que pueden ser detenidos en cualquier momento? ¿Cree que los eperristas acudirán al encuentro en una situación de desventaja? ¿Acaso no conoce cómo se fracasó cuando se dieron las negociaciones con el EZLN en San Andrés Larrainzar cuando se intentó amenazar a los indígenas con órdenes de aprehensión?

Es evidente que la única pretensión de Mouriño es la de rescatar su alicaída figura de secretario de Gobernación y fortalecer su imagen aprovechando el foro que puede proporcionarle una diálogo directo con el EPR, bajo las condiciones que él mismo quiere imponer.

Porque desde que llegó a la Secretaría de Gobernación, el empresario no ha dado una como político. Su capacidad de interlocución es mínima y nadie le da su lugar como responsable de la política interna.

Pero aun cuando sus intenciones sean muy individuales, el hecho de aceptar el diálogo con los eperristas tiene implicaciones que, al parecer, no ha previsto.

El EPR es una guerrilla con cuatro décadas de vida que tiene presencia militar en el sur y el Bajío, y en menor medida hacia el norte del país. Está considerado por la propia Secretaría de la Defensa Nacional como la guerrilla más peligrosa por el manejo que tiene de los explosivos. Tiene bases de apoyo desde hace décadas y principios revolucionarios, como la transformación de la sociedad hacia el socialismo, que difícilmente habrán de ceder en una mesa de diálogo.

Es un grupo que ha demostrado tener capacidad de combate y de resistencia, y con posiciones más duras que las otras agrupaciones guerrilleras, como el EZLN.

Y si Mouriño quiere intimidarlos antes de sentarse a dialogar, lo único que va a provocar es tensar más la cuerda, radicalizar posiciones y las acciones guerrilleras, ocasionando una situación de mayor violencia, que bien pudo prevenir con una actitud menos soberbia y déspota, como lo está mostrando hasta el momento.

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La siguiente crónica fue tomada del diario El Universal.





http://www.eluniversal.com.mx/nacion/159161.html




Última sesión entre fiesta y encontronazos


Fidel Samaniego
El Universal
Jueves 01 de mayo de 2008
fidel.samaniego@eluniversal.com.mx


Como en el primer día, en el último del periodo ordinario de sesiones, ellos tres se reunieron, desayunaron, platicaron, bromearon, negociaron, se pusieron de acuerdo y... lo demás fue lo de menos.

Los llamados “Tres alegres compadres”. Héctor Larios, del PAN; Javier González Garza, del PRD, y Emilio Gamboa, del PRI. Los coordinadores de sus grupos parlamentarios en San Lázaro. Los que se sentaron a una mesa en el llamado “SPAN”, las oficinas pintadas de blanco y azul. En algún momento se les unió Alejandro Chanona, de Convergencia.

Y cuando salieron, fueron a la reunión de la Junta de Coordinación Política para dar a conocer a los demás que el candidato, y de hecho ya el elegido para ocupar el cargo de contralor general del IFE sería Gregorio Guerrero. Todo arreglado, todo planchado. Ya en el salón de plenos no valieron las últimas maniobras para impedirlo. Y se consumó su nombramiento.

Los tres. Los que se han hecho tan amigos. Los que ayer se volvieron a reunir sin importar ya lo pasado, la toma de tribuna, las acusaciones de albazos. Y tras el desayuno también en la sesión, sin mayores problemas, se pudieron aprobar los dictámenes que importaban.

Así, quedó lista la reforma constitucional para que la edad mínima para ser gobernador quede establecida en 30 años. Un cambio que parece tener dedicatoria en favor del joven senador priísta campechano Alejandro Moreno, quien le dice “jefe” a Manlio Fabio Beltrones, y dicen que es amigo de su paisano Juan Camilo Mouriño.

Tiempo hubo también para que la Cámara de Diputados determinara cambiar el formato de la presentación del informe presidencial. La minuta fue enviada al Senado, allá le darán trámite en el periodo extraordinario de sesiones. Y después a los congresos de los estados.

Y mientras continuaba la última sesión, del otro lado de la puerta, en el vestíbulo del Palacio Legislativo había fiesta. Música, bailables y mezcal de Oaxaca. Una buena comida. Excelente el café. El banquete, en honor del cuerpo diplomático. De buen humor platicaron la canciller Patricia Espinosa y la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta.

Sin embargo, ahí hubo un incidente. El embajador de Colombia, Luis Camilo Osorio, pidió a la panista Maru Campos que lo acercara con Cuauhtémoc Sandoval del PRD. Pero éste le dio la espalda. La legisladora le dijo a su compañero que el diplomático quería charlar con él. “¡Nada tenemos que hablar!”, exclamó Sandoval y se fue a otro lado.

San Lázaro. De fiesta y de encontronazos. Poco antes de las ocho de la noche, vestida de blanco, Ruth Zavaleta declaró clausurado el periodo de sesiones. Cantaron el Himno Nacional. Se abrazaron, se despidieron, se marcharon. Las vacaciones habían comenzado.