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viernes, enero 11, 2008

Corruptos se lanzan sobre la riqueza nacional




Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón y Rocha.


El pastel está servido, faltan los invitados y el tamaño de la rebanada para cada uno. Y no se trata de poca cosa. Es el petróleo y la generación de la energía eléctrica, además de la distribución de gas, gasolinas, explotación y exploración. El PRI es el invitado de honor de los gandallas del PAN quienes han decidido saquear el principal activo del país. Para ello continuaron con la política priísta de ordeñar a Pemex y restarle cualquier posibilidad de invertir para crecer. Una de las más grandes empresas del mundo, que genera la segunda entrada de divisas al país –luego de los mies de millones de dólares que envían quienes fueron obligados a emigrar al extranjero- es imposible que no pueda invertir en seguir creciendo.

Los priístas están listos para venderse caro y recibir una gran tajada del pastel. Al fin y al cabo que la impunidad les garantiza que disfrutarán de los miles de millones de pesos que obtendrán a cambio de la venta por parte de empresarios como Carlos Slim. Que decir de los Chuchos del PRD, quienes al estilo PRIAN hacen declaraciones contrarias a la privatización pero en los hechos votan a favor de la misma.

Para el pelele Felipe Calderón Hinojosa es una inversión inmejorable, pues lo “poco” que pagará Pemex a los inversionistas –principalmente extranjeros- los recuperará 10 veces. Uno se pregunta, ¿qué necesidad de vender? Si se puede pedir prestado y pagar sin mayor problema. ¿Para qué capital privado, si la paraestatal tiene dinero de sobra? Claro, si se lo siguen robando los corruptos líderes sindicales quienes recibirán 135 millones de pesos para “gastos diversos”. Si los altos funcionarios cobran sueldos millonarios, si se hacen jugosos contratos con empresas privadas, que lesionan la economía de la empresa. Y si el gobierno espurio sigue ordeñando la vaca sin darle de comer, es difícil que cualquier empresa, la más competitiva del mundo, resista tamaño saqueo.

Esa es la verdad atrás de las declaraciones mentirosas del PRIAN. Los hechos, los analistas internacionales y nacionales lo demuestran. Quieren a Pemex como botín de guerra, como premio por haberse robado la presidencia. Que desfachatez y qué cinismo.

En tanto, los empresarios que comenzaron la retiquetación de productos, dicen que ellos no son los culpables del encarecimiento, que fue la “burbuja especulativa”. Pero si ellos son los que la generan.

También el saltimbanqui –antes del PRI ahora del PAN o sea del PRIAN- secretario del Trabajo pirata “reconoció” lo que la mayoría de los mexicanos vemos y sabemos. Que la mitad de las personas que tienen un empleo están dentro de la economía informal. Vaya tremendo descubrimiento del agua tibia. Ahora nos explicamos porque el país está en franca bancarrota. Si nos asomamos al nivel del gabinetazo del PRIAN tendremos un claro panorama de que fuimos timados no sólo por una punta de rateros, sino algo peor, de ignorantes, prepotentes y sin experiencia. Bueno, si la tienen es eso de robar a la vista de todos.



Los siguientes materiales fueron tomados de la revista Proceso. En ellos queda de manifiesto el tipo de “negocios” que mantienen “quebrada” a la principal empresa del país. Juzguen ustedes mismos si Pemex cuenta con recursos o no para invertir en su crecimiento. Además muestra los otros negocios de la “clase política”, esos rateros de cuello blanco.



http://www.proceso.com.mx/






El primo estafador

Álvaro Delgado

Conforme Vicente Fox se aleja del poder, continúa fluyendo la información sobre las tropelías de allegados y parientes suyos. El empresario estadunidense Brandt Powell narra a este semanario cómo un primo hermano de Fox le propuso un fabuloso negocio para dotar a Pemex de un sistema para detectar fugas y robos de combustible. Según Powell, el timo incluyó conversaciones con el entonces presidente en Los Pinos y el rancho San Cristóbal, así como la intervención de altos funcionarios.

Una insólita llamada se recibió a finales de marzo de 2003 en las oficinas de la empresa ACS, especializada en sistemas de alta tecnología, con sede en la ciudad estadunidense de Pinedale, Wyoming:

–Soy el primo del presidente de México, Vicente Fox, y él está muy interesado en hacer negocios con ustedes.

Brandt Powell Hott, dueño de la compañía, atendió la llamada del que se identificó como Ignacio Quesada Suárez, quien le ofreció, en nombre de Fox, un negocio en México.

Quesada Suárez, que efectivamente es primo hermano de Fox, explicó a Powell que necesitaba de sus conocimientos en informática para aplicar en México un programa “secreto” que consistía en instalar, en toda la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), un sistema de alta tecnología para detectar fugas y tomas clandestinas de combustibles.

