Con sueños e ilusiones quieren "ocultar" la cruda realidad

Tomado de El Universal, Omar.

El incremento al precio de las gasolinas acumulará para finales del presente 2008 un 7.13 por ciento, casi el doble del 4 por ciento estimado para la inflación. De la misma manera el presupuesto del presente año contempla una revisión del costo de la energía eléctrica. Si se toman como ciertas las cifras del gobierno federal, se estaría subsidiando más del 50 por ciento de este consumo, por lo que es de suponerse que las mismas tendrían los acostumbrados aumentos bajo el rubro de “ajustes”, que en palabras lisas y llanas son incrementos a la luz.

El efecto sólo de estos dos factores repercutirá de forma significativa en el precio de bienes y servicios a nivel nacional. Si a esto sumamos la libre importación de granos como el maíz, frijol y trigo, y el encarecimiento de los mismos en los mercados internacionales, junto con la voracidad de los “empresarios” que nada más sirven de intermediarios, tenemos un panorama realmente difícil para los más de 20 millones de mexicanos que en promedio ganan 4,500 pesos al mes.

Sin embargo, los medios electrónicos han restado importancia a estos hechos y han hecho gala de cinismo al repetirnos el refriteado “mensaje” de buenos deseos, sueños e ilusiones para 2008. En vez de los proyectos y metas que nos planteamos, ahora tenemos “sueños e ilusiones”, como si con eso se pudiera combatir la realidad lacerante de un país saqueado por la mafia que secuestró la libertad de los mexicanos. La misma que desde las pantallas de televisión y los aparatos receptores de ondas de radio nos dicen, qué, cómo y cuándo debemos de soñar hacernos ilusiones, para “ver si ahora sí se nos cumplen”, si no, pues a esperar el año que entra, a lo mejor y con un poco de suerte nos toca algo.

Se trata pues de una burla, ya que todos sabemos que cada ser humano es el forjador, arquitecto de su destino. Y si tenemos a esta punta de rateros fascistas encabezando los poderes legalmente constituidos y los fácticos, es en gran parte porque hemos dejado que nos impongan su dictadura, con el cuento de “viene el lobo” y de aquello de “para que vivas mejor”, “el sabe como hacerlo”, etc. Aunque inmediatamente comprobemos que nos vieron la cara. Un buen propósito entre las muchas metas que se pueden realizar es la de apagar la televisión –al menos en su parte de “noticieros”- y prender la lectura. Siempre será más gratificante enterarnos de las diversas versiones de un hecho relevante, que estar atados a la visión y mentiras de dos empresarios transas como Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego.

Que tengan un feliz principio de año.

El siguiente material fue tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

Año fatal


Patricia Dávila

Solos y desamparados, los productores agrícolas esperan con temor la llegada del 2008, año que para ellos estará cargado de signos ominosos. Perdida la autosuficiencia alimentaria, y ante la negativa del gobierno federal a renegociar el capítulo agropecuario, saben que a partir del 1 de enero comienzan los días fatídicos, pues el poderío comercial de Estados

Unidos, que tendrá ya vía libre para introducir cuanto producto desee totalmente exento de aranceles, los sumirá aún más en la miseria.

Catorce años después de haber entrado en vigor, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) logró que la riqueza del campo mexicano se concentrara sólo en el 3% de los productores agrícolas.

Otro de los alcances de este pacto comercial es que desde hace varios años se dejaron de sembrar 2 millones de hectáreas y se puso en peligro la producción de sorgo y arroz.

Así mismo, durante el período mencionado se perdieron más de 5 millones de empleos agrícolas, lo que elevó el índice de pobreza en varias regiones del país y provocó la migración de 8 millones de campesinos a Estados Unidos.

En síntesis: el campo está colapsado. Los datos duros distan mucho de los pronósticos optimistas que hizo el gobierno de Carlos Salinas en enero de 1994, cuando arrancó el TLCAN.

Así lo consideran dirigentes agrícolas entrevistados por Proceso. Durante 2007, analistas, organizaciones campesinas y legisladores vinculados con el agro intentaron buscar soluciones de fondo a la crisis del campo, incluso exigir al gobierno una revisión íntegra del capítulo agropecuario del TLCAN. Fue en vano. La revisión nunca llegó.

Según los campesinos, 2008 será un año “desastroso” para el campo, pues maíz, frijol y leche en polvo ya no serán gravados. De acuerdo con la Confederación Nacional Campesina, más de un millón 400 mil productores de maíz, frijol y leche entrarán en una grave crisis, algunos incluso podrían “desaparecer” cuando los productos estadunidenses inunden el mercado nacional.

López Aguilar sostiene que, desde la puesta en marcha del tratado, México nunca aplicó el arancel debido por las importaciones de alimentos: “De 1994 a la fecha –arguye–, México dejó de percibir más de 12 mil millones de dólares por el no cobro de los aranceles”. El gobierno debió cobrar hasta 250%, pero se conformó con recaudar sólo 3% al maíz blanco y el 1% al maíz amarillo, ambos procedentes del extranjero.

