Un año de atracos sin fin

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Naranjo.

Un sombrío inicio de año y un final sin gloria y con mucha penas es el resultado de un año plagado de pifias, prepotencia, violaciones a los derechos humanos, incremento en cascada de precios y un pelele que demostró a pulso que el mote es una descripción más que una denostación.

No cabe duda que las promesas del PRIAN, ni se cumplen, ni tienen peso alguno sobre las decisiones de quienes las hicieron. Se trata de una gran burla a la ciudadanía, mientras que los poderes fácticos son los que reciben los “premios” por el fraude y la corrupción de los tres poderes de la Unión.

Para nadie es un secreto la alta corrupción, falta de ética y la venta de favores por parte de los tres poderes que conforman el Estado de derecho en México. Esa dinámica es la que ofrece como primer saldo de la continuidad desastrosa del panismo, aberraciones como la devolución de millonarios impuestos a los grandes empresarios del fraude, mientras que al ciudadano de a pie se le aplican sin más los incrementos a los productos básicos, a la par que un raquítico y miserable incremento a su Salario.

Los cientos de miles de mexicanos que emigran a Estados Unidos se suman a los millones que trabajan en condiciones de pobreza laboral y los otros tantos millones que se encuentran sin empleo en el país.

Ese panorama es el marco para la entrada en vigor de la libre importación de granos, el incremento a los combustibles y electricidad y la continuación descarada del saqueo de los bienes nacionales y el robo sin freno por el alto costo de la vida. Pagar más por los pésimos servicios de telefonía, internet, televisión, trámites administrativos, etc, es la forma de continuar exprimiendo los bolsillos de los mexicanos. El resultado son fortunas millonarias, no de formidables empresarios con visión, sino de una pandilla de ladrones que se han apoderado de México.


La siguiente información fue tomada de la revista Proceso.



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El sombrío 2008


Como hacía muchos años no lo experimentaba –prácticamente desde la macrodevaluación del peso de finales de diciembre de 1994, que desató en enero de 1995 la crisis económica más aguda de la historia reciente–, el país iniciará un año nuevo, 2008, en medio de la incertidumbre y la zozobra.

Sobre el ciudadano común y corriente, lo mismo en el campo que en la ciudad y aun en los mexicanos que viven en Estados Unidos; sobre las empresas, las organizaciones sociales, las instituciones educativas… en todo el tejido social, se cierne un panorama, por decir lo menos, desolador.

En todos los frentes el acoso será implacable. Y desde el primer día del año se iniciará el embate: aumentos a las gasolinas y a la energía eléctrica; nuevos impuestos que aumentarán la carga fiscal a todos los contribuyentes y debilitarán más los frágiles empleos, y la liberalización absoluta de las importaciones de maíz, frijol, azúcar y leche, en el marco del TLCAN, que agudizará la pobreza en el campo y dará jugosas ganancias a los especuladores.

De hecho los asalariados peor remunerados iniciarán el año perdiendo, por el grosero aumento de dos pesos al salario mínimo, decretado hace 10 días, que aleja cada vez más a millones de mexicanos de la canasta alimenticia recomendable, que ya supera los 100 pesos mientras que el salario mínimo diario será de 51 pesos en promedio a partir del martes 1.

La expectativa se complica por la inminente recesión en Estados Unidos. Todos los análisis en ese país coinciden en que el próximo semestre será negro para la economía estadunidense. Alan Greenspan, extitular de la Reserva Federal, el banco central de ese país, ha dicho que “lo peor está por venir”.

Y si así sucede, el panorama será peor para la economía mexicana, tan estrechamente dependiente de aquélla. Bajará el monto de las remesas, caerán las exportaciones, se desacelerarán sectores enteros de la economía, se achicarán o cerrarán empresas, caerá la tributación y se desplomará el empleo… aumentará la migración.

Las administraciones del Partido Acción Nacional han dado muestra de que el impulso al empleo no se les da. En los años de gobiernos panistas se han registrado las tasas más altas de desocupación nacional y de pérdida de empleos, según el INEGI.

Peor todavía: aun sin recesión estadunidense, la economía mexicana registró uno de los peores comportamientos en 2007, con un crecimiento del PIB de apenas 3.3%, contra 5.6% del promedio en América Latina, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Y para 2008, el propio organismo internacional prevé para México un crecimiento similar al de este año, muy distante del 8.5% que augura para Panamá, incluso por abajo del 4% que se espera para Haití.

