Un año de violación a los derechos humanos, carestía, militarización e incremento de la violencia

Tomados de El Universal, Helioflires y Naranjo y La Jornada, Rocha.

El país militarizado, escalada de precios (tortilla, leche, huevo, carne, etc.), violencia generalizada del narcotráfico, incremento del desempleo, aumento de la cartera vencida en tarjetas de crédito, violación a las garantías individuales e impunidad son el saldo de un año de desgobierno y descrédito del pelele Felipe Calderón Hinojosa.

Nada de que enorgullecerse y mucho de que preocuparse, ya que todavía falta el incremento a la luz para principios de año anunciado por Agustín “Tonina” Carstens y el “gasolinazo” pospuesto por el espurio Calderón Hinojosa para la misma fecha.

Como en tiempos del traidor y ladrón Vicente Fox Quesada, el espurio y su gabinete pirata maquillan las cifras, ocultan otras y mienten para hacer creer que todo marcha bien. Sin embargo, se trata de palabras huecas, deseos y planes lo que sale de la boca del usurpador Calderón Hinojosa. Ha gastado miles de millones de pesos en un vano intento de legitimarse, pero los hechos muestran lo contrario.

Aplaude acuerdos entre los tres principales partidos en México a costa de burlar la voluntad de la ciudadanía, como en las elecciones de Oaxaca, Puebla, Yucatán o Michoacán. O de pisotear los derechos humanos por el máximo tribunal del país al otorgarle impunidad a un corrupto y cínico como Mario Marín.

Todo se compra con dinero de nuestros impuestos y los únicos beneficiados son los poderosos de siempre, los corruptos eternos que se aprovechan del poder de los medios de comunicación, del dinero de los empresarios y de las fuerzas represoras para imponer su voluntad en un país donde las instituciones están secuestradas por un grupo de mafiosos que velan por sus intereses.

Nada que festejar y si mucho criticar de un poder corrupto y corruptor que mantiene en niveles de pobreza a más de la mitad de la población, mientras unos cuantos gozan de privilegios obtenidos al amparo de la corrupción y la impunidad.




México, DF. El presidente Felipe Calderón, al hacer un balance de los logros alcanzados en el primer año de su gobierno, señaló que el caso Cacho-Marín aún no está cerrado y que él será respetuoso de las instituciones que llevan dicho asunto.

Sobre este caso, el presidente prefirió reservarse su opinión para —dijo— "no lesionar una relación institucional entre poderes".

“La ley en mi gobierno se aplicará pareja y sin distingos”, subrayó.

"Estamos logrando acuerdos en beneficio del país con el concurso de todas las fuerzas políticas. Hace un año era impensable el mínimo acuerdo", recordó.

La Jornada, 3 de diciembre de 2007.




Los siguientes materiales tomados de la revista Proceso, muestran la otra cara de la moneda, esa que los medios electrónicos se afanan en ocultar.




http://www.proceso.com.mx/





Un primo bajo sospecha


Raúl Monge

Como candidato del PAN a la Presidencia, Felipe Calderón se comprometió a que durante su gestión ningún familiar suyo trabajaría en el gobierno. Como presidente, admitió en un alto puesto del IMSS a un primo hermano de Margarita Zavala –Carlos Felipe Castañeda Gómez del Campo– al que se atribuyen acciones poco transparentes para adjudicar contratos por cientos de millones de pesos…

Apesar de que el presidente Felipe Calderón se comprometió a no incluir familiares en su gobierno, un primo político suyo fue dado de alta en la nómina del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) apenas 13 días después de que el michoacano asumió la Presidencia de la República.

Un primo hermano de Margarita Zavala Gómez del Campo, Carlos Felipe Castañeda Gómez del Campo, fue nombrado –el 14 de diciembre de 2006– director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS, cuyo director general es uno de los funcionarios más cercanos al jefe del Ejecutivo, Juan Molinar Horcasitas.

El funcionario, de 47 años de edad, se estrenó en el cargo adjudicándole a una de las empresas del magnate Carlos Slim –de manera poco transparente– un contrato de servicios por mil 500 millones de pesos.

Durante el segundo tramo del sexenio de Fox –de 2003 a 2006–, Castañeda laboró en Petróleos Mexicanos, donde fue pieza clave en la modernización tecnológica, según presume en su ficha laboral.

Fungió como asesor de la Subdirección de Sistemas de Información Financiera de Pemex y estuvo al frente del proyecto de fusión que culminó con la instrumentación de procesos y controles financieros de la paraestatal y sus organismos.

Además, consigna la ficha, tuvo bajo su supervisión directa toda la tecnología relacionada, participó activamente en su reorganización e “impulsó un cambio importante en la administración, planeación y adquisiciones de hardware, logrando una relación capacidad/costo/inversión rentable para Pemex”.

En el mismo período, también fue líder de “los proyectos de tecnología más importantes de la Dirección Corporativa de Finanzas, entre ellos el Sistema de Consolidación Contable Institucional, el de Transformación del Proceso Financiero en Pemex y organismos subsidiarios, y el de desarrollo del Sistema de Controles Internos”.

Su estancia en la paraestatal coincidió con la mejor cosecha de contratos que su primo, Hildebrando Zavala Gómez del Campo –cuñado de Felipe Calderón–, obtuvo de Pemex en la anterior administración, mediante la empresa Meta Data, S.A. de C.V., de la que Margarita Zavala fue accionista.

Una promesa incumplida

Durante una reunión con miembros del Consejo Nacional Empresarial Turístico, en el tramo final de su campaña electoral, Felipe Calderón anticipó (13 de junio de 2006): “En mi presidencia, no trabajará ningún familiar mío en el gobierno federal, y, por supuesto, estarán totalmente sujetas al escrutinio público las obras y los servicios que se contraten”.

Redondeó: “No tengo nada qué ocultar. Jamás he otorgado un contrato a ningún familiar mío y nunca lo haré. Soy padre de tres hijos y los puedo ver de frente a los ojos, porque tengo las manos limpias”.

No obstante, el 14 de diciembre de 2006 –13 días después de que Calderón arribó a Los Pinos–, el Consejo Técnico del IMSS aceptó una propuesta expresa del director Molinar Horcasitas y aprobó el nombramiento del primo hermano de Margarita Zavala como director de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

El cargo que desempeña el pariente político de Calderón, quien ya había transitado antes por el IMSS –fue consultor para el desarrollo de diversos sistemas de recaudación de pagos y se encargó de diseñar y aplicar el llamado Expediente Clínico Electrónico 2000-2003–, no es menor.

Según el manual de operaciones del IMSS, a la dirección que ahora encabeza Castañeda corresponde contratar los servicios externos en materia de tecnologías de información, innovación y desarrollo tecnológicos, así como la adquisición, arrendamiento y mantenimiento de los equipos de cómputo, programas y paquetería de software, servicios de desarrollo de aplicaciones y rediseño de procesos.

Igualmente, se encarga de administrar y operar las redes y sistemas institucionales de comunicación, de datos, texto, video y voz. Y entre sus funciones tiene la de integrar el programa anual y hacer requisiciones extraordinarias de bienes de inversión, servicios y recursos en materia de tecnologías de información.

El hecho de que el primo político del presidente Felipe Calderón se haya incorporado a esas relevantes funciones en el presente sexenio podría reducirse a un incumplimiento de palabra del ocupante de Los Pinos, de no ser por lo que estipula la legislación.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 47, fracciones XII, XV, XVI y XVII, en correlación con el artículo 86, establece restricciones e impedimentos de orden legal para que los funcionarios puedan intervenir, solicitar, designar, contratar, promover, suspender, remover, cesar o sancionar a su cónyuge y a los familiares que se encuentren comprendidos dentro del cuarto grado de parentesco, por consanguinidad, por afinidad o civil.

Y de acuerdo con el Código Civil vigente en materia federal, los familiares comprendidos dentro del cuarto grado de parentesco son los siguientes:

Parentesco por consanguinidad: padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hermanos, medios hermanos, tíos, sobrinos carnales, primos hermanos, y tíos y sobrinos segundos carnales.

Parentesco por afinidad: suegros, padrastros, padres de los suegros, abuelos de los suegros, bisabuelos de los suegros, yernos o nueras, hijastros o entenados, cuñados y hermanastros, sobrinos carnales del cónyuge, tíos segundos, primos hermanos y sobrinos segundos del cónyuge…

“Engaños...”