Y en los próximos años se acentuará la pérdida de la soberanía y la seguridad alimentaria, dice el dirigente cenecista, pues Estados Unidos surtirá 50% de los granos, cerca de 90% de la carne y 100% de las oleaginosas que se consumirán en México.

Las asimetrías

Carlos Salazar, dirigente de los productores de maíz, asegura que México no consideró asimetría entre los productores de Estados Unidos y México cuando firmó el TLCAN, lo que llevó al fracaso al agro nacional. E ilustra el caso: “Mientras que México tiene una frontera agrícola cultivable de 27.3 millones de hectáreas, Estados Unidos posee 179; cuando aquí existen 4.6 millones de hectáreas de riego, en Estados Unidos hay 17.9”.

Ante esta situación, los productores mexicanos reciben del gobierno federal un subsidio anual por hectárea de 45 dólares, mientras que a sus homólogos del norte les dan 125. Además, dice, en México cada productor tiene apoyos por 700 dólares, en tanto que los estadunidenses reciben 21 mil dólares.

Más contrastes: si en México el tiempo de producción de una tonelada de maíz es de 17 días, en Estados Unidos, gracias a la tecnificación, es de sólo 1.2 horas. Así mismo, son abismales las diferencias en infraestructura y condiciones de producción entre México y Estados Unidos: aquí cada trabajador del campo posee en promedio 3.1 hectáreas de cultivo, frente a las 59.1 que tienen sus pares estadunidenses.

Además, en el país hay un tractor por cada 50 campesinos, mientras que en Estados Unidos cada productor es dueño de su propio tractor y logra producir 8.4 toneladas por hectárea –en México el promedio es de 2.4 toneladas–. En los últimos 10 años los costos de producción aumentaron en 300%.

A estos grandes desequilibrios en infraestructura y tecnología deben añadirse la falta de inversión y de apoyo al fomento de la producción de maíz a partir del TLCAN, dice Salazar, y explica: “Una muestra de la desventaja con que México ha enfrentado el TLCAN es el déficit comercial agroalimentario, que pasó de 74 millones de dólares en 1994, a 5 mil 500 millones de dólares en 2004.”

Para Abraham Montes Alvarado, dirigente de la Unión Nacional de Productores de Frijol (UNPF), lo peor está por venir. En 2008, afirma, Estados Unidos iniciará un programa de créditos para la comercialización de sus productores, con un respaldo hasta 400% superior al que reciben los campesinos mexicanos.

El dirigente asegura que actualmente la superficie en la que se siembra frijol en México es de 2 millones 154 mil 600 hectáreas y la producción nacional de esta leguminosa –100 mil toneladas– apenas cubre la demanda interna.

Dice que a los productores de frijol les afectó la llegada tardía del Subprograma de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (Promaf), así como la falta de un sistema de aseguramiento en el ámbito nacional en las zonas de temporal. Tampoco tuvieron un sistema financiero eficaz, afirma Montes. “De hecho, los campesinos seguimos produciendo solos, prácticamente sin ayuda institucional, sin seguro agrícola, corriendo los riesgos nosotros mismos y con problemas para comercializar cada año más de 150 mil toneladas.”

Hoy, según asegura el dirigente de la UNPF, un productor vende su frijol a 3.30 pesos el kilo, mientras que los consumidores lo adquieren hasta en 22 pesos. Ese incremento se debe a los intermediarios, quienes se llevan su tajada, y a la falta de de programas de comercialización. En realidad, dice, el kilogramo debería fijarse en 8 pesos. Pero las cosas no son así; lo malo es que pueden agravarse.

Con la apertura comercial total, que comenzará a aplicarse a partir del martes 1 de enero, es probable que la leguminosa que se consuma en México sea triangulada por Estados Unidos, que podría importarla de China, India, Brasil y Centroamérica.

El panorama para los 200 mil productores de leche también es sombrío. José Antonio Rico Ramos, presidente de la Unión Nacional de Ganaderos y Lecheros de la CNC, asegura que, en lugar de fomentar la ganadería lechera nacional, el gobierno federal alienta las prácticas monopólicas de fijación y discriminación de precios. Lo peor: autorizó a Liconsa a comprar en el mercado internacional leche en polvo, que es más cara que la del mercado interno.

Dice: “México importa mil 500 millones de litros al año, lo que lo coloca como el segundo importador de leche en el mundo. Recientemente introdujo leche entera en polvo a más de 3 mil 600 dólares la tonelada, lo que indica que sus gastos de internación al país representaron un importe de 6.78 pesos por litro; esto es, un subsidio de 1.80 pesos por litro al productor lechero extranjero.”

Esto, agrega Rico Ramos, no es poca cosa, si se considera que al productor se le paga 3.70 pesos el litro de leche. “Lo que planteamos es que se nos pague a 5.50 y 5.90, aun cuando sabemos que el precio internacional del lácteo es de 6.89 y que cambiará a partir de enero.

“A los productores nos cuesta entre 3.20 y 3.30 pesos producir un litro de leche de calidad. ¿Cómo le vamos a hacer para no extinguirnos?”, dice el representante cenecista.

