Madruguete al estilo PRIAN

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

En indiscutible que la resistencia civil pacífica se ha anotado varias batallas en la lucha por evitar la privatización de Pemex y de los recursos energéticos del país. Como es de conocimiento público –menos por aquellos que se guían por los noticieros de radio y televisión- el pelele Felipe Calderón Hinojosa, los grandes empresarios del país, como Carlos Slim, los especuladores de la banca, casas de bolsa y miembros de la Bolsa Mexicana de valores, junto con el PRIAN y partidos comparsa como el Panal, verde Ecologista y Alternativa -¿de qué?- tenían cocinado el acuerdo de mayoritear en el Congreso de la Unión para aprobar la privatización del sector energético en el mes de abril.

No les fue posible gracias a los cientos de miles que han protestado contra el atraco que pretenden hacer y a que legisladores del Frente Amplio Progresista mantienen tomadas las tribunas de las cámaras de senadores y diputados. Lo que les ha valido el ataque visceral por parte delos poderes fácticos y el linchamiento mediático día y noche. Alguno que otro despistado ha caído en el juego, pero la mayoría han tomado conciencia de la importancia que tiene Pemex y el petróleo para la vida y el futuro de todos los mexicanos, especialmente de aquellos que menos tienen. Un ejemplo está en el gas doméstico. Vendieron la idea que si se entubaba y se privatizaba su distribución y venta, sería más barato y seguro. A unos años de que la empresa española Repsol (Gas Natural México, Metrogas, etc.), que es la que domina el mercado en el centro y occidente del país aplica sus tarifas “preferenciales” –las zonas con mayor población de México- sus usuarios cautivos pagan en el Distrito Federal casi ocho pesos por litro (o kilo, como se quiera ver), mientras que si conservaran el antiguo sistema de tanque estacionario pagarían poco más de cinco pesos, es decir ahora les cobrar casi el doble, ¿más barato? Ese es un hecho comprobable, no como todas las ilusiones que de nueva cuenta vende el espurio Calderón Hinojosa por los medios electrónicos de desinformación.

En estos días y una vez que se hizo público que al menos en abril no se dará el albazo en contra del pueblo de México, han comenzado a salir el lodo y la porquería que hay detrás de la iniciativa de marras. Desde la traición que hicieron los “legisladores” del PRIAN al aprobar la semana pasada la Ley de Adquisiciones –sin ningún debate y en pocos minutos, tal y como querían hacer con el asunto de la venta de Pemex- que posibilita a todo el aparato gubernamental a violentar las leyes y hasta la Constitución al adjudicar de manera directa contratos, sin ningún otro aval que la “opinión” del funcionario en turno, hasta la filtración de que los bolseros de México se frotaban las manos por el negocio que harían justo 10 días antes de que el usurpador Calderón Hinojosa informara a la ciudadanía. Los acaparadores y usureros mexicanos ya sabían por donde venía la iniciativa. De esta manera quedó al descubierto otro acto que atenta contra México y su gente.

Y aún así los sinvergüenzas insisten en que los tramposos son los ciudadanos que protestan contra el despojo que pretenden hacerles. ¡Que descaro que con toda la información que se posee, las televisoras y radiodifusoras del país la oculten y pongan una y otra vez el anuncio comercial que compara a Andrés Manuel López Obrador con dictadores del pasado. Por ello no es gratuito afirmar que se están cometiendo actos de traición a la patria. Pues quienes deben velar por los derechos constitucionales de los mexicanos y quienes están obligados por ley a difundir información certera y veraz se unen por enésima ocasión para despojar a los mexicanos de lo que les pertenece, pisoteando –en los hechos, no en los comerciales políticos- la Constitución y las demás leyes que tutelan y forman el Estado de derecho. Por eso son y serán recordados por la historia como los Antonio López de Santa Anna del siglo XXI.