Más aún, al primo político de Calderón se le atribuye haber adjudicado de manera poco transparente, entre junio y agosto de 2007, cuatro contratos de servicios tecnológicos e informáticos por un monto cercano a los mil 600 millones de pesos. Uno de ellos, por mil 500 millones, fue otorgado a una de las empresas de Carlos Slim.

El pasado 19 de junio, la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS publicó en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales de la Secretaría de la Función Pública (Compranet) la convocatoria número 016, referente a la licitación pública nacional número 00641259-016-07 para la contratación del “servicio de telecomunicaciones del IMSS a través de una red privada virtual 2007 y el servicio de CCOSTIC” (Centro de Control Operativo de Servicio de Tecnología de la Información y Comunicaciones).

Inicialmente, 27 empresas nacionales y trasnacionales compraron las bases. Entre las participantes se encontraban Nexitira de México, S.A. de C.V.; Tanderberg; Alcatel E-Business Distribution, S.A. de C.V.; Hewlett-Packard México, S. de R.L. de C.V.; Siemens Enterprise Communications, S.A. de C.V.; Ericsson Telecom, S.A. de C.V., y Uninet, S.A. de C.V.

Ericsson Telecom está considerada como una de las empresas que van a la vanguardia en tecnología e información, y Uninet es una subsidiaria de Teléfonos de México que cuenta con la red pública de datos más grande del país, asegura la empresa de Slim en su portal en internet.

A última hora, en la fase previa a la adjudicación de los contratos de servicios, otras dos firmas obtuvieron las bases de licitación: Sitcom Electronics, S.A. de C.V., y Teléfonos de México, S.A. de C.V.

Pero de todos los contratistas interesados, únicamente General Data Comm de México, Uninet y Vision Holdings México llegaron hasta la fase final del procedimiento y entregaron al IMSS los sobres sellados con propuestas técnicas y económicas.

Uno de los concursantes inconformes –que pide reservar su nombre, para no ser vetado en ulteriores concursos– afirma que el retiro de la puja de 26 empresas no fue casual. Asegura que obedeció a los discrecionales candados impuestos por Castañeda Gómez del Campo y su equipo –que, por cierto, denuncia, proviene de Hewlett-Packard México– con el propósito de favorecer a proveedores específicos.

Al no haber más que tres ofertas concretas, Castañeda Gómez del Campo resolvió, el pasado 30 de julio, repartir el pastel y adjudicó a la subsidiaria de Telmex, representada por Gustavo Santiago López, el contrato para la prestación del servicio de “telecomunicaciones a través de una red virtual”, por el que la firma de Carlos Slim cobrará poco más de mil 500 millones de pesos.

El otro contrato, correspondiente al CCOSTIC, fue otorgado a General Data Comm de México, S.A. de C.V., y a Vision Holdings México, S. de R.L. de C.V., por 58 millones de pesos.

Un par de semanas más tarde, la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS lanzó una nueva convocatoria, esta vez para el mantenimiento de los equipos “multimarca” y “Kioskos”. La licitación pública nacional quedó registrada con el número 00641259-020-07.

“... y candados”

Según documentos obtenidos por el reportero, 10 empresas consiguieron las bases y presentaron en tiempo y forma sus propuestas técnicas y económicas: Microser, S.A. de C.V.; Datos Veracruz, S.A. de C.V.; Soluciones Integrales B2W, S.A. de C.V.; Sonda Pissa, S.A. de C.V.; Tec Electrónica, S.A. de C.V.; Alternativas en Computación, S.A. de C.V.; Q Plus, S.A. de C.V.; Ofi Store Computación, S.A. de C.V.; Grupo Promotor de Tecnología y Servicios, S.A. de C.V., y Renta de Datos, S.A. de C.V.

Pero de nueva cuenta los “candados” impuestos por Castañeda –requerimientos que sólo un puñado de empresarios están en capacidad de cumplir– limitaron las posibilidades de por lo menos la mitad de los concursantes para adjudicar una de las tres partidas en que fue divida la licitación.

Según el fallo emitido el pasado 20 de agosto, la partida 1 (mantenimiento correctivo para los equipos “multimarca”) se la llevó en su totalidad la empresa Ofistore Computación, S.A. de C.V., con una oferta de casi 14 millones 740 mil 43 pesos. Por el mismo concepto, Sonda Pissa, S.A. de C.V., había tasado sus servicios en 6 millones de pesos, pese a lo cual no ganó el concurso.

Las partidas 2 y 3 fueron en su totalidad para Sonda Pissa, con una oferta de 5 millones 194 mil 884 pesos y 6 millones 423 mil 914 pesos, respectivamente. Y la partida 4 (mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos “Kioskos”) la obtuvo Tec Electrónica, S.A. de C.V., con una oferta de 6 millones 423 mil 914 pesos

Según el empresario inconforme con el manejo de las licitaciones en el IMSS, en este caso sucedió algo curioso. Afirma que al no poder cerrar las bases a un solo competidor, Castañeda Gómez del Campo descalificó “mediante engaños” a tres empresas que ofrecían condiciones y precios más ventajosos para el IMSS.

Así mismo, asegura que Ofistore Computación, que ganó la partida 1, es una firma poco conocida en la prestación de servicios informáticos, al extremo de que carece de página en internet.

Ofistore fue fundada en marzo de 1999 por Rocío Cardona Utrilla, con un capital social de 300 mil pesos, según consta en el folio 246474 del Registro Público de la Propiedad del D.F. El objeto social de su giro es: fabricación, venta, comercialización, importación y exportación de equipo y artículos para oficina…


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“Se lo quiso chingar¨


Antonio Jáquez Y Daniel Lizárraga

Autores del libro La diferencia, el excanciller Jorge G. Castañeda y el exvocero presidencial Rubén Aguilar afirman que su propósito al escribirlo consistió en mostrar cómo se realiza la toma de decisiones desde el poder “y hacer que lo público realmente se haga público”. En entrevistas por separado con Proceso, discrepan sin embargo en un punto: el intento de desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador. Mientras que Aguilar sostiene que Fox no pretendió impedir que El Peje contendiera por la Presidencia, Castañeda afirma que el guanajuatense “se lo quiso chingar”.

Vicente Fox hizo todo lo que pudo para evitar que Andrés Manuel López Obrador fuera candidato presidencial y, más tarde, le allanó el camino a Felipe Calderón para que derrotara al Peje con los “recursos legales a su alcance”.

Es la versión de Jorge G. Castañeda, quien, en entrevista con Proceso, la condensa brutalmente: “Fox se quiso chingar al Peje”.

Y puntualiza:

“Es la historia que damos Rubén Aguilar y yo en nuestro libro La diferencia. Nunca he negado el rol protagónico de Fox en el desafuero y en las elecciones de 2006.”

En entrevista por separado, Aguilar difiere: “El expresidente jamás expresó la idea de apartar a López Obrador de la contienda electoral. A mí me tocó oírlo decir: ‘no quiero que vaya a la cárcel y quede inhabilitado. Quiero que haga frente a la justicia’. Puede ser que el presidente pensara en un asunto políticamente rentable, pero el hecho objetivo es que en las juntas de trabajo en que yo participé dijo que López Obrador tenía que estar en la elección. Nunca hubo la intención de sacarlo”.

Los dos ahondan en las motivaciones del libro, en algunos de los temas que abordan en el mismo y en los que decidieron excluir, si bien el excanciller habla con mayor desenfado que el exvocero, particularmente en el episodio que involucra a Juan Francisco Ealy Ortiz en un intento de chantaje y “en la cortina de humo que El Universal ha corrido estos días”.

Cuenta Castañeda que La diferencia tiene varias fuentes o inspiraciones. En principio, seguir la ruta que abrió en su libro La herencia de hablar con los expresidentes; “entonces lo logré con cuatro y fracasé con Zedillo, con quien sólo pude platicar off the record, nada más”.