El negocio –le ofreció– estaba asegurado: a cambio de instalar de manera gratuita la primera fase del sistema en los ductos entre León, Guanajuato y Aguascalientes, Pemex garantizaba por escrito que daría contratos durante 12 años por un total de 250 millones de pesos, y habría muchas más ganancias ante la inminente apertura de la paraestatal al sector privado.

Seducidos por las cifras, Powell y sus socios hicieron varios viajes a México para echar a andar el proyecto, del que estaban al tanto también el gobernador de Wyoming, el demócrata Dave Freudenthal, y el senador del mismo estado, el republicano Michel Enzi, que ya habían sido anfitriones del primo de Fox.

Siempre en compañía de Quesada Suárez, Powell se entrevistó con funcionarios de Pemex en el piso 40 de la torre central de la paraestatal en la Ciudad de México; con el entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y con varios funcionarios de la Presidencia, con quienes discutió el proyecto, catalogado de “seguridad nacional”.

No parecía haber nada extraño, porque el plan de negocios sustentado en documentos oficiales tenía también, como aval de lujo, a Fox, quien recibió a Powell repetidas veces en la residencia oficial de Los Pinos y, al menos, dos en el rancho San Cristóbal, de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

La presencia del ahora expresidente de la República –que en las fotografías con Powell luce sonriente– no era casual: en Los Pinos se instalaría el “centro de control” para monitorear la red de ductos y evitar las pérdidas por robo de combustibles que, según información de Pemex, supera los 22 mil millones de pesos anuales.

“Todo parecía muy serio, pero después se convirtió en una historia de horror”, resume Powell Hott, el estadunidense que perdió todo el capital de su empresa, sus socios y su familia a manos de Quesada Suárez, quien –afirma– encabeza una red de defraudadores que operó bajo la protección del expresidente de la República y actúa todavía en el gobierno de Felipe Calderón.

Con el argumento de que era un proyecto “secreto”, Quesada Suárez hizo invertir a Powell alrededor de 9 millones de pesos en equipo para instalar un sistema de monitoreo de ductos de Pemex, y en jugosos honorarios para él y al menos 25 personas, que “resultaron ser fantasmas”, con la promesa de que pronto se firmaría el contrato ofrecido.

“Pero pasó el tiempo y no llegó ningún contrato. Quesada decía que Fox tenía muchos enemigos que se oponían a lo que estábamos haciendo, pero que pronto nos autorizarían los fondos. Ahora sé que fue una estafa”, concluye Powell, quien asegura que la mecánica de defraudación prevalece:

“Sé que Quesada sigue estafando gente de la misma manera que lo hizo conmigo a través de sus empresas. Ofrece sus influencias y potenciales contratos para pedirle dinero a la gente, y después desaparece”, puntualiza el empresario estadunidense, quien juzga que Fox es cómplice de esta maquinación.

“Si Fox no forma parte de la extorsión, ¿cómo es posible que deje a sus familiares usar las oficinas del gobierno, como Los Pinos, para estafar a la gente?”, pregunta Powell, quien quedó en la ruina a causa del primo hermano del primer presidente de México surgido del Partido Acción Nacional.

“Gestiones” de alto nivel

En entrevista con Proceso, provisto de abundantes documentos y de fotografías –varias de ellas con Fox y con Quesada Suárez–, Powell Hott detalla cómo decidió dejar la empresa que encabezaba en Wyoming para iniciar una aventura en México que lo dejó en la calle y abandonado por su familia.

Ingeniero en sistemas y computación por la Universidad de Colorado, Powell Hott creó la empresa ACS, especializada en servicios de tecnología, entre ellos un sistema inventado y patentado por él para detectar fugas y tomas clandestinas en ductos de combustibles. Entre sus clientes estaban Shell, British Petroleum y Devon Energy.

“Tengo patentes de sistemas de monitoreo, llamados scada, que son sensores de flujo y de presión de ductos conectados a un sistema de comunicación, y los había instalado en casi 500 kilómetros en Estados Unidos, de Utah a Louisiana”, explica Powell, quien está registrado en la base de datos de inventores de Wyoming y cuya empresa está incorporada en un directorio de expertos en temas de seguridad nacional en Washington.

Fue así como Quesada Suárez se puso en contacto con él para invitarlo a ser parte de un plan que, desde el principio, le entusiasmó. “Me dijo: Soy el primo del presidente de México, encargado de un proyecto de seguridad nacional; quiero saber si ustedes están interesados en hacer negocios. Dijo que Fox tenía mucho dinero guardado para este proyecto y dar la imagen de que estaba limpiando el país de corrupción”.

En la Ciudad de México el empresario estadunidense se entrevistó, asegura, con el entonces procurador Macedo de la Concha y con numerosos funcionarios del área de seguridad nacional involucrados en el combate al robo de combustible. “En una de las visitas a Los Pinos me llevaron a un salón donde se instalaría el centro de mando. Todo parecía un sueño”, agrega Powell.

