Medios fascistas ¿Cuál Estado de derecho?
Tomado de Reporte Indigo.
Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.
Es muy probable que la toma de las tribunas de las cámaras de diputados y senadores por legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) termine hoy debido a que no tiene sentido mantenerlas una vez que se consiguió el objetivo de evitar que en el actual periodo de sesiones se privatizara Pemex. A la derecha fascista que desgobierna el país no le queda más que rumiar el fracaso del intento de albazo y planificar otro, tal vez en un periodo extraordinario, sería ingenuo pensar que no lo harán.
Los costos de las acciones fueron magnificados por la campaña de odio y linchamiento que se transmitió en las dos televisoras del país y en las radiodifusoras, controladas por unas cuantas familias. Como parte del siniestro proceder de los concesionarios de radio y televisión se difundió en comercial que compara a Andrés Manuel López Obrador con dictadores del siglo XX. Una vez cumplido su propósito –como lo fue en 2006- las “instituciones” hicieron “cumplir” la ley y ordenaron “precautoriamente” que ya no se transmitiera, sin embargo todavía se hizo a manera de crestomatía, nada más para “recordar” de qué se trataba.
Es una muestra más de que las sacrosantas “instituciones” sólo funcionan para los intereses de los poderes fácticos, que son los que las controlan. Hace dos años afirmaron que no tenían leyes que castigaran ese proceder. Se legisló ex profeso para evitar que volviera a pasar, al menos eso dijo el PRIAN en la Cámara de Diputados. Y volvió a suceder. ¿De qué se trata, de pasarse por el arco del triunfo a la ley y a las instituciones? ¿No que mucho respeto al Estado de derecho y que ellos si están con la ley? Simples palabras, los hechos vuelven a señalar quienes son los que violentan las leyes del país, la Constitución y con ello el país de leyes.
Ahora que sus encuestas les indicaron que la mayoría no aprobó el nefasto comercial, el PRIAN se desliga y lo condena. El costo político no será nada más para el FAP, el PRIAN pagara su cuota. Sobre todo en la capital del país, donde cada vez menos ciudadanos creen en Televisa y TV Azteca.
Toda la campaña es para desviar la atención de lo importante: la venta de Pemex, y la privatización del sector energético. Cuauhtémoc Cárdenas debatió fuera del Congreso, pero en su disertación afirmó que eso, que él hizo no se debe hacer. ¿Yo si puedo, pero los otros no? Ahora resulta que el oportunista quiere montarse en el debate para obtener sus migajas del pastel. ¡Que izquierda tan moderna y progresista!
La importancia de lo que está a la venta se puede mediar por otra información aparecida hoy:
Un reporte de 500 palabras que emitió ayer Pemex para dar a conocer los principales datos de operación en el primer trimestre de este año –enero a marzo– contiene algunas de las principales claves que explican la ambición de empresas privadas –extranjeras y nacionales– por apoderarse del petróleo, intento en que no están solas: cuentan con el apoyo del gobierno de Felipe Calderón y el voto de Don Beltrone y sus huestes priístas en el Congreso. Hay un dato revelador: la producción de crudo bajó ligeramente de la marca de 3 millones de barriles diarios, y también disminuyeron las exportaciones, pero aun así aumentaron los ingresos de Pemex –gracias al precio, que promedió 83 dólares– y se ubicaron en 11 mil 337 millones de dólares, 54 por ciento más que en el mismo trimestre de 2007. Otro dato: las ventas de gasolina ascendieron a 773 mil 700 barriles diarios. Como las refinerías están achatarradas, fue necesario importar casi la mitad: 334 mil 500 barriles al día. Éste es el negocio que Calderón tiene en mente: darle al sector privado bajo el esquema de “maquila” la refinación de la gasolina que hoy se trae de Estados Unidos. ¿Quién se desprendería de una auténtica mina de oro (negro) que, aun cuando baja la producción y la exportación, genera más ingresos? ¿Quién entrega gratuitamente una estructura de refinación con una venta cautiva de 334 mil 500 barriles diarios de gasolina? No es que estén enajenados, o que sean tontos; al contrario, se están pasando de vivos. Pretenden sacar una parte de Pemex de la esfera del Estado y convertirla en negocio privado. Y tienen prisa, porque nadie está seguro de que en el futuro vuelva a presentarse un panorama de tal prosperidad en el mercado de los energéticos.
Dinero, La Jornada, 22 de abril de 2008.
De eso se trata el negocio. De hacer nuevos multimillonarios en el sexenio del pelele Felipe Calderón Hinojosa. Que se puede esperar de quien llegó robándose la elección presidencial. Nada más seis años de robos y saqueos. Las denuncias, y los documentos son pruebas irrefutables. El número 78 de Reporte Indigo muestra los entretelones de los negocios de Camilo Muriño y por consiguiente los del usurpador Felipe Calderón Hinojosa. ¿O alguien dirá que el pelele dejará amasar una gran fortuna a Mouriño y él se quedará nomás mirando? Desde antes del 1 de diciembre de 2006, el espurio Calderón Hinojosa inició el robo, su pasatiempo favorito, según lo demuestran los documentos hechos públicos. ¿Cómo creer que no quiere robar la joya que representa Pemex?
A continuación un reportaje tomado de la revista Reporte Indigo.
http://www.reporteindigo.com/
Los Mouriño y la petroquímica política
Con una empresa en España, adquirida cuando Juan Camilo despachaba en la Secretaría de Energía, la familia incursiona en negocios relacionados con los energéticos. Y ya prepara su planta en Yucatán.
Por Anabel Hernández
Manuel Carlos Mouriño Atanes prepara el inicio de operaciones en México de una empresa dedicada a la producción y venta de equipos para las industrias de refinería, petroquímica y energía eólica. Será la nueva planta de Gándara-Censa, S.A., empresa que Mouriño Atanes compró en España en 2004, cuando su hijo Juan Camilo era subsecretario de Energía. Hoy JC es secretario de Gobernación y el responsable del cabildeo para sacar adelante la reforma energética propuesta por el presidente Felipe Calderón.
Una de las partes medulares de la reforma es la apertura de Pemex para que empresas privadas puedan refinar petróleo y productos petroquímicos no básicos, así como intervenir en el transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos derivados de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.
La propuesta de reforma, junto con el Programa de Energías Renovables a Gran Escala anunciado a principios de 2007 por el gobierno federal, cae como anillo al dedo en los planes de expansión del señor Mouriño Atanes.
El padre del titular de Gobernación tendrá un mercado potencial en los proyectos de energía eólica –en los que Calderón piensa invertir muchos millones de dólares– y en el sector petrolero, en caso de que se apruebe la reforma energética tal y como está planteada. Gándara-Censa, localizada en Pontevedra, España, fabrica equipo para la industria de refinación y petroquímica, como reactores rise, separadores de alta presión y tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo.