Aguilar, quien ahora es maestro universitario y consultor, tenía un interés semejante. Ambos empezaron a platicar del proyecto en octubre de 2006 y lo aterrizaron pronto. Para entonces, después de años de andar por caminos diferentes, habían reforzado una amistad que databa de 1979, cuando Aguilar trabajaba en Salpress –la agencia de prensa de la guerrilla salvadoreña– “y yo –prosigue Castañeda– le echaba una mano a mi papá en la cancillería en temas centroamericanos y, sobre todo, en lo relacionado con El Salvador”.

Además, añade, “teníamos amigos comunes, como Salvador Samayoa y Facundo Guardado, quienes eran del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) y tenían origen jesuita, lo mismo que Rubén, así que nos hicimos muy amigos”.

Aguilar complementa: “Empezamos a discutir el proyecto, con la preocupación mutua de entender la toma de decisiones desde el poder y hacer que lo público realmente se haga público. Yo siempre había estado en el lado de la crítica social, de la academia. Una vez que estuve del lado del poder, entendí que tiene límites… Discutimos todo eso y hacia finales de octubre de 2006 definimos los temas, se le expuso la idea al presidente y a él le pareció interesante”.

Según Aguilar, la primera sesión con Fox fue en diciembre, pero Castañeda recuerda que se realizó hacia mediados de noviembre, “cuando él todavía era presidente, de eso estoy seguro”.

Las reglas se fijaron claramente con Fox desde el principio, afirma Castañeda, en los términos en que están en la introducción. Una de ellas es que el presidente podía cambiar, cuantas veces quisiera, lo que dijera, pero una vez impreso el texto, no confirmaría ni desmentiría ninguna de las aseveraciones atribuidas a su persona. Además, el expresidente no tendría ningún derecho de revisión o retoque al resto del texto; es decir, a lo que afirman otras fuentes o a lo que dicen los autores. Las reglas se respetaron cabalmente, asegura Aguilar.

–¿Por qué excluir del libro el tema de Marta y su familia? Hubiera sido un imán de ventas, ¿no? –se les pregunta por separado a los autores.

Castañeda: Sí queríamos meter el tema, incluso lo llegamos a platicar con los editores. Le estuvimos dando la vuelta hasta el último minuto y al final decidimos que era mejor que no: es un tema demasiado fluido, que cambia constantemente, se cierra un proceso y se abre otro, etcétera… Y nosotros no somos jueces. En todo caso, cuando concluyan las averiguaciones, haremos un agregado en una futura edición del libro.

Además, dice a pregunta expresa, no conoce gran cosa sobre los hijos de Marta y sus supuestos negocios. “De lo que sí tengo mil anécdotas es de Marta y Fox: cómo se conocieron, cuándo viajaron, a dónde y cuándo me enteré yo que andaban juntos. Todo eso sí lo tengo, porque además es previo a la Presidencia, incluso previo a la campaña. Tengo muchos chismes de esos, por supuesto. De nuevo: en una edición o reimpresión futura podríamos añadir un capítulo sobre la pareja”.

Aguilar: las investigaciones de supuestas irregularidades “están en proceso. Todo lo demás son cosas terminadas. Por eso nos centramos en las decisiones de gobierno que consideramos más importantes. Pero en una edición futura del libro podríamos incluir esos casos”.

Qué tal si pega…

Castañeda se muestra reticente a platicar detalles del proceso de confección del libro, “por la misma razón que ustedes no dirían cómo elaboran sus reportajes. Creo que podríamos parafrasear a Bismarck en esto: la confección de los libros, las leyes y la salchicha no deben verse de cerca sino de lejecitos”.

Lo único que dice es que una vez que escogieron los temas prepararon las entrevistas con Fox y otros personajes con lecturas previas, notas y cronologías, “seguimos un guión y nos atuvimos al mismo. Es decir, no preguntamos sobre temas que habíamos decidido eliminar, por diferentes razones, entre ellos migración y narcotráfico”.

Se hacía la entrevista y enseguida se transcribía, relata Castañeda, quien actualmente se desempeña como maestro en la Universidad de Nueva York. Sobre el tema, dice que revisó la transcripción a propósito del desafuero “y reconfirmé que Fox nunca dijo lo que dice El Universal que dijo: son inventos de Raymundo Riva Palacio (director general de ese diario) el tema de las llamadas de Aguilar a José Agustín Ortiz Pinchetti; no existió en nuestra entrevista y, por lo tanto, no está en el libro”.

–Entonces, ¿de dónde salió esa historia?

–Del libro de Ortiz Pinchetti publicado hace un año (Las claves de López Obrador). Ahí cuenta que recibió la llamada de Rubén Aguilar (“un viejo amigo”), para que consultara con López Obrador si tenía interés en dialogar con Fox. Pero esta historia no está en nuestro libro ni estuvo nunca en la agenda que acordamos, ni se lo preguntamos a Fox, porque no importaba.

–Pero Aguilar le declaró al diario que el tema sí estaba incluido en el libro, pero que al final él y Castañeda decidieron “cercenarlo”.

Castañeda se esfuerza en aclarar que “no es lo que quiso decir Rubén. Es lo que dice El Universal que dice Rubén. Muy distinto. Pero en todo caso yo, para cerciorarme, revisé la transcripción y, repito, nunca se habló del tema en la entrevista con Fox”.

Aguilar dice a Proceso: “yo le dije a un reportero de El Universal que durante la revisión de las transcripciones de las entrevistas con el presidente Fox y otros, Jorge y yo cortábamos y cortábamos. Puedo asegurar de manera rotunda, contundente, que nada que fuera relevante, desde nuestra óptica, fue eliminado. La conversación con Ortiz Pinchetti sí existió, en los términos en que él lo cuenta en su libro –salvo el dato impreciso sobre la hora de la llamada–, pero nunca estuvo en el que hicimos nosotros”.

Castañeda lo dice a su manera: “tendríamos que ser idiotas para eliminar algo que pudiera jalar lectores. Llevo muchos años haciendo libros y sé que soy incapaz de no publicar algo que venda. No está en mi naturaleza, es como el alacrán pues, no podría yo hacerlo. Lo mejor de lo que tenemos está en el libro. Y no hay nada que Fox hubiera pedido que se eliminara, aunque tuvo la oportunidad de hacerlo”.

–¿No tocó la parte en la que cuentan las peticiones que le hace Ealy a través de Marta?

Castañeda: “Esa parte no se la atribuimos a Fox ni a Marta ni a alguien en particular. No revelaremos nuestra fuente, pero un lector atento puede llegar a identificarla. Lo que importa es que estamos absolutamente seguros de que la historia es cierta”.

–Hasta ahora (viernes 30 de noviembre) esa historia no ha sido desmentida. En cambio, El Universal le ha dado vuelo al supuesto capítulo cercenado.

–Mi sospecha es que toda la fabricación que hizo El Universal, es decir la invención de un capítulo que no existe y luego, para justificar la mentira, dice que lo desaparecimos nosotros, todo eso es una cortina de humo para tapar la historia que importa. Para qué tanto brinco si el suelo está tan parejo. El libro es el que decidimos que fuera, no mutilamos nada. Se molestaron cuando supieron que le adelantamos un capítulo a Reforma, porque nos dio nuestra regalada gana dárselos, punto. Cada editorial y cada autor deciden a qué medios quieren darles un adelanto.

Prosigue: “No quisimos dárselo a El Universal, así de sencillo y no tenemos que dar razones ni nada. Teníamos un acuerdo de una exclusiva con un periódico y nosotros lo respetamos. Ellos inventan un capítulo y cuando quedan en evidencia, en buena medida gracias a Proceso, inventan lo del capítulo cercenado. En el fondo, su reacción se debe a que están furiosos por lo que contamos sobre Ealy, pero no quieren ni pueden desmentirlo, porque saben que es cierto”.

–Si Ealy se atrevió a pedir tanto (televisora, radiodifusora, “banco o casa de bolsa”, condonación de impuestos) es porque creyó que el presidente podría concedérselo, ¿no?

“No necesariamente”, contesta Castañeda. “Él pide todo eso a ver si es chicle y pega… Y lo hace a través de Marta, porque ella, por encargo del presidente o porque a ella le interesaba, hacía gestiones que los secretarios de Estado y otros funcionarios no tenían interés en hacer o no querían. Las gestiones iban desde tramitar una cita con el presidente a exponerle peticiones como la de Ealy, o como las que hizo exitosamente para los chicos de Televisa”.