Inermes

Para Héctor Padilla González, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, el agro nacional atraviesa por una situación crítica debido a que, tras la firma del TLCAN, México retiró los instrumentos que sostenían el desarrollo del campo.

“Redujo drásticamente el financiamiento del Banco Rural hasta su extinción; desapareció Conasupo, que controlaba el proceso de captación de cosechas y el precio de garantía, lo que dio paso a una cadena de intermediarios como Cargill, Maseca o Minsa”.

Con Cargill, dice el legislador, bastaría que el gobierno cotejara sus facturas de compra con las de venta para establecer el intermediarismo especulativo.

Así mismo, se contrajo drásticamente la actividad del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), que creó una variedad de cultivos aportados al gobierno federal por India y algunos países africanos; también desapareció la Productora Nacional de Semillas (Pronase), encargada de multiplicar comercialmente las variedades obtenidas por el INIFAP.

Por si lo anterior fuera poco –continúa el legislador– Sagarpa eliminó la asistencia técnica, la capacitación y el servicio de información de mercados que brindaba a los campesinos. En suma, “el gobierno federal dejó que todo lo resolvieran los mercados. Se olvidó de que la población a la que va dirigida esta información es la que posee el menor índice de escolaridad y carece de herramientas tecnológicas para incorporarse al ritmo de desarrollo que lleva el mundo”.

Padilla González asegura que con el tratado sólo se beneficiaron productores de Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas, “que es el nicho del 3% de los productores que crecieron desde que entró en vigor el TLCAN frente a los 3.5 millones que se empobrecieron”.

Sentencia: “Es imposible estar contento con estas cifras. Además, debido a la falta de rentabilidad, se dejaron de cultivar 2 millones de hectáreas de buena calidad”.

En Sonora, por ejemplo, 60% de la superficie está rentada; le sigue Sinaloa, con 40%. El rentismo comenzó por el sur y ya se observa en Jalisco y Michoacán. “Aún es poco, pero está calando”.

González explica que en 2005 el Banco Mundial publicó el documento Generación de ingreso y protección social para los pobres, en el que menciona que los programas agropecuarios aplicados en México no resultaron exitosos para lograr que los productores de básicos se ajustaran a la competencia internacional y pasaran a cosechas más competitivas.

Desequilibrio

El investigador de la UNAM José Luis Calva, experto en el sector agropecuario, asegura que desde que se firmó el TLCAN, él, junto con analistas de Chapingo y otras universidades, advirtieron sobre las desigualdades que privan en ese sector.

En entrevista, Calva asegura que “hay diferencias de productividad enormes, que se derivan de cuantiosas inversiones en investigación e innovación tecnológica que se hicieron de manera sistemática en Estados Unidos”. Y menciona la llamada Ley Morrill de 1862; luego vinieron las de políticas de precios y subsidios, instrumentadas a partir de la Ley Agrícola (The Farm Bill) en 1933, aún vigente.

Así, dice el investigador, un productor estadunidense puede adquirir maquinaria sabiendo que va a tener con qué pagar, pues tiene un precio de garantía que lo soporta. Esta, señala, es la primera fuente de desigualdad.

Los apoyos que reciben los granjeros de Estados Unidos representan 48.2% del valor de la producción agropecuaria, por lo que, puntualiza, “no podemos razonablemente pensar que lograremos en un futuro previsible la equiparación con nuestros vecinos del norte. La capitalización y la innovación también avanzan allá”.

Agrega: “fallaron los supuestos, pero los técnicos o los tecnócratas que negociaron el TLCAN no tenían bases para decir qué se haría en el caso de que fallaran. Ahora ya tenemos el problema enfrente”.

Según Calva, incluso podría decirse: “Si ya los precios son altos, los productores agrícolas maiceros van a ser competitivos y ya no habrá problema con abrir el grano de 2008 para adelante. No –dice Calva –, aquí hay dos problemas: primero, el uso del maíz para la producción de etanol solamente es costeable con un precio del barril por arriba de 45 dólares.

“Nada garantiza que los precios del petróleo estén arriba. Entonces, la sobredemanda registrada en Estados Unidos y que elevó los precios no necesariamente va a mantenerse; segundo, por política agrícola, Estados Unidos paga por que millones de hectáreas se queden sin cultivo con el objetivo de reducir la oferta, porque tienen una sobreproducción de granos.”

Si se mantiene alto el precio del crudo, esas tierras van a regresar al cultivo, agrega el investigador. “México no puede apostar a un escenario eternamente alto de precios del maíz; esto abre la necesidad de dar certidumbre a la producción de maíz y de frijol, del cual dependen más de 3 millones de familias en México; la única manera de darles certidumbre es sacarlos del TLCAN.”

Pero también, dice, hay otro tipo de razones –alimentarias, sociales y económicas– para excluir a México del TLCAN. México es el primer productor mundial de maíz blanco, cuyo grano contiene tres puntos porcentuales de proteínas más que el maíz amarillo. Tienen mayor contenido energético y es utilizado para forraje en Estados Unidos y últimamente para producir etanol. Esto es relevante porque en poblaciones que se mueven en niveles de desnutrición o de una alimentación que es apenas la mínima indispensable para que un ser humano se mantenga bien, tres puntos porcentuales de contenido proteico en la tortilla son altamente importantes.