Y no hay nada que, por ahora, lleve al optimismo. Los ingresos adicionales que supuestamente dejará la reforma fiscal no son seguros, a causa de la desaceleración económica. Inclusive se reconoce oficialmente el desplome de la producción petrolera, que se agravará por la creciente importación de gasolinas, y que no será compensada ni con los altos –y volátiles– precios internacionales del petróleo. El propio gobierno advierte que no falta mucho para que seamos importadores netos de crudo.

El 2008, en fin, se asoma sombrío.

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Sin llenadero

Jenaro Villamil

En guerra contra el Estado, Ricardo Salinas confronta al Congreso por la reciente reforma electoral y al mismo tiempo pelea que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le devuelva más de 596 millones de pesos de una multa que, según él, le fue cobrada de manera indebida a Unefon. Y aunque el último día de la administración de Vicente Fox recibió 550 millones, el dueño de TV Azteca está lejos de conformarse con los poco más de 46 que restan: quiere 3 mil 57 millones “por intereses y recargos”.

Expansivo y con intereses lo mismo en el sector financiero que en el telefónico, televisivo, mueblero e inmobiliario, Ricardo Benjamín Salinas Pliego se transforma también en ensamblador de carros de bajo costo: se asoció con la compañía china Faw y ya inició la construcción de la primera planta armadora.

El multimillonario que ocupa el lugar 228 en la lista de Forbes tiene una estrategia que le ha dado grandes dividendos y pretende aplicar otra vez: el conflicto judicial para obtener el pago de supuestas deudas.

El nuevo negocio de Salinas Pliego consiste en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le pague la friolera de 3 mil 57 millones de pesos por “actualizaciones”, intereses acumulados y recargos de un pago que realizó Unefon, compañía de su propiedad, para obtener concesiones en telefonía inalámbrica.

Este monto, que representa alrededor de 9% del presupuesto de la SCT, es reclamado por Unefon a pesar de que la misma secretaría le entregó el 30 de noviembre de 2006, el último día de la administración foxista, un total de 550 millones de pesos, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

De acuerdo con la sentencia, la SCT aún debe pagarle a Unefon 46 millones 385 mil pesos para sumar 596 millones 385 mil pesos, monto global por el “cobro indebido de los intereses” de una multa que le interpuso la SCT a Unefon en 1998.

Sin embargo, a la compañía de Salinas Pliego ya no le basta que le paguen el faltante de 46 millones. Desde junio pasado litiga el pago de 3 mil 57 millones de pesos que defiende como monto total por la retención de su dinero durante los casi cinco años que duró el pleito con la SCT.

El argumento de Marco Polo Castro Pérez, representante legal de Unefon, es que la suma que ya le pagaron (550 millones) “no alcanzó a cubrir el monto principal del pago de lo indebido, ni la actualización ni los intereses por la mora en la devolución”.

En los cálculos que realiza en su demanda del 20 de diciembre de 2006, de la cual Proceso obtuvo una copia, la compañía exige que le paguen 329 millones 907 mil pesos, más 2 mil 727 millones de intereses generados durante cinco años. La cifra da un total de 3 mil 57 millones 94 mil pesos.

El caso ha causado nerviosismo en la SCT y provocó que el senador Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, promoviera el jueves 13 un punto de acuerdo en el que califica de “ilegal” la pretensión de Unefon, considera que las autoridades y la empresa se coludieron para otorgarle 550 millones de pesos al final del sexenio foxista a la compañía de Salinas Pliego y pide una investigación al respecto de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la contraloría interna de la SCT.

Sotelo, legislador del PRD, no menciona a Salinas Pliego en su punto de acuerdo, pero sí señala al entonces subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Álvarez Hoth, como responsable de posible quebranto por haber autorizado el pago de 550 millones de pesos “sin mediar apremio o requerimiento de autoridad jurisdiccional, el último día del sexenio anterior” y sin haber exigido el finiquito de la deuda.

En su punto de acuerdo, el legislador interpretó que esta irregularidad permitió que Unefon “reclame ahora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras prestaciones, el pago de 3 mil 57 millones de pesos”.

Álvarez Hoth desmiente a Sotelo. Señala que sí había un apremio judicial en la sentencia del 6 de abril de 2004 y la resolución del 20 de abril de 2006, ambas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para pagarle a Unefon los 596 millones de pesos, y sostiene que no existe relación entre los 550 millones pagados y los 3 mil 57 millones que pretende cobrar Salinas Pliego, ya que este último caso aún espera resolución.

“A mí que me auditen y me reclamen por lo que yo tenía que devolver por sentencia definitiva de pago de lo indebido”, afirma Álvarez Hoth, consultado por Proceso.