Sobre el caso de Ealy, puntualiza: “Aunque no lo sé con certeza, tengo la impresión de que Marta le hizo creer que sus peticiones se atenderían favorablemente. Es probable que se haya intentando, pero no se haya podido”.

–El asunto es tan escandaloso que valdría la pena que citaran la fuente.

–No lo haremos, ni Rubén ni yo, porque así lo acordamos con la fuente. Cuando queremos guardar un secreto, lo guardamos. Trabajamos durante un año con Fox y una treintena de otras personas horas y horas y nadie tenía la más remota idea de que estábamos haciendo un libro. Ni Proceso, que se entera de todo, se enteró.

Según Aguilar, la información sobre Ealy salió de “tres gentes y lo que contamos es todo lo que sabemos sobre ese asunto. Debo decir que el periódico –en el que colabora como articulista– ha sido enteramente respetuoso; por ejemplo, hoy publican mi artículo sobre el libro en el que Aguilar se limita a citar partes de la introducción”.

Los mensajeros

Castañeda se dice extrañado de que a él y Aguilar “gente con simpatías por el PRD o por El Peje nos reclamen algo en lo que coincidimos con ellos: que Fox se quiso chingar al Peje, para decirlo tal cual. No sólo lo reconocemos: lo decimos, lo demostramos y lo subrayamos. Sobre la inhabilitación hay dos versiones, una que sería inhabilitarlo y otra que sería simplemente sentenciarlo, pensando que bastaba con la sentencia para derrotarlo. Pero nos están cuestionando algo con lo que estamos de acuerdo”.

Del apoyo de Fox a la campaña de Calderón afirma que “es un poco absurdo que los del PRD nos estén acusando de reconocer lo que es innegable. En efecto, Fox hizo todo lo que pudo hacer para que el Peje no ganara la elección. Lo decimos, lo demostramos, lo argumentamos, esa es una de las partes más interesantes del libro… El problema es que, como en otros casos, el PRD confunde la discusión política con la discusión legal o jurídica. El asunto estuvo en manos del Trife, cuyos siete miembros, por cierto, fueron electos con aprobación del PRD. Quizá Fox no debió cargar los dados, pero en todo caso el Trife no lo castigó…”.

Por último, Castañeda aclara que las referencias que contiene el libro sobre ciertos personajes –entre ellos Carlos Slim, Elba Esther Gordillo, Lino Korrodi y Porfirio Muñoz Ledo– se le atribuyen explícitamente a Fox. “Así que si alguno de ellos no está de acuerdo con lo que dice, que se lo reclamen a él, no a nosotros. Si, por ejemplo, no es cierto que Elba le pidió varias veces a Fox que la hiciera secretaria de Educación Pública, que lo desmienta, o si Porfirio no le pidió reiteradamente una secretaría, que desmienta a Fox, no a nosotros”.


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Ilusionismo laboral

Carlos Acosta Córdova

Economista al fin, el presidente Felipe Calderón conoce el arte de manipular cifras, ocultarlas y, sobre todo, trampear datos estadísticos para hacerle creer a los mexicanos que en su gobierno hay cientos de miles de empleos más que en el pasado. Ciertamente el Calderón de hoy no es el Calderón de antes. En sus tiempos de diputado puso al descubierto las trampas con que el priismo hacía lo que él hace ahora: crear la ilusión de que en México hay empleos de sobra.

Falto de argumentos para explicar los pobres resultados en materia de empleo durante su primer año de gobierno, el presidente Felipe Calderón se vale de la retórica para magnificar logros, minimizar problemas y abusar de las verdades a medias: No pierde la oportunidad de presumir, casi cada mes, cómo aumenta el número de empleos nuevos en el país.

La última se le presentó el 16 de noviembre pasado, en Acapulco, en un congreso sobre comercio exterior: “Tengo el gusto de compartirles que al 15 de noviembre se han registrado en el Seguro Social, es decir, empleos formales, más de 950 mil nuevos empleos, del 1 de enero al 15 de noviembre”.

Y eso –se jactó, comparó– que al principio de año los pronósticos más optimistas, tanto de especialistas del sector privado como del público, indicaban que cuando mucho se crearían 600 mil nuevos empleos en todo el año.

El mensaje implícito y recurrente es: El país no podía estar mejor que bajo la conducción de quien desde la campaña electoral se autodefinió como el “Presidente del empleo”.

Pero la realidad es como es.

Felipe Calderón sólo toma en cuenta el número de trabajadores asegurados en el IMSS, que al 31 de octubre sumaban 14 millones 856 mil 60 personas, es decir, 136 mil 566 más que al 31 de septiembre, al término del tercer trimestre del año. Nada despreciable el aumento. Pero los trabajadores afiliados al IMSS son sólo una parte, apenas la tercera, del total de quienes trabajan en el país.

En efecto, cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) –tomadas de su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo– indican que la Población Económicamente Activa (PEA), al finalizar el tercer trimestre del año, fue de 44 millones 667 mil 303 personas, y la población ocupada ascendía, a la misma fecha, a 42 millones 916 mil 569 personas. Es decir, para maximizar un presunto logro, el presidente sólo toma en cuenta una parte de la realidad: los trabajadores asegurados en el IMSS representan 33% de la PEA y 34.3% de la población ocupada.

Pero si se atiende a la evolución de ésta última, más la creciente tasa de desempleo, el presidente no tiene argumentos para hacer fiesta con el número de inscritos en el IMSS: al 31 de diciembre de 2006, es decir al término del último trimestre de ese año, la población ocupada total ascendía a 42 millones 846 mil 141 trabajadores, y para el tercer trimestre de 2007 dicha población ocupada fue de 42 millones 916 mil 569 personas.

Es decir, el dato contundente es que para septiembre sólo había 70 mil 428 empleos más de los que había en diciembre. Pero los primeros meses de la presidencia “del empleo” fueron los peores: si se comparan las cifras de población ocupada del 31 de diciembre de 2006 y las del 31 de marzo de 2007 (42 millones 400 mil 679 trabajadores), resulta que se perdieron 445 mil 679 empleos en los primeros tres meses del año.

Cuando aborda el tema del empleo, Calderón jamás hace la mínima referencia a los mexicanos que no tienen trabajo, ni siquiera a los que las cifras oficiales reconocen. Pero aquí tampoco hay lugar para el festejo y el optimismo presidencial: al 31 de diciembre de 2006, el total de personas en busca de trabajo era de 1 millón 351 mil 603, y para el 31 de octubre de este año esa cifra aumentó a 1 millón 750 mil 734 personas.

Es decir, en los primeros 10 meses de la presidencia “del empleo” se sumaron a las filas de la desocupación abierta cerca de 400 mil personas. Así que, aun cuando fueran ciertos los registros en el IMSS, de que hay 950 mil nuevos empleos formales, el saldo real es de sólo 450 mil empleos adicionales, muy por debajo de las expectativas oficiales y menos de la mitad de lo que celebra el presidente.

Y eso sin considerar a las 4.9 millones de personas que, según las encuestas del INEGI, estarían dispuestas a ocuparse y que en las estadísticas están incorporadas en lo que se llama Población No Económicamente Activa.

Una revisión más detallada de las estadísticas del INEGI revela que la administración actual lleva el peor registro de desocupación desde que se inició la era de gobiernos panistas que, pese a promesas en contrario, se están distinguiendo por las mayores tasas de desempleo abierto. En el caso de Calderón, el desempleo ha sido mayor en los primeros 10 meses de este año que en cada uno de los años completos desde 2001, exceptuando 2004.

Manipulación de cifras

Cuando el presidente Calderón reitera y festeja la creación de miles y miles de empleos nuevos, lo hace no porque esté mal informado, sino porque realmente no hay buenas cuentas que rendir. Es más, Calderón no es alguien a quien se le pueda engañar en estos temas. Se le reconoce buen manejo de los asuntos económicos, como lo demostró cuando fue diputado, al menos la primera vez, cuando se erigía en crítico severo de las políticas económicas del presidente Carlos Salinas, en particular las relacionadas con el empleo y los salarios.

