progressif

jueves, enero 10, 2008

Corrupción e infamias, valores del PRIAN







Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Naranjo y Boligán.

Otra vez la mentiras y el cinismo del pelele Felipe Calderón Hinojosa. Desde que trabajó al lado del corrupto y ladrón Vicente Fox Quesada, el espurio dejó en claro que su prioridad era la venta de Pemex. En campaña por la presidencia negó lo que ahora asegura: que la venta de la paraestatal es para volverla cada vez más productiva, más competitiva, “una empresa orgullosamente mexicana y exclusivamente de los mexicanos”.

Que estupidez de quien llegó a la silla presidencial mediante el fraude a millones de mexicanos, como fue demostrado en el documental de Luis Mandoki y por los miles de ciudadanos que colaboraron a dejar testimonio gráfico de semejante atropello. Pemex no es competitiva porque se le exprime hasta el último dólar y éstos van a parar a los bolsillo de los políticos y de empresarios como Carlos Slim o los hijastros del ratero de Guanajuato, que desde hace año tienen negocios ilícitos, bajo la bendición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también lleva su tajada en las prebendas y los millonarios sueldos que salen, quien lo dijera, de nuestros impuestos.

El PRIAN desde hace un año tiene reuniones para dar el golpe a la soberanía nacional. El mediocre candidato y ahora senador Francisco La bastida Ochoa –el salvaje de Fox Quesada lo llamaba Lavestida- es quien elaboró el proyecto que él mismo presentará. El capo Emilio Gamboa Patrón –amigo del protector de pederastas, Kamel Nacif y peón de los intereses de Televisa- asegura que “modernizará Pemex “sin perder un ápice de soberanía nacional. Va a haber inversión”. Al vendepatrias se le olvida que precisamente porque el petróleo estaba en manos de extranjeros –ya vemos como se comportan todos los bancos extranjeros en México, sin ofrecer crédito y cobrando hasta porque respiremos- se nacionalizó.

No fue por ineficiencia, sino porque esas compañías sangraban a la economía nacional. Lo mismo hacen hoy los banqueros. Se les vendió la banca a los extranjeros y ahora prácticamente nadie accede a un crédito que valga la pena. Todos son caros y con beneficios únicos para los banqueros a quienes pagamos miles de millones de dólares –de nuestros impuestos claro- por el sólo hecho de haberlos comprado. Fueron negocios jugosos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Como ahora lo es el petróleo para el imbécil de Fox Quesada y el pelele Felipe Calderón Hinojosa. Los dos tienen fuertes negocios en el ramo.

Así que no más mentiras. Quieren vender Pemex, para que la mafia que controla el país se enriquezca aún más. Basta de saqueo, fuera tanto ladrón –entiéndase, PRIAN, Chuchos del PRD, Verde, grandes empresarios, jueces de la Suprema Corte, gobernadores, etc.- de los puestos de decisión y cárcel para todos esos corruptos que han saqueado al país y lo mantienen en la pobreza extrema o esclavitud laboral.



Los siguientes materiales fueron tomados de la revista Proceso.











El medio es el fin

josé gil olmos

México, D.F., 9 de enero (apro).- El gobierno panista de Felipe Calderón, como el de Fox y los surgidos del PRI, siguen la misma línea de poder: alianza con los empresarios de los medios de comunicación, acuerdos para cerrar espacios de expresión críticos y plurales como el de Carmen Aristegui.

A lo largo de las últimas dos administraciones presidenciales los panistas han demostrado que no son tan diferentes a los priistas cuando ejercen el poder. Defienden acciones o decisiones que implican detrimento social como el Tratado de Libre Comercio, se justifican por no actuar a fondo en la lucha contra el narcotráfico, manipulan los índices de pobreza y acuerdan con los empresarios para no ceder ningún espacio al cambio.