El exsubsecretario de Comunicaciones y Transportes precisa que la devolución de 550 millones de pesos no fue realizada por la subsecretaría a su cargo, sino por la Tesorería de la Federación, dependiente de la Secretaría de Hacienda, que autorizó las reclasificaciones del presupuesto de la SCT para obtener el monto que debían pagar a Unefon.

Sobre la omisión cometida al no exigir el finiquito, Álvarez Hoth señala que “no procede porque la devolución es de 596 millones de pesos a valor histórico y faltan por devolver 46 millones que se dejaron en Adefas (adeudos de ejercicios fiscales anteriores) de 2006”.

Álvarez Hoth insiste en que es importante diferenciar los 596 millones de pesos “que nacen de unas prórrogas mal dadas y unos intereses mal establecidos” a favor de Unefon, de los 3 mil 57 millones que ésta pretende cobrar como si se tratara de un crédito fiscal.

Advierte que la devolución de los 46 millones de pesos restantes es responsabilidad de la actual administración. En todo caso, agrega, hay que investigar las responsabilidades por daño patrimonial contra la SCT por parte de funcionarios que “establecieron mal una multa y que se tuvo que devolver”.

“A Sotelo lo malinformaron y estoy dispuesto a platicar con él y con la comisión”, establece Álvarez Hoth.

Vicios de origen

El expediente original del caso revela que tanto el secretario de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio zedillista, Carlos Ruiz Sacristán, como Javier Lozano Alarcón, entonces presidente de la Cofetel, le otorgaron de manera irregular dos prórrogas a Unefon para que pagara el saldo de la contraprestación por el aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencia para telefonía inalámbrica.

Ambas prórrogas se realizaron en contra de las bases de licitación que la Cofetel emitió en junio de 1997 para explotar por 20 años frecuencias para telefonía inalámbrica, fija y móvil. Estas bases estipularon que las compañías ganadoras debían pagar cuando menos 20% de la contraprestación como pago inicial, y posteriormente el resto.

El 31 de agosto de 1998, Javier Sarro Cortina, representante de Unefon, le solicitó a Lozano Alarcón una prórroga de 180 días para pagar el 80% restante de la contraprestación y dijo que la empresa estaba “dispuesta a pagar los intereses razonables que se generen”, para no causarle “menoscabo patrimonial” al gobierno federal.

El documento del pleno de la Cofetel (folio P/290998/0218) comprueba que este organismo acordó otorgar una prórroga de 180 días para el pago del 80% de la contraprestación, contada a partir del 1 de octubre de 1998, y estipuló el pago de tasas de interés: los primeros 90 días a una tasa TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) más 8%; y el segundo período de 90 días, una tasa TIEE más 10%.

El acuerdo fue firmado por Javier Lozano Alarcón, actual secretario de Trabajo, y por los comisionados Jorge Lara Guerrero, Jorge Arreola Cavazos y Enrique Melrose Aguilar.

En marzo de 1999, un oficio de Unefon dirigido al titular de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán, reconoció que la compañía tenía pendiente de pagar 2 mil 96 millones 724 mil pesos, equivalentes a 80% de la contraprestación, más 453 millones 681 mil pesos por los intereses generados, y le solicitó una segunda prórroga “para cubrir el saldo insoluto de la contraprestación”.

El 29 de marzo de 1999, mediante oficio dirigido a Ruiz Sacristán, Javier Lozano Alarcón, presidente de la Cofetel, emitió su opinión favorable para otorgar a Unefon la nueva prórroga solicitada. Ese mismo día, el titular de la SCT se lo informó a la compañía, que dio su consentimiento “con todas y cada una de las condiciones establecidas”.

El plazo para la nueva prórroga vencía el 15 de junio de 1999, pero antes Unefon comenzó a litigar en contra de lo acordado con las autoridades de la SCT y la Cofetel. En septiembre de 1998, un oficio del abogado de Unefon, dirigido a la Cofetel, le advierte que el anticipo parcial entregado por la compañía fue “un pago de lo indebido” y le solicita la devolución de esa cantidad.

En su ruta de litigio jurídico, Unefon promovió el 6 de octubre de 1999 un recurso de revisión, y en enero de 2000 un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conseguir la devolución del pago.

El 6 de abril de 2004 la Primera Sala Regional Metropolitana dictó una sentencia favorable a Unefon. La magistrada María Concepción Martínez Godínez le dio la razón a la compañía de Salinas Pliego porque a su juicio fue indebido que la SCT estipulara el pago de intereses de Unefon a cambio de la prórroga concedida.