A continuación un reportaje tomado de la revista Proceso.




http://www.proceso.com.mx/





La traición, el madruguete

Jenaro Villamil

En contravención de una serie de acuerdos que habían sido alcanzados con legisladores del Frente Amplio Progresista –en el sentido de sesionar sólo cuando el pleno del Congreso fuera restablecido–, diputados del PRI, el PAN y el Partido Verde aprobaron al vapor un conjunto de cambios a la Ley de Adquisiciones. De acuerdo con legisladores perredistas, estas enmiendas se inscriben en el proyecto privatizador de la industria petrolera nacional, pues ofrecen importantes garantías a los capitales extranjeros.

Apoyados por sus pares del Senado, en sesión exprés 280 diputados del PAN, PRI y el Partido Verde Ecologista aprobaron el jueves 17 varios cambios a la Ley de Adquisiciones que permitirán a Pemex firmar contratos y hacer licitaciones bajo las leyes de otros países.

En sus prisas, los legisladores incurrieron en fallas de procedimiento, alteraron incluso el dictamen y violaron un acuerdo previo con los partidos del Frente Amplio Progresista (FAP).

El diputado José Alfonso Suárez del Real y la senadora Yeidckol Polevnsky, ambos del PRD, sostienen lo anterior y afirman que el propósito de esa precipitada sesión, realizada por los diputados en una sede alterna y en medio de la clausura del Senado, es “darle la vuelta a la Constitución”.

Explican: Con esa maniobra se trata de aprobar una agenda legislativa paralela y complementaria al paquete de reformas energéticas presentadas por el presidente Felipe Calderón el martes 8.

Según Polevnsky, se trata de un “albazo” porque “violenta la voluntad del Senado”, ya que tanto ella como el priista Eloy Cantú, presidente de la Comisión de Fomento Industrial, habían solicitado que se legislara “en conferencia”. Pero, afirma, “vamos a parar” dicho proyecto en el Senado.

Tras la sesión, el autor de la iniciativa, el diputado priista Eduardo Sánchez Hernández –un abogado que trabajó para la empresa Multivisión y para la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la cúpula de los concesionarios–, declaró que con esta reforma se acabará con la corrupción en las compras gubernamentales.

Según Sánchez, con la nueva modalidad que abarca su iniciativa, similar a la utilizada en las apuestas de bingo, será posible obtener ahorros “hasta por 87 mil millones de pesos” mediante las “ofertas subsecuentes de descuento” o “subastas en reversa”, para que gane quien ofrezca el menor precio.

El presidente de la Comisión Dictaminadora, el panista Benjamín González Roaro, exdirector del ISSSTE y otrora brazo derecho de Elba Esther Gordillo, agregó que las subastas podrán efectuarse por internet.

Juan Bueno Torio, uno de los cinco senadores que redactaron un anteproyecto de reforma energética en marzo pasado, declaró que la Ley de Adquisiciones formaba parte de un paquete de 15 leyes y reglamentos que deben cambiarse para permitir la inversión privada en áreas clave de Pemex, como refinación, transporte y almacenamiento del crudo.

Senadores consultados por este reportero aseguran que Bueno Torio les dijo hace varias semanas: “Lo que no logremos sacar por las iniciativas del presidente lo haremos por la Ley de Adquisiciones”.

Críticas a granel

El senador Suárez del Real sostiene que las reformas a la Ley de Adquisiciones “van en la misma línea de la iniciativa del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Pemex, al permitir la supranacionalidad en las contrataciones fuera del territorio nacional y al amparo de las leyes en donde se suscriben, supeditando el marco jurídico nacional a normas extranjeras”.

Entrevistado por Proceso un día antes del “albazo”, Suárez del Real advierte que el mecanismo de las subastas en reversa para adjudicar licitaciones a quienes ofrezcan el menor precio viola lo establecido en el artículo 28 constitucional porque, dice, no se toman en cuenta otros criterios, como calidad, cobertura y eficacia.

“Cuando el PRI y el PAN dijeron que era necesario darle la vuelta al artículo 27 constitucional estaban avisando que le iban a dar la vuelta por donde se pudiera y como se pudiera. No sólo a través de leyes secundarias, sino reglamentarias, normas de operación, oficios y hasta minutas. La ley de Adquisiciones les abre la baraja de opciones”, sentencia.

