URO sigue bulándose del Estado de derecho

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Naranjo.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, presentó un proyecto para que la corte investigue las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los tres niveles de gobierno en el estado de Oaxaca el año pasado.

De esta manera se propone investigar el por qué de dichas violaciones, si obedeció a una estrategia del asesino de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz y al traidor y corrupto Vicente Fox Quesada o aun mal manejo de la situación y a falta de capacitación de la policía. Para ello se propone integrar una comisión investigadora compuesta por ministros o magistrados.

Si llega esto a suceder hay miles de evidencias del uso escuadrones de la muerte que noche tras noche dispararon contra las barricadas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), las detenciones arbitrarias y las torturas, ordenadas por URO.

Tampoco podemos olvidar la actuación del traidor Fox Quesada, que en su afán de apuntalar al pelele Felipe Calderón Hinojosa, envió al ejército, a los militares disfrazados de Policía Federal Preventiva para reprimir a los manifestantes, causando cientos de heridos, detenidos y muertos. Todo ello está documentado por cientos de videos y fotografías, de diversos medios alternativos, que se han dado a la tarea de romper el cerco impuesto desde el gobierno en complicidad con Televisa, TV Azteca y la grandes cadenas de radio.

Silva Meza señala que el gobierno utilizó de manera ilimitada la fuerza pública al grado de desconocer los humanos que reconoce la Constitución.

Mientras eso aconteció en el máximo tribunal del país URO demostró de nueva cuenta el nulo respeto por el Estado de derecho al afirmar la liberación de Erick Sosa, hermano del líder moral de la APPO, Flavio Sosa, -quien pasó seis meses en un prisión federal de Tamaulipas- y de otros miembros de la misma organización fue por “negociaciones que tenemos con la Secretaría de Gobernación”, se trata agregó de una “muestra de la voluntad política, de que queremos, a través del diálogo, construir acuerdos”.

La absolución de Erick Sosa se debió –según el juez que lleva la causa-, a que no se comprobaron los delitos que le imputaban. Es de conocimiento público que Sosa no participó el la dirección del movimiento y que se encontraba trabajando cuando fue detenido. Lo encarcelaron –como a otros familiares de dirigentes de la APPO- para presionar a sus familiares a dejar a un lado el movimiento. Todos los delitos fueron inventados, pero que ahora el asesino de marras, nos venga con la revelación de que su liberación fue una negociación reafirma que su encarcelamiento –como el de muchos otros- fue de manera ilegal y arbitraria. Nada más falta que dijéramos lo que un lector de noticias de radio –otrora periodista cabal- comentó a Erick Sosa: “gracias que al menos en tu caso se hizo justicia y que al cabo de seis meses te dijeron, bueno usted disculpe no volverá a ocurrir y quedaste libre”. Imaginemos que al imbécil que pronunció estas palabras lo detuvieran seis meses a más de mil kilómetros de distancia de su casa, donde sus familiares no pudieran ni verlo, lo colocaran junto a criminales peligrosos y después le dijeran estás libre, no volverá a ocurrir. Veríamos si él se lo toma tan tranquilo y lo ve como que gracias a Dios le hicieron justicia.

Ese es México, esos sus políticos y ese el mentado Estado de derecho, que a todas luces, es negociado, por los que pueden. Aquellos que detentan el poder. Que se lo agandallaron, para acabar pronto.


Los siguientes materiales fueron tomados de la revista Proceso.



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Crónica de un chantaje


Diego Enrique Osorno

En el marco del conflicto que incendió a Oaxaca el año pasado, los intentos del gobierno foxista para disuadir al gobernador Ulises Ruiz con el fin de que dejara el cargo fueron numerosos, involucraron a distintos interlocutores y se basaron en variadas estrategias. Sin embargo, todo falló. El mandatario estatal logró finalmente salirse con la suya, con métodos muy fieles a su estilo... Una versión de sus tácticas, que doblegaron a varios frentes políticos, incluido al poder presidencial, es narrada en el libro Oaxaca sitiada. La primera insurrección del siglo XXI, de Diego Enrique Osorno, que Grijalbo pondrá en circulación esta semana. A continuación, Proceso ofrece algunos fragmentos del capítulo 7.

