Cinismo ocupa cada vez más notas principales

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores.

A casi un año de distancia el cinismo vuelve a tener presencia ante la complicidad del titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Félix Cárdenas, cuando el delincuente Carlos Ahumada Kurtz –hecho "víctima" por los medios electrónicos de comunicación- hace la declaración de que contribuyó con su granito de arena a impedir que Andrés Manuel López Obrador ocupara la silla presidencial.

Y es que hay que recordar que durante la gestión del anterior procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, el caso fue por buen camino y se esperaba la condena del criminal que fue exhibido junto al ex perredista René Bejarano y otros más. Pero resulta que el ahora procurador Rodolfo Félix Cárdenas trabajó hasta antes de ocupar su actual cargo, en el bufete de abogados que defiende a Ahumada Kurtz.

Es tan burda la maniobra, que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, lo primero que hizo fue deslindar a su procurador y culpa al juez de la liberación. Pero es evidente que el caso fue desmoronado desde dentro de la procuraduría –no es algo nuevo, lo hacen constantemente para proteger a los poderosos y asegurar la impunidad- para que el juez pudiera dictar su absolución. Esa es la realidad de la "moderna" izquierda, esa que es aplaudida por la derecha fascista que asaltó Los Pinos el 1 de diciembre del año pasado.

El mentado Ahumada –quien confesó en video que fue presionado por el gobierno del traidor y ladrón de Vicente Fox Quesada para inculpar a López Obrador en un entramado de corrupción que ligó a la ex jefa de gobierno cardenista Rosario Robles y otros jefes delegacionales y al propio Ahumada Kurtz- declaró ayer ante su lector de noticias favorito –Ciro Gómez Leyva- que la entrega de videos a el PAN fue su "granito de arena" para que López Obrador no ocupara la presidencia de México.

Ciro Gómez (CG) Una última pregunta, Carlos, es la última, no puedo dejar de hacértela. El 13 de julio de 2004 tuve oportunidad de platicar contigo allá en el Reclusorio Norte y tú me autorizaste a publicar esa conversación en Milenio.

Yo te pregunté: ¿Te equivocaste en dar a conocer los videos?' Te hice esa pregunta en los momentos más oscuros, apenas habías entrado a la cárcel, tenías todo encima, gente vigilándote, policías, cámaras. Y tres años después, ya en libertad, y prometo que es la última de la tarde, te pregunto: ¿Te equivocaste al dar a conocer esos videos?

Carlos Ahumada (CA): Esa pregunta con mucho gusto te la contesto en el estudio, pero de principio te puedo decir que ahorita siento una cosa totalmente diferente y creo que fue un granito de arena que se sumó a lo que finalmente tuvo el desenlace final del año pasado".

CG: ¿Desenlace final de qué?

CA: Pues de lo que fue finalmente julio del año pasado, pero si quieres luego lo platicamos.

CG: Las elecciones, el no triunfo de López Obrador, bueno, queda pendiente. Muchas gracias, Carlos. Lo digo también al auditorio: Carlos Ahumada había tomado la decisión de no dar entrevistas, y lo dijo en varias ocasiones su familia, y al final dijo que el programa le dio seguimiento durante estos tres años. Te agradezco la entrevista.

La Jornada 9 de mayo de 2007

Pese a que las evidencias del fraude y de la maquinación de Estado que evitó la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país, se acumulan, los poderes fácticos no le dan importancia en un cinismo y arrogancia pocas veces visto. No es posible que se compruebe el complot –del que hicieron y siguen haciendo mofa en los medios- denunciado por López Obrador y la Coalición por el Bien de Todos. Que el ex secretario de Gobernación Santiago Creel afirme que el PAN fue presionado para aprobar la ley Televisa, bajo la amenaza de que su candidato –el usurpador Felipe Calderón Hinojosa- no saliera perjudicado en su imagen. Que un consejero del IFE diga que se opuso al recuento de voto por voto –aún después de que la "ley" dictó la usurpación del poder- porque si al final resultaba que el pelele no había ganado, el país no aguantaría ese problema.

Es decir, a los poderes fácticos les tiene sin cuidado la verdad y el respeto al Estado de derecho. Lo que les interesa es la "verdad jurídica" impuesta a golpe de corrupción, que a partir de dictada la misma, se puede se cínico y decir, como ya lo hizo el espurio gané "haiga sido, como haiga sido". Como está escrito arriba es una arrogancia y cinismo pocas veces visto. Sin el menor pudor aceptan el fraude y retan a que intenten cambiar las cosas.