Las críticas no provienen sólo del PRD. Tres semanas antes de que Sánchez Hernández presentara su iniciativa, la Comisión Federal de Competencia (CFC) dio a conocer un documento fechado el 24 de septiembre de 2007. En éste, la comisión consideró “excesivos” los requisitos establecidos en el artículo 9-bis para participar en las subastas electrónicas y criticó el mecanismo de favorecer a la oferta de menor precio.

Firmado por el presidente del CFC, Eduardo Pérez Motta, el documento iba dirigido al titular de la Comisión de la Función Pública, Benjamín González Roaro. Decía: “En los países que más han desarrollado las compras públicas a través de medios electrónicos, por lo general estas subastas se realizan de manera centralizada por una entidad gubernamental”.

En sus recomendaciones, el organismo encargado de combatir las prácticas monopólicas abogaba porque organismos y dependencias públicas fungieran como subastadores.

La CFC se muestra reacia a las “subastas en reversa” o de precios inferiores en su documento porque, aduce, “bajo estructuras de mercado oligopólicas con alta probabilidad de colusión, un proceso de ofertas subsecuentes podría facilitar la comisión de conductas anticompetitivas que incrementarían los costos de las compras públicas”.

Por eso advierte: “La decisión sobre el tipo de bienes o servicios que se contratarán vía subastas electrónicas (debe) tomarse en el seno de los comités de adquisiciones de las dependencias y entidades tomando en cuenta las recomendaciones que para tal efecto emita la CFC”.

La Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) también difundió comentarios críticos a la iniciativa de reformas a la Ley de Adquisiciones desde el mes pasado. Advirtió, por ejemplo, que el procedimiento de subasta electrónica descendente reducirá los precios y que existía el riesgo de que los oferentes dominen las técnicas de la subasta.

Los industriales advirtieron que, de reformarse la Ley de Adquisiciones, se corre el peligro de que los proveedores nacionales menores “sean víctimas de los mayores, y éstos serían controlados por las grandes empresas internacionales”.

La votación

El jueves 17, mientras los senadores cambiaban dos veces de sede alterna, en la Cámara de Diputados los legisladores del FAP clausuraban los accesos al pleno, pero el PRI, PAN y Partido Verde aprobaron por 280 votos a favor la iniciativa del priista Eduardo Sánchez, lo que generó una airada respuesta del coordinador parlamentario del PRD, Javier González Garza, quien anunció su retiro de la Junta de Coordinación Política.

Al inicio de la sesión, la diputada de Alternativa Marina Arvizu expresó que sus compañeros del FAP no avalaban la votación porque, dijo, se había violado el acuerdo de votar sólo cuando se normalizara la situación en el pleno.

La defensa de la votación correspondió a Raúl Cervantes Andrade, del PRI, promotor a su vez de otras dos iniciativas para abrir el sector privado a Pemex (Proceso 1636). Al igual que su correligionario Eduardo Sánchez, promotor de la iniciativa, Cervantes trabajó como abogado para las televisoras, en especial para Televisa.

Desde su curul, Cervantes afirmó que debía votarse porque “nadie puede hacer valer en su beneficio su propio dolo”, en alusión a los diputados del FAP, quienes no se encontraban en esa sesión.

Benjamín González Roaro, exdirector del ISSSTE y ahora presidente de la Comisión de la Función Pública, también defendió la iniciativa. Dijo que Jesús Evodio Velásquez, diputado perredista de Guerrero, aprobó el dictamen en comisiones, pero evitó mencionar que ya antes los integrantes del FAP pidieron la moción suspensiva en la Junta de Coordinación Política.