La SCT impugnó la sentencia, pero el 2 de marzo de 2005 el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró infundado el recurso de la secretaría.

Dos años después, ante el incumplimiento de la sentencia favorable, Unefon interpuso una queja y, el 20 de abril de 2006, la Primera Sala Regional Metropolitana estableció que le correspondía a la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes pagarle a la compañía lo reclamado.

Después de presiones y gestiones de Unefon al interior de la SCT, el 29 de noviembre del mismo año la subsecretaría a cargo de Álvarez Hoth le informó a Unefon que el monto total pagado por concepto de intereses ascendía a 596 millones 385 mil pesos.

El 30 de noviembre de 2006, con recursos de las economías de la SCT, determinados por la Secretaría de Hacienda, se le pagaron 550 millones de pesos a Unefon, y quedaron pendientes 46 millones de pesos.

Veinte días después (el 20 de diciembre de 2006) el representante legal de Unefon, Marco Polo Castro Pérez, realizó cuentas alegres para demandar, ya no sólo el pago de aquellos 46 millones, sino de 3 mil 57 millones de pesos, como si se tratara de un crédito fiscal que se le tuviera que devolver a la empresa.

Castro Pérez nunca mencionó en su oficio, del cual Proceso obtuvo una copia, que el origen de esta danza de millones fue la petición de una doble prórroga solicitada por Unefon y concedida de manera irregular por las autoridades de la Cofetel y la SCT.

Hasta el momento, ni Luis Téllez, actual titular de la SCT, ni Rafael del Villar, subsecretario de Comunicaciones, han autorizado el pago de los 46 millones 385 mil pesos restantes a Unefon, a pesar de que consta desde enero de 2007 que existen las gestiones ante la Tesorería de la Federación (Tesofe) para pagarle a la empresa de Salinas Pliego a través del Centro de Cómputo Bancario (Cecoban).

Tampoco han señalado públicamente cómo responderán a la demanda por los 3 mil 57 millones de pesos que exige Unefon.

El “riesgo Salinas”

No es la primera vez que Ricardo Salinas Pliego y su compañía Unefon enfrentan un escándalo. En enero de 2005, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) hizo pública su demanda de fraude contra tres altos funcionarios de TV Azteca por el caso Unefon-Codisco: Salinas Pliego, Luis Echarte y Pedro Padilla Longoria.

Fue la primera ocasión que la SEC acudió a los criterios de la ley Sarbanes-Oxley, que busca sancionar el fraude contra accionistas minoritarios cometido a través de estratagemas financieras. A Salinas Pliego se le acusó de obtener ilegalmente ganancias al recomprar deuda de Unefon a través de otra de sus empresas, Codisco. Por esta operación obtuvo una ganancia de 109 millones de dólares, de la cual no informó a sus accionistas minoritarios.

La reacción de la prensa especializada (como The Wall Street Journal) y de las corredurías fue inmediata: comenzó a generalizarse el uso del concepto “riesgo Salinas” para nombrar los peligros a los que se enfrentan los accionistas bursátiles que se involucran con alguna de las compañías del dueño de TV Azteca.

El 5 de enero de aquel año, a raíz del escándalo en Estados Unidos, el secretario de Hacienda foxista, Francisco Gil Díaz, confirmó que las transacciones bursátiles de TV Azteca se encontraban bajo revisión y análisis de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A partir de entonces se inició la guerra mediática de TV Azteca contra Gil Díaz.

A casi dos años de ese escándalo, el “riesgo Salinas” parece haberse diluido en los ambientes bursátiles mexicanos y estadunidenses. Principal accionista de la segunda cadena privada de televisión en México, Salinas Pliego no ha dudado en usar la pantalla contra sus críticos y los legisladores que impulsaron la reciente reforma electoral.

En una entrevista con Mauricio González Lara, en el portal Alta Empresa, Salinas Pliego dio nuevas muestras de su talante empresarial.

“–El Poder Legislativo –preguntó González– les dijo en cadena nacional que no se hicieran bolas, que la televisión era un bien público.

“–¡A toda madre! ¿Cómo bien público? ¿Y dónde está el dinero público? Están muy mal, son unos mentirosos y ladrones, nos han despojado de nuestro legítimo trabajo sin compensaciones. Es un robo, nos han confiscado nuestro tiempo y nuestra audiencia para servir a sus intereses. Así que la empresa no es un bien público, es de sus accionistas.”

A pesar de estos desplantes, Salinas Pliego busca ahora un bien público: 3 mil millones de pesos en su beneficio.