Cobardía y ridiculeces*

Tomado de La Jornada, Helguera.

John M. Ackerman

Envalentonado por su encuentro con el presidente más repudiado de la historia de Estados Unidos, Felipe Calderón soltó en Nueva Orleáns lo que no se ha atrevido a decir en su propia tierra: que el PRD, en medio de su propia crisis interna, “hoy vive un empobrecimiento de su imagen pública por comportamientos que simple y sencillamente lo ponen en ridículo”. Con tales afirmaciones, el jefe del Ejecutivo se presenta como un orgulloso heredero de su predecesor, Vicente Fox, quien nunca dudó en utilizar la figura presidencial para denostar a sus opositores e intervenir de manera burda e ilegal en las contiendas electorales.

La situación actual es efectivamente ridícula, pero no por la actuación de los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) o la resistencia civil pacífica de Andrés Manuel López Obrador, sino por la cobardía y la cortedad de miras del presidente Calderón y del PAN. De la misma forma en que violaron la ley para apropiarse de la silla presidencial en 2006, hoy buscan desterrar de la escena política a la izquierda parlamentaria.

Parece que nuestros gobernantes han olvidado la filosofía de don Jesús Reyes Heroles, quien, bajo el lema de “lo que resiste apoya”, daba la bienvenida a las manifestaciones de la oposición. La disidencia política fortalece la democracia al abrir espacios para la participación de las más diversas voces y puntos de vista. En contraste, la utilización del poder público para denostar y descalificar al rival es la mejor receta para agravar las diferencias y atizar la conflictividad social.

La falta de disposición para debatir auténticamente las iniciativas de reforma en materia energética revela el tamaño del miedo que tiene la Presidencia a la población mexicana. Al más viejo estilo priista, Calderón prefiere recurrir a acuerdos cupulares que le aseguren el fast-track, en lugar de abrirse al intercambio plural de ideas y propuestas.

Tales actitudes son reprobables en general, pero son aún más peligrosas cuando se trata de reformas que tocan las fibras medulares de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución de cada país cuenta con ciertos artículos que la distinguen y que reflejan sus “decisiones políticas fundamentales”. Estos son los pactos fundacionales de la República que constituyen la columna vertebral del régimen. En la Carta Magna de Estados Unidos, por ejemplo, la primera enmienda que defiende la libertad de expresión es uno de los apartados clave. En México, nuestros artículos 3º, 123 y 27, que versan sobre nuestros derechos a la educación, al trabajo y al control de la nación sobre los recursos naturales, constituyen el trípode de los elementos más sagrados de nuestra Constitución.

No hay duda de que las iniciativas de reforma energética presentadas por Calderón implican la privatización de la industria petrolera, y, por lo tanto, violan el artículo 27 de la Carta Magna. El mismo Cuauhtémoc Cárdenas ha sido tajante al respecto. Al permitir la entrega a particulares de refinerías y de la infraestructura necesaria para transportar y almacenar el petróleo, se transfieren a manos privadas actividades que antes eran exclusivamente estatales. Ya el doctor Gregorio Vidal nos ha recordado que en su decreto de expropiación Lázaro Cárdenas nacionalizó no solamente el subsuelo, sino también toda la infraestructura de las empresas petroleras. “Se declaran expropiados por causa de utilidad pública a favor de la Nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles propiedad de la compañía….”, sentenció el general Cárdenas en 1938.

En los hechos los únicos responsables de que no se hayan aprobado las iniciativas enviadas por Calderón son los propios legisladores del PAN y el PRI. Las cámaras de Diputados y de Senadores no han perdido una sola sesión, y las comisiones legislativas siguen funcionando de manera normal. Las “Adelitas” se replegaron desde el viernes 18 de abril. Así como la coalición gobernante reformó por si sola la Ley de Adquisiciones, perfectamente pudo haber aprobado la reforma petrolera desde el primer día en que se presentó.

Pero los legisladores reunidos en las sedes alternas no se han atrevido a aprobar las iniciativas por una razón de cinco letras: miedo. Les da pavor realizar reformas de tal envergadura sin el cobijo de sus recintos legislativos y sin el apoyo legitimador de unos cuantos legisladores de oposición. Saben que la aprobación de una reforma en estas circunstancias les costará muy caro en las próximas elecciones legislativas de 2009.

De forma lamentable, el gobierno calderonista y sus aliados han vuelto a recurrir a sus típicas tácticas de guerra sucia para descalificar y amedrentar al opositor. La buena noticia es que los gritos desesperados en contra del “secuestro” del Congreso y del supuesto “golpe de Estado” organizado por López Obrador, no son más que patadas de ahogado de un grupo gobernante que se sabe derrotado.