“Gobernador, ¿no has pensado pedir una licencia de 30 días, en lo que se distiende el problema? Tendrías todo nuestro apoyo”. Estas palabras se las dijo el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, a Ulises Ruiz, a bordo de un automóvil que los conducía por la Ciudad de México.

Ulises Ruiz esperaba esta pregunta. La esperaba desde que, un par de días antes, había sido citado para sostener una reunión en la que estarían, además del mandatario nuevoleonés, Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza. Oficialmente, se trataba de un cónclave de “análisis sobre la situación general en el país”. Lo cierto es que el encuentro buscaría negociar la salida del mandatario priista y tanto Peña Nieto como González Parás tenían la encomienda del presidente Vicente Fox de plantear el escenario a Ulises Ruiz.

La reunión tuvo lugar en septiembre, cuando el mandatario oaxaqueño enfrentaba una situación crítica: además de estar tomada la capital del estado, Ulises hacía frente a serios cuestionamientos en los principales medios de comunicación nacional. La existencia de caravanas armadas, que fueron denunciadas una y otra vez por el periodista Ciro Gómez Leyva en su programa de Radio Fórmula y en su columna La historia en breve, del periódico Milenio, generaban críticas duras y constantes contra él. Además, las protestas en el extranjero crecían semana tras semana, según informes entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores por diferentes embajadas.

La pregunta del gobernante nuevoleonés –que en los viejos protocolos priistas significaba una sola cosa: concertacesión– fue hecha en el interior de la camioneta que trasladaba a los gobernadores a la reunión.

–Mire gobernador... yo puedo resolver esto en 15 minutos –respondió Ulises Ruiz, soltando una breve risotada. Invocaba la frase con la que Vicente Fox se refirió al alzamiento zapatista durante su campaña por la Presidencia.

González Parás devolvió la sonrisa, manteniéndose a la expectativa.

–¿Cómo...? Imagine que le hablo a Andrés Manuel (López Obrador) y le digo... lo reconozco como presidente legítimo de México, (le digo también) sé que le hicieron fraude –porque vaya si yo sé de elecciones– y que quizá Madrazo también tiene dudas sobre la elección. ¿Sabe usted en cuánto tiempo me desocupa la APPO el Zócalo?

–No es para que se moleste, gobernador –replicó González Parás.

–No es que me enoje... pero me defiendo, yo no quiero el camino fácil. Con una llamada que le haga yo a Andrés Manuel, reconociéndolo como presidente, y diciéndole que ahí está el Palacio de Gobierno de Oaxaca a sus órdenes, con sólo eso él me levanta el plantón de la APPO. Pero yo no quiero eso, yo quiero el camino de respeto a las instituciones, de respeto a la legalidad, el camino que queremos todos. Por eso es que empezó este problema, porque yo empecé a defender las instituciones en Oaxaca y al PRD no le gustó. Eso fue todo, usted lo sabe.

Así acabó el intento por conseguir la renuncia negociada de Ulises Ruiz. Minutos después, al llegar a la cita en Los Pinos, Peña Nieto y González Parás explicarían a Vicente Fox que la salida de su compañero no sería producto de una mesa de negociaciones. Le recomendaron aplicar la ley, enviando inmediatamente a la Policía Federal Preventiva a la ciudad en conflicto.

Según Héctor Pablo Ramírez, el colaborador cercano de Ulises Ruiz que me confirmó esos sucesos, ésa fue la única ocasión en que el gobierno de Vicente Fox pidió a Ulises Ruiz que dejara el gobierno de Oaxaca. Bulmaro Rito Salinas diría que, además de ese hecho, hubo otros proyectos de pactos con Abascal. El caso es que gracias a ese chantaje, que funcionaba por la complicada coyuntura en que el país se encontraba sumido, el hábil operador electoral priista, devenido en cuestionado e impopular gobernante, salvaría su pellejo. Tiempo después, cuando arreció la tormenta, cuando aumentó la cifra de muertos y cuando la crisis alcanzó su punto más crítico, el mandatario –en entrevistas con los medios de comunicación del Distrito Federal– mandaría mensajes al PAN y al gobierno federal, recordándoles el mismo chantaje: “Si permites que por este plantón caiga un gobernador, al rato no sólo va a caer el gobernador Ulises Ruiz, va a caer un presidente municipal y va a caer el presidente de la República, Felipe Calderón”. De lo que no hablaban era de la serie de desatinos de su administración.

