Desfiladero*

Tomados de El Universal, Omar y La Jornada, El Fisgón y Helguera.

Jaime Avilés

jamastu@gmail.com

Todos somos ese piano
La cinta de Luis Mandoki está casi terminada

Por el PRIAND, la peor inflación desde 2001

¿Felipe Calderón vetará la reforma electoral?

En la tienda de instrumentos musicales Yamaha, sobre Insurgentes Sur, frente al Parque Hundido, venden un piano negro de media cola cuyo valor original es de 270 mil pesos pero que sufrió una rayadura en la tapa durante un concierto de Armando Manzanero, por lo que la empresa redujo su precio a 170 mil pesos, con una condición: que alguien lo compre a más tardar mañana domingo 30 de septiembre, porque si no el lunes será destruido en presencia de un inspector de Hacienda, ya que de mantenerlo en exhibición tan baratito la casa perdería dinero y prestigio (sic).

¿Qué hacemos? ¿Lanzamos una campaña de solidaridad para salvar el piano o aprovechamos el espacio para decir que uno de los más grandes actores españoles de Hollywood acaba de ver la película de Luis Mandoki sobre las elecciones de 2006? De acuerdo con la fuente que me relató la escena, a la estrella se le cayó la quijada al ver las copiosas evidencias del fraude que le robó la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Y cuando se levantó de su butaca dijo con sincero asombro: “Así que la prensa de mi país también miente”.

Con esas palabras, el genial comediante contrastó la sostenida campaña mediática impulsada en el reino de Juan Carlos I por la ultraderecha panista para convencer a buena parte de Europa de la “limpia aunque apretada victoria” de Felipe Calderón. ¿Qué sucederá cuando el documental de Mandoki sea exhibido en Madrid, Barcelona y Donostia? ¿Saldrán a balcón José María Aznar y los neofalangistas que han negado sistemáticamente la existencia del fraude? ¿Rectificará la escritora Rosa Montero que en un artículo de contratapa fustigó a López Obrador por no reconocer a Calderón y “lesionar” la democracia?

La película sigue en posproducción y en breve estará terminada. Pero entonces habrá que reproducirla para que pueda ser proyectada en el mayor número de ciudades, lo que implica otro fuerte desembolso, porque la fabricación de cada una de las copias cuesta alrededor de 8 mil pesos. Además hay que añadir los gastos de promoción que, en este caso, al menos dentro de México, serán simbólicos porque ya hay desde ahora 15 millones de personas interesadas en acudir al estreno, si partimos del número de votos que el Instituto del Fraude Electoral (IFE) le reconoció a López Obrador, después de despojarlo de una cantidad adicional que oscila entre 750 mil y 3 millones de votos extras.

Mandoki y Federico Arreola, productor de la obra, continúan recibiendo aportaciones económicas solidarias en la cuenta de Banamex número 165 7866 462 a nombre de Producciones Pamafear SA de CV, y confían en que la película estará en cartelera hacia el 15 de noviembre, si bien han dejado de informar cómo van sus negociaciones con los exhibidores, tras la denuncia que lanzaron hace cuatro semanas sobre el descarado intento de censura que en su contra emprendieron Televisa y Warner Bros México.

El tema, que de inmediato llegó a las páginas de Los Angeles Times y a la libreta de un reportero de The New York Times que hasta donde sé todavía no ha publicado nada al respecto, fue eclipsado por la pugna entre el Senado y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión acerca de la reforma electoral que aspira a prohibir la difusión de espots políticos en los medios electrónicos, y que ya fue ratificada por la Cámara de Diputados y hasta anteayer por 17 congresos estatales, como expresión del acuerdo alcanzado por los representantes legislativos del PRIAND (Partido Revolucionario Institucional de Acción Nacional Democrática), que no son sino dos de los principales artífices del desafuero de 2005 –Santiago Creel y Manlio Fabio Beltrones, que a su vez fueron cómplices en el fraude electoral de 2006– más los chuchos del PRD… con el beneplácito de Felipe Calderón, lo que hace que el asunto sea cada día más sospechoso e increíble.

Ojo, no es que Desfiladero esté contra el contenido de la reforma: cómo podría estarlo si en marzo, durante los debates de la Convención Nacional Democrática en el Club de Periodistas, el autor de esta columna propuso literalmente que la televisión dejara de transmitir propaganda política y reiteró esa postura en fechas recientes. Sin embargo, lo que provoca mayor desconfianza es la calidad moral de los participantes en la “histórica” modificación constitucional: lo peor del PRIAN más las huestes de Jesús Ortega (encabezadas en las cámaras por Carlos Navarrete y Ruth Zavaleta) que pactaron el boceto de la reforma electoral –un sueño todavía muy lejano– a cambio del aumento, ése sí, muy concreto al precio de la gasolina, que ya tuvo consecuencias por ahora sólo “negativas” en la economía popular pero que pronto serán quizá desastrosas.

Esta semana, en Chilpancingo, por ejemplo, el kilo de pan se incrementó 50 centavos porque el bulto de harina llegó a 300 pesos en previsión de los estragos del gasolinazo. En la colonia Agrícola Oriental del DF, mientras tanto, los repartidores de gas subieron el tanque de 20 litros de 90 a 120 pesos. Y en lo que va del mes, como La Jornada informó ayer, el kilo de tomate pasó de ocho a casi 25 pesos. Y esto es apenas el principio del nuevo embate inflacionario que, según el Banco de México, dio un salto de 0.62 por ciento en la primera quincena de septiembre, registrando la peor alza en un periodo de esa longitud desde 2001. ¿Quién dijo que López Obrador era un peligro para México y que iba a cundir la carestía si ganaba las elecciones?