También construye torres eólicas. Uno de sus principales clientes es Gamesa, empresa española que participó en la construcción del parque eólico La Venta II, en Oaxaca, el cual fue inaugurado el año pasado por Calderón.
Igualmente, Gándara-Censa fabrica hornos y molinos de cemento, así como equipo para minería. Ésta es una de las 18 empresas que en tiempo récord –tan sólo siete años, desde que inició la administración Fox a la fecha– compró o creó Manuel Carlos Mouriño Atanes.
Los padres del secretario de Gobernación tienen visión empresarial. Mientras don Manuel Carlos parece contar con información privilegiada, su esposa María de los Angeles Terrazo adoptó en España la doble nacionalidad. La usa según sean las necesidades. Mexicana para mantener a su hijo en la Segob y española para participar en los negocios de su esposo.
No conforme con la red de negocios que tiene en México bajo el control de Grupo Energético del Sureste (GES), la familia Mouriño ahora quiere más.
La empresa
Gándara-Censa se ubica en el Polígono de las Gándaras de Prado S/N, en Porriño, Pontevedra. Según los balances comerciales de las empresas de los Mouriño, ésta es la más rentable, incluso más que la inmobiliaria Metrowest Europa y que Grupo GES, S.L., que opera en España.
La información oficial de Gándara-Censa señala que la empresa espera facturar este año 28 millones de euros. La compañía, antes llamada Santaz Censa y perteneciente a Grupo Vulcano, data de la década de los 70. En los 90 cayó en crisis y pasó a manos de los trabajadores mediante la creación de una cooperativa. Tampoco a ellos les fue bien. En 2004, la compañía fue adquirida por la sociedad inversora Inverishmex, que se quedó con 51 por ciento del capital social -su socio principal es Manuel Carlos Mouriño Atanes-.
También participaron en la operación la consultora CIP (25 por ciento) y la empresa Puentes y Calzadas (17 por ciento). En esta última, el socio mayoritario también es el papá de JC. El 7 por ciento restante corresponde a varias personas, según publicó el periódico La Voz de Galicia.
La compra resultó un buen negocio. Los nuevos dueños tomaron la compañía en números rojos, con un déficit de 95 mil euros y ventas de 12 millones de euros. Para 2008, los directivos prevén un superávit de mil 43 millones de euros y ventas de 28.4 millones
de euros.
Información interna de la compañía revela que 40 por ciento de su producción está relacionada con la minería, otro 40 por ciento con la industria cementera y 20 por ciento con energía.
Por lo que respecta al equipo para refinación y petroquímica, el reactor rise es utilizado
en las refinerías para realizar el “craqueo catalítico” y lograr naftas de alto octanaje. El separador de alta presión, otra pieza fundamental, sirve para reducir la presencia de contaminantes en el proceso de refinación.
De acuerdo con lo informado por Javier Gómez, gerente de Gándara-Censa, al periódico
La Voz de Galicia en julio de 2007, la construcción de la nueva planta iniciará durante el presente año y arrancará operaciones en 2009. Los propietarios invertirán cerca de 30 millones de euros en una nave de alta capacidad.
En la “Lista de Referencias” de Gándara-Censa, es decir, los clientes a quienes surten productos, aparece la empresa Mittal Steel, que trabaja en Sicartsa II en Lázaro Cárdenas,
Michoacán. También está Cemex, que adquirió equipo para sus plantas en Dominicana,
Escombreras (España) y México.
La compañía de Mouriño Atanes también tiene como clientes a Ecopetrol y Petrogal.
Además, fabrica torres eólicas para las firmas españolas Acciona y Gamesa.
Gamesa participó en la construcción del parque eólico La Venta II, en Oaxaca.
La licitación fue hecha por la CFE en 2005, pero la planeación del proyecto se llevó a cabo en 2003 y 2004, cuando Mouriño y Calderón estaban en la Secretaría de Energía. La inversión requerida para la obra –111 millones de dólares– fue aprobada en el Presupuesto de Egresos de 2004. El presidente Felipe Calderón inauguró la primera fase del parque el 29 de marzo de 2007.
Según afirmó el gerente de Gándara-Censa a La Voz de Galicia, la planta de México, que estará en Yucatán, producirá equipo para los aerogeneradores de Gamesa. Adelantó que también esperan tener entre sus clientes a Iberdrola y Acciona.
Iberdrola-Gamesa
Para la construcción de La Venta II, las compañías españolas Iberdrola y Gamesa se unieron y crearon la empresa Iberdrola Ingeniería y Consultoría México, S.A. de C.V. La Venta II, central eolo-eléctrica ubicada en la región del Istmo de Tehuantepec, se construyó con el esquema de obra pública financiada y es operada por la CFE. Esta planta cuenta con 98 aerogeneradores que producen cerca de 83 megavatios. Ocupa 700 hectáreas de propiedad ejidal que renta la CFE.
La llegada de Iberdrola-Gamesa a México ha sido más que exitosa. De 2004 a 2006, esta mancuerna empresarial ha obtenido contratos por mil 592 millones de dólares. Sin duda, el contrato más importante fue para modernizar la central núcleo-eléctrica Laguna Verde. El monto fue de 605 millones de dólares y se firmó en febrero de 2007, cuando JC era titular de la Oficina de la Presidencia de la República.
Para el concurso del proyecto de La Venta III, celebrado en 2007, Iberdrola y Gamesa no
participaron juntas. A diferencia del primer proyecto, ahora el productor construirá, financiará y operará la granja eólica. Concursaron 14 empresas, entre ellas Iberdrola Energía y Gamesa Eólica, cada una por su lado.
Aunque supuestamente Iberdrola había sido la única que había cumplido los requisitos,
la CFE declaró desierto el concurso el 24 de octubre pasado, así que lanzará una nueva convocatoria. Ante tal determinación, Iberdrola emitió una nota de inconformidad:
“Manifestamos nuestra inconformidad, ya que mi representada cumple con lo dispuesto
en las bases de licitación. Solicitamos que CFE aclare el método de comparación del precio nivelado de generación con el monto de la tarjeta del sobre cerrado, ya que dicha comparación no se contempla en las bases de licitación y es incongruente con lo establecido en las bases de licitación”.
Con la mesa puesta
En diciembre del año pasado, la alcaldesa de Progreso, Yucatán, Reina Quintal Recio, informó que Gándara-Censa, S.A. iniciaría la construcción de su planta en 2008. Ocuparía un terreno de 20 hectáreas ubicado al poniente de la carretera Mérida-Progreso.
Dicha propiedad fue comprada al gobierno de Yucatán por Inmobiliaria GES, que pertenece a Grupo Energético del Sureste, empresa propiedad de la familia Mouriño Terrazo. La transacción se hizo a través de la Cousey (Comisión Ordenadora para el Uso de Suelo en el Estado de Yucatán) en junio de 2007, cuando todavía era gobernador Patricio Patrón Laviada, hoy titular de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa). Los Mouriño tienen la mesa puesta para hacer crecer sus negocios energéticos. Para ellos podría ser muy oportuna la reforma propuesta por Felipe Calderón y el atraso en la licitación del parque eólico La Venta III.
