Rebasar con puro rollo de izquierda

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

La depredación que el PRIAN ha hecho de los recursos nacionales es inmensa. Sin importar las necesidades del país y de sus habitantes desde siempre el PRI y desde la década de los 90 el PAN, se han apropiado de todo lo valioso de México. Su forma de desgobernar es la misma: exprimir a los contribuyentes cautivos –todos los consumidores y los trabajadores que declaran impuestos, asalariados o no- y por otra parte hacer inmensas fortunas al amparo del poder, no cobrando impuestos a los grandes empresarios oligopólicos –quienes controlan la producción y rumbos del país- a la par que continúan con la venta del territorio nacional y sus riquezas.

Cada desgobierno PRIANista ha prometido mucho, cumplido muy poco y amenazado con la parálisis total, el caos financiero, la pobreza extrema, la pérdida de todos los bienes de los mexicanos y hasta el comunismo. Sin embargo, desde hace 25 años padecemos la plaga de mafiosos enquistados en las esferas del poder político y económico y vivimos en permanente crisis económica.

Durante este tiempo –desde que el ladrón José López Portillo endeudó el país al tope en los finales de los 70- cada sexenio viene la amenaza de que si no se vende tal o cual cosa, que si no se aumentan los impuestos, que si no se privatiza aquello, México y sus habitantes estarán cada vez más pobres. En cambio si se acepta sin chistar lo que dicen todo será un país de maravillas y todos viviremos mejor.

En esos 25 años han vendido lo que han podido, aumentado los impuestos que han querido, rebajado los salarios como les ha pegado la gana y sin embargo, la población sigue pobre y cada vez más. En cambio los grandes empresarios cada vez son dueños de más empresas y negocios, cada vez crean menos empleos, cada vez pagan menos impuestos, menos salarios y cada vez son más ricos.

Entonces, si los únicos beneficiados con el sacrificio de millones de mexicanos y la venta de los recursos naturales del país fueron ellos, se entiende que las amenazas que hacen ahora es por el miedo que tienen a perder sus grandes fortunas que los ubican entre los 500 más ricos del mundo y los 100 más ricos de América Latina.

Para muestra está la visita realizada por el pelele Felipe Calderón Hinojosa a Chiapas, quien desde hace casi dos años prometió rebasar por la izquierda con su megaplan para sacar de la pobreza a millones en México. En Chiapas uno de los estados con mayor índice de pobreza, pero al mismo tiempo con grandes caciques y terratenientes, expresó que lo que le queda al pelelato será para reducir la marginación y pobreza de sus habitantes. Ante reclamos de que se respeten y apliquen acuerdos internacionales firmados por México y que se retomen los acuerdos de San Andrés –del año 2000-, el usurpador Calderón Hinojosa, aseguró que no se trata de echar rollo, que le pidieran cosas concretas como agua, drenaje, salud, etc. La indígena Isabel Gómez ya había denunciado que las escuelas y clínicas no sirven, pues se encuentra vacías y sin personal, por ello solicitaba que se cumplieran los tratados internacionales, entre ellos el de la ONU sobre pueblos y cultura indígena.

Como era de esperarse el espurio Calderón Hinojosa aseguró que él también sabe echar rollo, pero que no estaba para eso, sino para decirles que por eso ratificó al panista Luis H. Alvarez, porque él quiere mucho a los indígenas y hasta daría la vida por ellos, sin embargo el mentado comisionado para la paz en Chiapas lleva años cobrando un alto sueldo sin trabajar, se trata de uno de los “aviadores” más conocidos del panismo.

Y como al pelele Calderón Hinojosa no le gusta el rollo, sino las cosas reales, sólo prometió resolver el problema de los pisos de tierra, que es el programa que se promociona en radio y televisión. Seguro que al final pocos contarán con ello y la mayoría se resignará al “rollo” de otro político más que, eso sí, se vistió unas horas de indígena y hasta recibió –como todos- un simbólico bastón de mando, que sólo sirve a aquellos que son respetados por la comunidad, que son legítimos, sin eso no es más que un palo.

El siguiente análisis fue tomado de la revista Proceso.