Por eso, los investigadores universitarios insisten en que se excluya al maíz y al frijol del tratado. Dará certidumbre a la producción agropecuaria y en dos años –“sin ser chovinista”, afirma Calva–, México puede lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos.

A su vez, los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, y de la Central Campesina Cardenista, Max Correa, enumeran los daños sufridos por los campesinos y productores agrícolas desde que se instrumentó el tratado comercial: se puso en riesgo la sobrevivencia de 32 millones de campesinos. De ese total, 80% sobreviven en la pobreza; durante el gobierno de Vicente Fox se perdieron cerca de 5 millones de empleos.

Más: de los 97 mil 606 millones de dólares acumulados en inversión extranjera directa, únicamente 265 millones –2.5 %– llegaron al campo mexicano; 40% de los porcicultores abandonaron esa actividad, lo mismo que 24% de los productores de papa, los arroceros y los maiceros.

México, dicen los dirigentes agrícolas, está perdiendo la autosuficiencia alimentaria. E insisten en que la negativa a revisar el capítulo agropecuario del TLCAN sólo agravará los problemas sociales en el área rural de México. Por eso consideran que el 1 de enero de 2008 será una fecha fatal.

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Recesión expansiva


Alejandro Maciel

Los escenarios económicos para México se complican con la crisis por la que atraviesa el sector inmobiliario de Estados Unidos. Para los analistas financieros internacionales, este problema constituye el signo ominoso de una eventual recesión que podría comenzar en 2008 y alcanzaría su punto máximo en un lapso de tres años.

LOS ÁNGELES.- Todavía hace dos años la mayoría de los economistas estadunidenses se negaba a reconocer que la economía de su país vivía dentro de una burbuja, y menos aún que se encontrara a punto de reventar.

Los menos optimistas decían entonces que luego de un período de bonanza sin precedentes, con los intereses hipotecarios más bajos en medio siglo, el boom de la vivienda estaba llegando a su fin, pero que se produciría un “aterrizaje suave”, sin consecuencias para el resto del sistema económico.

Desde marzo de 2007 se empezó a vislumbrar lo que venía. Más de 25 firmas hipotecarias se declararon en bancarrota y en abril New Century Financial, el segundo mayor prestamista de hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos, anunció su quiebra.

En agosto, las bancarrotas empezaron a multiplicarse. Empresas como American Home Mortgage y Ameriquest anunciaron que enfrentaban graves dificultades económicas. Incluso Countrywide, el mayor prestamista hipotecario de Estados Unidos, llegó a un acuerdo con un conglomerado internacional de bancos para evitar la quiebra. Esta operación le hizo perder en un sólo día 13% de sus acciones.

Durante noviembre el mercado de la vivienda registró su peor caída en más de 12 años, al reducirse drásticamente el número de casas nuevas vendidas. En comparación con octubre, este índice tuvo un descenso de 9%, el más alto desde abril de 1995. Estas cifras son peores que las esperadas por la mayoría de los analistas económicos, e indican que Estados Unidos se encuentra al borde de una recesión económica.

El pasado 28 de diciembre, Richard Yamarone, analista de la empresa Argus Research, comentó que el panorama en el ámbito inmobiliario se veía muy mal. “Este es –dijo– uno de los sectores de la economía que no está mostrando ninguna señal de vida y no se ve que vaya a resucitar ni siquiera en el año entrante”.

Por su parte, Mark Zandi, economista de Moody’s Economy.com, indicó: “Me parece que lo que estamos viendo en el mercado de la vivienda es muy grave, tanto los precios como las ventas de las casas están en caída libre. Y lo peor es que la tendencia se está intensificando”.

El origen del problema

El profesor emérito de finanzas internacionales de la Universidad de Montreal, Canadá, Rodrigue Tremblay, quien cuenta con un doctorado en economía por la Universidad de Stanford, explica la raíz de la crisis:

“Con tasas de interés en niveles históricamente bajos, las instituciones bancarias vieron una oportunidad para conceder más créditos hipotecarios. Los bancos y otras instituciones crediticias empezaron a otorgar estos préstamos a familias que no reunían los requisitos de ingresos para conseguirlos. Pero ante la posibilidad de obtener altísimas ganancias por la especulación que se estaba dando en el mercado de la vivienda, decidieron correr el riesgo.”

Para ello, establecieron instrumentos que estipulan dos años de interés fijo y los 28 restantes sujetos a interés variable. En muchos de los casos no se pidió a los compradores ni siquiera la comprobación de ingresos y los enganches eran de menos de 5%, cuando tradicionalmente son de entre 15% y 20%.

Lo que numerosos compradores no sabían era que al término de los dos años las tasas de interés iban a aumentar drásticamente, y que en la mayor parte de los casos tendrían que desembolsar entre 500 y 700 dólares más al mes. El grueso de ellos no pudo seguir pagando.