Es uno de los tres emisarios del Senado de la República que acudieron a verificar si desaparecían o no los poderes en Oaxaca, tal y como lo demandaba la APPO. Poco antes de las cuatro de la mañana, después de visitar una cocina callejera perteneciente a los rebeldes, el senador del PAN Alejandro González Alcocer, exgobernador de Baja California Norte, confiesa su asombro: “La situación actual viene de antes de Ulises, viene desde los gobernadores que han sido muy caciques, por ejemplo, Murat, que no me digan, era muy cacique y los otros también”.

A bordo de una camioneta pintarrajeada por los rebeldes (se puede leer la leyenda “Muera URO”), el legislador asegura que “el problema actual viene del arraigo de la pobreza, de las carencias en Oaxaca, de gobernantes que no hacen lo que tienen que hacer por la población”. El exmandatario panista se asoma por la ventana del vehículo en marcha, a la distancia ve una larga hilera de barricadas, y dice: “Ahí están los resultados”. González Alcocer reprende al gobernador Ulises Ruiz porque “trató de movilizar políticamente ciertas cosas para darle en la torre a algunos que él consideraba más radicales y le salió mal el tiro, y luego en tono autoritario dice ‘no manifestaciones’ y además es represor... ¡Así claro que iba a reventar! Eso no se puede hacer”.

Como quiera, a pesar de la opinión del exgobernador panista, los senadores de este partido, junto con los del PRI y el Partido Verde, rechazaron la desaparición de poderes en el estado de Oaxaca. Con ello dieron a Ulises Ruiz el oxígeno que necesitaba para seguir maniobrando.

El chantaje, con el Paseo de la Reforma de fondo, seguía siendo efectivo.

Un mes antes de terminar el sexenio de Vicente Fox, el Frente Amplio Progresista (FAP), es decir, los tres partidos que lo integran: PRD, PT y Convergencia, pactó con Carlos Abascal, entonces secretario de Gobernación, trabajar en aras de conseguir la salida de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca. Fue el 31 de octubre de 2006 cuando los líderes y coordinadores parlamentarios del FAP desayunaron con el funcionario federal en sus oficinas del Palacio de Covián. Fue el primer encuentro sostenido entre los dirigentes de los partidos, que habían postulado a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador, y un representante del gobierno foxista al que acusaban de operar el fraude electoral. Dos días antes, el 29 de octubre, la PFP había retirado las barricadas de la APPO, tomado el Zócalo y sentado las condiciones necesarias para que Ulises Ruiz volviera a despachar en la Casa de Gobierno.

La relación entre gobierno federal y FAP se encontraba en crisis. El frente se proponía impedir la toma de protesta de Felipe Calderón el 1 de diciembre. Los canales de comunicación entre gobierno y oposición permanecieron cerrados hasta la tarde del viernes 27 de octubre, cuando un cuerpo parapoliciaco disparó contra las barricadas, provocando la muerte de tres personas, entre las que estaba el periodista estadunidense Brad Will. Fue en estas circunstancias que el coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, llamó por teléfono a Carlos Abascal. “Secretario, no resuelves nada, te vas mucho a chingar a tu madre, la gente se está muriendo y tú con tus pendejadas”, habría dicho González Garza, en su estilo desenfadado para luego colgar. Minutos después, Carlos Abascal devolvería la llamada. “¿Qué quieres que hagamos?”, dijo, tratando de conciliar. “Si dicen que defienden la vida, que tus diputados y senadores defiendan la vida, pero no la de los espermatozoides, sino la de la gente de carne y hueso, ¡defiéndala!”, espetó el coordinador perredista, oriundo de Monterrey, Nuevo León.