Cuando Vicente Fox tuvo los primeros indicios de una victoria, los grandes empresarios de los medios de información, tanto de televisión como de radio (Televisa y TV Azteca, la familia Aguirre, etcétera) y de periódicos (El Universal y Reforma, principalmente) hicieron nuevos acuerdos y ajustaron sus políticas de información. Entonces Marta Sahagún fue la responsable de hacerlo y sacó provecho personal al recibir el apoyo de estos empresarios para su fundación Vamos México.

Empresarios antes que periodistas, los dueños de los medios de información más importantes del país se alinearon al poder foxista. Desde Los Pinos hubo orden para marginar a los medios que no simpatizaban con el gobierno del cambio y se tomaron medidas que sólo se habían visto en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo: como medida de represión se les marginó de la publicidad oficial y a los reporteros de estos medios se les “bajó” de las giras nacionales e internacionales como forma de castigo.

Hoy ocurre lo mismo.

El gobierno de Felipe Calderón quiere y requiere de medios de comunicación, de periodistas, columnistas, articulistas y reporteros que no le critiquen su forma de actuar, sus decisiones erradas y sus abusos de poder. Quiere medios a modo y para ello requiere cerrar espacios de crítica.

Entre los reporteros que cubrieron la campaña presidencial o que cubren las actividades de Los Pinos es conocida la intolerancia de Calderón y de su grupo a la opinión pública que asume una posición crítica o que analiza de manera profunda, sin mediar intereses. La distribución de la publicidad oficial sigue los mismos parámetros priistas de la discrecionalidad política; y a los representantes de algunos medios que no les son afines simplemente se les margina de las giras.

En los hechos la política de medios del gobierno de Calderón es la misma que aplicaban los priistas y así se seguirá, pues no se ven ánimos de cambio para regular por ley la distribución de la publicidad oficial, para que el poder público deje de ver en los medios una extensión de sí mismo y que los mismos empresarios de los medios dejen de ser apéndice del poder.

Sin embargo, la aprobación de la llamada “Ley Televisa”, la posición de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Lydia Cacho y la salida de Carmen Aristegui de la estación de W Radio, propiedad de Televisa, reflejan que esta situación no cambiará.

Y el viejo dicho maquiavélico de “el fin justifica los medios” se ha invertido. O mejor dicho, se ha transformado, y ahora es “el medio es el fin”.


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Más que un alfil…

daniel lizárraga

Después de una petición de información solicitada por Proceso a la Presidencia, y que ésta negó, sobre los personajes de la vida política, empresarios y líderes que se han entrevistado con Juan Camilo Mouriño, este día el IFAI ordenó a Los Pinos atender a cabalidad la solicitud del semanario y revelar la agenda del funcionario federal.

En la estructura burocrática, Juan Camilo Mouriño aparece como jefe de la Oficina de la Presidencia, pero en los hechos se desempeña como un vicepresidente. Tiene tanto poder que fiscaliza al gabinete y mueve piezas dentro del PAN. Todos los asuntos pasan por sus manos.

A los 36 años de edad y con una carrera partidista de 10 años, Mouriño es ahora el número dos en México, como lo describe la prensa de Vigo, España, sede del emporio empresarial de su padre, Carlos Mouriño Atanes, cuyo valor se tasa en millones de euros.

Este madrileño nacionalizado mexicano tiene un solo jefe: Felipe Calderón. Llegó a ese puesto mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de diciembre de 2006. Su amplio margen de maniobra le permitió, por ejemplo, clasificar como reservado por ocho años el Acuerdo para la Seguridad de América del Norte.

Sus amigos celebran su astucia, destacan su olfato político y rinden tributo a su agilidad para solucionar problemas. Quienes no lo son, lo tildan de autoritario, maquiavélico y dueño de una vasta red de influencia que incluye a legisladores, acaudalados empresarios, dueños de medios de comunicación, líderes partidistas y gobernadores.