De acuerdo con estimaciones del gobierno federal, 2.2 millones de propietarios están en peligro de que sus viviendas sean embargadas. Datos de la firma RealtyTrac muestran que sólo en octubre 224 mil 451 familias perdieron sus casas.

Durante 2007, todos los meses se rompieron récords de embargos y a ello hay que añadir la pérdida de valor de las propiedades, refiere Tremblay, también autor del libro The New American Empire.

La compañía DataQuick, especializada en monitorear los precios de las viviendas en todo el país, reveló que en noviembre el precio promedio de éstas en el sur de California cayó 10.3% en relación con el mismo mes de 2006, lo cual representa el descenso más fuerte en los últimos 20 años. Es decir, en sólo 12 meses a estos propietarios se les “evaporaron” 50 mil dólares de plusvalía inmobiliaria.

Algunos analistas dicen que en 2008 podrían esfumarse otros 45 mil dólares, y que al final del ciclo recesivo el precio de las viviendas en esa región del país habrá caído 25%.

En 2006, casi 25% de los préstamos hipotecarios fueron otorgados en estas condiciones y cerca de 20% se pactaron a tasas variables, por lo que en 2008 al menos otros 2 millones de familias también perderán sus casas y deberán reducir de manera sensible sus niveles de consumo.

“Cuando este tipo de créditos tenían una gran demanda, casi todos los grandes bancos crearon mecanismos propios para financiar los créditos. En el verano de 2007, el valor de estos financiamientos alcanzaba la cifra de mil 170 billones de dólares. Esta masa de capital fue repartida en todo el mundo mediante transacciones entre bancos e instituciones financieras. Actualmente la cifra del valor de esa cartera es de 900 mil millones de dólares”, asegura Tremblay.

Y añade: “Para darse una idea de lo que esto significa vale la pena comparar. A comienzos de los ochenta, la economía de Estados Unidos sufrió un frenón y alrededor de mil instituciones bancarias y de crédito tuvieron pérdidas por casi 150 mil millones de dólares, convirtiéndose ése en uno de los principales factores que desencadenaron la recesión de 1990-1991. Ahora, la crisis financiera es de mayor alcance debido a que involucra a la totalidad del sector bancario estadunidense”.

Escenarios

¿Habrá recesión en 2008? La respuesta a esta pregunta tiene por lo menos dos vertientes. Para la Oficina Nacional de Investigación Económica este fenómeno ocurre cuando se presenta un declive significativo de la actividad económica, disperso en las diferentes ramas de la industria y que se prolonga durante varios meses.

Otros especialistas consideran que la economía entra en recesión cuando en dos trimestres consecutivos el Producto Interno Bruto (PIB) arroja cifras negativas.

Por ahora parecería que no hay recesión, porque algunos indicadores todavía muestran crecimiento. No obstante, las estadísticas en diferentes ámbitos de la economía no son halagüeñas.

Las industrias de la construcción y de la manufactura, consideradas como pilares del empleo en Estados Unidos, registraron pérdidas importantes durante el pasado noviembre. El economista Dean Baker, del Centro de Investigación de Políticas Económicas, estima que ambos sectores perdieron ese mes 24 mil y 11 mil empleos, respectivamente.

Este centro calcula que en 2007 la industria manufacturera perdió 183 mil empleos; en comparación con el año anterior, la caída fue de 1.3%. Los sectores que han sido golpeados con más fuerza en el área manufacturera son el textil, con una caída de 10.8 %, y el automotriz, con 5.9 %.

En noviembre, el sector financiero perdió 20 mil empleos, lo cual refleja la grave crisis por la que atraviesa el ámbito inmobiliario. Por su parte, de julio a la fecha las empresas dedicadas a la intermediación crediticia perdieron 58 mil 200 puestos de empleo. La desaceleración económica ha empezado a alcanzar a otros sectores.

El pasado 27 de diciembre, el Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que la demanda de autos, aviones y otros artículos de consumo tuvo un incremento de 0.1% durante noviembre. En octubre ese índice tuvo un crecimiento de 0.4%.

“El problema es que cuando las compañías empiezan a observar una disminución en las órdenes de producción, modifican sus planes de contratación de personal y de adquisición de equipos”, dice el economista Michael Gregory, de BMO Nesbitt Burns, con sede en Toronto, Canadá.

Cifras del Departamento del Trabajo muestran que las solicitudes para obtener el seguro de desempleo aumentaron durante la segunda semana de diciembre de 2007 y ascendieron a 349 mil. En este período 2.7 millones de personas cobraron esa prestación, lo cual representa el número más alto registrado en los últimos dos años.

“Personalmente, creo que en 2008 habrá una desaceleración inevitable. Espero que el peor de los escenarios no se materialice. Sin embargo, creo que ese año habrá una recesión moderada, seguida de una mucho más severa entre 2010 y 2011”, pronostica Tremblay.