Así, mientras esta familia planea la expansión de sus negocios mexicanos desde Pontevedra, España, donde tiene un exclusivo chalet en Saians con vista a la bahía Ría de Vigo, en México se agrava el conflicto político generado por la reforma energética, crisis que JC debería resolver como responsable de la política interna.
Con cada paso que da en las negociaciones de la reforma energética, Juan Camilo se involucra más, no sólo en la crisis política que tiene paralizado al Congreso, sino en un conflicto de intereses claro y documentado.
El siguiente material fue tomado de la revista Proceso.
http://www.procso.com.mx/
Prepotentes e impunes
Daniel Lizárraga
Los hijos de Marta Sahagún intentaron mantener
en secreto la forma en que la PGR determinó el “no ejercicio de la acción penal” contra ellos por
las acusaciones de la comisión especial de la Cámara de Diputados que los investigó por presunto tráfico de influencias. Manuel y Jorge Alberto Bribiesca amenazaron al IFAI para que no abriera el expediente, pero sólo consiguieron indignar a los comisionados. Finalmente, la averiguación será pública.
Los hermanos Bribiesca Sahagún reaparecieron en forma inesperada al amenazar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) por liberar el expediente en el cual la Procuraduría General de la República (PGR) los exoneró de presuntos delitos cometidos durante el sexenio pasado, cuando su madre, Marta Sahagún, fungía como “primera dama” en una lujosa oficina de Los Pinos.
Mediante sus abogados, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún hicieron llegar al IFAI una carta en la que amagan con demandar a los comisionados ante los tribunales y se niegan a que cualquier persona, no autorizada por ellos, conozca la forma en que se les libró de la investigación hecha por una Comisión Especial en la Cámara de Diputados durante seis años.
Aún no transcurrían 72 horas desde la recepción de la carta cuando el IFAI rechazó cualquier tipo de presión. Los comisionados advirtieron que los apellidos no influyen en sus decisiones y brindaron a los hijos de Martha Sahagún el mismo trato que a cualquier otro ciudadano.
“El IFAI ya tomó una decisión. Es imposible, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo, que pueda detenerse la entrega de ese archivo por parte de la PGR al ciudadano que lo solicitó”, dijo a Proceso el presidente del IFAI, Alonso Lujambio.
“Esta es la primera vez, desde que se creó el IFAI, que dos particulares piden a los comisionados que no cumplan con la Ley Federal de Transparencia”, comentó Juan Pablo Guerrero Amparán, encargado del proyecto de sentencia que liberó el expediente de los hermanos Bribiesca Sahagún.
Así, los hijastros del expresidente Vicente Fox quedaron contra la pared. El tono amenazante de su carta provocó molestia en el pleno del IFAI, que ordenó la distribución de copias en los medios de comunicación.
La carta de los Bribiesca se suma a la férrea resistencia que la PGR opuso al IFAI para dar a conocer el expediente mencionado. La dependencia utilizó prácticamente todos sus recursos para no liberar el expediente.
El 31 de octubre de 2007, Guillermo Alfaro Cázares solicitó a la PGR que le diera acceso al expediente en que esa dependencia exoneró a Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún de las acusaciones presentadas por el exdiputado federal Jesús González Schmal.
En “respuesta”, la PGR le envió al ciudadano un resumen con las fechas más importantes del caso: cuándo se presentó la denuncia, quién lo hizo, quiénes la recibieron y el día en que se decidió el no ejercicio de la acción penal. La procuraduría agregó que el contenido del expediente en sí era confidencial. Es decir, que estaba bajo llave para siempre por razones de Estado.
Inconforme, el peticionario solicitó la intervención del IFAI. Al abrirse el litigio, el comisionado Juan Pablo Guerrero pidió a la PGR que sustentara su respuesta con mayor detalle y presentara los alegatos que considerara pertinentes.
El 28 de enero pasado, la PGR dio un giro. Mediante un oficio expuso ante el comisionado ponente Juan Pablo Guerrero que la exoneración de los hermanos Bribiesca está reservada. Es decir, que ya no se trataba de un asunto confidencial, bajo resguardo ante cualquier circunstancia, sino que implicaba una serie de elementos legales que impedían conocerla por el momento.
En la resolución 042/08 del IFAI consta que la PGR expuso que el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales le impedían abrir ese archivo al público, además de que hacerlo sería motivo de demandas contra los funcionarios responsables del caso.
Además, la procuraduría señaló que el expediente de los hijos de Marta Sahagún estaba relacionado con otras averiguaciones previas y estaba pendiente un amparo de la Cámara de Diputados para que se reactivara el caso.
Ante los bandazos de la PGR, el comisionado Guerrero llamó a una audiencia para el 28 de enero pasado. Ahí emplazó a Adriana Báez Ricárdez, directora de Análisis y Proyectos de la PGR, para que presentara una lista con los números de averiguaciones que estaban relacionadas con el caso y el estado legal en que se encontraban. De acuerdo con la resolución, dicha lista no fue proporcionada.
Como en otros casos, el pleno del IFAI concluyó que al determinarse el no ejercicio de la acción penal el caso está cerrado y, por lo tanto, el expediente es público. La decisión fue unánime.
La información, “inconveniente”
La noche del martes 15, alrededor de las 19:00 horas, un representante del despacho jurídico Ayala, Chaurand y Asociados llegó al edificio del IFAI frente a los Viveros de Coyoacán, en la Ciudad de México. Con la misiva de los Bribiesca en las manos, pidió entrar a los despachos del comisionado presidente, Alonso Lujambio, y del comisionado ponente, Juan Pablo Guerrero.
El IFAI cuenta con una oficialía de partes para recibir documentación, pero a esa hora ya estaba cerrada. El representante de los hijos de Marta Sahagún no quiso regresar al otro día; insistió en entregar personalmente el documento a la secretaria de Alonso Lujambio y a Juan Pablo Guerrero.
Al fin subió a la oficina de Lujambio, en el cuarto piso, y dejó la carta:
Manuel y Jorge Alberto Bibriesca Sahagún, por nuestro propio derecho, promoviendo en el expediente al rubro indicado señalando para oír y recibir toda clase de notificaciones el despacho jurídico ubicado en el número 1519 de la Calle San Francisco, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, en esta Ciudad de México, autorizando para recibirlas en nuestro nombre y representación a los lics. Rubén Ayala Chaurand y Guillermo Ostos del Río, comparecemos ante esta instancia y por esta vía para manifestar lo siguiente:...
Los hijos de quien fue la “primera dama” presentaron este alegato aun cuando no formaron parte del litigio sobre el carácter público de la información. En el expediente 0042/08 del IFAI –al que tuvo acceso el reportero– consta que los involucrados son la PGR y la persona que solicitó el expediente de no ejercicio de la acción penal, Guillermo Alfaro Cázeres. Nadie más.