En una ocasión, en tribuna, cuando el pleno de la Cámara de Diputados analizaba el tercer informe presidencial, el 6 de noviembre de 1991, el diputado Calderón dijo que las cifras que presentaba ese informe sobre empleo y desempleo eran “verdaderamente increíbles e inverosímiles”; que la tasa de desempleo que decía el informe, de 2.6% de la PEA, no la tenían “ni siquiera las economías más desarrolladas”.

Y criticaba la forma gubernamental de llegar a esa cifra tan baja de desempleo. “La cifra, por ejemplo, considera a la Población Económicamente Activa de 12 años de edad o más; probablemente se basa en la encuesta nacional de empleo urbano (del INEGI) que es completamente inadecuada, por varios conceptos. Primero, porque se limita a recoger muestras poco significativas, tan sólo en el Distrito Federal, en Guadalajara y en Monterrey, e ignora en consecuencia la dura realidad del empleo en otras ciudades de los estados y sobre todo desestima por completo la problemática del empleo en el área rural. Llega a considerar esta encuesta como ocupados, por ejemplo, a quien en la semana trabajó al menos una hora, a quien trabajó sin percibir remuneración y a quien espera obtener trabajo al menos en el próximo mes.

“No distingue tampoco –seguía Calderón en su crítica– entre el trabajo de un empleado, de un empresario o de los miles de subempleados que crecen en el país. Es más, esta encuesta oficial ignora u omite dar cifras de la realidad del desempleo que, por otra parte, se indica en el informe que ha aumentado sin precisar la magnitud de tal aumento.”

También: “Otros datos oficiales de mejor consideración, que no se incluyen en el informe, son los que da el Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, que calcula un desempleo de 12% y un subempleo de 40%. Esto no se informa”.

Como se ve, Calderón tenía claro desde entonces el problema del desempleo. Interesado en la economía, estudió años después una maestría en economía, ni más ni menos que en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Algo debieron agregarle a su conocimiento de los temas económicos las clases que allí tomó de estadística, econometría, matemáticas, microeconomía intermedia y macroeconomía intermedia, que son los cursos de que consta dicha maestría en el alma mater de su secretario de Hacienda, Agustín Carstens.

Hoy en día las encuestas sobre empleo del INEGI son radicalmente distintas a las que criticaba entonces Calderón. Se han depurado metodológicamente, incluyen mucho más variables –que permiten dimensionar, en su gravedad, el problema del desempleo y la baja calidad y seguridad de los empleos– y gozan de la certificación tanto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por ejemplo, para dar una dimensión más real a la situación del desempleo, el INEGI utiliza lo que llama Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación (TOPD), que a septiembre pasado fue de 9.7% de la PEA. Es decir, 4 millones 332 mil 728 personas estaban en una condición de desempleo abierto o habían trabajado menos de 15 horas en la semana del levantamiento de la encuesta.

Y para hacer más visible el subempleo, la subocupación, es decir, la situación en la que están millones de personas que tienen un trabajo pero que les resulta insuficiente y quisieran trabajar y ganar más, el INEGI usa lo que llama Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO). La define como el “porcentaje de la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, más la que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo (menos de mil 500 pesos), y la que labora más de 48 horas semanales y que gana hasta dos salarios mínimos (3 mil pesos) al mes”.

En esa condición se hallaba, a septiembre, 11.2% de la población ocupada, es decir, 4 millones 806 mil 667 personas.

Pero el presidente no recurre a esas encuestas del INEGI porque los resultados de éstas son un rotundo mentís a su discurso de que en materia de empleo estamos mejor que nunca. Y tan no lo estamos que ni siquiera la economía informal es capaz de absorber a los cientos de miles de mexicanos sin trabajo, muchos de los cuales –cerca de medio millón al año, según cifras de varias instituciones académicas, como El Colegio de la Frontera Norte– optan por irse a Estados Unidos, así peligre su vida en el intento.

En efecto, podría pensarse que por la creación neta de empleos tan baja y la creciente tasa de desempleo, se engrosarían considerablemente las filas de la informalidad. Pero las cifras del INEGI señalan que desde 2001 el porcentaje de la población ocupada que está en el sector informal se mantiene en el rango de 26% a 28% en promedio.

En el caso de Calderón, en diciembre de 2006, de los 42 millones 846 mil 141 personas que estaban ocupadas, 26.62%, es decir, 11 millones 405 mil 643, estaban en el sector informal de la economía. Nueve meses después, al término del tercer trimestre (en septiembre), de las 42 millones 916 mil 569 personas con trabajo, 11 millones 531 mil 682 lo tenían en la economía subterránea. Es decir, de una fecha a otra, la informalidad aumentó en poco más 126 mil personas, 1.1%.

El presidente hace alarde de la creación de 890 mil 502 nuevos empleos, formales, del 1 de enero al 31 de octubre. Pero resulta que de ellos son más los eventuales que los permanentes. En el primer caso, 462 mil 280; en el segundo, 428 mil 222. En términos relativos, quiere decir que los permanentes aumentaron, en ese lapso, en 3.74%, mientras que los eventuales lo hicieron en 18.4%. También ese es un “mérito” de los gobiernos panistas: la creación de más trabajos inseguros. Sólo por comparar: en el último año del gobierno de Ernesto Zedillo se registraron en el IMSS 529 mil 348 nuevos empleos, de los cuales 397 mil 439 fueron permanentes y 231 mil 909 eventuales.

Trabajo es trabajo, se dirá. Pero justamente una de las cosas que omite el discurso presidencial es la calidad de los trabajos creados, que en su mayoría son precarios, sin protección y cada vez con más baja remuneración.

Según datos del INEGI, del total de la población ocupada al tercer trimestre de 2006 (42 millones 604 mil trabajadores), 27 millones 615 mil 799 eran trabajadores subordinados y remunerados. Pero de éstos, 17 millones 210 mil 571 tenían un empleo con prestaciones y 10 millones 165 mil 302 lo tenían sin prestaciones. Es decir, de los trabajadores subordinados y remunerados, 62.3% tenía prestaciones y 36.8% carecía de ellas.

Con Calderón, el número de personas con empleo sin prestaciones es mayor. Al tercer trimestre de 2007, de 28 millones 62 mil 29 trabajadores subordinados y remunerados, 17 millones 201 mil 598 tienen empleo con prestaciones y 10 millones 655 mil 539 lo tienen sin prestaciones. Es decir, bajó el porcentaje de quienes tienen prestaciones, a 61.3%, y aumentó el de quienes no las tienen, a 38%.

En términos relativos, parece mínimo el aumento, pero es una tendencia. De hecho, del tercer trimestre de 2006 al tercer trimestre de 2007, el número de empleos sin prestaciones aumentó en 490 mil 237 puestos.

Otro indicador que ofrece el INEGI sobre la seguridad del empleo, se refiere a los trabajos que se registran con y sin contrato. En diciembre de 2006, del total de trabajadores subordinados y remunerados, 12 millones 848 mil 579 tenían un empleo sin que haya habido contrato de por medio. Para junio de 2007, al cierre del segundo trimestre, los empleos en esa condición eran 13 millones 259 mil 870. Es decir, en los primeros seis meses del año, los empleos sin contrato aumentaron en 411 mil 291 puestos. Aunque para el siguiente trimestre se compuso la situación, de tal suerte que la cantidad de empleos sin contrato fue menor, en 49 mil, al registrado en diciembre pasado.

De entre otros muchos indicadores del INEGI sobre la mala calidad del empleo en el país pueden destacarse estos: de los empleos nuevos, en los tres primeros trimestres del año, una gran parte se fue a engrosar el mundo de los changarros, los micronegocios: casi 200 mil, y de ellos poco más de la mitad, en micronegocios sin establecimiento. En contra, el empleo en grandes establecimientos disminuyó en cerca de 30 mil puestos. Otra: en este año, unas 8 mil personas más se incorporaron al trabajo doméstico remunerado, al que se dedican casi 2 millones de personas en el país.

Finalmente, de la poca remuneración de los empleos tampoco se ocupa el discurso presidencial. De las 42 millones 916 mil 569 personas ocupadas hasta el tercer trimestre del año, la mayoría –27 millones 142 mil 443–perciben entre menos de uno y hasta tres salarios mínimos (unos 4 mil 500 pesos al mes). Si el rango se amplía a cinco salarios mínimos como remuneración, hay 35 millones 201 mil 618 personas que no ganan más de 7 mil 500 pesos mensuales. Sólo 5 millones de trabajadores –de casi 43 millones– perciben más de cinco mínimos.