Dentro de la cofradía calderonista destacan la habilidad de Mouriño para negociar sin exponer al jefe, como sucedió durante el conflicto con las televisoras en la aprobación del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

El pasado 11 de septiembre, Mouriño presionó al coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Santiago Creel, para que eliminaran de la ley la prohibición de que los particulares paguen y difundan spots. Aunque sus gestiones no dieron resultado, a partir de esa coyuntura pudo cultivar una estrecha relación con el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, y con el director general de TV Azteca, Pedro Padilla.

Apagafuegos

La segunda semana de febrero de 2007, un grupo de 10 senadores del PAN exigió a su coordinador, Santiago Creel, una reunión con Mouriño para reclamarle los cambios en las delegaciones federales. Estaban quitando, dijeron, a personas provenientes del servicio profesional de carrera para colocar a los amigos de Calderón. El caso más drástico, según ellos, estaba en Durango.

El funcionario aceptó reunirse con estos legisladores media hora. Durante los primeros 20 minutos, en una de las salas de juntas de la Torre de El Caballito, les mostró los resultados de una encuesta sobre cómo Calderón recuperó su imagen pública, a pesar del desajuste en el precio de la tortilla. Segundo a segundo les hizo sentir el nivel de información clasificada en su poder. Cuando se prendió la luz de la sala, no hubo más reclamos.

Mouriño fue el encargado de supervisar durante el Grito de Independencia –el 15 de septiembre pasado–, que el Estado Mayor Presidencial tuviera aceitado el operativo para tapar de la vista de Calderón y de las cámaras de televisión a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador dispuestos a increparlo.

El 12 de abril de 2007, la empresa Imaginería Casa de Publicidad ganó un contrato en Los Pinos por 240 mil pesos para desarrollar estrategias de difusión. En una de sus cláusulas puede leerse: “Se cuenta con la autorización del jefe de la Oficina de la Presidencia”.

Lo mismo sucedió con otras asesorías, como la brindada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey para el proyecto México: Visión 2030, que costó 1 millón de pesos. El propio Mouriño palomeó la remodelación del sótano de la casa Miguel Alemán por 69 mil pesos.

En 2008, su oficina contará con un presupuesto de 50 millones de pesos, de los cuales alrededor del 87% se canalizaran en sueldos y el resto podrá utilizarse en asesorías, comidas y viajes.

Orígenes políticos

En 1997, Mouriño se incorporó al PAN de Campeche impulsado por su padre, un acaudalado empresario español, dueño del equipo de futbol Celta de Vigo, quien se empeñaba en verlo como diputado. Juan Camilo ganó los comicios por el V Distrito en esa entidad. A partir de ese momento inició una vertiginosa carrera que ningún otro miembro del PAN ha logrado, ni siquiera Calderón. En 2000, llegó a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal.

Aunque era poco conocido entre los panistas, contaba con el poderío económico de su familia. “No sean gachos, invítenme”, suplicaba Mouriño al grupo de amigos de Calderón cuando salían a comer juntos luego de sesionar en San Lázaro. Durante esa etapa, el ahora mandatario era coordinador de los diputados panistas. En esta cofradía estaban Cuauhtémoc Cardona, Francisco Blake, Rodolfo Dorador, César Nava, Jordi Herrera y Alejandro Zapata. Todos ellos ocupan hoy cargos públicos.

Una vez incorporado a los amigos de Calderón, el diputado por Campeche se hizo de todas las confianzas de su coordinador. Versiones obtenidas por Proceso dentro de ese círculo indican que no tuvo mejor carta de presentación que su dinero.

Un emporio

En el sureste mexicano, la familia Mouriño es propietaria del corporativo Grupo Energético del Sureste (GES), el cual cuenta con 38 gasolinerías. Dentro de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo se calcula que para obtener ganancias relevantes se requieren cuando menos cinco estaciones de servicio. La familia Mouriño tiene seis veces más.