Según diversos líderes del PRD, la presión de este partido facilitó que el lunes 30 de octubre las cámaras de Diputados y de Senadores emitieran un exhorto llamando a la salida de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca. Fue el martes siguiente a las llamadas cuando los opositores acudieron a desayunar con Abascal. A la cita se presentaron el presidente y el secretario general del PRD, Leonel Cota Montaño y Guadalupe Acosta Naranjo; los coordinadores parlamentarios de ese partido, Carlos Navarrete y Javier González Garza; por Convergencia estuvieron Dante Delgado Rannauro y Alejandro Chanona, mientras que por el PT acudió Ricardo Cantú Garza. Representando a Gobernación, además de Abascal, estuvo presente el subsecretario de Enlace Legislativo, Dionisio Meade. Los asistentes hicieron “un pacto de caballeros” para que el contenido de la reunión no se filtrara a los medios de comunicación. “No se podía filtrar nada porque había vidas de por medio”, afirmó uno de los asistentes, quien aceptó contar al periodista Emiliano Ruiz Parra, del diario Reforma, los aspectos relevantes del encuentro.

Según dijo este asistente, en la reunión Carlos Abascal reconoció que estaba de acuerdo con la salida de Ulises Ruiz. Explicó, sin embargo, que le quedaba un mes en el cargo y que contaba con facultades limitadas; aseguró que había hecho todo lo posible por que Ulises pidiera licencia, “pero el señor no entiende nada”. Abascal explicó que el conflicto en Oaxaca había provocado una crisis al interior del PAN, pues un sector del partido deseaba asegurar la gobernabilidad con miras al 1 de diciembre, es decir, con miras a la toma de protesta de Felipe Calderón. Abascal ofreció, sin embargo, promover que el Senado declarara la desaparición de poderes en el estado y que la Cámara de Diputados propugnara por el juicio político contra el gobernador. Se comprometía a propugnar estos acuerdos con los coordinadores parlamentarios panistas Santiago Creel y Héctor Larios.

Cuando tocó el turno a los líderes opositores, estos exigieron “apretar” a Ulises Ruiz por medio de auditorías de la Secretaría de la Función Pública y de las averiguaciones que habría de realizar la PGR. “Que la PGR cite a medio gabinete de Ulises a declarar por los asesinatos, y que perfilen a Ulises Ruiz como el autor intelectual, sujetándolo a un juicio de desafuero y a un proceso penal”, demandó uno de los líderes del FAP.

Abascal respondió que la Secretaría de la Función Pública ya estaba investigando a Ulises Ruiz por presuntas desviaciones de fondos federales –en particular, por los créditos otorgados por Banobras para la reconstrucción de la infraestructura dañada por el paso de los huracanes recientes. Entonces pidió que el PRD interviniera también, por medio de la Auditoría Superior de la Federación (el perredista Antonio Ortega Martínez fungía como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados). Sobre las averiguaciones penales, Abascal dijo que no había ninguna denuncia en contra del gobernador. “Presenten una denuncia penal, hasta ahora nadie la ha presentado, y nosotros le damos curso”, concluyó el titular de Gobernación.

Leonel Cota dijo que el eventual juicio político debería avanzar en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y no en la legislatura estatal; explicó que los diputados locales estaban expuestos a las presiones de Ulises Ruiz. Tanto Abascal como los miembros del FAP advirtieron que el riesgo del posible juicio político era facilitar la llegada de un incondicional de José Murat. “Cuidado con eso”, sentenció el funcionario federal.

La única discusión que hubo durante ese encuentro fue motivada por el respaldo de Andrés Manuel López Obrador a la APPO. Durante la cita, Abascal reclamó a los dirigentes del FAP ese pronunciamiento. Acosta Naranjo, secretario general del PRD, defendió al excandidato que había ganado las elecciones presidenciales en Oaxaca, entidad en la que el FAP venció en nueve de los 11 distritos electorales. “Andrés Manuel se debe a sus electores, quienes estaban pidiendo que se pronunciara en contra de Ulises”, justificó para luego reclamar que el PAN hubiera dado al gobernador “carta blanca” en el Senado, al rechazar la desaparición de poderes.