El comisionado encargado del caso, Juan Pablo Guerrero, sí solicitó alegatos, pero sólo a la PGR y al peticionario de la información. Los hermanos Bibriesca Sahagún no fueron convocados a alguna audiencia ni notificados del avance del litigio, al menos por el IFAI.
Aun así, intentaron detener la acción del instituto. La carta continúa:
Hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación que el IFAI ha resuelto, ilegalmente, requerir a la PGR información relativa a la averiguación previa número A.P 59/UEIDCSPCAJ/2006 radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, en la que ambos tuvimos la calidad de inculpados, misma que, conforme a la ley, ha sido determinada con el acuerdo de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL debido de que en las constancias que integran dicha indagatoria se contiene información cuyo manejo irresponsable pudiera pararnos perjuicio. Por este medio, venimos a manifestar nuestra inconformidad y nuestra más enérgica protesta y oposición a que este instituto requiera y obligue al Ministerio Público de la Federación a entregar cualquier tipo de información o documentación relacionada con la averiguación previa de mérito, injustamente seguida en nuestra contra.
Si ya de por sí dicha investigación nos produjo serios inconvenientes, por ningún motivo permitiremos que por razones ajenas a la “transparencia” y “rendición de cuentas”; a que por razones de tipo político de las que estamos absolutamente sustraídos, se nos perjudique más. No en vano la Justicia de la Unión nos concedió su amparo y protección contra actos ilegales anticonstitucionales del Congreso de la Unión, similares a los que este instituto pretende ejecutar; no en vano yo, Manuel Bribiesca, obtuve una sentencia favorable en contra de la periodista Olga Wornat por publicar infamias en mi contra.
Claramente señalamos: NO CONCEDEMOS NUESTRA AUTORIZACIÓN ABSOLUTAMENTE A NADIE PARA QUE SE ENTREGUE NINGUNA CLASE DE INFORMACIÓN NI DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA RADICADA EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Decisión firme
El miércoles 16, el día siguiente a la recepción de la carta, los cinco comisionados tuvieron una reunión privada tras concluir la sesión pública de la semana. Estaban indignados.
En charla con Proceso, Alonso Lujambio destaca que, dado el hecho de que la PGR decidió el no ejercicio de la acción penal contra los Bribiesca, el IFAI no discutió otro tema que no fuera si la resolución debía ser pública.
“Hay al menos cuatro precedentes sobre cómo el pleno del IFAI actúa en este tipo de casos. En ningún momento hay distingos de nombres ni de apellidos”, argumenta.
–¿Qué piensa de que los hermanos Bribiesca argumentan que hay consideraciones políticas para abrir su expediente?
–El IFAI no puede tomar en cuenta valoraciones de tipo político. En su carta, los hermanos Bribiesca hablan de una serie de factores, de intereses políticos que han intentado dañarlos; pero dentro del IFAI no tomamos en cuenta ese tipo de variables. Nosotros no actuamos por consigna.
–¿Se puede echar atrás la decisión de abrir ese expediente?
–Ya tomamos una decisión. Es imposible, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo puede detenerse la entrega de ese archivo por parte de la PGR al ciudadano que lo solicitó.
–¿Habrá alguna consecuencia legal en contra de ustedes?
–Se entregará (al peticionario) una versión pública del no ejercicio de la acción penal para que la sociedad conozca cómo las autoridades llegaron a esa conclusión. La ley dice: si vas a hacer público un documento, elimina los datos confidenciales.
–¿Esto quiere decir que ahora cualquier persona puede pedir ese expediente?
–Si el IFAI ya resolvió el acceso a ese expediente mediante versión pública, esa característica de publicidad es para todos. Ellos están en su derecho de tomar la decisión que mejor convenga a sus intereses. Sin embargo, quiero dejar en claro que en el IFAI no nos interesan los nombres ni los apellidos de una persona. La decisión del pleno se basó en que ya está decretado el no ejercicio de acción penal. En todo caso, ese archivo será sometido al escrutinio público.
La carta de los hermanos Bribiesca concluye así:
Quebrantar la reserva de una averiguación previa constituye un delito y, por lo tanto, genera responsabilidades penales y civiles, tanto a las personas en lo particular, como a las instituciones en lo general, de manera que responsabilizamos al IFAI, a usted señor comisionado del presidente del instituto, a usted comisionado ponente y a la Procuraduría General de la República, de la comisión de cualquier delito y de los daños y perjuicios que puedan ocasionarnos a razón de la ilícita e ilegal entrega de información o documentación aludida.
Les señalamos que nos reservamos el derecho de ejercer cualquier acción ante los tribunales civiles por los daños y perjuicios que se nos puedan ocasionar por la publicación de cualquier información a la que nos hemos referido.
Sobre esta amenaza, Juan Pablo Guerrero reitera que en la resolución 42/08 del instituto se trató el tema igual que en otros casos de averiguaciones previas concluidas, y no hubo una atención especial hacia los particulares involucrados en el expediente de la PGR.
“Haberlo hecho, poner de por medio una valoración sobre los particulares, hubiera sido tanto como caer en una consideración política. La decisión unánime del pleno en este caso es que las averiguaciones previas concluidas tienen que garantizar el acceso a la información, a fin de que los ciudadanos conozcan la actuación del Ministerio Público”.
–Pero esto es precisamente lo que molesta a los hermanos Bribiesca –se le comenta al comisionado.
–Sobre las averiguaciones previas hay que preguntarse: ¿cómo es que el Ministerio Público consideró que había pruebas para solicitar la acción penal? O bien, como sucedió en este caso, ¿cómo es que el Ministerio Público determinó que no había responsabilidad penal en los inculpados?
“Si el IFAI hiciera una interpretación distinta de la Ley Federal de Transparencia, como siempre lo ha querido la PGR, entonces las averiguaciones previas nunca serían públicas. Para ellos, no debería haber acceso para siempre, vaya, ni mis bisnietos podrían conocer las averiguaciones.”
–¿Cómo sustenta esto la PGR?
–La PGR ha sido muy insistente en utilizar cuanto recurso tienen a su alcance para impedir que se conozcan las averiguaciones previas concluidas. Pero independientemente de eso, en el caso de los hermanos Bribiesca no hay duda de que actuamos con todo rigor jurídico. La resolución, aprobada por unanimidad, es obligatoria para la PGR. Nuestra responsabilidad es velar por que se cumplan las resoluciones.
–¿La resolución lastima la intimidad o los datos personales de los Bribiesca o viola la ley, como ellos dicen?
–La resolución establece que la PGR haga una versión pública que protege los derechos de terceros, la privacidad de los involucrados, y mantiene intacta la información confidencial.