Otro de sus brazos financieros es Transportes Especializados Invancar –a Juan Camilo sus amigos lo apodan Iván–, la cual cuenta con una flota de vehículos con permisos para suministrar productos Pemex. En las páginas de transparencia de Pemex-Refinación y en el sistema de compras gubernamentales (Compranet) no existen rastros sobre el número de contratos asignados a esta empresa. Tampoco cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

En la década de los noventa, Juan Camilo fue secuestrado. Su familia pagó millones de dólares por liberarlo. Acerca de este episodio, no existe mayor información.

El olfato empresarial de la familia Mouriño la ha llevado a embarcarse en nuevas inversiones. De acuerdo con un comunicado emitido por GES, a partir de 2008, el consorcio fabricará, junto con una empresa española, torres eólicas de última generación para atender, principalmente, al mercado estadunidense.

Apenas el pasado 29 de marzo, Calderón puso en marcha una central eólica en Juchitán, Oaxaca, que con un costo de mil millones de pesos forma parte del Programa de Energías Renovables a Gran Escala. El mandatario no habló de inversiones privadas, pero su gobierno quiere que en 2008 se aprueben las reformas estructurales para que los particulares puedan participar plenamente en la generación de energía.

“El staff de Los Pinos no da entrevistas”, informó Miguel Monterrubio, funcionario de la Coordinación de Comunicación Social, cuando Proceso solicitó un encuentro con Mouriño.

Sin embargo, este criterio no siempre se aplica. En su agenda de actividades –obtenida por este semanario mediante la Ley de Transparencia– consta que el 19 de diciembre de 2006 concedió una entrevista al diario Faro de Vigo.

“El número dos del Gobierno de México”, es una frase recurrente en ese periódico para referirse a él. “Hijo de padre gallego será la mano derecha del presidente de México”, es otra de las expresiones.

En la entrevista –publicada el 26 de diciembre de 2006–, Mouriño ensalzó la decisión del gobierno para enfrentar al narcotráfico por medio del Ejército, y presumió la detención del “líder de un grupo radical que estaba poniendo en jaque a Oaxaca”. Desde entonces, Flavio Sosa, líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) sigue tras las rejas.

Faro de Vigo le preguntó a Mouriño si tenía alguna inquietud en ser el próximo candidato presidencial del PAN. “Pues mira, la verdad es que no me marco techos así. Las cosas se han ido dando. La política es un tanto de voluntad y de objetivos propios, pero también de mucho de circunstancias. No siempre está en la decisión de uno, depende de muchas cosas”, respondió.

Antes de terminar su período como diputado –gestión cuestionada por su papel al frente de la Comisión de Energía– intentó ser alcalde de Campeche pero en esa segunda aventura por las urnas perdió ante el priista Fernando Ortega. La carrera política de Mouriño no terminó ahí, aunque no volvió a competir en las urnas. Poco a poco adquirió mayor notoriedad dentro del PAN, aunque siempre discreto, a la sombra de Calderón.

Cuando el presidente Fox designó a Calderón como titular de la Secretaría de Energía (Sener), éste a su vez llamó a Mouriño para nombrarlo coordinador general de Asesoría y Enlace Institucional. Tiempo más tarde, ascendió a subsecretario de Electricidad en esa dependencia, pero su paso por el gobierno sólo duró ocho meses.

Como funcionario de la Sener, Mouriño presentó su declaración patrimonial en la que da a conocer que tiene dos casas, ocho cuentas bancarias –cuyos montos van de los 41 mil pesos a los 25 mil euros– y que usa una camioneta Grand Cherokee modelo 1999 con un costo de 230 mil pesos, así como un BMW X5 modelo 2004 con un valor estimado en 655 mil 856 pesos.

