"Justicia" a la mexicana

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera y El Universal, Boligán, Carreño y Omar.

Mientras que el caso de la indígena Ernestina Ascensio Rosario asesinada por el ejército fue oficialmente cerrado, sin ninguna sanción, ni administrativa, ni judicial, a los líderes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, Felipe Alvarez e Ignacio Galindo fueron sentenciados a 67 años y seis meses de prisión por los “delitos” de secuestro y retención de un funcionario público de la Secretaria General de Gobierno y cinco de la Secretaria de Educación, cometidos en el mes de abril y febrero, respectivamente.

A pesar de que la defensora de los luchadores sociales, Bárbara Zamora, demostró que las presuntas víctimas no pudieron identificarlos como responsables de su retención, el juez primero penal en Toluca, José Blas Hernández, desechó estas pruebas. Por lo que –a decir de la defensa- se trata de una venganza política, pues el juez, carece de elementos para sostener una sentencia de este tipo.

Y para que el mensaje a los opositores al régimen PRIAnista quede claro, aún están pendientes dos procesos contra los mismos dirigentes. Son por los delitos de secuestro equiparado y ataques a vías de comunicación, relacionados con los hechos violentos de Texcoco y San Salvador Atenco, donde las policías federal y estatal violaron sexualmente a mujeres, golpearon son brutalidad a cientos de detenidos y asesinaron a dos personas.

Nadie de la “autoridad” fue procesado, a lo más algunos fueron suspendidos de 15 a 30 días y continúan laborando en sus mismos puestos. Sólo estos dos líderes sociales fueron encontrados culpables de los inventados cargos. ¿Eso es justicia? ¿Para quién?


El siguiente análisis fue tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx

Caso Ernestina, el cerco oficial

josé gil olmos

México, D.F., 1 de mayo (apro).- Pese a las mutuas recriminaciones y violaciones a la ley en que incurrieron Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente Felipe Calderón, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Procuraduría veracruzana, el caso de la presunta violación de Ernestina Ascencio Rosario por parte de un grupo de militares ha sido oficialmente cerrado.

No sólo eso, ahora resulta que murió de “muerte natural”, es decir, de “parasitosis” y “gastritis crónica”, no obstante que desde un principio autoridades estatales y federales --incluidas Sedena y CNDH-- admitieron se trataba de un “crimen”.

El giro en el caso de Ernestina se dio luego de una reunión a puerta cerrada la noche del martes 24 de abril entre el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, y el gobernador veracruzano de extracción priista, Fidel Herrera.

Ahí, en las oficinas de Soberanes, acordaron que la CNDH entregaría su investigación a la Procuraduría veracruzana, y ésta elaboraría un dictamen final del caso.

Sólo bastaron siete días para que las autoridades veracruzanas recularan de sus primeras afirmaciones, en el sentido de que Ernestina murió a raíz de una violación tumultuaria, y ahora resulta que falleció de una “anemia aguda” producto de una gastritis crónica.

El deceso de Ernestina --ocurrido el 25 de febrero en Soledad Atzompa, Veracruz-- es emblemático de cómo en un solo caso las autoridades de todos los niveles incurrieron en serias contradicciones e incluso en violaciones a la ley.

En un principio el examen médico y los dos peritajes de la Procuraduría veracruzana señalaban que la indígena de 73 años había fallecido de una “fractura craneoencefálica y cervical”, además que su cuerpo presentaba desgarres en la parte vaginal y anal, así como equimosis en el cuerpo producto de una agresión.

Estas pruebas coincidían plenamente con las declaraciones que hicieron los familiares de la occisa, quienes señalaron que las últimas palabras de Ernestina fueron: “Los soldados se me echaron encima”.

Días después, el propio presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, condenó el crimen y envió a un equipo de quince médicos, peritos y un forense al mando de la segunda visitadora, Susana Thalía Pedrosa, quienes propusieron la exhumación del cuerpo luego de detectar graves contradicciones en los exámenes periciales y en las entrevistas con los médicos forenses de Veracruz que practicaron la autopsia a Ernestina.

Cuando se difundió en los medios la noticia de la muerte de Ernestina, presuntamente por una violación cometida por cinco soldados, la gente en la sierra de Zongolica exigió la salida del Ejército de la zona.