Además de los viajes que hizo a la Ciudad de México, Powell invitó a Ignacio y su hermano Gabriel, representante del gobierno panista de Jalisco en el Distrito Federal, a visitar Wyoming: “Yo pagué el viaje de ambos y hasta fuimos a una fiesta en el rancho del senador Mike Enzi. En la universidad de mi estado, Ignacio se presentó también como representante del presidente de México”.

Powell Hott y sus socios de la empresa ACS terminaron de convencerse del prometedor proyecto. Para formalizarlo, Quesada propuso crear una compañía en México. “No sé cómo la registró; yo sólo le envié copia de mi licencia de conducir”, dice el entrevistado.

Quesada Suárez se encargó de todo: en abril de 2003 creó aceleradamente la empresa Hottransamerican Security Services, S.A. de C.V., sobre la que este semanario informó ampliamente en junio de 2006, a raíz de que Fox instruyó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, para atender la petición de su primo de “obtener apoyo, financiamiento y las licencias necesarias para impulsar el proyecto que dirige, el cual tiene como objetivo el desarrollo de tecnología aeroespacial y satelital”.

En esa ocasión se acreditó que Pemex Refinación firmó, en abril de 2004, un “convenio de confidencialidad” con la empresa Hottransamerican Security Services, S.A. de C.V., para la “construcción de un sistema integrado de seguridad tecnológica” entre Salamanca y Aguascalientes, aunque oficialmente no representó ningún costo para la paraestatal.

Fue en agosto de 2007, a solicitud del reportero con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que la paraestatal dio a conocer que el documento firmado entre la empresa representada por Quesada Suárez y Pemex Refinación “es un convenio en el que no existe un monto económico, por lo que tampoco existe pago alguno al respecto”, y sólo “consistió en la realización de una prueba piloto (…) y no en una obra o servicio”.

Powell Hott dice que, efectivamente, el proyecto encabezado por Quesada Suárez consistía en realizar, gratuitamente, la prueba piloto en un tramo de los ductos de Pemex para aspirar al contrato por 25 millones de dólares, tal como quedó establecido en otro convenio, firmado el 15 de junio de 2003, un año antes del que oficialmente se reconoce.

En efecto, en los “Antecedentes” de ese convenio firmado con Pemex Refinación, representada por Javier Ortiz Hernández, subgerente de Área de Sistemas de Control y Adquisición de Datos, se establece que Pemex no cuenta con personal ni equipo para detectar tomas clandestinas, y que por ello la compañía realizaría los trabajos hasta por 12 años a cambio de 25 millones de dólares.

En la cláusula primera se aclara que Hottransamerican Security Services (HTA) “se obliga a realizar gratuitamente” los trabajos, y en la segunda se define: “Las partes reconocen y aceptan, en términos de lo señalado en el apartado de ‘Antecedentes’ de este instrumento, que el presente convenio se formaliza únicamente con el propósito de que Pemex va a contratar a futuro con HTA por 12 años, por un total de 250 millones de pesos, por el convenio de León, Gto. hasta Aguascalientes”.

Explica Powell: “Quesada nos convenció de que nosotros debíamos pagar para construir la primera fase del sistema, de 300 kilómetros, mientras ellos, el gobierno, disponía del dinero de un fondo bajo el NAFTA, llamado PPP, que es garantizado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Pemex. Nos decía que el fondo era seguro, pero primero teníamos que empezar”.

Según lo expuesto por Ignacio y Gabriel Quesada Suárez, el plan piloto era el primer paso para instalar el sistema en toda la red de ductos de Pemex en el país, por lo que el empresario estadunidense se asoció con otras compañías, como SAIC, dedicada a proyectos de seguridad nacional en Estados Unidos.

Durante 2004 y 2005, junto con sus socios, Powell instaló el equipo para el monitoreo, detección de fugas y tomas clandestinas, mediante sensores ultrasónicos y acústicos conectados a un software, un trabajo que requirió también la compra de terrenos donde se levantaron torres de comunicaciones.

“Por el proyecto, que nos decía que era muy secreto y delicado, Quesada me cobraba 60 mil dólares mensuales de honorarios y nos pidió 300 mil dólares para obtener licencias de telecomunicaciones en la Cofetel (Comisión Federal de Telecomunicaciones) y (para) comprar terrenos para instalar las torres”, detalla Powell.

–¿Usted no sospechaba nada?

–No, porque desde el principio todo nos pareció muy serio. Teníamos juntas en la torre de Pemex. Me entregaron documentos oficiales, entrábamos a las oficinas de gobierno y vimos al presidente de México en Los Pinos y en el rancho San Cristóbal.

–¿Platicó del proyecto con Fox?