“En el IFAI estamos perfectamente tranquilos. En todo caso estos hermanos, como cualquier otro ciudadano, pueden hacer valer lo que mejor les convenga. Bienvenido. Pero estamos sorprendidos por el camino seguido, es la primera vez que se nos pide no cumplir con la ley y además echar atrás una decisión ya tomada.”
Los costos de las acciones fueron magnificados por la campaña de odio y linchamiento que se transmitió en las dos televisoras del país y en las radiodifusoras, controladas por unas cuantas familias. Como parte del siniestro proceder de los concesionarios de radio y televisión se difundió en comercial que compara a Andrés Manuel López Obrador con dictadores del siglo XX. Una vez cumplido su propósito –como lo fue en 2006- las “instituciones” hicieron “cumplir” la ley y ordenaron “precautoriamente” que ya no se transmitiera, sin embargo todavía se hizo a manera de crestomatía, nada más para “recordar” de qué se trataba.
Es una muestra más de que las sacrosantas “instituciones” sólo funcionan para los intereses de los poderes fácticos, que son los que las controlan. Hace dos años afirmaron que no tenían leyes que castigaran ese proceder. Se legisló ex profeso para evitar que volviera a pasar, al menos eso dijo el PRIAN en la Cámara de Diputados. Y volvió a suceder. ¿De qué se trata, de pasarse por el arco del triunfo a la ley y a las instituciones? ¿No que mucho respeto al Estado de derecho y que ellos si están con la ley? Simples palabras, los hechos vuelven a señalar quienes son los que violentan las leyes del país, la Constitución y con ello el país de leyes.
Ahora que sus encuestas les indicaron que la mayoría no aprobó el nefasto comercial, el PRIAN se desliga y lo condena. El costo político no será nada más para el FAP, el PRIAN pagara su cuota. Sobre todo en la capital del país, donde cada vez menos ciudadanos creen en Televisa y TV Azteca.
Toda la campaña es para desviar la atención de lo importante: la venta de Pemex, y la privatización del sector energético. Cuauhtémoc Cárdenas debatió fuera del Congreso, pero en su disertación afirmó que eso, que él hizo no se debe hacer. ¿Yo si puedo, pero los otros no? Ahora resulta que el oportunista quiere montarse en el debate para obtener sus migajas del pastel. ¡Que izquierda tan moderna y progresista!
La importancia de lo que está a la venta se puede mediar por otra información aparecida hoy:
Un reporte de 500 palabras que emitió ayer Pemex para dar a conocer los principales datos de operación en el primer trimestre de este año –enero a marzo– contiene algunas de las principales claves que explican la ambición de empresas privadas –extranjeras y nacionales– por apoderarse del petróleo, intento en que no están solas: cuentan con el apoyo del gobierno de Felipe Calderón y el voto de Don Beltrone y sus huestes priístas en el Congreso. Hay un dato revelador: la producción de crudo bajó ligeramente de la marca de 3 millones de barriles diarios, y también disminuyeron las exportaciones, pero aun así aumentaron los ingresos de Pemex –gracias al precio, que promedió 83 dólares– y se ubicaron en 11 mil 337 millones de dólares, 54 por ciento más que en el mismo trimestre de 2007. Otro dato: las ventas de gasolina ascendieron a 773 mil 700 barriles diarios. Como las refinerías están achatarradas, fue necesario importar casi la mitad: 334 mil 500 barriles al día. Éste es el negocio que Calderón tiene en mente: darle al sector privado bajo el esquema de “maquila” la refinación de la gasolina que hoy se trae de Estados Unidos. ¿Quién se desprendería de una auténtica mina de oro (negro) que, aun cuando baja la producción y la exportación, genera más ingresos? ¿Quién entrega gratuitamente una estructura de refinación con una venta cautiva de 334 mil 500 barriles diarios de gasolina? No es que estén enajenados, o que sean tontos; al contrario, se están pasando de vivos. Pretenden sacar una parte de Pemex de la esfera del Estado y convertirla en negocio privado. Y tienen prisa, porque nadie está seguro de que en el futuro vuelva a presentarse un panorama de tal prosperidad en el mercado de los energéticos.
Dinero, La Jornada, 22 de abril de 2008.
De eso se trata el negocio. De hacer nuevos multimillonarios en el sexenio del pelele Felipe Calderón Hinojosa. Que se puede esperar de quien llegó robándose la elección presidencial. Nada más seis años de robos y saqueos. Las denuncias, y los documentos son pruebas irrefutables. El número 78 de Reporte Indigo muestra los entretelones de los negocios de Camilo Muriño y por consiguiente los del usurpador Felipe Calderón Hinojosa. ¿O alguien dirá que el pelele dejará amasar una gran fortuna a Mouriño y él se quedará nomás mirando? Desde antes del 1 de diciembre de 2006, el espurio Calderón Hinojosa inició el robo, su pasatiempo favorito, según lo demuestran los documentos hechos públicos. ¿Cómo creer que no quiere robar la joya que representa Pemex?
A continuación un reportaje tomado de la revista Reporte Indigo.
http://www.reporteindigo.com/
Los Mouriño y la petroquímica política
Con una empresa en España, adquirida cuando Juan Camilo despachaba en la Secretaría de Energía, la familia incursiona en negocios relacionados con los energéticos. Y ya prepara su planta en Yucatán.
Por Anabel Hernández
Manuel Carlos Mouriño Atanes prepara el inicio de operaciones en México de una empresa dedicada a la producción y venta de equipos para las industrias de refinería, petroquímica y energía eólica. Será la nueva planta de Gándara-Censa, S.A., empresa que Mouriño Atanes compró en España en 2004, cuando su hijo Juan Camilo era subsecretario de Energía. Hoy JC es secretario de Gobernación y el responsable del cabildeo para sacar adelante la reforma energética propuesta por el presidente Felipe Calderón.
Una de las partes medulares de la reforma es la apertura de Pemex para que empresas privadas puedan refinar petróleo y productos petroquímicos no básicos, así como intervenir en el transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos derivados de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.
La propuesta de reforma, junto con el Programa de Energías Renovables a Gran Escala anunciado a principios de 2007 por el gobierno federal, cae como anillo al dedo en los planes de expansión del señor Mouriño Atanes.
El padre del titular de Gobernación tendrá un mercado potencial en los proyectos de energía eólica –en los que Calderón piensa invertir muchos millones de dólares– y en el sector petrolero, en caso de que se apruebe la reforma energética tal y como está planteada. Gándara-Censa, localizada en Pontevedra, España, fabrica equipo para la industria de refinación y petroquímica, como reactores rise, separadores de alta presión y tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo.
También construye torres eólicas. Uno de sus principales clientes es Gamesa, empresa española que participó en la construcción del parque eólico La Venta II, en Oaxaca, el cual fue inaugurado el año pasado por Calderón.