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Nadie hizo la tarea


Carlos Acosta Córdova

Desde hace 14 años, cuando entró en vigencia el

Tratado de Libre Comercio para América del Norte, los países firmantes –Estados Unidos, Canadá y México– acordaron que a partir de enero de 2008

se retirarían los aranceles a todos los productos agropecuarios. Y llegó la hora cero sin que nadie, ni

el gobierno ni los empresarios ni los productores, cumpliera con su cuota para finiquitar este compromiso. Y sólo ahora, cuando se desgravan los últimos cuatro productos –maíz, frijol, azúcar y leche–, algunos sectores se rasgan las vestiduras.

Apartir del martes 1 de enero, productos como maíz, frijol, azúcar y leche, los últimos que quedaban por desgravar al ciento por ciento en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, podrán entrar al país libres de arancel.

Esta apertura, desde la perspectiva del gobierno federal, de los empresarios y de quienes se dedican al análisis del comportamiento cotidiano de los mercados agrícolas en México y el mundo, no significará una tragedia nacional ni una catástrofe para la economía ni la desaparición del campo mexicano.

Más aún, insistir en renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN y excluir de él al campo, en particular al maíz, como exigen organizaciones sociales y campesinas, es apostar a hacerle el juego a Estados Unidos.

Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, empresa que desde 1996 se dedica al análisis de la información de los mercados nacionales e internacionales de granos y que presta servicios lo mismo a dependencias gubernamentales que a empresas del ramo, dice:

“Sacar el maíz del TLCAN no nos conviene, como país, en ningún sentido, porque somos deficitarios. Si ponemos barreras arancelarias a las importaciones y fijamos precios, saldrían más perjudicados los consumidores finales y el sector pecuario. Haríamos menos competitivo al sector agroindustrial, que ha crecido mucho. Los gringos, felices de que lo hiciéramos, porque en lugar de querer exportarnos maíz, nos exportarían puerco, pollo y carne, que ya lo hacen. Pero si nosotros tronamos nuestra agroindustria ellos van a estar encantados: les conviene más exportarnos productos terminados, con más valor, que vendernos grano.”

Y muchas veces ni siquiera se trata de productos con alto valor –agrega Fernando Cruz, director de Proyectos Especiales de la misma empresa–, como en el caso del pollo. Explica: “Lo que comemos en México es, sobre todo, pierna y muslo, que para ellos es desecho. Ellos consumen pechuga, toda, no se desperdicia; nos envían desperdicio, que no tiene valor en su mercado, y nosotros se lo compramos muy bien. Y eso va en detrimento de la industria avícola de México”.

Conforme se fue acercando la “hora cero”, el “plazo fatal” para la apertura total de aquellos productos, los medios informativos han inundado el país con los peores augurios, el presagio de horas, días, meses y años de tormenta y desastre para el campo mexicano. Empero, una revisión menos emotiva de los hechos y los datos duros, desde que entró en vigor el TLC en 1994, indica que lo que vendrá a partir del 1 de enero no será radicalmente distinto: el campo no estará peor de lo que ya está.

Ello no quiere decir que no pasará absolutamente nada. Propios y extraños advierten de los riesgos. El secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, si bien ha dicho que no habrá una “bronca fuerte” por la apertura de fronteras para el maíz, frijol, azúcar y la leche, admite que “2008 no será un año fácil y tranquilo”, pues hay focos amarillos en varios frentes de producción: en la de cerdo, por la baja de los precios internacionales; en la de atún, por una reducción sensible de la captura; en la de azúcar, por los grandes excedentes y la dificultad para colocarlos en el exterior debido a los altos precios internos.

Los empresarios del campo, sobre todo los grandes productores –quienes enfrentarán la apertura–, tampoco se rasgan mucho las vestiduras. Jaime Yesaki Cavazos, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, por ejemplo, dice a Proceso: “Aunque seremos los más afectados, porque nosotros sí entraremos en franca competencia por la apertura, el 1 de enero será como cualquier otro día, con algunas salvedades, pues al cabo de 15 años de TLC ya estamos abiertos en todo y no se ha destruido ni el campo ni la industria”.

Rechaza lo que dicen las organizaciones campesinas en el sentido de que el TLC ha propiciado el desplome de la producción de maíz en México: “No es que produzcamos menos –que de hecho es al revés: ahora se produce más que al inicio del Tratado–, sino que cada vez necesitamos más maíz, somos deficitarios y debemos importar cada vez más para satisfacer la demanda del sector pecuario, que está creciendo mucho”.

Sin embargo, Yesaki observa que existe el riesgo de que, con la apertura total en el caso de los granos, particularmente el maíz, los grandes comercializadores, brokers o coyotes, como se les quiera llamar, “den preferencia a la compra en el extranjero, haciendo a un lado las cosechas nacionales. Eso provocaría que, ante una menor demanda, los productores nacionales tendrían que bajar sus precios. Si no se fortalecen los mecanismos oficiales de protección a productores, puede darse el caso de que los especuladores abusen de los productores medianos y pequeños”.