–No lo platiqué directamente con él. Él supuestamente sabe inglés, pero en las reuniones siempre platicaba en español con su primo y yo en ese entonces no sabía ni una sola palabra de español. Entonces tuvimos que creer en la palabra de Quesada y él traducía lo que quería. Decía que Fox estaba apoyando, que era un proyecto de la Presidencia de la República.

Red de estafadores

Una vez concluida la instalación del sistema, hacia el año 2005, no llegó el esperado contrato por 25 millones de dólares. “Yo le decía: ‘Bueno, Quesada, ¿cuándo firmamos el contrato?’. Pero él siempre ponía pretextos. Uno de ellos era que el presidente tenía muchos enemigos que no querían el proyecto y que las cosas iban a tardar un rato”.

Para entonces Powell y sus socios habían invertido casi 800 mil dólares en equipo, viáticos, honorarios de Quesada Suárez y sueldos para 25 personas que, afirma, no existían. “Después lo supe: eran personas ‘fantasmas’ y él se quedaba con el dinero. Decía que había comprado terrenos para las torres y tampoco pagó nada. Fue un desastre, porque ya no pude atender mi compañía en Wyoming y quebró”.

Quesada desapareció durante varios meses y, a finales de 2005 y principios de 2006, no respondía a llamadas telefónicas ni a correos electrónicos, hasta que lo invitó a instalar el sistema en otra red de ductos, ahora en Mazatlán, Sinaloa. “Le dije que no tenía nada, que había perdido todo, pero me aseguró que Fox ya tenía el dinero para el proyecto y que se firmaría el contrato en los últimos meses de su gobierno”.

Pero todo resultó una mentira: “Ahora sé que el contrato de Pemex fue falsificado y que Quesada me estafó, junto con sus cómplices, para aprovecharse de mi invento y robar a más personas. Ahora está ofreciendo el sistema en otros países”.

Según Powell Hott, Quesada encabeza una red de estafadores de la que forman parte su hermano Gabriel; Carlos Díaz Cervantes, quien aparece como accionista en Hottransamerican Security Services; José Luis Alonso Peñaloza, quien obtiene documentos oficiales de Pemex, y Javier Ortiz Hernández, que firmó el contrato apócrifo y ya no trabaja en la paraestatal.

Forzado a instalarse en México después de perderlo todo, incluida su familia y su reputación en Wyoming, Powell analiza si presentará una denuncia contra el primo de Fox por estafa: “Espero que me apoyen diputados o senadores. Yo no sé si recuperaré mi inversión y la de mis socios, pero Quesada Suárez no debe seguir estafando a más gente”.

Powell Hott, quien debió aprender español obligado por las circunstancias, dice que en Wyoming no se conoce aún la estafa de que fue objeto y que regresará una vez que haya encontrado justicia en México: “¿Cómo le puedo decir a mi senador que estas personas, que estuvieron en su casa, son ladrones y no estaban representando a México?”.

–¿Qué piensa ahora de Fox?

–Fox para mí era una persona muy impresionante. Estuve muy orgulloso de conocerlo y mucho tiempo tuve un concepto muy bueno de él. Ahora tengo mucha decepción. Me es muy difícil ver las fotos con él y no puedo creerlo.

“Espero que sea un hombre con valor para investigar y arreglar las cosas dentro de su familia. Ojalá sea ese tipo de hombre que quiere que su país crezca, no nada más él y su familia.”

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Otra vez Khoury, otra vez Bribiesca

Jesusa Cervantes

Los integrantes de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga los posibles beneficios que la empresa Construcciones Prácticas recibió durante el gobierno foxista, aseguran que hay documentos que implican al dueño de esa compañía en manejos ilícitos en la adquisición y venta de bienes inmuebles. Y en ese entramado no sólo está involucrado Manuel Bribiesca Sahagún, sino otros empresarios, como Adrián Campuzano y el notario celayense Arturo Nieto Lambarri.

Manuel Bribiesca Sahagún y su socio Miguel Khoury Siman podrían estar involucrados en el delito de fraude por la venta de al menos 2 mil casas en Acapulco, Guerrero, y La Paz, Baja California.

Las indagaciones que realiza la tercera comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de investigar los posibles beneficios gubernamentales que recibió la empresa Construcciones Prácticas, propiedad de Khoury Siman, revelan que algunas de las casas que esa compañía supuestamente ganó en una subasta pública del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en realidad fueron vendidas hasta en tres ocasiones e incluso están notariadas.

En el presunto fraude estarían implicados el exsecretario del IPAB, Mario Bouregard; el dueño de Construcciones Prácticas, Miguel Khoury; el fundador de Grupo Inmobiliario Kilate, Manuel Bribiesca, así como la empresa Plaza Industrial, de Adrián Campuzano, quien construyó las viviendas en 1993.

Elías Cárdenas Márquez, presidente de la comisión legislativa, explicó que el presunto fraude alcanzaría también al notario público número 24 de Celaya, Guanajuato, Arturo Nieto Lambarri, por haber dado fe de una compra-venta ilegal de 460 casas que hizo Plaza Industrial a Grupo Inmobiliario Kilate, a pesar de que “ya no le pertenecían”.