El 5 de marzo, Soberanes sostuvo --en una entrevista radiofónica con Carmen Aristegui-- que a “los soldados los van a dar de baja”, dejando entrever la responsabilidad de los militares. Deberán ser puestos a disposición de las autoridades civiles “para que los juzguen”, señaló.

Incluso adelantó que pediría a la Sedena no fuera a consignar el caso al “fuero militar”, sino que los presuntos responsables dieran cuentas a juzgadores civiles de la entidad.

Soberanes regresaba entonces del extranjero, y con estas declaraciones apuntaba a responsabilidades de soldados del 63 batallón.

Mientras la Defensa Nacional, en un comunicado que generó más confusión que certidumbre, admitió –el 6 de marzo-- que había habido un “crimen”, pero acusaba a “grupos” contrarios a la institución.

Sustitución de comunicados

En el boletín 19 deslindaba a personal militar de haber participado en la muerte de Ernestina Ascencio: “…es preciso señalar que grupos desafectos a este instituto armado, en reiteradas ocasiones han puesto en tela de juicio las acciones que realiza en beneficio de la sociedad mexicana, y en este caso en particular, delincuentes que utilizaron prendas militares perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta dependencia del Ejecutivo federal, y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades”.

Sin embargo, este comunicado fue embargado por el personal militar de las redacciones de medios de comunicación en Veracruz, y fue sustituido por otro marcado también con el número 19, pero con un contenido distinto.

El párrafo mencionado desapareció en el nuevo comunicado, pero añadieron otro en el admitían haber recogido rastros de semen tomados del cuerpo de doña Ernestina.

“Peritos especialistas llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa con muestras de sangre que se tomen del personal militar”.

Este párrafo se repitió en los siguientes dos comunicados, e incluso la Sedena anunció que las muestras serían enviadas a la Ciudad de México para que la Procuraduría General de la República (PGR) las analizara y se lograra así obtener los perfiles genéticos, compararlos y deslindar responsabilidades. Los resultados estarían listos 15 o 20 días después.

Sin embargo, antes de que concluyera la investigación a cargo de las procuradurías de Veracruz y Militar, el presidente Felipe Calderón, sin que viniera al caso y erigiéndose en Ministerio Público, adelantó la conclusión que enarbolarían más tarde CNDH y Sedena: Ernestina murió de “gastritis crónica” (La Jornada, 13 de marzo).

Esta definición, hecha desde el Ejecutivo federal, lejos de generar certidumbre en las investigaciones en curso sólo creó más confusión.

Dictada la línea oficial, la CNDH responsabilizó a Sedena de haber informado por adelantado a Calderón, sin embargo con ello --según Soberanes-- no se violentaba ninguna ley, pues como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente podía recibir y dar información proporcionada por la Sedena, si así lo consideraba pertinente.

Así, en lugar de los análisis clínicos de la PGR o de la Procuraduría veracruzana, el presidente Calderón y la CNDH se dedicaron a difundir las conclusiones de una investigación a cargo del Ministerio Público.

El 28 de marzo, por ejemplo, el diputado panista, general retirado Jorge González, mostró a los reporteros de la Cámara de Diputados un documento de la CNDH, en el que ya se anticipaban las causas clínicas de la muerte de Ernestina Ascencio y desechando la violación.

El 4 de abril, la segunda visitadora de la CNDH, Susana Thalía Pedrosa, en una entrevista anunció que el gobierno de Veracruz había “perdido” las pruebas del líquido seminal, que en la exhumación descubrieron que no hubo violación y que efectivamente había muerto como lo dijo Felipe Calderón.

Cuando se le inquirió sobre las pruebas de líquido seminal que la Sedena dijo haber recogido del cuerpo de Ernestina, la funcionaria simplemente contestó que eso tendría que responderlo la autoridad militar.

Efectivamente, dos días después de esta entrevista, el viernes 6, el encargado de Comunicación Social de la Sedena, general brigadier Mario Lucio González Cortés, envió una carta La Jornada, en la que señaló un dato inaudito:

“La Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta con muestra alguna de líquido seminal supuestamente encontrado en el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio Rosario, y jamás lo ha tenido”.