Igualmente, Gándara-Censa fabrica hornos y molinos de cemento, así como equipo para minería. Ésta es una de las 18 empresas que en tiempo récord –tan sólo siete años, desde que inició la administración Fox a la fecha– compró o creó Manuel Carlos Mouriño Atanes.
Los padres del secretario de Gobernación tienen visión empresarial. Mientras don Manuel Carlos parece contar con información privilegiada, su esposa María de los Angeles Terrazo adoptó en España la doble nacionalidad. La usa según sean las necesidades. Mexicana para mantener a su hijo en la Segob y española para participar en los negocios de su esposo.
No conforme con la red de negocios que tiene en México bajo el control de Grupo Energético del Sureste (GES), la familia Mouriño ahora quiere más.
La empresa
Gándara-Censa se ubica en el Polígono de las Gándaras de Prado S/N, en Porriño, Pontevedra. Según los balances comerciales de las empresas de los Mouriño, ésta es la más rentable, incluso más que la inmobiliaria Metrowest Europa y que Grupo GES, S.L., que opera en España.
La información oficial de Gándara-Censa señala que la empresa espera facturar este año 28 millones de euros. La compañía, antes llamada Santaz Censa y perteneciente a Grupo Vulcano, data de la década de los 70. En los 90 cayó en crisis y pasó a manos de los trabajadores mediante la creación de una cooperativa. Tampoco a ellos les fue bien. En 2004, la compañía fue adquirida por la sociedad inversora Inverishmex, que se quedó con 51 por ciento del capital social -su socio principal es Manuel Carlos Mouriño Atanes-.
También participaron en la operación la consultora CIP (25 por ciento) y la empresa Puentes y Calzadas (17 por ciento). En esta última, el socio mayoritario también es el papá de JC. El 7 por ciento restante corresponde a varias personas, según publicó el periódico La Voz de Galicia.
La compra resultó un buen negocio. Los nuevos dueños tomaron la compañía en números rojos, con un déficit de 95 mil euros y ventas de 12 millones de euros. Para 2008, los directivos prevén un superávit de mil 43 millones de euros y ventas de 28.4 millones
de euros.
Información interna de la compañía revela que 40 por ciento de su producción está relacionada con la minería, otro 40 por ciento con la industria cementera y 20 por ciento con energía.
Por lo que respecta al equipo para refinación y petroquímica, el reactor rise es utilizado
en las refinerías para realizar el “craqueo catalítico” y lograr naftas de alto octanaje. El separador de alta presión, otra pieza fundamental, sirve para reducir la presencia de contaminantes en el proceso de refinación.
De acuerdo con lo informado por Javier Gómez, gerente de Gándara-Censa, al periódico
La Voz de Galicia en julio de 2007, la construcción de la nueva planta iniciará durante el presente año y arrancará operaciones en 2009. Los propietarios invertirán cerca de 30 millones de euros en una nave de alta capacidad.
En la “Lista de Referencias” de Gándara-Censa, es decir, los clientes a quienes surten productos, aparece la empresa Mittal Steel, que trabaja en Sicartsa II en Lázaro Cárdenas,
Michoacán. También está Cemex, que adquirió equipo para sus plantas en Dominicana,
Escombreras (España) y México.
La compañía de Mouriño Atanes también tiene como clientes a Ecopetrol y Petrogal.
Además, fabrica torres eólicas para las firmas españolas Acciona y Gamesa.
Gamesa participó en la construcción del parque eólico La Venta II, en Oaxaca.
La licitación fue hecha por la CFE en 2005, pero la planeación del proyecto se llevó a cabo en 2003 y 2004, cuando Mouriño y Calderón estaban en la Secretaría de Energía. La inversión requerida para la obra –111 millones de dólares– fue aprobada en el Presupuesto de Egresos de 2004. El presidente Felipe Calderón inauguró la primera fase del parque el 29 de marzo de 2007.
Según afirmó el gerente de Gándara-Censa a La Voz de Galicia, la planta de México, que estará en Yucatán, producirá equipo para los aerogeneradores de Gamesa. Adelantó que también esperan tener entre sus clientes a Iberdrola y Acciona.
Iberdrola-Gamesa
Para la construcción de La Venta II, las compañías españolas Iberdrola y Gamesa se unieron y crearon la empresa Iberdrola Ingeniería y Consultoría México, S.A. de C.V. La Venta II, central eolo-eléctrica ubicada en la región del Istmo de Tehuantepec, se construyó con el esquema de obra pública financiada y es operada por la CFE. Esta planta cuenta con 98 aerogeneradores que producen cerca de 83 megavatios. Ocupa 700 hectáreas de propiedad ejidal que renta la CFE.
La llegada de Iberdrola-Gamesa a México ha sido más que exitosa. De 2004 a 2006, esta mancuerna empresarial ha obtenido contratos por mil 592 millones de dólares. Sin duda, el contrato más importante fue para modernizar la central núcleo-eléctrica Laguna Verde. El monto fue de 605 millones de dólares y se firmó en febrero de 2007, cuando JC era titular de la Oficina de la Presidencia de la República.
Para el concurso del proyecto de La Venta III, celebrado en 2007, Iberdrola y Gamesa no
participaron juntas. A diferencia del primer proyecto, ahora el productor construirá, financiará y operará la granja eólica. Concursaron 14 empresas, entre ellas Iberdrola Energía y Gamesa Eólica, cada una por su lado.
Aunque supuestamente Iberdrola había sido la única que había cumplido los requisitos,
la CFE declaró desierto el concurso el 24 de octubre pasado, así que lanzará una nueva convocatoria. Ante tal determinación, Iberdrola emitió una nota de inconformidad:
“Manifestamos nuestra inconformidad, ya que mi representada cumple con lo dispuesto
en las bases de licitación. Solicitamos que CFE aclare el método de comparación del precio nivelado de generación con el monto de la tarjeta del sobre cerrado, ya que dicha comparación no se contempla en las bases de licitación y es incongruente con lo establecido en las bases de licitación”.
Con la mesa puesta
En diciembre del año pasado, la alcaldesa de Progreso, Yucatán, Reina Quintal Recio, informó que Gándara-Censa, S.A. iniciaría la construcción de su planta en 2008. Ocuparía un terreno de 20 hectáreas ubicado al poniente de la carretera Mérida-Progreso.
Dicha propiedad fue comprada al gobierno de Yucatán por Inmobiliaria GES, que pertenece a Grupo Energético del Sureste, empresa propiedad de la familia Mouriño Terrazo. La transacción se hizo a través de la Cousey (Comisión Ordenadora para el Uso de Suelo en el Estado de Yucatán) en junio de 2007, cuando todavía era gobernador Patricio Patrón Laviada, hoy titular de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa). Los Mouriño tienen la mesa puesta para hacer crecer sus negocios energéticos. Para ellos podría ser muy oportuna la reforma propuesta por Felipe Calderón y el atraso en la licitación del parque eólico La Venta III.