Entonces, así como funcionarios de su gabinete han reconocido el fracaso rotundo del Programa de Primer Empleo –no se creó ni un tercio de los 50 mil empleos esperados–, el presidente Calderón, si se atribuye el mérito de la creación de cientos de miles de empleos –que el INEGI matiza–, también debe asumir la responsabilidad de que esos empleos son precarios, inseguros y mal pagados.


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El narrco ahí sigue

Ricardo Ravelo

La guerra del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico, en medio de fuertes decomisos y algunas detenciones, no ha alterado el negocio de las drogas, que sigue creciendo en el territorio nacional con algunos signos alarmantes: policías de por lo menos 20 entidades protegen a los narcos, las batallas de los cárteles han cobrado ya unas 2 mil 500 ejecuciones con inédita crueldad. Y mientras los militares recogen estupefacientes en las calles, las dependencias policiacas responsables de la seguridad nacional languidecen en medio de despidos, disputas e inoperancia…

Cumplidos 12 meses de que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República y le declaró la guerra al narcotráfico, el balance no sólo es negativo, sino alarmante: la violencia se ha incrementado en el país; los cambios y la rotación de mandos policiacos de nada han servido, y las complicidades de las policías con el crimen organizado siguen estrechándose en la mayoría de las entidades.

A pesar de los cuantiosos decomisos de drogas y la detención de algunos personajes del narcotráfico –acciones que el gobierno ha celebrado en toda oportunidad–, la cocaína y otros alcaloides ingresan en grandes cantidades por las aduanas, puertos y aeropuertos, de suerte que la campaña emprendida por el gobierno federal no ha alterado el negocio de las drogas.

Los cárteles que operan en el país –de Juárez, de Sinaloa, del Golfo y de Tijuana, con todas sus ramificaciones– mantienen estables sus estructuras criminales, no obstante que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública sostienen que se les ha golpeado y que están debilitados. Lo cierto es que las principales arterias del crimen organizado funcionan en casi todo el territorio nacional con la protección de la policía.

Mientras tanto, los cambios de mandos en la Secretaría de Seguridad Pública y las estrategias de su titular, Genaro García Luna, han probado ya su inoperancia. Y la promesa presidencial de recuperar “los espacios de convivencia para la sociedad” no ha podido cumplirse: las balaceras y las ejecuciones se multiplican en todas partes y estremecen a la población.

En el primer año del gobierno de Felipe Calderón, en el país se han cometido, según datos oficiales, poco más de 2 mil 500 ejecuciones, la mayoría de las cuales se mantienen impunes.

Estos primeros 12 meses terminan como iniciaron: agitados por el crimen organizado, como pudo confirmarse apenas el pasado jueves 29 de noviembre, en la jornada de terror que vivieron los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.

En Río Bravo, Tamaulipas, fueron ejecutadas seis personas, entre ellas Juan Antonio Guajardo Anzaldúa –quien fue senador de la República, diputado federal y local, así como dos veces alcalde de ese municipio–, días después de haber denunciado que el crimen organizado estaba infiltrado en el proceso electoral del estado y tras haber cuestionado severamente al gobernador tamaulipeco, Eugenio Hernández, por sus presuntas ligas con el narco.

Guajardo Anzaldúa era una voz crítica de los hombres del poder en Tamaulipas: había señalado, en distintas ocasiones, que el exgobernador Tomás Yarrington estaba relacionado con el cártel del Golfo y que el actual procurador de la entidad, José Guadalupe Herrera, “sirve a los intereses de ese cártel”, pues tiene dos hermanos que operan en esa organización criminal (Proceso 1610).

Semanas atrás, Guajardo fue amenazado de muerte. Por ello la PGR le asignó cuatro escoltas de la AFI para su protección, pero la tarde del pasado jueves, cuando arribó al restaurante La Rockola, propiedad de su hermana, fue asesinado junto con otras cinco personas, dos de las cuales eran agentes federales y otras dos colaboradores cercanos.

En San Luis Potosí fueron ejecutadas cinco personas, en pleno Centro Histórico, por un comando armado que se enfrentó con la policía. Entre los muertos figuran dos escoltas del empresario Roberto García Navarro, propietario de la empresa de chicles Canel’s, a quien presuntamente pretendieron secuestrar.

El mismo día, en Hidalgo, fueron hallados los cuerpos de cinco personas en el interior de una camioneta estacionada en el acotamiento de la carretera México-Laredo, en el municipio de Ixmiquilpan. Los muertos tenían la boca tapada con cinta canela y estaban atados de pies y manos.

En su guerra contra el narcotráfico, el presidente Felipe Calderón tiene un enemigo enquistado en la estructura de poder: los policías. Según datos consultados en la PGR, existen investigaciones en curso –otras más han sido consignadas con detenidos a los juzgados federales– que revelan las vinculaciones de los cuerpos policiacos con el narcotráfico en más de 20 estados del país, sobre todo en aquellas entidades que son asiento o corredores de los cárteles de la droga.

Los casos más críticos son Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Michoacán, Jalisco, Campeche, Tabasco, donde, de acuerdo con datos oficiales, el grupo armado Los Zetas y los miembros del cártel de Sinaloa trabajan directamente con algunos mandos policiacos, tanto estatales como municipales.

Explosivo y sin diques que lo contengan, el narcotráfico y la violencia derivada de esta actividad se recrudecen, como en los primeros meses de gobierno, a pesar de que el presidente Calderón decidió echar mano de unos 22 mil efectivos militares (10% de los elementos del Ejército, conformado por unos 200 mil militares), así como de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Además, el tráfico de drogas –imparable en todo el país– y las ejecuciones, se multiplican a pesar de que el presidente Calderón incorporó a su gabinete a funcionarios de la pasada administración que fueron protagonistas de la “lucha” contra el crimen organizado, cuya experiencia –se dijo– era importante para dar continuidad a la política contra la delincuencia.

Tal es el caso de Eduardo Medina Mora, quien durante el sexenio de Vicente Fox se desempeñó como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), primero, y como secretario de Seguridad Pública, después.

Al segundo cargo llegó por una tragedia atribuida al narcotráfico: el derribamiento y explosión de un helicóptero –el accidente ocurrió el 21 de septiembre de 2005 en San Miguel Mimiapan, Estado de México–, en el que murieron varios funcionarios del Gabinete de Seguridad, entre ellos Ramón Martín Huerta, quien fungía como secretario de Seguridad Pública.

Este caso –que evidenció la vulnerabilidad del gobierno frente al narco y las complicidades de altos funcionarios con el crimen organizado– nunca se aclaró. Por el contrario, el entonces presidente Vicente Fox ordenó guardar la investigación durante 10 años invocando “razones de seguridad nacional”.

Los funcionarios

Ahora que el libro La diferencia, escrito por Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar, reveló los desatinos y titubeos del entonces presidente Fox para nombrar a los miembros de su gabinete, cobra relevancia el hecho de que Medina Mora llegó a la Secretaría de Seguridad Pública a través de una recomendación.

Según datos confirmados por Proceso, Medina Mora se convirtió en el poderoso secretario de Seguridad Pública gracias en buena medida a su cercanía con María Amparo Casar, quien fungió como jefa de asesores del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, exjefe de Medina Mora. Creel lo acogió y lo nombró director del Cisen sin considerar su nula experiencia en tareas de inteligencia, pues gran parte de su carrera profesional la desarrolló como abogado corporativo de la empresa Desc, especializada en perfiles de acreedores y clientes (Proceso 1572).

Su nula experiencia fue evidente durante su desempeño como secretario de Seguridad Pública: puso en marcha, sin éxito, el programa México Seguro para detener la violencia del narcotráfico; realizó cambios en las filas de la Policía Federal Preventiva; rotó a mandos medios y altos; quiso profesionalizar a la corporación… Pero dicha policía terminó sumida en un descrédito que parece irreversible.

A pesar de sus fallas, el presidente Felipe Calderón lo nombró procurador general de la República, cargo en el que ha sido criticado por la falta de articulación de una política criminal integral, lo que con frecuencia lo confronta con el Gabinete de Seguridad Nacional. A la vuelta de un año de gobierno, la PGR –institución legalmente facultada para combatir el crimen organizado– está reducida a servir como una pieza de apoyo del Ejército y la Marina.