La dependencia militar negaba lo que había publicado en tres boletines (19, 20 y 21 de marzo), pretextando que si en un comunicado anterior hizo referencia a la existencia de líquido seminal, era “porque partía de la premisa de que estarían dichas muestras en poder de la autoridad investigadora, en este caso la Procuraduría General de Justicia de Veracruz”.

Entonces sostuvo lo mismo que la CNDH, que hasta la fecha la Procuraduría veracruzana no ha proporcionado dichas muestras.

Sin las muestras de una presumible violación, con el líquido seminal desparecido y con las deficiencias de los dictámenes forenses en las manos, la CNDH inició su embestida contra las autoridades de Veracruz y, en conferencian de prensa del 19 de abril, Soberanes anunció que demandarían al procurador local.

Pacto en privado

El gobernador Fidel Herrera y el procurador Emeterio López Márquez guardaron silencio y, la noche del 24 de abril, pactaron con Soberanes en una reunión privada.

De esta forma, el lunes 30 de abril el caso de Ernestina Ascencio fue oficialmente cerrado. Tocó al fiscal especial de la indagatoria, Juan Alatriste, poner punto final al escándalo y por ello le dio parcialmente la razón a la CNDH, al concluir que la indígena “no fue violada sexualmente”.

Sólo falta conocer la recomendación de la CNDH en torno al tema, la que se difundirá esta misma semana, según lo informó el propio Soberanes Fernández, y saber si se va a incluir en la reprimenda no sólo a las autoridades de Veracruz, sino a la Sedena, por tratar de manipular la información; al presidente Felipe Calderón, por difundir anticipadamente conclusiones de un caso que aún se investigaba, y al propio ombudsman, que se erigió en MP y circuló pruebas de un expediente que hasta entonces no se cerraba.

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La siguiente es una colaboración tomada del diario La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx

Desfiladero

Jaime Avilés

Rivera Carrera prepara maletas
En duda, su permanencia como arzobispo primado

Alentó el peor enfrentamiento Iglesia-Estado en décadas

Su torpeza lo ha llevado a comprar pleitos innecesarios

Norberto Rivera Carrera ha vuelto, pero ello no significa necesariamente que permanecerá mucho tiempo más al frente de la arquidiócesis primada de México. Especialistas consultados por Desfiladero explicaron que mientras el nuevo nuncio apostólico designado por el Vaticano no venga al país, "la suerte del cardenal seguirá en el aire, porque no se acostumbra que el embajador del Papa llegue a un lugar donde están a punto de producirse cambios de primer orden en la jerarquía".

Como se sabe, Rivera Carrera viajó a Italia en secreto durante la noche del domingo antepasado. De inmediato se especuló que había ido a Roma a buscar protección, debido a que el juicio que sigue en su contra un tribunal de Estados Unidos -donde se le acusa de proteger al sacerdote pederasta Nicolás Aguilar Rivera- ha dado un giro muy desfavorable a sus intereses, de acuerdo con Sanjuana Martínez, la reportera que investigó y documentó el caso y acaba de recibir por ello el Premio Nacional de Periodismo 2006.

Cinco días después de la misteriosa partida del prelado, un vocero de su oficina deslizó entre algunos reporteros que, en realidad, el cardenal no estaba "localizable" porque había "roto" con Felipe Calderón, tras las amonestaciones que la Secretaría de Gobernación le dirigiera por el violento lenguaje que usó contra los partidarios de la despenalización del aborto, a los que llamó "asesinos".

Desde el Vaticano, Rivera Carrera prosiguió su embestida exhortando a los médicos y enfermeras del Distrito Federal a negarse a practicar abortos, en abierto desacato a la reforma legal recién aprobada. Sin embargo, luego de 10 días de beligerante ausencia, el pasado miércoles regresó a la capital hecho una sedita. Hasta parecía otro: el jueves se reunió en privado con el titular de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y al salir negó que entre ambos hubiese la más pequeña diferencia.