Al término de la charla, el FAP declaró que sus interlocutores eran Navarrete y González Garza, acordándose un nuevo acercamiento tres días después. Ya no hubo tal.

El chantaje, con el Paseo de la Reforma de fondo, seguía valiendo más en la balanza del PAN.



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Comenzó la descomposición


álvaro Delgado y Verónica Espinosa

Consumada la estrategia de Felipe Calderón para granjearse una influencia mayoritaria en los órganos de dirección del Partido Acción Nacional, el ala más dolida de esta organización política insiste en su rechazo a convertirse en un partido al servicio del Ejecutivo. Tras la humillación de la que fue objeto Manuel Espino en la pasada asamblea panista, el dirigente nacional dice a Proceso: “Es obvio que fue muy operada”. Con la discusión sobre la presencia de El Yunque como trasfondo, en el PAN se advierten ya signos de descomposición…

LEÓN, GTO.- La noche del viernes 1, en vísperas de la Asamblea Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), un grupo de prominentes dirigentes afines a Felipe Calderón se reunió en el hotel Radisson, a un costado del Poliforum de esta ciudad, para planear las acciones de repudio de las que, al día siguiente, fue víctima Manuel Espino.

El cónclave nocturno estuvo encabezado por Alejandro Vázquez Cuevas, presidente del PAN en Veracruz y cuyo hermano Alfonso fue nombrado en abril delegado de la Secretaría del Trabajo; Ulises Ramírez, senador por el Estado de México, coordinador de la campaña presidencial de Calderón y quien fue sorprendido por priistas como operador electoral en Yucatán, y Guillermo Gallard, destituido por Espino de la presidencia panista en Hidalgo.

Fueron esos dirigentes los que armaron la bulla a la que se sumaron, de manera espontánea, panistas de varios estados y, deliberadamente, de Zacatecas, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato y el Distrito Federal, encabezados por Mariana Gómez del Campo, sobrina de Calderón, y quien –al verse sorprendida en la protesta por el espinista Nahum Acosta– trató de llamar a la calma.

Los allegados de Espino le informaron el mismo sábado, previo al inicio de la Asamblea Nacional, de la reunión de los tres dirigentes panistas –dos de los cuales, Vázquez Cuevas y Ramírez, fueron sus aliados–, y del plan.

“Ya tenía previsto de antemano que se venía preparando una acción de este tipo. Es obvio que fue muy operada”, dice Espino.

–¿Debe renunciar a la presidencia del PAN?

–Yo creo que fue una grandísima minoría ruidosa. El ruido no tiene argumentos ni tiene la razón. En todo caso el principal argumento y la principal razón para permanecer, hasta el último día (del cargo), es que le hemos rendido al país y al partido las mejores cuentas, las mejores en la historia.

Las rechiflas a Espino –Calderón se mantuvo impertérrito, su antecesor Vicente Fox se puso serio y Luis H. Álvarez las justificó– causaron conmoción aun entre sus allegados, que quisieron persuadir a los calderonistas de emitir una declaración conjunta de repudio a la acción. Fue infructuoso.

Pero en medio del regocijo de la facción de Calderón por la humillación a Espino, cuyos principales operadores fueron rechazados para integrar el Consejo Nacional, el exlegislador César Jáuregui Robles advierte que lo ocurrido –y que es cada vez más generalizado en asambleas, en las que inclusive han llegado a golpes– exhibe el nivel de descomposición del PAN.

“Esto no sólo le afecta al PAN y a su dirigencia, sino a todo México, porque el ciudadano, que cree en el PAN, observa esta podredumbre y esta suciedad, que hay que limpiar inmediatamente”, afirma el exlegislador, contrapuesto a las opiniones de que ese partido “no es así”.

Más próximo a Calderón que a Espino, de quien desde hace años es adversario en Chihuahua, Jáuregui Robles dimensiona abiertamente las consecuencias de lo ocurrido en la Asamblea Nacional, celebrada en el Poliforum de León el sábado 2, en la que –afirma– se impuso “el odio y el encono a los sanos entendimientos”.