Con la toma de la tribuna, el FAP ha logrado una doble victoria. Primero, detuvo la aprobación de las iniciativas durante el período ordinario, abriendo espacio para la reflexión serena y objetiva por parte de la sociedad mexicana. Segundo, se anotó otra victoria simbólica al demostrar a la ciudadanía que la iniciativa de Calderón es francamente privatizadora y anticonstitucional. Gracias a la valentía de Javier González Garza, Carlos Navarrete y todos los legisladores que han sacrificado sus días y noches en la tribuna, la aprobación de las propuestas del Ejecutivo será mucho más difícil, y el eventual aval a una versión light de las mismas implicará un altísimo costo político para el PRI y el PAN en las próximas elecciones federales.

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Atrapados por la ambición*


Álvaro Delgado

Entre el escepticismo y la división, los panistas

reforman sus estatutos con el propósito, según

los impulsores del cambio, de hacer al partido más competitivo y terminar con las imposiciones. Pero

algunos militantes sostienen que las reformas no son la panacea ni terminarán con las diferencias

internas; otros aseguran que las pugnas se han

multiplicado a todos los niveles y proponen cerrar

filas para evitar que el PAN caiga en los jaloneos

de caudillos políticos.

Juan José Rodríguez Prats, a quien Carlos Castillo Peraza acogió tras una militancia priista de tres décadas, es escéptico de la reforma a los estatutos del PAN, cuyos promotores la presentan como la panacea ante las cruentas pugnas intestinas.

“El PAN tiene fuertes resistencias internas a aceptar candidatos externos y a ser competitivo. Es más un problema de cultura política que normativo y eso no se modifica con estatutos”, diagnostica el legislador y advierte que la reforma –cuya aprobación estaba prevista para este sábado 26, en la Asamblea Nacional Extraordinaria de ese partido– “ayuda, pero no es la solución”.

Y puntualiza, para dar la “exacta dimensión” a los cambios estatutarios propuestos desde la gestión de Manuel Espino: “Las leyes son ensayos, experimentos. Hasta que se aplican demuestran si sirven. Y eso está por verse. Depende de muchos factores: de los hombres, de las instituciones, de los momentos históricos, de las circunstancias.”

–¿De las ambiciones?

–¡Sí, de las ambiciones!

–Porque la lucha por el poder en el PAN es brutal.

–¡Sí, claro! Somos un partido político.

–Y a menudo hay conflictos peores que los del PRD.

–Sí, sí, por qué sorprenderse. ¡Llegamos al poder! ¡Se llega al poder y se complican las cosas!

Y sí: Hundido en continuos conflictos por la disputa de posiciones por cargos directivos y por candidaturas a puestos de elección popular, que lo han convertido en el partido con más litigios promovidos por sus militantes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el PAN apuesta a que la reforma estatutaria ponga fin a las riñas intestinas y, además, lo acerque a las ciudadanos.

La intensa discordia entre facciones, que se reproduce en todos los estados del país y a todos los niveles –y la solución que se ofrece con nuevos estatutos–, la ejemplifica el choque que mantienen en Puebla Ana Teresa Aranda, subsecretaria de Gobernación, y el senador expriista Rafael Moreno Valle.

Prematuramente enfrentados por la candidatura del PAN para suceder a Mario Marín en la gubernatura en 2010, Aranda acusó a Moreno Valle –operador financiero de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo– de tener a su servicio a ese partido en Puebla, lo que desaparecerá, vaticinó, con la reforma de los estatutos.

“Rafael no sólo tiene abierta la puerta del comité municipal, sino que tiene al comité estatal a su servicio. Creo que el cambio de estatutos cambiará las cosas para el PAN y ya no podrá haber comités al servicio de nadie”, sentenció Aranda sobre Moreno Valle, a quien tilda de ser parte del “drenaje” priista que ha ingresado a su partido.

–¿Esto se va a acabar con la reforma a los estatutos? –se le pregunta a Rodríguez Prats

–¡No! Hay una obsesión de los mexicanos de querer transformar todo con leyes. El derecho sirve para muy poco y, a veces, es más lo que estorba. ¡Cuidado!

Pleitos por el poder

La subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación integró la comisión de reforma de estatutos, que presidió Carlos Abascal, y de la que formó parte Ernesto Ruffo Appel, el primer gobernador en la historia del PAN, quien –desde septiembre del año pasado– habló de pugnas generalizadas por el poder.