Pasado redivivo

Cuando Calderón llegó a la Presidencia decidió colocar a Mouriño en un despacho que había sido eliminado desde la administración de Ernesto Zedillo. El anterior jefe de la Oficina de la Presidencia fue el controvertido José María Córdoba Montoya. Entre el papel que jugó este último en el sexenio de Carlos Salinas y las atribuciones de Mouriño prácticamente no existen diferencias.

Un reportaje de Proceso publicado en su edición 805, del 6 de abril de 1992, describió así las funciones del salinista:

“Formalmente, Córdoba Montoya coordina, asesora y supervisa las actividades de la Presidencia y controla todo lo que rodea y surge de ella. Su campo de acción es más que amplio; abarca todo.

“Desde asesorar al presidente, hacer seguimiento del cumplimiento de acuerdos y órdenes presidenciales, verificar los programas e instrucciones del titular del Poder Ejecutivo, coordinar y hacer el seguimiento de los acuerdos del gabinete especializado (económico, agropecuario, bienestar social, política exterior y seguridad nacional), atender, tramitar y responder a las solicitudes de audiencias presidenciales, recibir quejas e informar de ellas al presidente, hasta preparar y coordinar, con el Estado Mayor, las giras nacionales e internacionales”, se apuntó.

El catálogo de funciones de la oficina encabezada por Córdoba fue reeditado por Calderón. Pero no sólo son similares en sus tareas. Según las crónicas del sexenio, Córdoba era un hombre callado. Escuchaba, observaba, tomaba notas. Pero sobre todo, miraba. Hablaba con quien tenía que hablar. Su palabra pesaba.

Mouriño se comporta de la misma manera. Atento siempre hacia su jefe sabe qué hacer cuando éste alza una ceja. Mira con detenimiento a los secretarios cuando hablan. A veces llega con el Presidente a los eventos, pero luego se separa sigiloso.

Es el alfil de Calderón cuando se requiere una operación discreta. En el primer año de gobierno fue quien propuso al entonces líder nacional del PAN, Manuel Espino que se fuera de México como embajador. También ordenó la integración de una lista negra de los miembros de El Yunque, quienes intentaron sabotear la candidatura de Calderón e intervino en los procesos electorales en Yucatán y Michoacán, como lo refiere el periodista de Proceso, Álvaro Delgado, en su libro El engaño.

Ahí mismo el autor documenta cómo Mouriño impuso delegados federales y manejó a la dirigencia del PAN de Campeche a conveniencia de su familia. El capítulo, “Campeche; Mouriño el cacique” inicia con la reconstrucción de una escena en la cual Carlos Mouriño –hermano del jefe de la Oficina de la Presidencia– exige la renuncia al presidente estatal panista, Jorge Nordhausen.

“En el momento más áspero de la discusión, Carlos Mouriño –hablando siempre en plural– intentó negociar posiciones en la cámara de diputados local a cambio de que Nordhausen dimitiera. Encendido, éste último le gritó: ¡Todavía no toman el poder y ya quieren ejercerlo! ¡Ahora sí que está jodida la cosa que un cabrón que ni siquiera es miembro activo venga a pedirme a mí, al presiente del partido, que renuncie! ¡Pues no!”

Cinco meses después, Nordhausen fue destituido.

Mouriño trabaja alejado de los medios y cerrando la puerta a todo aquello que pueda afectar la imagen de su jefe y la suya propia. Desde su oficina han impedido que se divulguen resultados de las encuestas hechas antes de que asumieran el poder. En respuestas a solicitudes de acceso a la información, reservó los resultados, los cuestionarios, el número de preguntas y hasta los temas.

Uno de los primeros sondeos, realizados antes del 1 de diciembre de 2006, consistió en pulsar el estado en que Fox dejó la imagen presidencial. Los resultados, de acuerdo con una versión obtenida por Proceso, fueron demoledores. Los calderonistas calculan siempre. Miden obsesivamente.

Este tipo de trabajos, aun cuando se realizan con recursos públicos, están reservados, toda vez que desde la Oficina de la Presidencia se consideraron “vitales” para la toma de decisiones. Esto fue ratificado por el IFAI.