Para ilustrar lo ocurrido cita a Carlos Chavira Becerra, el panista que murió de un infarto al bajar de la tribuna de la Cámara de Diputados, el 20 de septiembre de 1983 y autor de La otra cara de México. “El decía que la democracia es como una pared blanca, donde todos estamos siendo demócratas al limpiarla día con día. Bueno, pues esto se manchó notablemente.”

Las rechiflas a Espino, a las que Calderón no aludió en su discurso que exigió la incondicionalidad del PAN, deben ser censuradas por todos los panistas, insiste el exdiputado federal. “Es una llamada de alerta para acelerar las condiciones que permitan que el panismo se sienta dentro de los caminos del diálogo sin caer en la provocación, el insulto y la majadería”.

Y es que esta ciudad y este estado orgullo del PAN, donde ejerce el poder desde hace casi dos décadas y 16 años, respectivamente, las facciones que se disputan el control partidista exhibieron saña y recursos diversos: Repudio concertado a su “jefe” nacional –una institución de la que tanto se ufanaban–, el uso del aparato gubernamental para comprar conciencias y el clientelismo mediante el reparto de listas para definir a miembros del nuevo Consejo Nacional.

Pero además de la desaprobación de un sector de la Asamblea Nacional a Espino, quien insiste en que no es un reproche a su gestión, se abrió una nueva etapa en la disputa interna –aún sin procesar institucionalmente– sobre la relación entre el PAN y el gobierno federal que encabeza Calderón.

Otro tema, que tampoco ha sido procesado institucionalmente, es el de la presencia en el PAN de El Yunque, la organización secreta de extrema derecha que gravitó en la Asamblea Nacional y la cual obtuvo importantes posiciones en la facción de Calderón, empezando por César Nava, su secretario particular, Cecilia Romero, Jorge Ocejo, Rogelio Carvajal, Ángel Alonso Díaz Caneja, Francisco Fraile, Herbert Taylor...

Al respecto, Espino se dice dispuesto a que El Yunque sea discutido institucionalmente en el PAN: “Yo mismo lo he llegado a sugerir para que abordemos abiertamente el tema. Si hay una cantidad importante de miembros del partido interesados en que ese tema, que es ajeno al PAN, se ventile en los órganos internos del partido, adelante. Ojalá y haya voluntad.”



PAN, partido oficial



En la disputa por el control del PAN, que comenzó desde la toma de posesión, el 1 de diciembre de 2006, Calderón es acusado por la facción antagónica que encabeza el dirigente nacional de pretender instaurar, mediante la compra de lealtades, un nuevo partido oficial. “No somos, nunca hemos sido y no queremos ser un partido de Estado”, advierte Espino, quien no descarta postularse para la reelección.

En entrevista el mismo sábado 2, apenas se retiró Calderón hacia una gira por Europa, a la que él se incorporó, Espino reitera que el titular del Ejecutivo “tiene un liderazgo e influencia indiscutible en la acción política del PAN, inclusive en su toma de decisiones”, porque enarbola el proyecto del partido, que apoya “plenamente, y así está acreditado”, la dirigencia.

Pero aclara enseguida: “Hasta ahí todo está bien. Lo que no debemos hacer es ir más allá y hacer del partido una dependencia oficial del gobierno de México”.

–¿Ratifica lo que usted dijo a Proceso en noviembre pasado: si Calderón mete un dedo en el PAN, este partido le corta el brazo?

–Tenemos que ser muy cuidados para no caminar hacia la transformación del partido, negando su naturaleza. Tenemos que evitar que el partido, alguna vez, se acerque siquiera a la posibilidad de ser un partido de Estado.

Sin embargo, César Nava, secretario particular de Calderón y quien se ubicó en el primer lugar de la votación de los casi 9 mil delegados que eligieron a 150 de los 300 integrantes del Consejo Nacional, colocado ya –junto con Germán Martínez, secretario de la Función Pública– como prospecto de Calderón a relevar a Espino, piensa todo lo contrario y, en entrevista con Proceso, niega la conversión del PAN en agencia gubernamental.