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Cemex y las FARC

jorge carrasco araizaga

México, D.F., 4 de abril (apro).- De nuevo, en apenas un mes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no sólo quedó rebasada por lo que ocurre en América Latina en temas relacionados con México, sino que demostró cuáles son las verdaderas prioridades del gobierno de Felipe Calderón.

Primero, a comienzos de marzo, la SRE fue incapaz de reaccionar ante el asesinato de cuatro mexicanos por parte del ejército colombiano en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio de Ecuador.

Incluso, soportó el desplante del presidente colombiano, Álvaro Uribe, al negarse a indemnizar a los connacionales, tratándolos como terroristas.

Ahora, pese a todas las evidencias públicas que existían, se sentó a esperar que el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, anunciara su intención de nacionalizar la industria del cemento, lo que afecta principalmente a Cementos Mexicanos (Cemex).

Pero a diferencia de la agresión del ejército de Colombia a ese grupo de mexicanos, esta vez, de inmediato, mandó llamar al embajador de Venezuela en México, Roy Chaderton, para hacerle ver que el gobierno mexicano tiene el “deber… de velar por los intereses legítimos de las empresas mexicanas en el exterior”.

En menos de 24 horas, desde que Chávez hizo el anuncio –reacción que contrasta con casi el mes que debió pasar para que condenara el asesinato de los mexicanos a manos de militares colombianos– la SRE se movilizó para expresar su preocupación y anunciar la defensa de la empresa.

De haber estado a la altura de su cargo, el subsecretario para América Latina y el Caribe, Gerónimo Gutiérrez, hubiera advertido sobre la intención de Chávez, quien en varias ocasiones había amenazado con la nacionalización bajo el argumento de que las empresas extranjeras estaban dejando sin cemento a su país.

Según Chávez, esa es la causa del déficit en la construcción de vivienda para los venezolanos.

El embajador de México en Venezuela, Eduardo Baca Cuenca, también tendría que dar cuentas si es que no informó adecuadamente a la cancillería sobre ese asunto. En primera instancia, eso parece improbable, pues su principal tarea en ese país era, precisamente, advertir sobre las dificultades que existen en las relaciones bilaterales luego de que estuvieron a punto de romperse por la confrontación de Vicente Fox con Hugo Chávez, quien, incluso, caracterizó al expresidente mexicano como “cachorro del imperio”.

Si bien Cemex tiene un ejército de abogados que la defienda, el gobierno mexicano, y en especial quien lo encabeza, Felipe Calderón, que tanto se dice defensor de las empresas, pudo haber actuado directamente con Chávez en torno a esta decisión.

No es nada inusual que los presidentes hagan recomendaciones a sus homólogos sobre las empresas de su país. Son, incluso, sus principales promotores en lo que se ha dado en llamar como “diplomacia económica”.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, Gerónimo Gutiérrez y Eduardo Baca pudieron no ser los únicos en dejar que el tema siguiera creciendo.

Tan importante como su posible omisión fue la de Cemex, que por su condición de emporio cuenta con un servicio de inteligencia industrial que le debe advertir sobre las condiciones en las que se encuentran sus filiales en más de 50 países.

Para esa tarea, Lorenzo Zambrano, dueño de la transnacional, contrató desde que el PRI perdió la Presidencia en el 2000 al exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Tello Peón.

Vicepresidente de Desarrollo de Información Internacional del Área de Planeación y Finanzas de Cemex, Tello es, además, titular del Seminario de Sistemas de Inteligencia Estratégica del Tecnológico de Monterrey.

Es imposible que Zambrano y Tello no hayan tenido información sobre las intenciones de Chávez.

Si el gobierno de Calderón y Cemex esperaban esta medida, por qué ahora no salieron a defender la libertad de empresa como lo hicieron en el 2006, cuando se dedicaron a generar miedo en México al comparar a Andrés Manuel López Obrador precisamente con Chávez.

jcarrasco@proceso.com.mx

A continuación una colaboración tomada del periódico La Jornada.

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¿Cuál reforma?

León Bendesky

El gobierno federal ha optado, de una manera que parece premeditada, por generar un escenario confuso con sus amagos de una reforma energética en cuyo centro está la situación de Pemex. Opta por este método para hacer política y para impulsar una transformación en la petrolera estatal que es a todas luces indispensable. Así ha decidido encarar un caso que puede ser crucial para definir el sentido de esta administración.