Según el legislador, las operaciones comerciales fueron parte de una subasta que ganó Construcciones Prácticas en 2004, denominado paquete “C”, por el cual la empresa pagó 8 millones 100 mil pesos y se quedó con las viviendas de Grupo Kilate. No obstante, poco después éstas fueron vendidas nuevamente por Plaza Industrial al Grupo Inmobiliario Kilate, asienta uno de los documentos de la comisión legislativa, en 69 millones 460 mil pesos. De esa compra-venta dio fe el notario Arturo Nieto Lambarri.

Pero antes, una vez que Construcciones Prácticas ganó la puja en la subasta del IPAB, “las revendió a Kilate en 69 millones 460 mil pesos, eso es muy extraño”.

El abogado Pablo Casas Lías, quien fungió como asesor de la segunda comisión especial de la Cámara de Diputados cuando ésta era encabezada por el diputado por Convergencia Jesús González Schmal, explica que los dueños actuales de las casas pueden demandar a Manuel Bribiesca, Miguel Khoury y Adrián Campuzano, por el delito de fraude.

Entramado comercial

La historia se inició en 1993, cuando Plaza Industrial, propiedad del médico veterinario moreliano Adrián Campuzano, construyó 22 conjuntos habitacionales en 17 estados del país.

El empresario solicitó créditos millonarios a Bancrecer, pero al presentarse la crisis económica de 1995 no pudo liquidar los préstamos, por lo cual el banco se quedó con todas las propiedades, pues éstas eran parte de la garantía de pago.

Luego, Bancrecer fue intervenido por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que se convirtió en el IPAB y se quedó con todos los conjuntos habitacionales. Los días 27 y 28 de octubre de 2003 el instituto lanzó la convocatoria para subastar el llamado paquete “C”, conformado por “créditos litigosos” de las viviendas distribuidas en 17 estados. Y fue precisamente el 27 de octubre que Manuel Bribiesca Sahagún y Miguel Khoury Siman constituyeron Grupo Inmobiliario Kilate. Khoury tenía desde hacía un año su propia empresa: Construcciones Prácticas.

El 10 de febrero de 2004, el IPAB dio a conocer que el ganador fue Construcciones Prácticas y ese mismo día se firmó el “contrato de cesión de créditos y derechos litigiosos de la cartera de Bancrecer”. En ese momento las casas ya no eran ni del IPAB ni de Plaza Industrial.

Al día siguiente, 11 de febrero, tanto Manuel Bribiesca como Miguel Khoury vendieron sus acciones de Kilate a un concuño de Miguel, Luis Ángel Alonso Puente, un exfuncionario del Banco del Bajío, y a Alberto Dunand Aramburu, propietario de la Casa de Bolsa Actinver.

En la revisión de las actas notariadas de cada movimiento salen a relucir las irregularidades. Así, por ejemplo, según el acta número 4256 donde quedó asentada la venta de acciones de Kilate, cuyo capital era de apenas 50 mil pesos, los nuevos propietarios manifestaron que incrementarían el capital social a 7 millones 350 mil pesos, pues Manuel Bribiesca y Miguel Khoury les presentaron “el proyecto de inversión sobre el desarrollo habitacional denominado Solidaridad, ubicado en Acapulco, Guerrero”.

En el mismo documento se indica: “Y en razón de que ambos accionistas conocen de manera física y directa el conjunto habitacional en cuestión, analizado que fue el proyecto de inversión, presupuestos inherentes al mismo, planos ejecutivos, estado físico de los inmuebles existentes, los accionistas Alberto Dunand Aramburu y Luis Ángel Alonso Puente deciden aumentar el capital social en su parte fija. Estipulándose igualmente que el importe del aumento será destinado como parte del enganche del desarrollo citado superlíneas”.

Al diputado Elías Cárdenas, presidente de la comisión legislativa especial, le sorprende que, horas después de que el IPAB anunció que Construcciones Prácticas había ganado la licitación, los nuevos dueños de la empresa Kilate ya habían visitado las 460 casas de Solidaridad e incluso conocían de planos para revender el conjunto habitacional con el nuevo nombre de Milenio I, Milenio II y Milenio III.

Y explica que una semana después, el 18 de febrero de 2004, Construcciones Prácticas vendió las casas de Acapulco, que eran uno de los 27 “paquetes” de créditos que había comprado al IPAB en 8 millones 100 mil pesos, a su exempresa Kilate por un monto de 69 millones 460 mil pesos. Hasta aquí, dice, la venta, aunque extraña, no parecía ilegal.