“Es algo que, hablando como médicos, obedece a una sintomatología en la institución a nivel nacional”, expuso Ruffo, en entrevista, quien la definió como la “onda grupera”: La conformación de facciones para la conquista y retención del poder en el PAN y en los gobiernos de esos signos a los tres niveles.

“La onda grupera está consustancialmente unida al control de la militancia. Los de la onda grupera, que son principalmente los que controlan la nómina y los que crean un pacto en el gobierno, procuran que los padrones panistas se encuentren limitados, no dejan entrar a gente nueva y entonces dominan las convenciones. Y la otra es la nómina: los que están en el gobierno quieren imponer a su sucesor, porque quieren continuar con el hueso” (Proceso 1613).

Consultado otra vez, al cabo de que fue pospuesta por segunda ocasión la Asamblea Nacional prevista primero para junio de 2007 –cuando la facción encabezada por Felipe Calderón impidió su discusión– y luego para enero de este año –ya con Germán Martínez como presidente–, el exgobernador de Baja California reconoce que es muy difícil terminar con esta dinámica de facciones.

“Pero estamos haciendo lo correcto para evitar que las fuerzas que han estado a punto de trastocar los principios fundamentales del PAN se vuelvan a reencauzar”, expone Ruffo, quien insiste en que las pugnas internas se han multiplicado a todos los niveles.

–¿Hay riesgo de que ahora Calderón imponga a quienes él desee y margine a quienes vea como adversarios, como ocurrió con la elección de Martínez?

–Lo que veo siempre es la fortaleza del Consejo Nacional, la institución del PAN a mi juicio es la que ha preservado la superioridad de la institución frente a personas o grupos de interés. Por eso nos hemos salvado y hemos mantenido un orden institucional a nivel nacional.

“Que Calderón sea un representante distinguido del PAN no quiere decir que dirija absolutamente el PAN. Sí es muy influyente, no lo podemos negar, pero el Consejo Nacional hace que prevalezcan los objetivos del partido y no los grandes personajes.”

Ruffo, quien enfrentó a Calderón por la presidencia del PAN en 1996, considera que su opinión es importante, pero piensa que su objetivo es fortalecer al PAN.

–¿No ve al PAN subordinado al gobierno, sobre todo porque el primer cambio en el gabinete fue de Martínez como secretario de la Función Pública para irse al PAN?

–Lo que veo es que el PAN es un partido que busca estar por encima de las razones particulares del grupo en el poder. Sí han pasado cosas en algunos estados y estos afanes de grupo representados por personajes rebasan muchas veces al PAN, pero yo identifico claramente que el señor Calderón sabe del valor superior que tiene que la institución funcione como tal y no a consecuencia de la fuerza política personalísima de algunos individuos, como está pasando en otro partido.

“Debo reconocer que hemos estado muy cerca de que nuestro partido caiga en los jaloneos de caudillos políticos, pero intentamos superarnos de esos, que es una de las razones que al mismo país lo retan, porque qué tanto no le pasa el PRI y al PRD de lo mismo.”

Y es que la disputa por el poder ha llevado al PAN a convertirse en el partido que más litigios lleva al TEPJF. Las cifras las proporcionó el propio Martínez poco antes de ser candidato único a la presidencia del PAN y, después, ungido como tal.

Mientras que militantes del PAN promovieron 884 juicios ante el TEPJF, entre noviembre de 2006 y septiembre de 2007, sólo 206 perredistas acudieron a esa instancia, así como 96 priistas. “¡Somos el partido con más conflictos en el Tribunal Electoral y esto se tiene que acabar!”, proclamó Martínez, quien se propuso desactivar los conflictos.

Del odio al amor

Martínez, sin embargo, fue uno de los más tenaces opositores a la reforma estatutaria propuesta por Espino antes de que abandonara la presidencia del PAN, que comenzó con el repudio que montaron los allegados a Calderón en la Asamblea Nacional, celebrada en León, Guanajuato, en la que justamente se planeaba aprobar ese proyecto.

Para ello desde la Oficina de la Presidencia, a cargo de Juan Camilo Mouriño, y desde la secretaría particular, con César Nava, se instrumentó una estrategia para evitar el quórum de la sesión del Consejo Nacional del 19 de mayo de 2007, un día antes de las elecciones de Yucatán y sabotear el proyecto de reforma estatutaria, tal como lo describió Espino a Proceso.