“El PAN tiene 67 años de historia democrática. Esta madurez nos permite definir con claridad que debemos actuar como partido gobernante y apoyar, con todo, al gobierno, y al mismo tiempo preservar la autonomía propia que le corresponde al partido. Es un equilibrio que se puede lograr sin ningún problema y yo te aseguro que lo podemos lograr.”

–¿Pero está latente el riesgo de que el PAN reedite al PRI?

–Sin ningún riesgo, sin complejos, sin miedos, sin ataduras, tenemos que apoyar al gobierno con todo, porque somos partido gobernante, y es una responsabilidad histórica que nos obliga a cumplir las expectativas de los mexicanos.

Juan José Rodríguez Prats, quien como priista vivió el sometimiento del PRI al presidente de la República, advierte que es inadmisible reproducir el partido oficial y exige respeto para una buena relación:

“El gobierno puede esperar todo el apoyo del partido en las tesis, en los principios, en la toma de posesión –como se ha demostrado fehacientemente–, pero el partido espera del gobierno respeto. Esa es la regla de oro para que nos podamos entender.”

–Pero ahora muchos panistas ven como virtud que Calderón tome el control del PAN.

–Así es. Parece ser que no hemos vencido una inercia añeja del viejo sistema. Cuando se dan las transiciones no todo muere. Y hay una inercia que está pretendiendo contaminar al PAN. Extraña y sorprende que en un partido se atropelle a su presidente de esa manera. Yo espero que se logre el punto de equilibrio y que la misma gente en Los Pinos recapacite de qué es lo que queremos para el PAN en el futuro.

–¿Y si Calderón toma el control del PAN?

–Sería una broma de humor negro para don Manuel Gómez Morín o Efraín González Luna, que siempre atacaron al partido oficial y al partido de Estado. Gómez Morín decía: El hecho de que salieran de las filas del PAN funcionarios públicos no era para que el partido perdiera su independencia y su capacidad crítica.



Mouriño: Chambas por votos



Y es que en la disputa por el poder en el PAN, en la que Espino salió maltrecho en la Asamblea Nacional, los allegados a Calderón han hecho uso de la estructura gubernamental. El caso más nítido es el de Campeche, según el diputado federal del PAN Jorge Nordhausen.

En entrevista, asegura que Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia, ha otorgado y ofrecido cargos públicos del gobierno federal a cambio de lealtad. “El gobierno federal está comprando conciencias a través de su operador Juan Camilo”, acusa.

Inclusive asegura que Mouriño, español de nacimiento y avecindado en Campeche, celebró una reunión en su casa, el viernes 27 de abril, previo a la celebración del Consejo Estatal, para “comprar voluntades” entre panistas del estado encabezadas por la presidenta estatal del PAN, Nelly Márquez.

“Sus palabras textuales fueron: ‘Tengo 40 subdelegaciones, con sueldos de 20 mil a 45 mil pesos mensuales, pero nosotros vamos a ganar el Consejo Estatal y el Consejo Nacional”, asegura Nordhausen, quien acusa: “Mouriño tiene un poder discrecional para repartir del botín, aunque los designados no den el perfil”.

Por ejemplo, dice, el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat), Iván González López, es pediatra, pero además apoyó a los candidatos perredistas en las elecciones federales. “Es un acto totalmente incongruente de parte de Mouriño. ¡Incongruencia total, porque no tiene el perfil que se requiere y además apoyó al PRD. Todos los carmelitas lo sabemos!”.

–¿Y por qué lo nombró?

–Solamente porque él opera los intereses de Juan Camilo.

Es el mismo caso del nuevo delegado de la Procuraduría Agraria, Juan Manuel González Navarrete: “¡Desplazó a un panista que tenía 10 años trabajando en el sector y él es un técnico en computación. Ah, pero es operador de Mouriño!”.

En la delegación del Registro Agrario Nacional, añade, Mouriño nombró a Socorro Gamboa Vela: “¡Es una maestra de kínder! ¡Por favor! Ella también es operadora política a favor de sus intereses. Son votos cautivos”.