Un ejemplo de ese riesgo puede darse con alta probabilidad en los mercados regionales, como los del Golfo de México, muy cercanos a Nueva Orleáns, Estados Unidos, y que los comercializadores podrían preferir importar el maíz de allá que traerlo desde Sinaloa, que por la lejanía, el transporte y la logística les resulta más caro.

No hubo catástrofe

El director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya Castellanos, asegura que la apertura total no es motivo para tirarse al llanto. Antes del TLCAN, ejemplifica, ya estaba totalmente libre de arancel el sorgo –que también es de alto consumo para el sector pecuario–, y no pasó nada: el país producía un promedio de 4 millones de toneladas y ahora produce 6 millones.

En 2003, agrega, se liberó el trigo y no hubo catástrofe: seguimos produciendo trigo, aunque sí importamos bastante, pero los productores de ese grano no desaparecieron. Con el maíz, que es el grano emblemático del país, la situación es más compleja, pero tampoco puede augurarse una tragedia.

Dice Anaya: “Somos un país deficitario y necesitamos complementar nuestro abasto con maíz de importación. Que no es bueno para el país, cierto, pero es nuestra realidad. Nuestro país no es un país granelero: las condiciones de nuestras superficies no son de características muy productivas. Además hay un grave problema en el contexto de nuestro sector agropecuario, donde tenemos un tema ancestral que es el minifundio”.

Para él, el problema del maíz y del campo en general rebasa la circunstancia del TLCAN. Ni antes ni ahora con 14 años de TLCAN se han superado los problemas de baja productividad y baja rentabilidad del campo. Explica Anaya: “Tenemos una superficie agrícola pulverizada. Hay en el país más de 3.5 millones de productores agrícolas, pero más de 70% de ellos tiene menos de 5 hectáreas; 57%, menos de dos hectáreas, y 23% menos de una hectárea. En Estados Unidos, el promedio por productor es de 49 hectáreas, y en Brasil tienen latifundios.

“Entonces, es difícil hacer que nuestros productores puedan vivir de esas cinco o menos hectáreas, porque los ingresos que les deja el campo apenas son de 30% a 40% y lo demás lo complementan con remesas y otros ingresos. Remesas de dos tipos: las que les llegan de Estados Unidos y las de las ciudades del país. Hay muchos productores que vienen a las ciudades a trabajar de albañiles, a cuidar coches, a emplearse en lo que sea… como es el caso de miles de maiceros del Estado de México.”

Ante la alarma que se ha extendido porque supuestamente la apertura va a golpear a todos los productores nacionales de maíz, Juan Carlos Anaya matiza: “De los casi 3.5 millones de productores agrícolas, cerca de 1.9 millones se dedican al maíz. Y de éstos sólo entran 79 mil al canal de comercialización. Esos son los productores que sí van a enfrentar la apertura comercial. Los demás, que son de autoconsumo o que venden su producto en el mercado regional, van a seguir viviendo su realidad; triste, pero no más grave de lo que ya es”.

También rechaza que las importaciones libres de maíz repercutirán en el precio de la tortilla, el ingrediente emblemático de la comida diaria de los mexicanos. “Para atender este mercado se requieren alrededor de 8 millones de toneladas métricas, las cuales están 100% garantizadas, ya que la producción de maíz blanco en nuestro país es mayor que esa demanda. Somos el principal productor de maíz blanco en el mundo. De hecho, de los ciclos otoño-invierno pasado y el actual de primavera-verano, tenemos excedentes que deberán ser adquiridos por el sector pecuario, sustituyendo importaciones de maíz amarillo o sorgo”.

No hay razón tampoco, insiste, para esperar que el maíz de Estados Unidos desplace la producción nacional y esto provoque un encarecimiento en toda la cadena del maíz. El gobierno ha dejado claro que mantendrá los subsidios y los esquemas de protección a los productores. En principio, Estados Unidos, con todo y que es el principal productor y exportador de maíz del mundo –en su territorio se genera casi 44% de la producción mundial; sus exportaciones significan casi 65% de las ventas de maíz en todo el mundo–, no tendría capacidad para inundar de grano al país, pues él mismo está registrando una extraordinaria demanda interna para enfrentar la creciente producción de etanol y atender sus proyectos relacionados con otros biocombustibles.

De hecho, esto último ha favorecido a los productores nacionales, pues el precio del maíz se define en los mercados internacionales. En el último año, el precio del maíz aumentó 10%; respecto de 2002, creció 72%. De tal suerte que ahora los productores nacionales venden la tonelada de grano entre 2 mil 200 y 2 mil 400 pesos. A principios de 2007, cuando se registró la crisis de la tortilla, pudieron colocar la tonelada hasta en 3 mil 400 pesos, dice Anaya.

Ventajas… con riesgos

De acuerdo con un análisis del GCMA, el productor nacional recibe mejor precio por su maíz que sus homólogos estadunidenses, a quienes les pagan por cada tonelada el equivalente a mil 490 o mil 526 pesos. Es decir, los productores mexicanos reciben entre 48% y 57% más que sus vecinos del norte.

A pesar de ello, los productores nacionales perciben menos que a finales de 2006 y principios de 2007, razón por la cual no tendría por qué subir el precio de la masa y la tortilla, como afirman algunas organizaciones.