La siguiente nota fue tomada de La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx

Autoridades federales apoyaron la absolución de Ahumada, denuncia Bátiz

Lo protegieron porque sirvió a los intereses foxistas; el fallo debe corregirse, dice

ALMA E. MUÑOZ

Bernardo Bátiz, ex procurador de Justicia capitalino, durante una conferencia de prensa ayer en la ciudad Foto: Maria Meléndrez Bernardo Bátiz, ex procurador capitalino, en cuya administración se investigó y sentenció a Carlos Ahumada, denunció que la absolución del empresario responde al "ofrecimiento que personas ligadas al gobierno federal y destacados políticos -citó a Diego Fernández de Cevallos-", hicieron al argentino de que lo apoyarían y defenderían.

Probablemente lo protegieron, afirmó, porque "sirvió a los intereses del gobierno de (Vicente) Fox para golpear a un gobierno, el del Distrito Federal, legítimo, popular, que estaba teniendo mucho éxito en la opinión pública. Y él (Ahumada) se prestó, ayudó y colaboró", afirmó Bátiz, quien consideró que el juez que falló en favor del empresario fue "utilizado".

En conferencia de prensa, convocada de último momento en las instalaciones del "gobierno legítimo de México" para externar los cuestionamientos de los funcionarios que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal, Bátiz y Bertha Luján, ex contralora capitalina, investigaron a Carlos Ahumada, ambos confiaron que el Tribunal Superior de Justicia corrija "la injusticia que se comete con una persona que recibió el apoyo de autoridades federales, y ahora se pretende presentar como víctima".

Bátiz, en reiteradas ocasiones, aclaró a los medios que el empresario no fue "preso político" ni su detención "venganza política, como algunos han dicho o insinuado", por hacer públicos los videos donde entregaba dinero a ex funcionarios capitalinos.

Más bien, sostuvieron, "publicar esos videos fue una respuesta a la investigación de la Contraría y la Procuraduría (General de Justicia del Distrito Federal)", iniciada en diciembre de 2003, cuando "se fraguó el fraude en la delegación Gustavo A. Madero", aclaró Luján.

Los ex funcionarios enfatizaron sobre la sustitución "por razones baladíes" del juez décimo penal, Manuel Horacio Cavazos López, por Alberto Rubalcava Ramírez, quien casi después de asumir el juzgado (el 16 de febrero del presente año), dictó la resolución que "nos asombra", y convirtió el martes en "una fecha vergonzosa para la justicia que se imparte en el Distrito Federal".

Resaltaron que el fraude que Ahumada cometió contra la GAM se comprobó, pues las obras por las que cobró 31 millones de pesos a la delegación "nunca fueron ejecutadas, ni tampoco hubo documentación base que sustentará" el citado pago, "ni siquiera el contrato".

Asimismo, Bertha Luján resaltó que después de cerrarse 15 de 17 expedientes donde se comprueba que funcionarios estuvieron involucrados con el grupo Quartz, empresa del argentino, varias personas fueron aprehendidas, entre ellos los ex delegados Octavio Flores, Luis Eduardo Zuno, así como fueron inhabilitados servidores públicos inhabilitados, y existe una orden de aprehensión contra el ex titular de Tláhuac, Francisco Martínez .

También recordaron que aún están pendientes por consignar otras averiguaciones previas contra el empresario en Alvaro Obregón (por 19 millones de pesos) y Tláhuac, por uso y falsificación de documentos -con el nombre y firma de un notario fallecido-, mismas que "se encontraban listas cuando hubo cambio de gobierno".

A continuación una entrevista tomada de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx

¿Y si no hubiera ganado Calderón?

Jorge Carrasco y Daniel Lizárraga

Por primera vez desde que este semanario solicitó el acceso a las boletas utilizadas en la elección presidencial, en agosto de 2006, uno de los integrantes de la Comisión de Transparencia del IFE habla sobre la verdadera razón del rechazo a nuestra petición. ¿Qué tal si lo que hasta ahora es una verdad jurídica quede cuestionada? ¿Qué tal si los resultados de la elección hubieran sido distintos? El país, el sistema electoral, no lo resistirían…

De haberse contado los votos de la elección presidencial de 2006 por medio de una solicitud de acceso a la información –como lo solicitó Proceso– el país no habría resistido que el resultado fuera distinto al cómputo oficial del Instituto Federal Electoral (IFE). México no está preparado para eso.

Uno de los consejeros ciudadanos del IFE que en todo momento se opuso al recuento ciudadano independiente fue Arturo Sánchez Gutiérrez, quien en entrevista con este semanario no sólo considera que existía ese riesgo, sino también admite que el instituto tuvo una limitada actuación durante el proceso electoral de 2006, que derivó en un cuestionado triunfo del ahora presidente Felipe Calderón.

