Criminalizar la protesta social, la "justicia" del PRIAN

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Desde que el pelele Felipe Calderón Hinojosa fue impuesto por la oligarquía política y económica en Los Pinos, anunció que se criminalizaría la protesta social. Quien se encargó de aglutinar y elaborar las reformas al código penal fue su comparsa el PRI. Uno de los más infames “gobernadores” del Estado de México, quien robó lo que pudo, César Camacho Quiroz, es ahora en encargado de llevar la “justicia” y “restablecer el tejido social”.

Con el anzuelo de lo juicios orales por delante, el “legislador” levantadedos ataca frontalmente las situaciones que ponen en riesgo, no la seguridad de la población, sino la de corruptos como él y la mafia que mantienen secuestrado a México.

Entre los temas que violentarán más la polarizada sociedad mexicana está la penalización de cualquier acto que atente contra la libertad de las comunicaciones privadas. Léase videos, grabaciones, etc. Que son los materiales que han evidenciado la corrupción y contubernio en la comisión de delitos y violación de los derechos humanos. Pretenden elevar esta reforma a rango constitucional, para que nadie pueda ampararse, pues como es sabido, ni existe amparo alguno contra la máxima ley del país que es la Constitución. Las grabaciones podrán usarse y tomarse en cuenta, si son presentadas por alguna de las partes involucradas y sólo si tienen que ver con el delito que se investiga. Es decir se pretende blindar la impunidad, por qué quién de los ciudadanos de a pie tiene algo que ocultar. ¿No los escándalos se desataron por las grabaciones a René Bejarano y de ahí pal real? Esa reforma es para quitar a la ciudadanía opciones ante unas instituciones corruptas, como quedó demostrado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la mayoría de sus miembros, no quiso valorar las conversaciones entre el góber precioso Mario Marín y el protector de pederastas Kamel Nacif “por ser ilegales”, aunque verídicas.

El otro punto acata directamente a los ciudadanos indefensos ante mequetrefes que dicen ser “representantes populares” y no son más que integrantes de una gran banda criminal que saquea al país y explota sin ton ni son a sus pobladores. La reforma de marras pretende elevar a rango constitucional el allanamiento de morada. Es decir que lo que ahora está penado por la ley, con la reforma planteada la policía podrá ingresar a cualquier domicilio tomando en cuenta sólo su criterio. Dice la propuesta de reforma que cuando exista una “amenaza de la vida, integridad corporal o se persiga” a un presunto delincuente en flagrancia se podrá ingresar al domicilio de que se trate sin orden de un juez. En los hechos la policía podrá ingresar cuantas veces lo desee con el pretexto de “salvarnos la vida” o de que somos delincuentes. Ya dentro podrá “sembrar” las “pruebas” necesarias para comprobarlo”. A manera de ejemplo: Allanan cualquier casa de un integrante de la Resistencia Civil Pacífica, le colocan droga en su habitación y lo acusan de traficante de drogas. El “motivo” para el allanamiento es que lo “vieron” vender la droga y lo siguieron hasta su domicilio, donde se ocultó y por ello “tuvieron” que entrar. No es descabellado este supuesto, toda vez que en la actualidad así se manejan los “agentes del orden”. Y todavía se puede agravar más, si para ablandar a la resistencia, luego de allanar su domicilio, le propinan una golpiza, dirán que opuso resistencia al arresto y lesionó a los policías. ¿Hechos de lo que digo? Esto sucedió los primeros días de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México y fue avalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que emitió pálidas “recomendaciones”.

Y como será una ley dentro de la Constitución, nadie –que es lo más nefasto de la reforma- podrá interponer un juicio de garantías constitucionales –es decir de amparo-, pues nadie puede ser amparado contra la Constitución, porque da la casualidad que precisamente es la Constitución la encargada de ampararnos, por ser la máxima ley del país y de la que emanan todas las leyes de todos los estados y municipios de la nación. Ese es el golpe que quiere dar el PRIAN para terminar con la protesta social y de esta manera despejar el camino para la privatización de los energéticos, el aumento indiscriminado de impuestos, la continuación de monopolios, duopolios, oligopolios y perpetuarse en el poder para amasar fortunas como la de los dueños de Telmex, Televisa, Cemex, Bimbo, TV Azteca, Maseca, etc. Total el reino de la prepotencia, corrupción e impunidad, pero ahora todo “legalito” al amparo de la propia Constitución.