Por otra parte, los esquemas gubernamentales de protección al productor seguirán vigentes, como el de Agricultura por Contrato –desde la siembra, productor y comprador pactan el precio–, el de Compras Anticipadas –se establece un “precio piso” al productor y un “precio techo” al comprador– y el de Ingreso Objetivo.

Este último es importante, sobre todo para los productores que enfrentarán la apertura. Juan Carlos Anaya lo explica: “En términos sencillos, es como un precio de garantía, un ingreso garantizado que de común acuerdo fijan gobierno y productores. Actualmente el Ingreso Objetivo es de mil 650 pesos la tonelada. Si por razones de mercado el precio del maíz bajara a mil 400 pesos, el gobierno pone la diferencia: 250 pesos. Pero como ahora la tonelada ronda los 2 mil 400 pesos, el gobierno no pone nada.

“Igual pasa en Estados Unidos. Allá el ingreso objetivo es 103 dólares para el maíz, pero como el productor recibe 133 dólares promedio por tonelada, no hay subsidio alguno. De hecho el ingreso objetivo en México, en dólares, es más alto: 157 dólares.”

Con esos datos, de paso, se matiza la idea de que por los altos subsidios que tienen los productores de Estados Unidos acabarán con los nacionales. “Lo que sí traen los gringos son esquemas de financiamiento y de seguros mucho más competitivos, que los hacen ser más productivos y rentables que nosotros”, admite el director del GCMA.

Y añade que en Estados Unidos se producen en promedio nueve toneladas por hectárea, “mientras que nosotros sólo 2.9 toneladas por hectárea. Aunque hay regiones, como Sinaloa, Chihuahua y algunas partes del Bajío, que producen al mismo nivel que los productores de allá, quizá con costos más altos. Otra diferencia es que el mercado estadunidense apoya mucho sus exportaciones, provee financiamiento a tasas de interés preferentes, unos 3 a 5 puntos porcentuales menos que en México”.

Sin embargo, Anaya asegura que “nadie puede decir que no va a pasar nada con la apertura total”. Explica: “el riesgo para nuestros productores es que los volúmenes de importación que adquieren los consumidores, principalmente pecuarios, obtienen esquemas comerciales integrales, ya que los proveedores internacionales se encargan de la logística y otorgan financiamiento muy competitivo y las cosechas nacionales adolecen en su mayoría de éstos. Por la falta de organización de los productores de administrar la oferta por no tener bodegas, financiamiento de inventarios, información y servicios logísticos, tienen que vender sus cosechas cuando los precios son bajos o el mercado de la demanda está en pocos compradores”.

Buena parte del ruido que se ha hecho por la liberalización total de importaciones, que entrará en vigor este martes 1 de enero, es porque se ha creado la impresión de que la apertura de fronteras empezará ese día. Pero eso es erróneo, pues la desgravación arancelaria se ha dado paulatinamente desde que empezó el TLCAN, en 1994.

Ese año, las importaciones de maíz estaban gravadas con un arancel de 206.4% sobre el valor de lo importado. Al término del gobierno de Ernesto Zedillo, en 2000, el arancel era de 145.2%; cuando acabó el de Fox, en 2006, fue de 36.3%. En 2007, el primer año de Felipe Calderón, el arancel es de 18.2%, y desde el martes 1 de enero será de cero.

Es decir, la apertura ya estaba. Nadie puede llamarse a engaño ni mostrarse sorprendido. Todo mundo coincide –gobierno, empresarios, organizaciones campesinas– en reconocer que nadie “hizo la tarea” en los 14 años del TLCAN para enfrentar la “hora cero”.

Y lo que no se hizo, en síntesis, fue: modernizar el campo; dotarlo de más recursos; eficientar el creciente gasto público para él, evitar que muchos de esos recursos se quedaran en organizaciones campesinas que operan más con fines políticos que productivos; organizar a los productores, capacitarlos, darles acceso a tecnología y financiamiento para aumentar su rentabilidad y competitividad; compactar tierras –no vender– para evitar que la pulverización de la propiedad inhiba la productividad y el uso de paquetes tecnológicos, equipo, maquinaria; reglas claras y justas en la comercialización; el uso de coberturas de precios, seguros agrícolas generalizados; en fin, voluntad de todos para cambiar el campo; políticas públicas claras, de largo alcance, para enfrentar la competencia que llegó para quedarse.

Por no aplicarse el país en ello, el resultado del TLCAN en materia agrícola, especialmente en el maíz, es más que vergonzoso: de producirse 2.2 toneladas por hectárea al inicio del tratado, ahora se producen 2.9 toneladas; la producción pasó de 18 millones de toneladas al año a 23.3 millones, un triste aumento de poco menos de 30% en 14 años, tan insuficiente que se seguirán importando alrededor de 10 millones de toneladas de maíz amarillo al año, casi 130% más de lo que se importaba –4.5 millones de toneladas– al inicio del TLCAN.

En el pecado se lleva la penitencia.