Se podría suponer que al embarcarse en promover tal reforma el gobierno de Felipe Calderón contaba con una propuesta desarrollada y bien sustentada técnica, financiera y políticamente para presentar al Congreso y a la ciudadanía. Pero en verdad no hay tal propuesta. Lo que tiene la Presidencia es una idea preconcebida de qué quiere hacer en materia petrolera y en el modo de gestión en Pemex. Los argumentos que ofrece, por cierto muy limitados, se repiten como en una representación bien ensayada. Nadie se sale del guión.

No hay en realidad espacio para el debate como a veces sugieren el presidente, sus funcionarios y su partido. En cambio, traslada el asunto a un Congreso en el que las alianzas de Acción Nacional y el PRI lo pueden favorecer y, así, justificar las decisiones que se tomen sobre la reforma energética. La jugada parece ser la de resentir una menor presión política. Ese fue el planteamiento de Germán Martínez, presidente nacional del PAN, que dice ignorar cuándo habrá reforma y que ésta se hará en el Congreso. Ésta es, a su vez, un modo de concebir la democracia.

Es notorio que ni los legisladores ni los empresarios interesados en el negocio que se puede abrir con el petróleo exijan que el gobierno formule claramente lo que quiere hacer. Pero este modo de proceder no es el preferido por nadie hoy en este país; en cambio, las ventajas políticas y económicas se derivan de la manera contraria de actuar: al acecho.

Ante la ausencia de una propuesta de reforma, el sentido común se expresa en torno a lo que debería hacerse en Pemex, por ejemplo: liberarla de la excesiva carga fiscal, extender las posibilidades de operación asociándose con la inversión privada, bursatilizar parte del capital, replantear el uso de los excedentes generados en años recientes, transformar la gestión interna y reducir enormes distorsiones acumuladas.

Pero el gobierno ha fallado hasta en la tarea más elemental de contar con un diagnóstico claro y útil en términos estratégicos de la situación de Pemex. Esto se puso en evidencia tras la presentación de la secretaria Kessel y del director Reyes Heroles en el Congreso.

El Diagnóstico de la situación de Pemex no es tal y la comparecencia de los funcionarios fue un fiasco. Es parte de la línea de acción planteada por el gobierno para eludir proponer con claridad no sólo una reforma útil de Pemex sino, peor aún, para evitar tener una política energética. De tal manera que en un entorno político tan poco claro como el que se alienta, el sentido común tiene poco alcance.

En el contexto de la incapacidad real o asumida de quienes manejan desde el gobierno el sector de la energía, no se habla del uso de los recursos excedentes obtenidos en los últimos años por el elevado precio del crudo, cuya existencia, paradójicamente, ha debilitado más a Pemex. No se considera la debacle interna de la empresa, no se quiere hablar de responsabilidades. No hay elementos técnicos y económicos que resulten políticamente convincentes y tengan sentido para la población. No hay consideración explícita de lo que corresponde hacer al Estado en la administración de un recurso natural como el petróleo, para generar riqueza duradera y aprovechar las rentas coyunturales que hoy existen en el mercado.

En este escenario el secretario de Hacienda puede advertirnos desde Acapulco sobre los ajustes restrictivos que tendrán que hacerse de no haber una reforma en Pemex. Pero, otra vez, ¿cuál reforma, señor secretario?

Carstens es el único funcionario que hoy puede sobresalir en el gris gabinete presidencial, pues representa junto con el equipo del Banco de México (que al final son todos los mismos desde hace demasiado tiempo) a la política de estabilización tan preciada para el gobierno.

No importa que esa política haya sido tan ineficaz para alentar el crecimiento del producto y del empleo durante casi tres décadas. No importa que la política fiscal hecha en Hacienda, y a la que se aferra, esté en el centro mismo de la debacle de Pemex. En el entendimiento de la gestión económica eso es secundario.

Seguiremos, al parecer, discutiendo sobre una reforma inexistente, en un entorno incierto y generador de crecientes sospechas que se promueve desde el gobierno. Así puede ser hasta que haya una sorpresa legislativa con poca legitimidad política, o bien el asunto de la reforma energética acabe siendo el Atenco de este sexenio.