Y enumeró algunas de las modificaciones a la citada Ley de Adquisiciones: se eliminó la posibilidad de que la subasta electrónica fuera efectuada por terceros o particulares, para evitar contradicciones con el artículo 134 constitucional; la subasta de descuentos subsecuentes no será obligatoria, y se adicionó un párrafo al artículo 26 en el que se establece la posibilidad de que las licitaciones se lleven a cabo “a través de medios remotos de comunicación”, a semejanza de las apuestas de bingo o yaks.

Pero no se mencionó ningún cambio a las subastas extraterritoriales que serán permitidas a partir de estas modificaciones. Para la senadora Polevnsky, esta posibilidad coincide con lo establecido en la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, presentada por el Ejecutivo federal.

En el capítulo IV sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, la reforma de Calderón propone un régimen jurídico mixto para las adquisiciones: uno para las actividades “productivas o sustantivas” que se reservan en los términos del artículo 27 constitucional, y otro para las “actividades no productivas o no sustantivas”, como las adquisiciones de materiales de oficina, construcción, mantenimiento de hospitales y oficinas de Pemex.

Un análisis jurídico del PRD al cual tuvo acceso este semanario advierte que la propuesta de Calderón se empata con las reformas a la Ley de Adquisiciones porque caen en los mismos vicios de discrecionalidad, falta de criterios de sustentabilidad y le delega a la Secretaría de la Función Pública la facultad de fijar los términos en que se llevarán a cabo las licitaciones públicas a través de subastas electrónicas.

“Al considerar el precio más bajo como la condición determinante para adjudicar los contratos, se estaría incurriendo en los riesgos tradicionales de servicios y obras de mala calidad”, advierte el PRD.

Poco antes de que terminara la sesión, emocionado por la inminente aprobación de su iniciativa, Eduardo Sánchez pintó en tribuna un mundo feliz de licitaciones y subastas vía cibernética:

“Al hacerlo en internet –dijo– cualquier ciudadano, desde cualquier punto de la República, va a poder presenciar, en el momento real en el que se están dando las cosas, cómo se lleva a cabo un concurso, cómo se conducen los participantes y a qué precio está comprando el gobierno.”

Todo será como en un Play City, en un Yak o en un Bingo.






El siguiente artículo fue tomado del periódico La Jornada.



http://www.jornada.unam.mx/




Uribe, el amigo de Calderón

Carlos Fazio


La semana pasada, en Cancún, la alianza ultraconservadora entre Felipe Calderón y Álvaro Uribe quedó sellada. Al dar su respaldo al pelele fascista de Washington y exonerarlo tácitamente de su acción genocida en el Sucumbíos ecuatoriano, donde fueron asesinados cuatro jóvenes mexicanos y Lucía Morett resultó herida, Calderón exhibió su verdadero rostro. No hay posibilidad de equívocos porque, más allá de la comunión ideológica que ambos profesan, el mexicano conoce los inobjetables vínculos de Uribe con la narco-parapolítica y la saga del terrorismo de Estado colombiano.

Digamos bien claro: Calderón sabe que los principales alfiles de Uribe están en prisión por sus escandalosos nexos con los cárteles de la droga y los grupos paramilitares. Es consciente de que, además de los 28 congresistas presos, otros 51 están siendo investigados por la Suprema Corte por sus pactos secretos con los grupos ilegales, y que varios están acusados de haber participado en masacres y secuestros.

Calderón no ignora que los ocho partidos que llevaron a Uribe al poder están siendo investigados por sus vínculos con la mafia y el paramilitarismo, y que 90 por ciento de los congresistas acusados son uribistas. Sabe también que su amigo Uribe y sus compinches los Santos –uno vicepresidente y el otro ministro de Defensa de Colombia, ambos vinculados al diario El Tiempo– no pueden ocultar sus nexos con el narco-paramilitarismo que sucedió a los cárteles de Medellín y Cali y mediante un fraude electoral tomó por asalto el Palacio de Nariño en 2002.