Luego formuló aterciopeladas declaraciones a los periodistas para dar por cerrada la polémica sobre el aborto, cuya legalización, afirmó, "no es el fin del mundo". Para los expertos, sin embargo, nada de esto despeja las dudas sobre su futuro profesional. Hoy, a las 5 de la tarde, en la Basílica de Guadalupe, ordenará a 18 nuevos sacerdotes mediante el rito de "imposición de manos". Mañana oficiará, como de costumbre, la misa de las 12 en la Catedral Metropolitana. ¿Y después?

Según los entendidos, después de mañana puede pasar cualquier cosa, porque la semana próxima viajará de nuevo al extranjero, en este caso a Brasil, para participar en la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Celam), que el 13 de los corrientes inaugurará el papa Benedicto XVI y durante la cual se tomarán decisiones definitivas para muchas diócesis y arquidiócesis del subcontinente.

De acuerdo con el padre David Gutiérrez, director de la oficina de información de la Celam en el Vaticano, la quinta conferencia de ese organismo, que va a celebrarse en la ciudad brasileña de Aparecida, "tratará, entre otros asuntos, uno que (le) preocupa (a la Iglesia) de manera muy especial: el abandono de fieles del catolicismo", que creció en forma exponencial durante el papado de Juan Pablo II, lapso en que esa religión dejó de ser la más extendida sobre el planeta.

A juicio de los estudiosos, la primera causa de este fenómeno radica en la tolerancia que Juan Pablo II tuvo hacia los sacerdotes y obispos acusados de pederastia. "Allí está el ejemplo de Estados Unidos, donde millones de fieles, decepcionados por la indiferencia de la Santa Sede ante los abusos sexuales cometidos por clérigos en contra de niños, migraron a otras denominaciones. Y Karol Wojtyla, por desgracia, reaccionó demasiado tarde, cuando el daño ya estaba hecho."

Sólo cuando la justicia estadunidense estaba a punto de arrestarlo como culpable de más de 50 violaciones sexuales de menores de edad, el Vaticano "descontinuó" al cardenal de Boston, Bernard Francis Law, nombrándolo arcipreste de la basílica de Santa Maria Maggiore, en Roma. Y con la misma tardanza actuó para privar de sus atribuciones al padre Marcial Maciel, pese a que desde hacía muchos años había denuncias detalladas de sus crímenes contra el pudor infantil.

El desinterés del Vaticano ante las quejas de los feligreses agraviados por los desmanes eróticos de los curas -añadieron los especialistas- propició el auge de las denominaciones protestantes a lo largo del llamado Bible belt (cinturón bíblico) estadunidense, que se extiende por el centro y el sur del país vecino y donde surgió el movimiento religioso de los "cristianos renacidos", cuyos integrantes, según un estudio de la agencia Gallup divulgado a principios de 2001, votaron por George WC Bush en una proporción de 52 contra 48 católicos que se inclinaron por Al Gore.

Dado el carácter ultraconservador de Benedicto XVI, quien representa una línea de continuidad de las políticas de Juan Pablo II, es poco probable que durante la quinta Celam, que durará 11 días, haya cambios espectaculares en este ámbito. No obstante, no puede caber duda de que si Rivera Carrera se viera efectivamente en peligro de ser requerido por el tribunal californiano que lo juzga, el Vaticano entraría en acción.

Incluso si ocurriese lo contrario y el cardenal resultara exonerado de los cargos que pesan en su contra, hay otros factores -ponderaron los expertos- que Roma no puede pasar por alto. Con su retórica, puntualizaron, Rivera Carrera protagonizó uno de los peores embates de la Iglesia católica mexicana contra una autoridad civil legalmente constituida, como no se veía en décadas.

El arzobispo primado de México, abundaron, ha dado pruebas de una torpeza palmaria que lo ha metido en pleitos que no tenía por qué comprarse, como el de ese domingo en la catedral, cuando tachó de "loca" a una señora que llevaba el moñito de los partidarios de Andrés Manuel López Obrador, sin tomar en cuenta que había muchísimas personas más que portaban el mismo símbolo y se sintieron insultadas y ofendidas.

En un balance objetivo, finalizaron, Rivera Carrera ha logrado que amplios sectores de la población estén identificando a la Iglesia con un régimen que no tiene un origen legítimo.

jamastu@gmail.com