La siguiente nota fue tomada del periódico La Jornada.




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Preocupa a la ONU falta de protección al obispo Vera López; recibe homenaje


“Es un verdadero defensor, porque las causas de las víctimas las ha hecho suyas”

Organizaciones civiles señalan la falta de apoyo de la alta jerarquía católica

El prelado lamenta la existencia de “estructuras destinadas a arreglar el mundo para unos cuantos”


Alma E. Muñoz

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se sumó ayer al reconocimiento que decenas de agrupaciones civiles nacionales y grupos eclesiales brindaron al obispo Raúl Vera López por su trabajo en defensa de los derechos humanos, y cuestionó que el Estado mexicano no le brinde al prelado protección ante las amenazas y hostigamientos de que ha sido objeto.

Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que en el país se incrementa el número de defensores amenazados. Citó que la nación está por debajo de Colombia, con 15 solicitudes de sistemas de protección de la ONU para quienes se dedican a esta actividad.

En el homenaje a Vera López, las organizaciones civiles señalaron la falta de apoyo de la alta jerarquía católica y del representante del papa Benedicto XVI en territorio nacional. “Hacemos un atento llamado a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y a monseñor Christophe Pierre, nuncio apostólico en México, para que se acerquen, acompañen y respalden el ministerio de don Raúl”, manifestaron en un documento entregado a la prensa.

Anunciaron una campaña de solidaridad con el obispo –que incluye la recolección de firmas– de aquí al 23 de febrero, y pidieron que las muestras de apoyo se envíen a los correos electrónicos del prelado, de la nunciatura apostólica y de Carlos Aguiar Retes, presidente de la CEM.

Vera López, en su momento, agradeció el apoyo recibido, y resaltó que decidió iniciar el camino de defensa de los derechos humanos con los indígenas y los pobres de Chiapas, al lado de Samuel Ruiz, cuando éste estaba al frente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, y en momentos en que “fuerzas políticas” perseguían a la Iglesia en ese estado.

Destacó que Ruiz García –presente en el homenaje– le enseñó a ser un obispo libre, y recordó que sintió pesar, “desgaje”, cuando fue notificado por el fallecido papa Juan Pablo II que no continuaría en esa circunscripción eclesiástica la labor de Samuel Ruiz, pero que al llegar a la diócesis de Saltillo encontró que podía trabajar para superar el “terrible mal” del sufrimiento. Lamentó la existencia de “estructuras” destinadas para “arreglar el mundo para unos cuantos, mientras los demás sobran”, y que las cosas se “hagan con cinismo”.

Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos –en la cual confluyen más de 40 agrupaciones–acusó que Vera López no ha estado exento de campañas de desprestigio, ataques, amenazas y hostigamiento, hasta la posibilidad de perder la vida, por sus denuncias sobre las condiciones que originaron la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos; las violaciones de trabajadoras sexuales en Castaños, por parte de militares; las agresiones en Oaxaca, Atenco, Chiapas y demás zonas de conflicto en México.

Sobre ese apoyo hablaron familiares y víctimas de algunos de esos acontecimientos, y se criticó la petición que en octubre pasado hizo al Vaticano el juez penal en Monclova, Coahuila, Hiradier Huerta Rodríguez, para que se le inicie un proceso canónico a Vera López, después de que éste cuestionó su decisión de castigar a sólo cuatro de los 11 soldados implicados en la violación tumultuaria de mujeres de Castaños.

Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, expresó la preocupación que existe por la situación que en torno a las garantías fundamentales priva en México, y exigió, en nombre de los presentes en Casa Lamm –entre ellos la escritora Elena Poniatowska y el ex diputado por Convergencia Jesús González Schmal– castigo para “los responsables de la violencia institucional que mantiene en grave crisis a los derechos humanos”.

Amerigo Incalcaterra, en tanto, resaltó que Raúl Vera “se ha desempeñado como un verdadero defensor de los derechos humanos, porque ha tomado las causas de muchas víctimas, las ha hecho propias, las ha presentado ante las autoridades, ha dado seguimiento y siempre ha ofrecido una palabra de esperanza”.

Resaltó que quienes se dedican a ello “deben recibir del Estado las garantías jurídicas requeridas, antes de verse expuestos a las amenazas, hostigamiento y represión”, y habló sobre el reconocimiento que la ONU ha dado a quienes se dedican a defender las garantías fundamentales.