Lo mismo ocurrió con Genaro García Luna, ingeniero mecánico de profesión, quien inició su carrera en los sótanos del Cisen al lado de Jorge Tello Peón. Fue director de la AFI durante el régimen foxista, y aunque durante esa administración se le acusó de tener presuntos nexos con el cártel de Sinaloa (Proceso 1519), el presidente Calderón lo nombró secretario de Seguridad Pública.

Poco antes de concluir el sexenio de Fox, García Luna inició una fuerte campaña de autopromoción: a través de la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia no sólo difundió sus “aciertos” policiacos, sino que afianzó su nombramiento en la administración de Felipe Calderón con la publicación del libro Contra el crimen: ¿Por qué 1,661 corporaciones de policía no bastan?, donde expone la descomposición y los vicios de los cuerpos policiacos, los cuales pretende ahora unificar.

Pero durante su primer año de gestión al frente de la SSP, García Luna no ha podido superar los vicios y fallas que cuestiona en su libro. En el capítulo Vll, titulado “Contra el crimen”, el propio García Luna reconoce la corrupción en las filas policiacas, insuperable hasta la fecha:

Hoy en día más del 93% de la policía en México es municipal y estatal. En los modelos más eficientes de seguridad en el mundo la policía más importante es la de proximidad social, misma que cuenta con formación, sistemas, logística y métodos de vanguardia. En cambio, en nuestro país las policías municipales registran en general el mayor rezago conceptual y estructural; es decir, las corporaciones que están en contacto directo con la sociedad son, paradójicamente, las más abandonadas.

Esto obedece en parte al modelo que aceptó la corrupción como mecánica operativa. Se asumió como ventaja cohabitar con el hampa, se justificó la operación policial con recursos no institucionales. El hecho es que la relación entre sociedad y el principal punto de contacto con la autoridad se rompió, lo que generó un círculo vicioso: una policía despreciada, sin la vigilancia y atención que requiere para su desarrollo; en consecuencia, sin capacidad para prevenir y combatir los delitos.

García Luna no ha podido resolver estos viejos vicios que, por el contrario, se han agudizado en el primer año del gobierno calderonista, con una agravante: el funcionario tiene constantes confrontaciones al interior de la SSP y roces frecuentes con el procurador Eduardo Medina Mora.

El titular de la SSP ha ido de ensayo en ensayo en materia de seguridad pública: ha rotado a la mayoría de los mandos medios y altos y ha despedido a cientos de policías –la mayoría recurrió al amparo porque afirman que fueron corridos injustificadamente–, pero estas medidas no han podido frenar la marejada de violencia que azota al país.

No es todo: al inicio del sexenio, sin la aprobación del Congreso, García Luna incorporó a 10 mil militares a las filas de la PFP y anunció su proyecto de unificar a la PFP y a la AFI en una policía única. Su idea no ha sido aprobada.

Pero lo más grave son las diferencias que se observan en la SSP. Por ejemplo, en marzo de este año Ardelio Vargas Fosado –exfuncionario del Cisen que fue considerado pieza clave en la SSP– renunció a la titularidad del Cuerpo Federal de Policía. La razón: sus enfrentamientos con García Luna. Vargas Fosado tuvo que regresar al lado de su compadre Eduardo Medina Mora, quien lo designó responsable del Centro de Inteligencia de la PGR.

De 2000 a 2007, en la PFP han sido dados de baja 3 mil 728 elementos, según datos oficiales. Entre las bajas destacan 799 por incumplimiento de los requisitos de permanencia, 142 casos de abandono de empleo, 2 mil 187 renuncias y 254 casos con denuncias no especificadas.

El personal que ha causado baja incluye lo mismo altos mandos que cabos de la policía. En la lista figuran 19 comisarios generales, 42 comisarios jefe, 59 comisarios, 75 inspectores generales, 480 subinspectores, mil 107 suboficiales, 316 sargentos primeros, 217 sargentos segundos y 373 cabos, entre otros.

Los ensayos de García Luna se extendieron a lo largo de todo este año: Tras una balacera en Cananea, Sonora, entre policías y presuntos Zetas, el titular de la SSP despidió a cerca de 300 mandos medios y altos de la PFP en el país, por pérdida de confianza. Algunos agentes permanecen en la institución, supuestamente porque siguen siendo investigados por sus presuntas ligas con el crimen organizado.

Pese a su insistencia en el proyecto de crear una policía única –algo así como una Policía Nacional con un solo mando en todo el país–, el Congreso de la Unión no ha entrado a la discusión de este proyecto, que está “congelado”.

Entre tanto, el narco sigue matando como nunca, sin freno ni recato, y con la máxima crueldad…

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México, como Colombia

J. Jesús Esquivel

En opinión de agentes de la DEA y académicos estadunidenses, la lucha emprendida por Felipe Calderón contra los cárteles de la droga está significando un precio “muy alto” para la sociedad mexicana. Con todo, el jefe de operaciones de esa agencia para México, Michael A. Braun, asegura que pronto esta guerra dará resultados favorables al gobierno mexicano.

WASHINGTON.- El nivel de narcoviolencia que priva en México quizá sólo sea comparable al que vivió Colombia a finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando ese país sudamericano era considerado como una “narcodemocracia”, afirma la Agencia Federal Antinarcóticos de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA).

En un informe elaborado por el jefe de operaciones de esa agencia para México, Michael A. Braun, en torno al primer año de gobierno de Felipe Calderón, el funcionario antinarcóticos explica que el combate emprendido por el gobierno calderonista contra el narcotráfico comienza a dar los pasos adecuados para debilitar o destruir a las organizaciones de los principales capos de la droga. Pero acota: el costo para la sociedad mexicana es muy alto.

E insiste en que no debe olvidarse que en Colombia aquella situación marcó el principio del fin de las grandes organizaciones del crimen organizado, entre ellas el cártel de Medellín.

Entrevistado por Proceso, Braun insiste en que “si se revisa la situación que había en Colombia hace unos 15 años, cuando el gobierno de ese país combatió a fondo a los cárteles de la droga y a los grupos insurgentes –las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional– se advierte una tremenda erupción en los niveles de violencia que azotaban a ese país”.

Y enumera algunos casos: la toma del Palacio de Justicia en Bogotá en noviembre de 1985, perpetrado por Pablo Escobar Gaviria, líder del cártel de Medellín; el derribamiento de un avión de aerolíneas Avianca el 27 de noviembre de 1989, así como el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en ese mismo año.

Al final, dice, la violencia disminuyó. Y se pregunta: “¿Dónde están ahora los cárteles que intimidaron a Colombia en esa época?... Ahora, por primera vez en cuatro décadas los colombianos cuentan con agencias de la ley en cada estado o provincia de su país, disminuyeron los niveles de asesinatos vinculados al narcotráfico, así como la ola de secuestros realizados por narcotraficantes”.

El pronóstico de Braun, quien vivió en Colombia hace unas décadas, es que la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno mexicano será exitosa, si bien tendrá momentos difíciles. Y reitera que sucederá algo similar a lo de Colombia. “Cuando asumes una posición de combate frontal contra el crimen organizado, siempre hay consecuencias y habrá fuertes explosiones de violencia, pero si el país (México) no pierde su determinación –dice– va a tener éxito”.

Guiños de la DEA

En su estudio, la DEA da buenas calificaciones a la labor del gobierno mexicano. Explica, por ejemplo, que la confiscación de enervantes realizada en los últimos 12 meses, incluidas las 20 toneladas de cocaína encontradas en un barco de carga con bandera colombiana en el puerto de Manzanillo, representa un éxito para las autoridades federales. Otro logro notable es la disminución del flujo de drogas a Estados Unidos.

Y Braun muestra su júbilo: “Apuesto mi salario de todo un año a que en un futuro cercano regresarán la paz y la tranquilidad que México no ha visto ni vivido en mucho tiempo”.

–¿Cuánto tiempo le va a tomar al gobierno de Calderón derrotar al narcotráfico con base en la comparación que hace usted con lo ocurrido en Colombia? –pregunta Proceso al jefe de operaciones de la DEA.