Mouriño se cubre las espaldas para que no trascienda con quiénes se entrevista. Al verse obligado a entregar una copia de su agenda de trabajo, mediante la Ley de Transparencia, registró la mayor parte de sus reuniones como “privadas”. La discreción con la que ahora se maneja en Los Pinos implicó cerrar su declaración patrimonial. Es decir, podrá calcularse sus ingresos antes de convertirse en el jefe de la Oficina de la Presidencia, pero no podrá saberse con cuánto contará al cierre del sexenio.


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Ahora, por el sector eléctrico


Rosa Santana

MÉRIDA, YUC.- El Grupo Energético del Sureste (GES), consorcio empresarial de la familia del jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño Terrazo, cuyo fuerte ha sido el ramo gasolinero, se apresta a irrumpir en el sector eléctrico.

Se trata de un proyecto para la fabricación de torres eólicas de última generación que, “en coinversión con una empresa española”, la Gándara Censa –de la que también son dueños–, arrancará el próximo año.

Como parte de los preparativos, el pasado 27 de junio, apenas un mes antes de que el panista Patricio Patrón Laviada pasara la estafeta gubernamental a la priista Ivonne Ortega Pacheco, la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY) protocolizó la compra de 20 hectáreas de terrenos estratégicamente ubicados sobre la carretera Mérida-Progreso.

Dicha superficie se localiza a unos minutos del puerto de altura de Progreso, está próxima a las vías ferroviarias y colinda con otro predio de 350 hectáreas donde se planea establecer una plataforma logística, industrial y comercial que la administración saliente pretendía otorgar por asignación directa –en lo tocante a su operación– a la empresa Prointec, coincidentemente también española, aunque este propósito no se llegó a concretar.

A raíz de que el Diario de Yucatán cuestionó el favoritismo que prodigó el gobierno de Patrón Laviada a la familia Mouriño Terrazo, Carlos Mouriño, hermano mayor de Juan Camilo y administrador en México de los negocios familiares, emitió un comunicado para aclarar que la compra no se hizo con fines especulativos, y reveló detalles de la inversión.

“El Grupo Energético del Sureste –precisó– invertirá, en coinversión con una empresa española, 300 millones de pesos en una fábrica que elaborará torres eólicas de última generación, mismas que serán comercializadas principalmente en el mercado estadunidense.”

Lo que no dijo es que la firma con la que el GES coinvertirá en este proyecto es Gándara Censa, que en España preside Carlos Mouriño Atanes, el patriarca de la familia Mouriño Terrazo. Ese negocio, según su página en internet, es un taller de caldería pesada que tiene entre sus divisiones el cemento, la minería y la fabricación de torres eólicas.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial (Sedeinco) del estado, Jaime Manuel Zetina González, comentó que, una vez concretado el relevo gubernamental, Mouriño Atanes y su hijo Carlos, acompañados por ejecutivos del GES, se presentaron ante él para informar sobre su proyecto, que consiste en “una maquiladora de torres eólicas”.

Confirmó que la coinversionista será Gándara Censa, pero dijo ignorar a quién pertenece. “Sé por medio de ellos que físicamente están haciendo sus trámites de permiso con el ayuntamiento de Progreso, porque los terrenos pertenecen a esa jurisdicción, y hasta donde sé los trámites van bien y son básicamente los permisos de construcción y de uso de suelo”.

Y, en efecto, la alcaldesa de Progreso, Reina Quintal Recio, informó el 9 de diciembre pasado al Diario de Yucatán que ya se expidieron los permisos de uso de suelo y que en breve tendrán los de construcción.

En su entrevista con Proceso, Zetina González aseguró que el lote que adquirieron los Mouriño es aledaño al que el gobierno anterior había destinado para la plataforma logística, y que el nuevo negocio de los Mouriño no guarda ninguna relación con ésta.

