"Legalizar" la represión contra los ciudadanos no resuelve la ilegitimidad del pelele Calderón Hinojosa
Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.
El Estado policiaco se robustece con la aprobación en el Senado de la reforma judicial que permite el allanamiento de hogares sin la orden de un juez. Con los votos del PRIAN, PVEM, las ausencias del PT y las abstenciones de cuatro perredistas, que con esa actitud avalan semejante despropósito. El proyecto de reforma constitucional tendrá que ser votado de nuevo en la Cámara de Diputados.
Con el cinismo demostrado hasta el cansancio el PRIAN defendió el atraco de la policía a cualquier ciudadano en cualquier momento, bajo el pretexto de salvarle la vida, como si el número de vidas que se pierden fuera escandaloso porque la policía no puede entrar a un hogar en el momento en que se suscita una situación violenta. Esas excepciones ya están contempladas en los códigos penales de los estados, no es necesario que se coloquen en la Constitución, si lo hacen así es para que nadie pueda interponer un amparo ante tales arbitrariedades, pues como ayer lo escribimos, no hay amparos contra la Constitución.
Lo que sí retiraron del proyecto, es lo que a ellos –los traficantes de influencias y ladrones con cargos de funcionarios públicos y de “legisladores” levantadedos, al igual que a los poderosos empresarios que los respaldan- les afectaría. El que un ministerio público –en el curso de las investigaciones de la averiguación previa- tuviera acceso a su documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y de carácter reservado y confidencial. El párrafo 10 del mismo artículo 16 –ese que sí permitirá los allanamientos- era el que preveía esta medida, que sí hubiera tenido un peso real en contra del crimen organizado, el narcotráfico, la evasión fiscal de las grandes empresas, el lavado de dinero, etc. Por su puesto de esta manera alguien como un diputado, o un senador, o un gobernador, o un secretario de Estado, o un gran empresario evasor de impuestos, o un banquero que lava dinero, que fuera investigado, por digamos enriquecimiento ilícito, quedaría a merced del ministerio público, quien podría solicitar –sin orden de un juez, es decir, sin que se le siga un juicio- toda esa información, con lo que se podrían tipificar varios delitos, que mandarían al funcionario o empresario de marras con sus huesos a la cárcel.
Ahora no se puede, porque todo queda en que no se puede “violar” el secreto bancario. Ni los diputados que investigaban el tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable de los bribones Bibriesca pudieron librar ese punto.
Seamos más claros. A los ciudadanos de a pie cuyo patrimonio es raquítico o nulo ¿en qué nos perjudicaría que el ministerio público conociera nuestra finanzas? Son a ellos a los ricos de este país, cuya fortuna se ha hecho al amparo de la corrupción, el tráfico de influencias, la ilegalidad y la impunidad a los que mandaría tras las rejas. Pero también sería una eficaz arma para atacar al crimen organizado, narcotráfico y seguir los lazos de complicidad de empresarios, notarios públicos, gobernadores, presidentes municipales, policía estatal y federal, además de banqueros, que es por donde pasan los miles de millones de dólares.
Ahí si se fruncieron los “destacados” senadores de la república, que dicen querer el mismo México que todos queremos. Eso sí les pegaba duro y a la cabeza, por eso lo quitaron. Afectaba sus intereses y los de sus patrones los empresarios y banqueros.
Mientras, la represión constitucional a la protesta social de perfila como el método planeado –se quebró la cabeza- por el pelele Felipe Calderón Hinojosa, para contener el descontento social cada vez mayor en un México, también, cada vez más desigual.
A manera de ejemplo de lo que ya está pasando, sin que las arbitrariedades policiacas sean respaldadas por la Constitución, aquí una nota tomada del diario La Jornada.
Con el cinismo demostrado hasta el cansancio el PRIAN defendió el atraco de la policía a cualquier ciudadano en cualquier momento, bajo el pretexto de salvarle la vida, como si el número de vidas que se pierden fuera escandaloso porque la policía no puede entrar a un hogar en el momento en que se suscita una situación violenta. Esas excepciones ya están contempladas en los códigos penales de los estados, no es necesario que se coloquen en la Constitución, si lo hacen así es para que nadie pueda interponer un amparo ante tales arbitrariedades, pues como ayer lo escribimos, no hay amparos contra la Constitución.
