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lunes, enero 07, 2008

Escalada de precios vs total impunidad



Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha.


Como hace un año el precio de la tortilla se incrementó desde los primeros días de este 2008. Para el presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, Lorenzo Mejía Morales, su costo podría alcanzar los 15 pesos en el primer trimestre del año. También como hace un año la Profeco anunció que actuaría, pero como hace una año, sabemos que no hará nada, pues con el cuento de la oferta y la demanda, esta dependencia del gobierno usurpador sólo sirve para garantizar la impunidad de los empresarios del fraude como Maseca y Bimbo.

Los incrementos en casacada no se han hecho esperar y ahora los “legisladores” reconocen que el aumento en el precio de los energéticos si es inflacionario, pero “confían” en que el espurio Felipe Calderón Hinojosa meta en cintura a quienes lo llevaron a la usurpación del poder. Lástima que ya pasó Navidad y que tampoco se encuentren los Reyes Magos, pues esta cartita se ira por el caño del cinismo y la impunidad. La ciudadanía pagará más, mientras que los poderes fácticos y legales seguirán hinchándose de dinero a costa de la pobreza de la inmensa mayoría de los mexicanos que se conforman con la “esperanza” de que este año “si mejore la situación económica”. No les importa que todos los análisis apunten a que el entorno económico empeorará –sin contar la negligencia, ignorancia y prepotencia del pelele Calderón Hinojosa- por la anunciada recesión en la economía de Estados Unidos.

Otro factor a tomar en cuenta es que mientras persista la impunidad en México la corrupción seguirá. Por más que salen a la luz los ilegales negocios de las “prominentes” familias de la política, nada se hace al respecto. Y eso que se cuenta desde hace seis años con leyes y reglamentos para frenar el cinismo y corrupción de los políticos, funcionarios públicos y empresarios mono y oligopólicos. Pero como buenos PRIANistas en lugar de aplicar la ley acallan voces que denuncian su corrupción. El despido de la periodista Carmen Aristegui es el más reciente caso de ataque a la libertad de expresión y al derecho constitucional a la información. Es en sí mismo un acto de prepotencia que da la impunidad que se vive en México. Así que ¿cuál democracia?




En seguida una nota tomada del periódico La Jornada.










Fracasa el combate a la corrupción; los panistas, “más cínicos” que los priístas


Fox, lastimero símbolo de esa vieja práctica ilícita, dice la investigadora Irma Sandoval

Rosa Elvira Vargas




El combate a la corrupción en México vive una gran paradoja: aunque existe mayor reglamentación y más depuradas estrategias para enfrentarla, no se advierte voluntad política para hacerlas efectivas, y el resultado es una creciente impunidad, advierte Irma Eréndira Sandoval, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La investigadora indica que en ese universo, los gobiernos encabezados por el Partido Acción Nacional (PAN) han resultado “un poco más cínicos” que sus antecesores del Revolucionario Institucional (PRI), no sólo por sus métodos “más bruscos”, sino porque les tocó una coyuntura de transición política que despertó altas expectativas en la sociedad y porque disponían de avances legales específicos, como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal Transparencia y Acceso a la Información Pública y la relativa al servicio civil de carrera.

“Pero los panistas ha seguido con los usos y costumbres del viejo PRI y han generado frustración en la sociedad mexicana, con el agravante de que quienes provienen del PAN todavía quieren que los celebremos porque son muy transparentes y exigen que se les dé trato de honestos.”

Experta en el tema, Sandoval ubica ahí justamente el meollo en la incapacidad de hacer frente a la corrupción, a la cual se pretende desligar del acceso a la información, cuando en realidad ambos asuntos debieran complementarse.

“El acceso a la información aparece como una cuestión bonita, políticamente correcta, usada para competir entre los tres niveles de gobierno y representa la gran nueva moda. Todos se llenan la boca, políticos de derecha, izquierda y centro, utilizando la palabra transparencia, pero nadie, o muy pocos, la conectan con aquello para lo cual debiera usarse: el combate a la corrupción.”

Aspirante también a consejera del Instituto Federal Electoral, Sandoval explica: “el fin no debe ser la transparencia”. El acceso a la información pública, abunda, “representa un medio, una herramienta a la cual debe afilársele con frecuencia para realmente romper el círculo vicioso que son esas pirámides estructurales de complicidad e impunidad que acompañan siempre a la corrupción”.