Para el legislador, en este movimiento mercantil no se detectó nada irregular. Sin embargo, llama la atención la diferencia millonaria en que se vendió un mismo bien: el IPAB subastó las viviendas en 8 millones 100 mil pesos –“porque lo que se vende no es la casa, sino un crédito que tiene problemas de cobro”–, mientras que en la reventa el precio se elevó a 69 millones de pesos. Además, la compradora fue una empresa de la que Manuel Bribiesca y Miguel Khoury fueron creadores y dueños.

Pero la reventa de algunas de las casas del paquete “C” no paró ahí.

El fraude

El paquete “C” que Construcciones Prácticas adquirió el 10 de febrero de 2004 en 8 millones 100 mil pesos no contiene únicamente las 460 casas de Acapulco, sino 3 mil 660 casas y nueve terrenos para edificar otros conjuntos habitacionales.

Esos conjuntos habitacionales fueron construidos por Plaza Industrial, la empresa de Adrián Campuzano, en Guerrero, Campeche, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Baja California Sur, Yucatán, Chihuahua, Veracruz, Sonora, Nayarit y Durango, para lo cual el empresario pidió un préstamo de 425 millones 427 mil pesos a Bancrecer. Dinero que nunca liquidó, razón por la cual el banco se quedó con todas las casas y terrenos y que a la postre el IPAB vendió a Miguel Khoury Siman en 8 millones 100 mil pesos.

Esto es extraño, sobre todo porque el propio instituto sabía que todo el paquete “C” tenía un valor en libros de mil 183 millones 5 mil 751 pesos con 33 centavos.

Plaza Industrial construyó en Acapulco dos conjuntos habitacionales a los que denominó Solidaridad, uno de ellos con 400 casas de interés social y otro de 300.

Para el 10 de febrero de 2004, las viviendas pertenecían a Construcciones Prácticas, y a pesar de que Adrián Campuzano ya no era propietario, revendió, el 15 de marzo de ese año, el conjunto habitacional Solidaridad. El comprador, aunque parezca extraño, fue el Grupo Inmobiliario Kilate.

Para el presidente de la comisión especial este movimiento puede representar un gran fraude en el que estarían involucrados Mario Bouregard, Adrián Campuzano y los socios Manuel Bribiesca y Miguel Khoury.

Incluso muestra el acta número 4261 del notario público número 24 de Celaya, Guanajuato, Arturo Nieto Lambarri, quien dio fe del “contrato de compra-venta” entre Plaza Industrial, S.A. de C.V., y Grupo Inmobiliario Kilate, S.A. de C.V., de 460 casas a 151 mil pesos cada una, lo que da un total de 69 millones 460 mil pesos.

Según el acta, la venta se llevó a cabo el 15 de marzo de 2004 –un mes después de que la propia Kilate le había comprado las mismas casas a Construcciones Prácticas–. Además, dice el legislador, el dinero “se entregó a la vendedora con anterioridad al presente acto, misma que los recibió a su entera satisfacción, sin tener ahora ni posteriormente ninguna reclamación quehacer sobre este particular”.

Por su parte, el abogado Pablo Casas Lías, quien fungió como asesor de la segunda comisión especial de la Cámara de Diputados, explica que aquí es donde se puede establecer el fraude, ya que Plaza Industrial vendió una propiedad que desde hacía años no le pertenecía.

Detalla que el IPAB, custodio de dichos bienes, no dio los avisos al Registro Público de la Propiedad de Acapulco después de que subastó el paquete “C” a Construcciones Prácticas para que se hiciera el cambio de propietario. Sin embargo, según el notario público que dio fe de la compraventa entre Plaza Industrial y Grupo Inmobiliario Kilate, el primero de ellos (Campuzano) presentó todos los documentos que lo acreditaban como dueño de las citadas casas.

El pasado 23 de noviembre, Elías Cárdenas declaró que presentará la denuncia por el posible delito de fraude ante la PGR en la que responsabilizará al notario Arturo Nieto Lambarri, ya que, arguye, “se trata de documentos falsos y de una compra-venta simulada”.

Cuatro días después, Nieto Lambarri publicó una carta en El Sol de México, en la que expuso:

“... por lo que hace a la empresa Grupo Inmobiliario Kilate, S.A. de C.V., representada por el señor Luis Ángel Alonso Puente, manifiestó que dicha compañía únicamente celebró una operación en la notaría a mi cargo sobre 460 viviendas de interés social que adquirió de la empresa Plaza Industrial, S.A. de C.V., y que conforme al antecedente registral que obra en mi poder, la vendedora, Plaza Industrial, era dueña de los inmuebles enajenados a Grupo Inmobiliario Kilate desde el año de 1993 (y nunca tuvo otro titular registral diverso).”

El abogado Casas Lías insiste en que “técnicamente” los dueños de Kilate “cometieron fraude en complicidad con Plaza Industrial. Kilate no pudo haber adquirido nada porque para ese momento Plaza Industrial no era el legítimo propietario”.