Eso se debió, según Sánchez Gutiérrez, a que el sistema legal electoral no alcanzó para resolver satisfactoriamente una situación electoral y poselectoral tan compleja, que incluye la petición de esta revista para tener acceso a las boletas de la elección presidencial.

El IFE negó el acceso solicitado para no verse sometido a impugnaciones por quienes desde un principio, como Calderón y el PAN, se opusieron tajantemente a la apertura de los paquetes electorales. Aunque no dijo nombres, el consejero se refiere a "actores en diferentes líneas" que habrían acudido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para rechazar un eventual recuento de los votos.

Por primera vez desde que Proceso le solicitó al IFE las boletas en agosto pasado, un consejero ciudadano que forma parte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del IFE –la instancia que negó el acceso– acepta conversar sobre esa decisión, tomada en diciembre pasado y avalada, aunque con distintos argumentos, por el TEPJF el 25 de abril de este año.
Sánchez Gutiérrez admite que la estrecha diferencia entre el primero y el segundo lugar en la contienda, de apenas el 0.56%, establecida ya como verdad jurídica, generó inquietud en el país. "El fallo del tribunal, cuando calificó la elección presidencial el 5 de septiembre de 2006, es la verdad jurídica. Y se acabó. (Pero) tenemos la inquietud de que esa verdad pudiera ser cotejada, verificada o desmentida. Ahí es donde podemos avanzar, pero necesitamos una puerta para eso".

El consejero compara, sin dar nombres, la elección de Calderón con la de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno de la capital del país: "¿Qué habría pasado si en un conteo que sí se permitió, como fue en el caso de la elección para jefe de Gobierno del Distrito Federal, se encontraba que el ganador no era el ganador? Habría pasado algo para lo que a nivel federal no tenemos marco jurídico. (En la capital del país) era tan clara la ventaja del ganador que no era factible que eso sucediera, pero en una elección (federal) tan cerrada como la que tuvimos, el marco jurídico no está listo para una situación como esa".

Según él, el IFE estaba enfrentado a "huecos legales que ante la obligación de responder a una petición como la de Proceso nos dejó frente a una decisión bastante compleja".

En el Distrito Federal, si un candidato ganador rebasa los topes de gastos de campaña pierde la silla. En el caso de la presidencial no pasa nada. Ante esa situación se pregunta: "¿A qué estábamos enfrentados? A huecos y vacíos legales que desde el punto de vista de algunos de nosotros nos colocó en una situación jurídica difícil, sobre todo en la parte de la obligación de destruir las boletas, porque hay un mandato establecido muy claramente en la ley".

La conservación de esos documentos, según el IFE, le cuesta 500 mil pesos mensuales por el pago de los servicios de luz, teléfono y renta de bodegas donde se almacenan los 220 millones de boletas en los 300 consejos distritales del país. El material está resguardo por el Ejército y la Marina, que tienen destacados entre ocho y 12 elementos en cada lugar y cuyos gastos están a cargo de las propias Fuerzas Armadas.

La petición Proceso para tener acceso a las bodegas donde se almacena la papelería de la elección presidencial ha evitado que se destruyan, una vez que el Tribunal Electoral declaró ganador a Calderón el 5 de septiembre de 2006. Aunque esa instancia judicial cuestionó la actuación del IFE en el proceso electoral, terminó por validar la contienda. Lo mismo hizo el pasado abril cuando, con distintos argumentos, confirmó la negativa de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del IFE a proporcionar las boletas.

Esta decisión tuvo un nuevo costo para la imagen del IFE. Los magistrados de la Sala Superior del TEPJF pusieron en duda la capacidad de la Comisión de Transparencia para fundar y motivar su negativa. Incluso algunos de los magistrados se mofaron de sus justificaciones (Proceso 1591). Sin embargo, para Arturo Sánchez había escenarios que hubieran sido peores:
"El Tribunal pudo haber dicho: está mal fundado y motivado, y vuelvan a resolver. Entonces, todas las discusiones se habrían puesto sobre la mesa y hubiéramos tenido que valorar el caso de nuevo. Pero no, sólo dijo que no motivamos bien la decisión, aunque fue la correcta. Con todo y que no nos gusta la resolución por lo que hace a las argumentaciones, no erramos en el fondo."

A partir de esta apreciación, Sánchez Gutiérrez establece la principal defensa en la actuación del IFE: que el marco legal es insuficiente y que las autoridades electorales hicieron lo que pudieron. Amplía su justificación y dice que el instituto estará en la misma condición hasta que se reforme la legislación electoral.