–No va a ocurrir de la noche a la mañana, tomará algunos años; pero si el presidente Calderón no lo hace, México puede terminar siendo manejado por el crimen organizado.

Así mismo, asegura que a pesar de que la disminución de la narcoviolencia no se nota, parte del éxito de la política antinarcóticos de Calderón se debe a la cooperación que hay en estos momentos entre la DEA y las agencias policiacas y de inteligencia de México.

“Honestamente –dice–, ahora sí confiamos en las agencias mexicanas”, pero admite que hay problemas de corrupción por narco, como en Estados Unidos. Sin embargo, “el gobierno de Calderón está marcando la diferencia, por ello estamos intercambiando información de inteligencia muy delicada con ellos, lo que ha permitido confiscaciones de estupefacientes como el de Manzanillo”.

Braun, el número 3 en el escalafón de mando de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, explica que todos los días recibe en su despacho del piso 12 de las oficinas centrales de la DEA en Washington un informe sobre las operaciones que realiza la agencia contra el narcotráfico en sus 227 divisiones dentro de territorio estadunidense y en las 86 que se encuentran en el extranjero. Y explica: “Todas las mañanas comienzo con el reporte de México”.

La DEA sostiene que los narcotraficantes mexicanos destinan decenas de millones de dólares para corromper a funcionarios del gobierno de su país en todos los niveles, incluidos algunos mandos militares. Braun considera incluso que la narcoviolencia en México está un poco sobredimensionada por los medios de comunicación.

Asegura que si bien la situación que se vive en México es grave, no es tan alarmante como la pintan algunos medios. Y pone como ejemplo el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa. “Yo no diría que El Chapo es el narcotraficante más poderoso de México. Creo que hay otros cárteles poderosos que constantemente compiten entre sí. En México –dice– pasa algo muy curioso: los narcotraficantes se han dado cuenta de que para consolidar su poderío necesitan construir alianzas o destruirse entre ellos”.

Pero también le sorprende que ahora haya en México una “estabilidad pacífica” entre los cárteles gracias a las alianzas que han formado, lo cual es un reflejo del repliegue de los narcotraficantes ante las acciones del gobierno de Calderón”.

Un precio muy alto

Según la DEA, la utilización del Ejército Mexicano en la guerra contra el narcotráfico es un aliciente para Estados Unidos, pues permite a los agentes antinarcóticos continuar trabajando con el gobierno de Calderón. No obstante, Braun aclara que la agencia no tiene nada que ver con los militares mexicanos en términos de intercambio de información, o de la realización de operaciones antinarcóticos conjuntas.

–¿No es acaso muy alto el precio que está pagando la sociedad mexicana por la narcoviolencia y la inseguridad que ésta genera en Estados Unidos a causa de la demanda de consumo de estupefacientes” –se le cuestiona a Braun.

–Nosotros somos parte del problema. Si en Estados Unidos la demanda no fuera tan elevada, México tal vez no enfrentaría los problemas que ahora tiene. Pero según me dijeron varios funcionarios mexicanos, en su país el consumo de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana también se ha disparado. Nosotros lo dijimos: “No hay país de tránsito de droga que sea inmune al consumo de narcóticos”.

Y explica: “No creo que el presidente Calderón vaya a mantener por siempre a las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narcotráfico. Creo que lo que pretende es renovar, modernizar y depurar a las agencias policiales de todo el país y una vez que esté terminado esto, regresará a los militares a sus cuarteles para que el problema del narcotráfico sea de la responsabilidad de las autoridades y agencias policiales civiles”.

Michael Shifter, vicepresidente de políticas de la organización no gubernamental Diálogo Interamericano, dedicada al análisis de la situación política, social y económica en América Latina, comparte la tesis de la DEA y abunda: “No es que los narcotraficantes sean ahora más poderosos que antes, sino que están acorralados y desesperados matándose entre ellos debido a que ahora sí el gobierno de México los está atacando con todo”.

Shifter, quien al igual que Braun vivió en Colombia en los años de esplendor y declive de la organización criminal de Escobar Gaviria, sostiene que “Calderón está enfrentando un problema básico y lo está haciendo con lo que tiene: los militares”.

Y lanza una advertencia: el programa de combate al narcotráfico con el uso del Ejército “debe ser a corto plazo, pues los mexicanos están pagando un precio muy alto –con los asesinatos y secuestros–, y los militares pueden cometer todo tipo de violaciones a los derechos humanos”.

Por su parte, Maureen Meyer, encargada de los asuntos de México y Centroamérica de la Washington Office on Latin America (WOLA), considera que Calderón sí intenta resolver el problema de seguridad, aunque da prioridad al combate al narcotráfico.

“Los niveles de violencia en México empezaron a aumentar a partir de 2005, cuando los capos de la droga comenzaron a pelearse entre ellos por el control de las rutas de tráfico”, dice Meyer, autora de varios reportes sobre el narcotráfico en México que han sido publicados por su organización.

“Calderón está haciendo lo correcto y creo que está teniendo éxito, aunque debo decir que hay un alto nivel de incertidumbre porque creo que es muy pronto para vaticinarle un éxito, sobre todo si no limita a un corto plazo el papel de las Fuerzas Armadas en la guerra a los narcotraficantes”, añade la experta de WOLA.

Una ayuda cuestionada

El gobierno de George W. Bush confía en que la guerra de Calderón contra el narcotráfico sea exitosa, y como muestra de ello la Casa Blanca solicitó recientemente al Congreso estadunidense la aprobación de un paquete 500 millones de dólares de asistencia antinarcóticos para México, que se destinarán al financiamiento de la llamada Iniciativa Mérida.

Parte de esos fondos serían destinados por el gobierno de Calderón a la adquisición de equipo bélico y tecnológico del Pentágono, con lo que reforzaría su combate al narcotráfico; otra, se canalizará a programas de adiestramiento para agentes federales y militares mexicanos en Estados Unidos.

Sin embargo, Shifter duda de las bondades de la ayuda de la administración Bush al gobierno mexicano. Dice que “los capos de la droga se adaptan muy bien a las medidas que toma el gobierno de su país; ya lo hemos visto en el pasado. Pero creo que Calderón fue muy inteligente, y al darse cuenta de la terrible situación que enfrenta su país, exigió a Bush asumir la responsabilidad que le corresponde”.

Un funcionario mexicano consultado por este corresponsal asegura que la intención de Calderón –“si todo sale conforme a sus planes”– es “desmilitarizar la guerra contra el narcotráfico al llegar a su cuarto año de gobierno”.

En todos los niveles del gobierno de Estados Unidos existe preocupación por los riesgos que implica la militarización de la guerra contra el narcotráfico en México, sobre todo por el poder de coptación de los narcos. En el Capitolio, por ejemplo, los legisladores federales suelen recordar el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, zar antidrogas en el sexenio de Ernesto Zedillo, quien fue detenido en febrero de 1997 por su vinculación con el cártel de Juárez, dirigido entonces por Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.

Pese a todo, la administración Bush confía en que los niveles de cooperación de agencias como la DEA con el gobierno de Calderón permitan, en el corto plazo, dar golpes más fuertes al crimen organizado, sobre todo al narcotráfico.

En su informe sobre el primer año de gobierno de Calderón, Michael A. Braun destaca el caso de El Chapo Guzmán, quien, a decir del jefe de operaciones de la DEA para México, es del tipo de narcotraficantes que tienen un destino perfectamente marcado: mueren asesinados por la mano de las agencias de la ley o de los militares, o terminan el resto de sus días refundidos en una prisión.

“Lo estoy diciendo ahora y pongo a Dios como testigo: están contados los días de El Chapo Guzmán. Cada vez nos estamos acercando más a él, pero no puedo garantizar que va a ser detenido la próxima semana o el próximo año”, sostiene Braun durante la entrevista.

Y se explaya: “Lo que sí puedo asegurar es que El Chapo no lleva el mismo nivel de vida que hace un año. El que lo está vigilando está atrás de él en cada matorral. El Chapo está tan desesperado que piensa que cada persona que ve en la calle es un agente policiaco o un militar encubierto. Está paranoico, está justo en el punto en el que lo queríamos tener”.

Según Braun, serán las autoridades mexicanas las que se encarguen de detener a El Chapo, “gracias a los nuevos niveles de intercambio de información de inteligencia que tenemos con ellos”.