Así, mientras esta familia planea la expansión de sus negocios mexicanos desde Pontevedra, España, donde tiene un exclusivo chalet en Saians con vista a la bahía Ría de Vigo, en México se agrava el conflicto político generado por la reforma energética, crisis que JC debería resolver como responsable de la política interna.
Con cada paso que da en las negociaciones de la reforma energética, Juan Camilo se involucra más, no sólo en la crisis política que tiene paralizado al Congreso, sino en un conflicto de intereses claro y documentado.
El siguiente material fue tomado de la revista Proceso.
http://www.procso.com.mx/
Prepotentes e impunes
Daniel Lizárraga
Los hijos de Marta Sahagún intentaron mantener
en secreto la forma en que la PGR determinó el “no ejercicio de la acción penal” contra ellos por
las acusaciones de la comisión especial de la Cámara de Diputados que los investigó por presunto tráfico de influencias. Manuel y Jorge Alberto Bribiesca amenazaron al IFAI para que no abriera el expediente, pero sólo consiguieron indignar a los comisionados. Finalmente, la averiguación será pública.
Los hermanos Bribiesca Sahagún reaparecieron en forma inesperada al amenazar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) por liberar el expediente en el cual la Procuraduría General de la República (PGR) los exoneró de presuntos delitos cometidos durante el sexenio pasado, cuando su madre, Marta Sahagún, fungía como “primera dama” en una lujosa oficina de Los Pinos.
Mediante sus abogados, Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún hicieron llegar al IFAI una carta en la que amagan con demandar a los comisionados ante los tribunales y se niegan a que cualquier persona, no autorizada por ellos, conozca la forma en que se les libró de la investigación hecha por una Comisión Especial en la Cámara de Diputados durante seis años.
Aún no transcurrían 72 horas desde la recepción de la carta cuando el IFAI rechazó cualquier tipo de presión. Los comisionados advirtieron que los apellidos no influyen en sus decisiones y brindaron a los hijos de Martha Sahagún el mismo trato que a cualquier otro ciudadano.
“El IFAI ya tomó una decisión. Es imposible, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo, que pueda detenerse la entrega de ese archivo por parte de la PGR al ciudadano que lo solicitó”, dijo a Proceso el presidente del IFAI, Alonso Lujambio.
“Esta es la primera vez, desde que se creó el IFAI, que dos particulares piden a los comisionados que no cumplan con la Ley Federal de Transparencia”, comentó Juan Pablo Guerrero Amparán, encargado del proyecto de sentencia que liberó el expediente de los hermanos Bribiesca Sahagún.
Así, los hijastros del expresidente Vicente Fox quedaron contra la pared. El tono amenazante de su carta provocó molestia en el pleno del IFAI, que ordenó la distribución de copias en los medios de comunicación.
La carta de los Bribiesca se suma a la férrea resistencia que la PGR opuso al IFAI para dar a conocer el expediente mencionado. La dependencia utilizó prácticamente todos sus recursos para no liberar el expediente.
El 31 de octubre de 2007, Guillermo Alfaro Cázares solicitó a la PGR que le diera acceso al expediente en que esa dependencia exoneró a Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún de las acusaciones presentadas por el exdiputado federal Jesús González Schmal.
En “respuesta”, la PGR le envió al ciudadano un resumen con las fechas más importantes del caso: cuándo se presentó la denuncia, quién lo hizo, quiénes la recibieron y el día en que se decidió el no ejercicio de la acción penal. La procuraduría agregó que el contenido del expediente en sí era confidencial. Es decir, que estaba bajo llave para siempre por razones de Estado.
Inconforme, el peticionario solicitó la intervención del IFAI. Al abrirse el litigio, el comisionado Juan Pablo Guerrero pidió a la PGR que sustentara su respuesta con mayor detalle y presentara los alegatos que considerara pertinentes.
El 28 de enero pasado, la PGR dio un giro. Mediante un oficio expuso ante el comisionado ponente Juan Pablo Guerrero que la exoneración de los hermanos Bribiesca está reservada. Es decir, que ya no se trataba de un asunto confidencial, bajo resguardo ante cualquier circunstancia, sino que implicaba una serie de elementos legales que impedían conocerla por el momento.
En la resolución 042/08 del IFAI consta que la PGR expuso que el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales le impedían abrir ese archivo al público, además de que hacerlo sería motivo de demandas contra los funcionarios responsables del caso.
Además, la procuraduría señaló que el expediente de los hijos de Marta Sahagún estaba relacionado con otras averiguaciones previas y estaba pendiente un amparo de la Cámara de Diputados para que se reactivara el caso.
Ante los bandazos de la PGR, el comisionado Guerrero llamó a una audiencia para el 28 de enero pasado. Ahí emplazó a Adriana Báez Ricárdez, directora de Análisis y Proyectos de la PGR, para que presentara una lista con los números de averiguaciones que estaban relacionadas con el caso y el estado legal en que se encontraban. De acuerdo con la resolución, dicha lista no fue proporcionada.
Como en otros casos, el pleno del IFAI concluyó que al determinarse el no ejercicio de la acción penal el caso está cerrado y, por lo tanto, el expediente es público. La decisión fue unánime.
La información, “inconveniente”
La noche del martes 15, alrededor de las 19:00 horas, un representante del despacho jurídico Ayala, Chaurand y Asociados llegó al edificio del IFAI frente a los Viveros de Coyoacán, en la Ciudad de México. Con la misiva de los Bribiesca en las manos, pidió entrar a los despachos del comisionado presidente, Alonso Lujambio, y del comisionado ponente, Juan Pablo Guerrero.
El IFAI cuenta con una oficialía de partes para recibir documentación, pero a esa hora ya estaba cerrada. El representante de los hijos de Marta Sahagún no quiso regresar al otro día; insistió en entregar personalmente el documento a la secretaria de Alonso Lujambio y a Juan Pablo Guerrero.
Al fin subió a la oficina de Lujambio, en el cuarto piso, y dejó la carta:
Manuel y Jorge Alberto Bibriesca Sahagún, por nuestro propio derecho, promoviendo en el expediente al rubro indicado señalando para oír y recibir toda clase de notificaciones el despacho jurídico ubicado en el número 1519 de la Calle San Francisco, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, en esta Ciudad de México, autorizando para recibirlas en nuestro nombre y representación a los lics. Rubén Ayala Chaurand y Guillermo Ostos del Río, comparecemos ante esta instancia y por esta vía para manifestar lo siguiente:...
Los hijos de quien fue la “primera dama” presentaron este alegato aun cuando no formaron parte del litigio sobre el carácter público de la información. En el expediente 0042/08 del IFAI –al que tuvo acceso el reportero– consta que los involucrados son la PGR y la persona que solicitó el expediente de no ejercicio de la acción penal, Guillermo Alfaro Cázeres. Nadie más.