“El giro de su empresa –señaló–, al menos que yo tenga conocimiento, hasta ahora es único en el país, y las dimensiones de los productos que van a generar no son manejables dentro de ninguna plataforma logística.

“Nomás para dar una idea: Las torres de energía eólica miden alrededor de 30 a 40 metros de ancho y 100 de alto. Su traslado es por partes. No caben en ninguna bodega.”

Aunque en la presentación de su proyecto los Mouriño no establecieron plazos, agregó, probablemente inicien las obras en los primeros meses de este año. Dijo también que el actual gobierno no ha negociado con el GES ningún tipo de apoyo ni facilidades como la exención de impuestos. Sin embargo, pudiera darse algún respaldo normal porque, “hasta donde sé, generará alrededor de 300 empleos”.

Por su parte, Carlos Mouriño hijo expresó en su boletín que en el proyecto, que generará “150 empleos directos”, se dará “especial atención” a la ocupación de jóvenes yucatecos egresados de las escuelas tecnológicas de la entidad en áreas técnicas de alta especialidad.

E indicó que la inmobiliaria GES adquirió un predio de 20 hectáreas en la carretera Mérida-Progreso a la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY), mediante un contrato de compraventa firmado el pasado 27 de junio.

Mencionó el primogénito de Carlos Mouriño Atanes que el proyecto “es plenamente conocido por los funcionarios de la actual administración”.

Con ellos, abundó, “sostenemos no sólo un diálogo permanente, sino (…) que estamos realizando las gestiones propias de una inversión de esta naturaleza que, además, traerá beneficios colaterales por el uso de las instalaciones del puerto de altura de Progreso, para enviar los productos al mercado estadunidense. El gobierno del estado de Yucatán conoce con detalle este proyecto, que deberá operar a partir de 2008, una vez cubiertos todos los trámites legales, lo que descarta cualquier indicio de que se haya adquirido con fines especulativos”.

La construcción de la fábrica de torres eólicas de última generación “no ha dado inicio precisamente porque nos encontramos en la fase de consecución de cada uno de los permisos correspondientes…”.

Por último, en el texto, que fue publicado íntegramente por el Diario de Yucatán, Carlos Mouriño hijo destacó que su hermano, el actual jefe de la Oficina de la Presidencia, quien fue justamente subsecretario de Electricidad cuando Felipe Calderón fungió como secretario de Energía –en el sexenio foxista– y antes presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados cuando Calderón coordinó a la bancada panista, “ni es accionario ni participa en modo alguno en las empresas del corporativo GES”.

Según documentos obtenidos por esta corresponsal, la venta del predio al grupo de Carlos Mouriño Atanes y a GES, S.A. de C.V., fue aprobada el pasado 18 de junio por el Consejo de Administración de la COUSEY, que en su calidad de gobernador presidía Patrón Laviada.

En cuanto al funcionario que entonces fungía como director de la COUSEY, José Carlos Guzmán Alcocer, ahora está sujeto a un proceso penal por el delito de peculado por más de 500 millones de pesos. En esa causa se le atribuye la presunta compraventa irregular de terrenos donde actualmente se construye un country club. Esa área, por cierto, se ubica en la zona donde se asentará la maquiladora de torres eólicas.

Y a ésta, desde luego, no le faltaron facilidades. El lote correspondiente se vendió a la inmobiliaria GES a 35 pesos el metro cuadrado. Según el contrato PLL001 que signó con la COUSEY, el monto de la transacción fue por 7 millones 4 mil 743 pesos con 55 centavos.

Sin embargo, se determinó que esa cifra se pagaría mediante un enganche de 1 millón 400 mil 948 pesos con 70 centavos, mientras que el saldo, 6 millones 234 mil 673 pesos con 76 centavos, se cubriría en un plazo de 24 mensualidades de 259 mil 778 pesos con 7 centavos…

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