No había certeza jurídica


El consejero ciudadano del IFE advierte que en las elecciones intermedias de 2009 el país se enfrentará a una situación similar, incluso más difícil, si algún ciudadano solicita el acceso a las boletas de la elección de su diputado, ya que ahí no podría operar el argumento sobre lo "impráctico" de la petición de acceso a las boletas.

"Ahí no hay argumento que valga. Por eso sí se antoja la necesidad de un marco jurídico que fortalezca esta tendencia a la transparencia, y yo ahí voy, aunque voté en contra de que se abrieran las boletas. No sé si para bien o para mal. Capaz que tanto el IFE como el TEPJF estamos equivocados."

Entonces, Arturo Sánchez cuestiona algunos argumentos de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF y les devuelve parte de sus críticas: "El tribunal dio un argumento interesante, menos sofisticado que el nuestro: nos dijo que no es práctico abrir los paquetes".

–Pero la Ley de Transparencia no habla de solicitudes prácticas o imprácticas.

–Eso que lo responda el tribunal. Nosotros no argumentamos eso. Ahora lo hemos hecho y hay que aclarar que fue por mandato. Pero yo lo dije en su momento dentro de la comisión: ojalá no tenga que aplicarse este criterio para otro tipo de materiales. No me gustaría enfrentar esto de nuevo.

Sánchez Gutiérrez critica además que los magistrados electorales hayan determinado la prohibición de utilizar las boletas para hacer investigaciones sobre el proceso electoral, aunque sí se autorizó con los datos de las elecciones de 2003. En decisión polémica, señala, los magistrados electorales decidieron que las boletas no son entregables a los ciudadanos, no pueden archivarse como documentos históricos y tampoco pueden ser sujetas a investigaciones.

"A mí me llama la atención esto último –confía–. Yo simpatizaba con la riqueza de los documentos que están dentro de los paquetes electorales. En 2003 se pidió la reserva de un número de paquetes para labores de investigación. Por ejemplo, se podía saber la cantidad de hombres y mujeres que votaron y su condición socioeconómica, o si los votos se anularon porque el ciudadano lo quiso o porque no supo cómo votar."

Según Sánchez Gutiérrez, entre los consejeros del IFE hubo "debates serios" sobre la posibilidad de dar las boletas a los ciudadanos. "Eso nos metió en un problema técnico y financiero. Pero no hubo una solución práctica ni económica", pues se trataba de más de 40 millones de boletas electorales que tenían que ser escaneadas.

Añade que se pensó también en un muestreo con testigos sociales diversos y con un mecanismo de vigilancia. "En donde nos atorábamos frecuentemente era en las atribuciones jurídicas para tomar una decisión de ese tipo, porque nos podíamos enfrentar a la situación inversa, de que hubieran sido otros actores los que fueran al tribunal contra una eventual decisión de que sí se abrieran los paquetes electorales.

"La mayoría de los integrantes de la Comisión de Transparencia, y eventualmente de las pláticas con todos los consejeros electorales, optamos… que con la actual ley, el camino… era no abrir los paquetes."

Además, "había actores en diferentes líneas" que se opondrían a un recuento y de que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) obliga a resguardar las boletas electorales.

–¿Entonces, el IFE no se arriesgó a abrir los paquetes?

–No teníamos un marco jurídico que nos diera certeza para avanzar en ese camino. Así lo juzgamos y así operó. El tribunal dijo que no. Los magistrados dijeron que no motivamos bien, pero la decisión es correcta y los vas a hacer de esta otra manera. Con todo y que no nos gusta por lo que implicaron sus argumentaciones, no erramos la decisión jurídica.

–Pero el TEPJF utilizó frases duras e irónicas contra ustedes en la sesión pública en la que avaló la negativa.

–El tribunal está en su derecho.

–Esta imagen no es nada buena para ustedes.

–No me gusta, pero mi trabajo es institucional y en este sentido el tribunal dijo en derecho e impuso una sanción que no nos gusta –dice el consejero sobre la amonestación pública a la Comisión de Transparencia del IFE por minimizar la petición de acceso a las boletas de los votos nulos de la elección presidencial, hecha por la periodista Delia Angélica Ortiz.

Sánchez opina que "se lastimó la imagen del Consejo General, pero no de todo el IFE. Pero es algo que acepto porque se trata de una materia donde hay muchos puntos por aclarar. Ni modo. Es una forma dura de aprender".