“¡Fue un acto de traición y cobardía!”, sentenció Espino. “Es una actitud muy cobarde, porque si no tienen argumentos para ir en contra de la propuesta de reforma de estatutos, que permitan que los que sí tienen argumentos para impulsarla los expongan, o si tienen argumentos que vayan a la sesión donde se iba a debatir el contenido del proyecto de reforma de estatutos.”

Y apuntó a los operadores de Calderón: “Es muy lamentable sobre todo en un partido que hoy está en la responsabilidad de gobierno, y lo más lamentablemente es que personas que laboran en ese gobierno se hayan dedicado a desalentar la asistencia al Consejo Nacional.”

Con malicia, Espino aludió a Calderón

–“o le están dando la espalda al presidente o hay un doble discurso”–, quien en la Asamblea Nacional de León convalidó la rechifla que lo defenestró, aunque Germán Martínez, su sucesor, retomó la reforma y ratificó a Abascal como responsable de la comisión.

Ésta es integrada por personajes identificados con Calderón, como Alejandra Sota, publicista de la Presidencia de la República; la diputada federal María Elena Álvarez Bernal; Ana Teresa Aranda, y el diputado Rogelio Carvajal. Además, Rosario Castro Lozano, exalcaldesa de Lerdo, Durango; Esther Quintana Salinas, presidenta del PAN en Coahuila; Juan Carlos del Río, excandidato al gobierno de Campeche; José Luis Coindreau, exsecretario de Gobierno de Nuevo León y expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organismo del que proceden también Carlos Amaya Rivera y el propio Abascal.

Las reformas a los estatutos propuestas por la comisión modifican el procedimiento de afiliación, regulan las precampañas y los métodos para elegir candidatos a puestos de elección popular mediante procesos equitativos y con reglas claras, supervisados por órganos electorales independientes e imparciales, y se introduce la segunda vuelta.

Se crea la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), un órgano a la manera del Instituto Federal Electoral (IFE), integrado por siete comisionados con militancia activa de al menos 10 años de antigüedad, electos por el Consejo Nacional a propuesta del presidente del PAN y que durarán seis años en el cargo, con reelección por un período más.

La CNE tendrá representaciones en cada uno de los estados del país, encabezadas por una Comisión Estatal Electoral, que a su vez designará a comisiones municipales y distritales. La última palabra, sin embargo, será de la instancia nacional.

Con el propósito de abrir el PAN a la sociedad, según la reforma, los procesos de afiliación dejarán de tener “un enfoque de control político, a un proceso que busque continuamente la calidad de la militancia”, medida acompañada de la eliminación de cuotas obligatorias.

Otro cambio relevante en los estatutos es el establecimiento de un criterio de equidad de género para los órganos de dirección del PAN: deberán estar integrados por, al menos, 40% de un mismo género.

Y uno más tiene que ver con la separación de los dirigentes partidistas que busquen un puesto de elección popular: lo deberán hacer con un año de anticipación, una propuesta que ha concitado inconformidad, sobre todo porque hay quienes tienen esa doble condición o utilizan el cargo para garantizar una posición vía lista plurinominal.

Al respecto, Ruffo Appel expone que “esta propuesta de reforma se hace con todo el interés de que los funcionarios del partido se dediquen a cumplir los objetivos partidistas, no que haya la posibilidad de que anden sobreponiendo intereses personales de candidaturas sobre las funciones del partido”

Por eso, añade, se puso esa limitación. “Hay algunos de los funcionarios del partido que lo ven como una limitación a sus estrategias de candidaturas, pero lo que queremos es que el PAN sea una institución para proponer a los mejores hombres y mujeres al gobierno, y las estructuras del partido son fundamentales para hacer una buena tarea de ese propósito.”

–Con el trabajo de la comisión, ¿se pone fin a la “onda grupera”?

–Eso es lo que estamos buscando, pero esto no es nada más en el PAN. Es una característica de los mexicanos independientemente del partido en que estemos. Siempre estamos buscando cómo hacernos del poder. En el PAN lo que estamos buscando es que se sobreponga la institución a los intereses personales de poder, es un intento por superar esta realidad que a veces descarrila los propósitos del partido. Ese es el espíritu de la reforma.

Y Rodríguez Prats completa: “Soy escéptico. Los estatutos son una herramienta normativa, ayudan cuando dan flexibilidad –que es lo que se está buscando–, pero tampoco los estatutos resuelven el problema. Veámoslos en su estricta dimensión: Nos van a ayudar, pero no son la solución.”

*Tomados de la revista Proceso.