Precisamente porque no hay esa conexión, asevera, se presentan los efectos “opacos” de la transparencia, como que cada vez con más frecuencia los servidores públicos tienden a documentar mucho menos sus procesos de toma de decisiones, y de ahí la paradoja de que entre más acceso a la información existe en términos formales, hay menos documentos para responder.

De hecho, “hay estrategias en la función pública donde los jefes recomiendan a los burócratas purgar sus computadoras cada determinado tiempo para que sus discos duros no contengan cuestiones que más tarde les provoquen dolores de cabeza”.

Esto se constata, indica la investigadora, ante la creciente tendencia a dar respuesta a las solicitudes de información con términos como “reservado”, “confidencial” o “no hay registro”, a lo que ahora se suma el de “inexistencia”.

Función Pública, sólo trampolín político

Añade que se debe impulsar la lucha contra la corrupción por medio del acceso a la información, pero aclara que éste por sí mismo tampoco erradicará esa práctica.

“Tiene que combatirse la impunidad, fomentarse la investigación, la protección y el estímulo de informantes internos; en fin, muchos otros elementos legales que robustezcan el objetivo de su combate.”

Sin embargo, lamenta, “casi nadie se lo plantea así”. Mientras, “los secretarios de la Función Pública han utilizado el encargo sólo como trampolín político, y ahí están los ejemplos, desde Francisco Barrio hasta Germán Martínez”.

–¿La percepción de que en México ha crecido la corrupción ya existía o se creó a partir de las acusaciones contra el ex presidente Vicente Fox, su familia y varios de sus colaboradores?

–Es una mezcla de ambas. Sí creo que existe la tendencia a poner la corruptela en el presidente en turno, pero ésa es una cuestión estructural, de la dinámica política de siempre. Evidentemente, a Fox no se le puede desvincular de casos llamativos de corrupción durante su sexenio, y sobre todo de impunidad.

“Fox es un personaje paradigmático, caricaturesco incluso, por la forma en que se presentó la corrupción con su esposa, sus hijos, hijastros y demás parientes. Pero él es un símbolo más, lastimero diría, de toda esa corrupción que viene de mucho tiempo y está asociada a la falta de democracia en el país.”

Más allá incluso que el propio ex presidente, para Sandoval los ejemplos mayores de corrupción están en personajes como el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, por casos como los de Isosa y la violación a la norma que le impedía aceptar –antes de un año de dejar el cargo público– un puesto de trabajo en empresas privadas a las cuales debió supervisar, “y no esperó ni cinco minutos para tomar el empleo”.

Todos esos casos y muchos más, agrega, “se han visto como violaciones menores, y no lo son. Representan ejemplos de que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se viola, que hay impunidad y no pasa nada”.

Lo mismo ocurre con el conflicto de intereses, “con ejemplos de los que la prensa está llena, y nada pasa tampoco”.

–¿La ciudadanía se ha acostumbrado a levantar los hombros como gesto de resignación?

–No creo. Existen posibilidades para realmente dar grandes pasos, porque existen los instrumentos legales para hacerlo. Pero deben impulsarse desde la sociedad, la academia, los partidos políticos, si bien éstos se han quedado a la zaga de todo el proceso, porque no han querido ser promotores de la transparencia incluso de sus propias finanzas. Pero, una vez más, la variable explicativa es la voluntad política y sin ésta de nada servirán los discursos de la transparencia y demás.

Al elaborar su conclusión, Sandoval señala que todo apunta a una involución en la lucha por enfrentar esa práctica ilícita. Para ella, los servidores públicos en general se han vuelto “expertos” en escabullir las leyes que los regulan.

En esos casos incluye lo mismo a los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información al negarse a hacer públicas sus declaraciones de bienes que al propio presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien se escudó en argumentos legaloides para no responder a la solicitud de información sobre cómo ocupó el dinero del Presupuesto de Egresos de la Federación que se le entregó en 2006 para la llamada fase de transición, y además alegó inexistencia de documentos cuando se le inquirió sobre los partes médicos en los cuales basó su declaración acerca de las causas de la muerte de la indígena Ernestina Ascensión para desmentir un ataque de soldados.

“Ambos son casos ilustrativos de la ‘voluntad’ que podría caracterizar a este gobierno”, manifiesta.

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