Después de la transacción entre Kilate y Plaza Industrial (el 15 de marzo de 2004), Sociedad Hipotecaria Federal le entregó a la empresa adquiriente, a través de Nacional Financiera, 54 millones 274 mil 647.44 centavos para la “construcción” de los fraccionamientos Milenio I, Milenio II y Milenio III, como quedaron divididos los dos conjuntos habitacionales Solidaridad que construyó Plaza Industrial en 1993, que posteriormente vendieron.

En los documentos del crédito otorgado por el organismo federal aparecen como “obligados solidarios” tanto Miguel Khoury Siman como Manuel Bribiesca Sahagún, por lo que Casas Lías considera que esto también los hace responsables del presunto fraude.

Dice Casas Lías: Kilate no pudo haber vendido las viviendas pues en realidad las había adquirido de manera irregular. Los compradores de los inmuebles, dice Casas Lías, se pueden amparar y establecer un juicio civil de nulidad.

Y en cuanto al IPAB, considera que si bien su responsabilidad concluye con la subasta del bien inmueble, por tratarse de derechos litigiosos, tanto la gente del IPAB como el comprador (en este caso Construcciones Prácticas) debieron notificar el cambio ante el Registro Público de la Propiedad.

La última reventa

Los diputados que integran la comisión especial encargada de investigar los posibles beneficios gubernamentales que recibió la empresa de Khoury Siman cuentan con documentos para probar que hubo reventa del conjunto habitacional de Acapulco. Así mismo, indagan sobre la situación legal de los otros conjuntos habitacionales que formaron parte del paquete “C” adquirido por Construcciones Prácticas, en particular los cuatro conjuntos habitacionales denominados La Esperanza, La Esperanza II, La Esperanza III y Las Palmas, en La Paz, Baja California Sur, donde la empresa de Adrián Campuzano edificó 400, 300, 300 y 600 casas de interés social, respectivamente.

En este caso también se detectaron irregularidades. Según el ayuntamiento de La Paz, el 15 de agosto de 2005 la empresa de Campuzano, Plaza Industrial, vendió esos inmuebles a Gran Visión Inmobiliaria de Vivienda, S. A. de C.V., como quedó asentado el 2 de septiembre de ese año ante el Registro Público de la Propiedad.

Como dato curioso: el 7 de junio de 2005 se hizo la cancelación de gravamen de los créditos “girado por el notario Arturo Nieto Lambarri”.

Al parecer, asegura el presidente de la comisión especial, Elías Cárdenas, se trata de operaciones similares que todavía tenemos que seguir indagando, pues simulan una reventa.


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Vamos México, en su tamaño real

Verónica Espinosa

GUANAJUATO, GTO.- Lejos, muy lejos ya de la bonanza de Los Pinos, la Fundación Vamos México refugiada en San Cristóbal, Guanajuato, dejó de repartir centenares de autobuses y decenas de miles de bicicletas en el territorio nacional, para limitarse a sus potencialidades regionales y postsexenales: organización del concurso sobre el patio casero más limpio, realización de una feria de macetas y flores, distribución de algunos litros de leche entre los niños de primaria y auspicio de un certamen de piñatas con motivo de la temporada de fin de año 2007.

Fue justamente a mediados de 2007 cuando, en la página de internet de la Fundación, ahora alojada también en el sitio del Centro Fox, aparecieron con meses de retraso los “Estados financieros 31 de diciembre de 2006 y 2005”, donde se observa que ya desde que Vicente Fox preparaba sus maletas para abandonar la Presidencia, los ingresos de Vamos México empezaron a declinar drásticamente, pues de un año a otro cayeron alrededor de 60%.

Conforme a ese documento, en 2005 Vamos México tuvo ingresos por 78 millones 428 mil 437 pesos, mientras que sus egresos fueron de 81 millones 68 mil 721 pesos. Para 2006 ambos rubros registraron fuertes decrementos: las entradas sumaron sólo 32 millones 958 mil 316 pesos al cierre de 2006, en tanto que las erogaciones se situaron en 34 millones 592 mil 949 pesos.

Además, al inicio de 2006 Vamos México contaba, en inversiones y valores, con 41 millones 666 mil 650 pesos. Y al cierre del ciclo sólo le quedaban 25 millones 180 mil 609 pesos…

Aunque en el Consejo Directivo de la Fundación aparentemente continúan figurando los empresarios más encumbrados de México –varios de los cuales forman parte también del Centro Fox–, ya no se advierte la nutrida lista de donadores que se veía en 2004 y que incluía a Carlos Slim (Fundación Telmex), Horacio McCoy, Sergio Díaz Torres (Bardahl de México), Olegario Vázquez Raña (hospitales Ángeles), Alfredo Harp Helú, Roberto Hernández (Banorte), Grupo Lala, Cemex, Televisa y TV Azteca; Agrícola La Minita, Aguilares y Covemex (empresas éstas que pertenecen a quien era secretario de Agricultura de Fox, Javier Usabiaga), Alfredo Elías Ayub, Acuática Nelson Vargas, Desarrollo Inmobiliario Marina Vallarta y José Tomé Velásquez, quien, por cierto, ahora está vinculado a otros negocios inmobiliarios con Vicente Fox, Marta Sahagún y los hijos de ésta.