Lo que sí retiraron del proyecto, es lo que a ellos –los traficantes de influencias y ladrones con cargos de funcionarios públicos y de “legisladores” levantadedos, al igual que a los poderosos empresarios que los respaldan- les afectaría. El que un ministerio público –en el curso de las investigaciones de la averiguación previa- tuviera acceso a su documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y de carácter reservado y confidencial. El párrafo 10 del mismo artículo 16 –ese que sí permitirá los allanamientos- era el que preveía esta medida, que sí hubiera tenido un peso real en contra del crimen organizado, el narcotráfico, la evasión fiscal de las grandes empresas, el lavado de dinero, etc. Por su puesto de esta manera alguien como un diputado, o un senador, o un gobernador, o un secretario de Estado, o un gran empresario evasor de impuestos, o un banquero que lava dinero, que fuera investigado, por digamos enriquecimiento ilícito, quedaría a merced del ministerio público, quien podría solicitar –sin orden de un juez, es decir, sin que se le siga un juicio- toda esa información, con lo que se podrían tipificar varios delitos, que mandarían al funcionario o empresario de marras con sus huesos a la cárcel.
Ahora no se puede, porque todo queda en que no se puede “violar” el secreto bancario. Ni los diputados que investigaban el tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable de los bribones Bibriesca pudieron librar ese punto.
Seamos más claros. A los ciudadanos de a pie cuyo patrimonio es raquítico o nulo ¿en qué nos perjudicaría que el ministerio público conociera nuestra finanzas? Son a ellos a los ricos de este país, cuya fortuna se ha hecho al amparo de la corrupción, el tráfico de influencias, la ilegalidad y la impunidad a los que mandaría tras las rejas. Pero también sería una eficaz arma para atacar al crimen organizado, narcotráfico y seguir los lazos de complicidad de empresarios, notarios públicos, gobernadores, presidentes municipales, policía estatal y federal, además de banqueros, que es por donde pasan los miles de millones de dólares.
Ahí si se fruncieron los “destacados” senadores de la república, que dicen querer el mismo México que todos queremos. Eso sí les pegaba duro y a la cabeza, por eso lo quitaron. Afectaba sus intereses y los de sus patrones los empresarios y banqueros.
Mientras, la represión constitucional a la protesta social de perfila como el método planeado –se quebró la cabeza- por el pelele Felipe Calderón Hinojosa, para contener el descontento social cada vez mayor en un México, también, cada vez más desigual.
A manera de ejemplo de lo que ya está pasando, sin que las arbitrariedades policiacas sean respaldadas por la Constitución, aquí una nota tomada del diario La Jornada.
Da juez libertad absoluta a 26 seguidores de APPO
Fueron detenidos por la PFP en noviembre de 2006
La mayoría estaba fuera de prisión luego de pagar fianzas de $280 mil, informa abogada
No hubo elementos para procesarlos
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 13 de diciembre. El juzgado tercero de distrito, con sede en Oaxaca, dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado por un juez local contra 26 simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), por lo que quedaron en libertad absoluta.
Los 26 fueron detenidos el 25 de noviembre de 2006 por la Policía Federal Preventiva (PFP) y acusados de sedición y resistencia de particulares; posteriormente fueron internados en el reclusorio regional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y luego en el penal federal de mediana seguridad de San José del Rincón, Nayarit.
Alba Cruz Ramos, abogada del Comité de Liberación 25 de Noviembre, creado por el pintor Francisco Toledo, informó que en junio pasado el juzgado primero de lo penal les dictó auto de formal prisión, por lo que quedaron bajo proceso, aunque la mayoría salió de la cárcel con el pago de una fianza de 280 mil pesos.
Señaló que inicialmente la caución fue pagada por la Procuraduría de Defensa del Indígena, y después por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y por el Comité de Familiares de Asesinados, Desaparecidos y Presos Políticos de Oaxaca, y familiares.
Ante esto, el Comité de Liberación 25 de Noviembre interpuso un juicio de amparo contra el auto de formal prisión, y después de analizar el proceso penal, el juzgado tercero de distrito resolvió en el expediente 1151/2007 dejar en libertad a los simpatizantes de la APPO por falta de elementos para ser procesados.
Eso sí tuvieron que pagar primero 280 mil pesos, fueron encarcelados por siete meses y luego se les encontró “inocentes”. Su delito: exigir la renuncia del asesino de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz.
Si esto se hace sin que la Constitución lo “autorice”, no se necesita mucha imaginación para saber que pasará una vez aprobada la mentada reforma patrocinada por el PRIAN, PVEM y parte de los perredistas Chuchos.
Si esto se hace sin que la Constitución lo “autorice”, no se necesita mucha imaginación para saber que pasará una vez aprobada la mentada reforma patrocinada por el PRIAN, PVEM y parte de los perredistas Chuchos.
posted by Liberation at
11:26 a.m.
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