En la subgerencia corporativa de Desarrollo Social de Petróleos Mexicanos (Pemex) también intervino Mouriño al designar a Hiram Manzanero Carrillo, afirma Nordhausen: “¡Pero es maestro de karate! ¡Qué nos pasa!”.

Nordhausen afirma: “Estos actos de in-

congruencia tienen muy molestos a los

campechanos, pero sobre todo a los panis-

tas, como yo, que queremos regresar a la

mística que teníamos y ahora resulta que

los altos funcionarios compran conciencias.

¡Mira cómo operaron la rechifla a Manuel Espino!”.

–Con estas declaraciones lo pueden expulsar del PAN, ahora que lo controle Calderón.

–¡Ya qué más da! Pero no creo. Después de lo que pasó en León, ¿a poco van a expulsar a todos los que le chiflaron al jefe nacional? Eso no es el PAN. Son algunos individuos infiltrados que traen credencial y que, con fines perversos, operaron eso.



El Yunque con Calderón



En la disputa por el control del Consejo Nacional, que entre otras facultades tiene la de elegir al próximo presidente del PAN, gravitó la discusión informal sobre el nivel de penetración de la Organización Nacional

de El Yunque, que fue clave en la elección de

Espino –en 2003– y que tendrá también influencia en la que se celebrará en marzo del próximo año.

Durante la Asamblea Nacional, a la que sólo asistieron 9 mil de los 14 mil delegados previstos, las facciones en contienda repartieron entre las delegaciones listas de candidatos para elegir, de manera corporativa, los consejeros nacionales, incluyendo la que repartió por su cuenta César Nava, y la de Calderón.

Espino perdió posiciones por el rechazo a quienes propuso desde el Comité Ejecutivo Nacional: Enrique Navarro, secretario de fortalecimiento interno y quien acusó a funcionarios del gobierno de inmiscuirse en el proceso interno del PAN; Fernando Palma, coordinador nacional de diputados locales; Marcos Pérez Esquer, tesorero nacional; Pedro Cerisola, exmiembro del gabinete de Vicente Fox, y Rubén Mendoza Ayala, entre otros.

Sin embargo, al hacer un examen de las listas de candidatos a consejeros nacionales y los que resultaron electos, el panista Luis Paredes Moctezuma, quien militó durante más de tres décadas en El Yunque y cuyo seudónimo era Enrique Cid, asegura que esa organización secreta de extrema derecha obtuvo importantes posiciones con Espino, pero también con Calderón.

Si bien Espino fue vapuleado, dice, “la victoria de Calderón es parcial”, porque El Yunque mantiene su influencia en el CEN, en los comités estatales y municipales, pero inclusive en el Consejo Nacional que se integró el sábado 2, y muchos de ellos forman parte del grupo de Calderón:

“De los 150 que fueron electos, no me cabe duda de que 45 pertenecen a la organización. Eso no quiere decir que sean los únicos, sino que no conozco, por razones de edad, a los demás. Si hay otros 30, sería la mitad. Y en el caso de los otros 150 que fueron electos en asambleas estatales, 10 de las cuales no he revisado, afirmo categóricamente que 38 militan en El Yunque. No es descabellado pensar que pueden llegar a la mitad.”

Y advierte: “Alguien que tiene mando sobre la mitad del Consejo Nacional, no tiene gran dificultad para lograr mayoría. Si hay tres candidatos, seguramente lograría que el suyo fuera uno de los dos finalistas. Y en la segunda ronda, con la mitad de los consejeros, lograría la mayoría. Así es como ha jugado El Yunque en el PAN los últimos 25 años. Van a hacer lo que siempre han hecho y les ha dado estupendos resultados”.

–¿Son de calderonistas camuflajeados?

–Pues sí, pero es muy bueno el disfraz, y me parece increíble que alguien crea que eso es cierto.

–¿No tiene duda de que Nava es militante de El Yunque?

–Claro que lo es, y si no lo es ya, lo ha sido. ¿Dónde están sus lealtades? Eso tendrá que averiguarlo Calderón, no yo.