En su último informe dentro de la gestión presidencial de su marido, Marta Sahagún aseguró que en 2006 se habían entregado más de 21 millones de pesos a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas –que encabezaba Xóchitl Gálvez– para los albergues escolares indígenas, y que el total de las aportaciones con el mismo fin entre 2001 y 2006 había sido de casi 84.5 millones de pesos.

Además, fueron distribuidos 260 autobuses-aula a 23 estados del país y, con los apoyos de Azteca y Telmex, Vamos México obtuvo 38 millones 297 mil pesos para el programa “Ayúdame a llegar”, mediante el cual se adquirieron cerca de 59 mil bicicletas para el transporte escolar de alumnos de educación básica. De esa cantidad, “19 millones 770 mil pesos fueron canalizados a través de Movimiento Azteca, dentro del cual los gobiernos estatales y municipales proporcionaron 18 millones 64 mil pesos, mientras que la Fundación Telmex aportó 18 millones 526 mil pesos”.

La todavía primera dama destacó igualmente la Guía de Padres, que en febrero de 2003 surgió públicamente como un proyecto conjunto entre Marta Sahagún y una de sus más fieles aliadas, la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo. Entre enero y mayo de 2006 Vamos México distribuyó 261 mil 475 guías, y otras 160 mil las proporcionó al SNTE, aparte de fungir como enlace para un donativo que El Universal hizo al SNTE de otro medio millón de ejemplares.

Marta Sahagún informó entonces que durante el tiempo en que estuvo al frente de ese programa “se repartieron 11 millones 962 mil 131 ejemplares en todo el país”, además de que se transmitieron 172 programas de televisión y se donaron 5 mil 277 computadoras.

Pero también dejó en evidencia que, al igual que los donativos, en 2006 se redujeron drásticamente los nombres de personas y empresas que le brindaban su apoyo, aunque siguió contando con el respaldo de la filial “Visión México”, constituida en Estados Unidos y que, en calidad de “patrimonio restringido”, le aportó poco más de 20 millones de pesos en 2005 y casi 22 millones en 2006. Y es que, señala ambiguamente el informe, “algunos asociados de la Fundación (Vamos México) forman parte del Consejo Directivo de dicha sociedad extranjera”.

No ocurrió lo mismo con otras empresas, que dejaron de aparecer en la lista o que, manteniéndose en ella, disminuyeron notablemente sus aportaciones, como Televisa, que después de haberle donado 20 millones de pesos en 2005, para la despedida de Fox en 2006 sólo le extendió un cheque por 10 millones.

En el mismo año hubo también donativos de la Fundación Mary Street Jenkins, de la Fundación Banorte de Roberto Hernández, de Gruma y de El Universal Multimedia, pero gobiernos como los de Durango, Veracruz, Jalisco y Nuevo León, así como los sistemas DIF de Querétaro y Oaxaca, que en 2005 habían figurado todavía como donantes, desaparecieron de los registros correspondientes a 2006.

De acuerdo con el plan descrito por Marta Sahagún, a partir de su mudanza al municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, la Fundación Vamos México se concentrará en “acciones de violencia intrafamiliar, cáncer en niños y mujeres, prevención y rehabilitación de adicciones, albergues y escuelas para nuestros hermanos indígenas, tecnología educativa, profesionalización y capacitación de organizaciones de la sociedad civil, nutrición y todas aquellas que representen acciones en contra de la pobreza”.

En una carta fechada en junio de 2007 y firmada por Marta Sahagún de Fox en su nueva calidad de “presidenta y directora general” de la Fundación Vamos México, afirma:

“Este período fue particularmente significativo pues nos ha permitido definir los nuevos rumbos del futuro de nuestra Fundación y relocalizar las oficinas en la comunidad de San Cristóbal en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Lo que fue un sueño, hoy es una realidad. La Fundación no nació para terminar con un sexenio, nació para ocupar un espacio en el entorno social y para cumplir el compromiso de los que la fundamos (…) hoy podemos decir satisfechos: vamos por el camino correcto y con nuevos bríos…”.

Sin embargo, fuera de Los Pinos, los nuevos bríos de la exprimera dama parecen reducirse a que su marido –que no sólo alojó a la Fundación en un apartado del Centro Fox, sino que le dio un espacio en su página de internet– la acompañe en algunas visitas a asociaciones civiles o casas de ancianos en León y Celaya, donde Vicente Fox no deja de anunciar que se dedicará a impulsar a la Fundación Vamos México y a recaudar apoyos para un trabajo que ahora se enfocará a las necesidades de la región…

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