El comisionado encargado del caso, Juan Pablo Guerrero, sí solicitó alegatos, pero sólo a la PGR y al peticionario de la información. Los hermanos Bibriesca Sahagún no fueron convocados a alguna audiencia ni notificados del avance del litigio, al menos por el IFAI.
Aun así, intentaron detener la acción del instituto. La carta continúa:
Hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación que el IFAI ha resuelto, ilegalmente, requerir a la PGR información relativa a la averiguación previa número A.P 59/UEIDCSPCAJ/2006 radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, en la que ambos tuvimos la calidad de inculpados, misma que, conforme a la ley, ha sido determinada con el acuerdo de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL debido de que en las constancias que integran dicha indagatoria se contiene información cuyo manejo irresponsable pudiera pararnos perjuicio. Por este medio, venimos a manifestar nuestra inconformidad y nuestra más enérgica protesta y oposición a que este instituto requiera y obligue al Ministerio Público de la Federación a entregar cualquier tipo de información o documentación relacionada con la averiguación previa de mérito, injustamente seguida en nuestra contra.
Si ya de por sí dicha investigación nos produjo serios inconvenientes, por ningún motivo permitiremos que por razones ajenas a la “transparencia” y “rendición de cuentas”; a que por razones de tipo político de las que estamos absolutamente sustraídos, se nos perjudique más. No en vano la Justicia de la Unión nos concedió su amparo y protección contra actos ilegales anticonstitucionales del Congreso de la Unión, similares a los que este instituto pretende ejecutar; no en vano yo, Manuel Bribiesca, obtuve una sentencia favorable en contra de la periodista Olga Wornat por publicar infamias en mi contra.
Claramente señalamos: NO CONCEDEMOS NUESTRA AUTORIZACIÓN ABSOLUTAMENTE A NADIE PARA QUE SE ENTREGUE NINGUNA CLASE DE INFORMACIÓN NI DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA AVERIGUACIÓN PREVIA RADICADA EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Decisión firme
El miércoles 16, el día siguiente a la recepción de la carta, los cinco comisionados tuvieron una reunión privada tras concluir la sesión pública de la semana. Estaban indignados.
En charla con Proceso, Alonso Lujambio destaca que, dado el hecho de que la PGR decidió el no ejercicio de la acción penal contra los Bribiesca, el IFAI no discutió otro tema que no fuera si la resolución debía ser pública.
“Hay al menos cuatro precedentes sobre cómo el pleno del IFAI actúa en este tipo de casos. En ningún momento hay distingos de nombres ni de apellidos”, argumenta.
–¿Qué piensa de que los hermanos Bribiesca argumentan que hay consideraciones políticas para abrir su expediente?
–El IFAI no puede tomar en cuenta valoraciones de tipo político. En su carta, los hermanos Bribiesca hablan de una serie de factores, de intereses políticos que han intentado dañarlos; pero dentro del IFAI no tomamos en cuenta ese tipo de variables. Nosotros no actuamos por consigna.
–¿Se puede echar atrás la decisión de abrir ese expediente?
–Ya tomamos una decisión. Es imposible, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo puede detenerse la entrega de ese archivo por parte de la PGR al ciudadano que lo solicitó.
–¿Habrá alguna consecuencia legal en contra de ustedes?
–Se entregará (al peticionario) una versión pública del no ejercicio de la acción penal para que la sociedad conozca cómo las autoridades llegaron a esa conclusión. La ley dice: si vas a hacer público un documento, elimina los datos confidenciales.
–¿Esto quiere decir que ahora cualquier persona puede pedir ese expediente?
–Si el IFAI ya resolvió el acceso a ese expediente mediante versión pública, esa característica de publicidad es para todos. Ellos están en su derecho de tomar la decisión que mejor convenga a sus intereses. Sin embargo, quiero dejar en claro que en el IFAI no nos interesan los nombres ni los apellidos de una persona. La decisión del pleno se basó en que ya está decretado el no ejercicio de acción penal. En todo caso, ese archivo será sometido al escrutinio público.
La carta de los hermanos Bribiesca concluye así:
Quebrantar la reserva de una averiguación previa constituye un delito y, por lo tanto, genera responsabilidades penales y civiles, tanto a las personas en lo particular, como a las instituciones en lo general, de manera que responsabilizamos al IFAI, a usted señor comisionado del presidente del instituto, a usted comisionado ponente y a la Procuraduría General de la República, de la comisión de cualquier delito y de los daños y perjuicios que puedan ocasionarnos a razón de la ilícita e ilegal entrega de información o documentación aludida.
Les señalamos que nos reservamos el derecho de ejercer cualquier acción ante los tribunales civiles por los daños y perjuicios que se nos puedan ocasionar por la publicación de cualquier información a la que nos hemos referido.
Sobre esta amenaza, Juan Pablo Guerrero reitera que en la resolución 42/08 del instituto se trató el tema igual que en otros casos de averiguaciones previas concluidas, y no hubo una atención especial hacia los particulares involucrados en el expediente de la PGR.
“Haberlo hecho, poner de por medio una valoración sobre los particulares, hubiera sido tanto como caer en una consideración política. La decisión unánime del pleno en este caso es que las averiguaciones previas concluidas tienen que garantizar el acceso a la información, a fin de que los ciudadanos conozcan la actuación del Ministerio Público”.
–Pero esto es precisamente lo que molesta a los hermanos Bribiesca –se le comenta al comisionado.
–Sobre las averiguaciones previas hay que preguntarse: ¿cómo es que el Ministerio Público consideró que había pruebas para solicitar la acción penal? O bien, como sucedió en este caso, ¿cómo es que el Ministerio Público determinó que no había responsabilidad penal en los inculpados?
“Si el IFAI hiciera una interpretación distinta de la Ley Federal de Transparencia, como siempre lo ha querido la PGR, entonces las averiguaciones previas nunca serían públicas. Para ellos, no debería haber acceso para siempre, vaya, ni mis bisnietos podrían conocer las averiguaciones.”
–¿Cómo sustenta esto la PGR?
–La PGR ha sido muy insistente en utilizar cuanto recurso tienen a su alcance para impedir que se conozcan las averiguaciones previas concluidas. Pero independientemente de eso, en el caso de los hermanos Bribiesca no hay duda de que actuamos con todo rigor jurídico. La resolución, aprobada por unanimidad, es obligatoria para la PGR. Nuestra responsabilidad es velar por que se cumplan las resoluciones.
–¿La resolución lastima la intimidad o los datos personales de los Bribiesca o viola la ley, como ellos dicen?
–La resolución establece que la PGR haga una versión pública que protege los derechos de terceros, la privacidad de los involucrados, y mantiene intacta la información confidencial.
“En el IFAI estamos perfectamente tranquilos. En todo caso estos hermanos, como cualquier otro ciudadano, pueden hacer valer lo que mejor les convenga. Bienvenido. Pero estamos sorprendidos por el camino seguido, es la primera vez que se nos pide no cumplir con la ley y además echar atrás una decisión ya tomada.”
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