Pues claro, el mismo que anteayer se lavó las manos por el gasolinazo y que al posponerlo hasta enero duplicará sus efectos en el aumento de los precios, ahora y a principio de año, encadenando los próximos cuatro meses a una espiral inflacionaria continua que augura el principio del fin de esta caricatura de gobierno. Lo patético es que la nueva derecha del PRD llamada Nueva Izquierda avaló (negándose a tomar la tribuna y votando en contra) esta agresión a la economía de los pobres a cambio de jugar a la “tras-cen-den-te” reforma electoral, que todavía está por verse.

En los hechos, los legisladores del PRIAND le han entregado a Calderón un instrumento formidable para que éste se siente a negociar con el duopolio televisivo y con los magnates radiofónicos lo que él quiera y como él y sólo él quiera. ¿A cambio de qué? Obvio: de que vete la reforma electoral o, en su defecto, oriente a la Suprema Corte a invalidarla con el argumento de que viola la libertad de expresión y por ello es anticonstitucional y bla-bla-bla.

Eso, por el momento, es lo de menos. Lo urgente es lo que viene: la aparición de nuevos y peores delitos de Fox que harán más visible la sumisión de la gente de Los Pinos al cártel de Guanajuato; el descontrol de los precios que inevitablemente seguirá en ascenso, las protestas populares contra la carestía y el desempleo que por lo mismo van a estallar y, por último, como recurso extremo de un régimen inepto, vencido y desesperado, la represión, que aunada a la crisis económica desatará una crisis política más profunda y que sólo se resolvería, en principio, con la salida de Calderón y el nombramiento de un gobierno interino que reponga las instituciones destruidas por los golpistas. Pensémoslo de nuevo: todos somos ese piano.

*Tomado del diario La Jornada.

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Censura y reforma del Estado*

jorge carrasco araizaga

México, D.F. (apro).- En medio de las aclamaciones a la Reforma Electoral y del amplio respaldo que en su momento tuvo la decisión de la Corte de enmendar la llamada Ley Televisa, hay un tema que ningún poder del Estado siquiera ha mencionado como parte de la agenda de la Reforma del Estado: el control de los medios de comunicación a través de la publicidad oficial.

Como ocurría en el régimen autoritario del PRI, la distribución de la pauta publicitaria en México, se sigue haciendo en forma discrecional, como premio o castigo por parte de los gobiernos en turno.

En la actualidad, no hay ningún mecanismo para que los medios castigados por no compartir la línea del gobernante local o federal, se defiendan de esa designación arbitraria.

Mucho menos se sabe realmente cómo ni bajo qué criterios se distribuyen esos recursos, que son públicos. En el caso del Ejecutivo federal, la información es parcial. Y en muchos estados los gobernadores son totalmente opacos en esta materia.

En el caso de los poderes Legislativo y Judicial, que también manejan importantes pautas publicitarias, tampoco han mostrado interés en que se regule el tema.

Lo que está en juego con la distribución discrecional de los recursos de la pauta gubernamental, es la libertad de expresión, pues la inmensa mayoría de los medios depende de esos ingresos para sobrevivir, por lo que en muchos casos atan su línea editorial a la pauta publicitaria oficial.

No se trata de que el Estado mantenga a los medios, sino que los recursos que gasta en sus campañas los distribuya de forma transparente, controlada y racional, como lo establecen instrumentos internacionales, tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, de los que México forma parte.

No hacerlo, implica dejar al arbitrio del gobernante el manejo de recursos según se porten los medios y los periodistas ante la autoridad y que, en la práctica, constituye una censura sutil, pero efectiva.

Ese es un verdadero problema relacionado con la libertad de expresión, que termina en autocensura de muchos medios para no perder esos ingresos.

Pero no tiene nada que ver con la supuesta agresión a ese mismo derecho que argumentó la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) en relación con la Ley Televisa y, sobre todo, en la recién aprobada Reforma Electoral.

Lo que los empresarios de la radio y televisión defendían no era ni siquiera la libertad de empresa, sino su libertad a seguir beneficiándose del derroche de recursos de las campañas electorales.

En una trascendente resolución, que le llevó semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo, en junio pasado, las reformas a la leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, que el Congreso de la Unión había aprobado para perpetuar el monopolio de los medios electrónicos, en especial el duopolio de Televisa y TV Azteca.

El argumento principal de los ministros fue el derecho que tiene el Estado, y no empresas particulares, a explotar el espacio radioeléctrico, que es propiedad de la nación.

Sin atentar contra el mercado, la Corte estableció que esa explotación debe ser en beneficio de todos los interesados, sin que el dinero sea el principal argumento para otorgar una concesión.

Tres meses después, el Senado de la República resistió el embate de la CIRT y aprobó la Reforma Electoral, para limitar el gasto en propaganda electoral.

Primero fue el Poder Judicial y, luego, el Judicial los que, en forma sorprendente, salieron en defensa del interés colectivo.

Ahora su silencio, junto con el del Poder Ejecutivo, respecto de la necesaria regulación de la publicidad oficial, levanta dudas sobre el alcance que puede tener la Reforma del Estado, para el desarrollo de los medios de comunicación en México, en un verdadero sistema democrático. (28 de septiembre de 2007)

jcarrasco@proceso.com.mx

*Tomado de la revista Proceso.