–La crítica no fue nueva. Su imagen estaba ya muy vapuleada luego del proceso electoral.
–A la luz de algunos sectores sí. No puedo argumentar lo contrario. No tengo empacho en reconocer que el tribunal marcó un camino diferente y asumo las consecuencias, incluso en la forma en que lo hicieron. El tribunal estableció una nueva interpretación del derecho electoral en la cual pide mayor certeza, investigación y fundamentación.

Se le insiste al consejero en que tanto la anterior Sala Superior del TEPJF, encargada de calificar el proceso electoral de 2006, como los actuales magistrados electorales le han enmendado la plana al IFE en relación con esos comicios.

–No lo niego. (...) Ante una realidad cambiante que plantea tantos retos, con un electorado tan dividido, ante fenómenos nuevos como las campañas negativas, la intervención del presidente en turno, la imposibilidad de un marco que controle la participación de servidores públicos y ante los vacíos de una ley que no se ha modificado en 11 años, no me es extraño que haya una gran cantidad de cosas por hacer.

"Hay fenómenos que no están precisos en la ley, incluso procedimientos que en su momento fueron eficientes pero que ahora mostraron que no lo son, como el nombramiento de los consejeros electorales. Hay reclamos sociales que antes no se presentaban ante la misma conducta por parte de la autoridad y no puedo decir que es una posición cómoda como consejero. No es el mejor de los mundos".


Tema para la reforma


El consejero con más antigüedad como funcionario del IFE señala que esos vacíos se deben considerar en la reforma del Estado: "Ojalá que estos temas se consideren en la reforma electoral. No sólo la transparencia, sino el financiamiento público, la fiscalización, el acceso a los medios, que son los grandes temas. También están las precampañas, las campañas sucias, las conformaciones partidistas, una mayor representatividad en las autoridades, la forma de nombrar a los consejeros y a los consejos locales, el registro de candidatos y la aprobación de nuevos partidos. Hay que tomar decisiones difíciles como las que tomamos en relación con las boletas".

–A propósito de cambios, ¿conviene la renovación del Consejo General del IFE en la perspectiva del proceso electoral de 2009?

–Si hay un nuevo marco jurídico que le dé certeza a la ciudadanía en la forma en que se organizan los procesos, que resuelva conflictos añejados en la ley desde hace 11años, y que ese marco incluya una perspectiva electoral más sólida para México e incluya modificar al Consejo General del IFE, no tengo ningún inconveniente.

Pero aclara: "No lo entendería al revés, que lo único por hacer es cambiar a los consejeros. Eso no resuelve las cosas porque el IFE es mucho más que nueve personas. El IFE operó en 2006 con un equipo profesional que ha venido desempeñándose desde hace más de cuatro elecciones, con un servicio profesional sólido que hay que mejorar, pero eso es el IFE.

"A pesar de que el tribunal avaló la negativa, el IFE aún debe conservar los paquetes electorales."

Respecto del destino de las boletas, el consejero dice que en el IFE aún está pendiente el análisis de los alcances del acuerdo del Consejo General tomado en diciembre pasado, para destruirlas hasta que concluyeran los procesos judiciales sobre la apertura de los paquetes:

"Hay que ver cuáles son y qué grado de avance tienen. Hay quienes piensan que esta última resolución de la Comisión de Transparencia aún puede recurrirse ante el tribunal, y hay quien dice que no porque ya es un acatamiento de sentencia. Yo quiero estar seguro y no hacer nada hasta que tengamos plena certeza de lo que pase. El Consejo General se tendrá que reunir y fijar los criterios para la destrucción, con el propósito de que se haga ante los partidos y los consejeros locales y distritales. Hay que buscar mecanismos ecológicos y económicos. Para el IFE es importante destruir las boletas, porque además hay un costo importante."

–Por lo resuelto por el IFE y el TEPJF, en México estamos imposibilitados de tener un recuento electoral, a diferencia de lo que pasa en otros países.

–Hay países donde las boletas se queman el día de la elección. En el caso de Florida, Estados Unidos, en el año 2000, fue una solución de emergencia ante una problemática no prevista. En el caso de México ni el IFE ni el tribunal, ante la solicitud de información, lo consideraron pertinente. Nunca vamos a tener un escenario como en Estados Unidos. Yo creo que hay un marco legal que lo podría permitir y no me opondría. Ahora que se habla tanto de la reforma electoral, es necesario resolver esto. ¿Por qué no hemos llegado ahí? Creo que porque ni nuestra cultura política ni nuestro marco jurídico dan elementos certeros para llegar hasta ahí. No dudo que avancemos hacia allá.