Desde entonces, gracias a una amplia alianza de conglomerados económico-financieros y sectores del capitalismo agrario y latifundista, en la que convergieron las mafias unificadas del narcotráfico y el paramilitarismo, Uribe logró una descomunal concentración del poder en la autoridad presidencial, lo que, sumado a su talante autoritario, le ha permitido ejercer sus dos mandatos con atribuciones absolutistas de naturaleza cuasi monárquica. En ese contexto, su política de seguridad democrática es una restructuración de la antigua doctrina de seguridad nacional de cuño estadunidense, mediante la cual, y so pretexto de combatir el narcoterrorismo de las FARC (como sustituto del fantasma comunista), “justifica” las ejecuciones extrajudiciales y los crímenes de Estado.

La careta “democrática” de Uribe no admite el menor análisis. Son públicos los nexos orgánicos de la familia Uribe con los antiguos cárteles de Medellín y Cali. También el patrocinio de la última generación de grupos paramilitares en su natal Antioquia.

No es ningún secreto que el padre del mandatario colombiano, Alberto Uribe Sierra, se convirtió de agiotista en testaferro de propiedades de narcotraficantes, en particular del clan Ochoa, y que a mediados de los años 80 en la hacienda familiar recibían entrenamiento grupos paramilitares. Asimismo, son conocidos los nexos del joven Álvaro Uribe, entonces alcalde de Medellín, con el capo Pablo Escobar Gaviria, a quien benefició también autorizándole pistas clandestinas cuando se desempeñó como director de Aeronáutica Civil.

Ya como gobernador, Uribe promovió las Cooperativas de Seguridad Rural, Convivir, grupos irregulares que cometieron matanzas, desapariciones y secuestros con fines políticos. En 1999 su hermano Santiago fue investigado penalmente por la creación de un escuadrón de la muerte conocido como Los Doce Apóstoles, con sede en la hacienda La Carolina, Antioquia, cuya propiedad comparten ambos.

No parece un dato baladí que el hermano del mandatario fue exculpado, mediante un “auto inhibitorio”, por el fiscal Luis Camilo Osorio, actual embajador en México.

Calderón sabe, pues, que el fascismo histérico de Uribe y la alianza de clase que lo sostiene están erigidos sobre 3 mil 500 masacres, 4 mil fosas comunes, 15 mil desaparecidos y 6 millones de desplazados internos. Y lo peor es que desde que asumió el cargo subrepticiamente en Los Pinos, rodeado de militares y policías en el primer minuto de diciembre de 2006, Calderón adoptó el “modelo Uribe”. Por eso no hay contradicción.

La participación de México en las cumbres de la Organización de Estados Americanos en Washington y del Grupo de Río en Santo Domingo fue una maniobra diversionista. En ambos foros, Álvaro Uribe quedó aislado. Los cancilleres y mandatarios de la región se negaron de manera unánime a enmarcar el conflicto armado interno colombiano en la lógica antiterrorista de la administración de Bush, definiendo la confrontación entre el gobierno de Uribe y las guerrillas de las FARC como una guerra de carácter irregular. Ahora quedó claro que la posición mexicana fue oportunista y mentirosa. El propio Calderón, al definir a las FARC como un “grupo terrorista”, exhibió su fariseísmo.

Uribe y Calderón se parecen. Ambos utilizan la mentira como punta de lanza de una diplomacia funcional a los intereses geoestratégicos de la Casa Blanca. Uribe sólo habla de guerra y odio. Calderón parece seguir sus mismos pasos. Por eso, de repetir el camino del colombiano, podría llevar a México al terrorismo de Estado. Los resultados están a la vista: de la mano del Plan Colombia, diseñado y financiado por Estados Unidos, Uribe convirtió a su país en el Israel de Sudamérica, la nación receptora de mayor “ayuda” militar del Pentágono, cuya “misión” ahora es vietnamizar la subregión andina.

A su vez, mediante la Iniciativa Mérida, Calderón va camino de convertir a México en otro enclave militar del imperio; en una república bananera. No toma en cuenta que Colombia es un polvorín social a punto de estallar y que la satanización del adversario como “enemigo interno”, según los manuales de Washington, puede llevar al país a una fase de colombianización, dominada por el militarismo y el estado de excepción.