Impunidad y agravios se acumulan ¿Dónde está el mentado Estado de derecho?

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores, Naranjo y Boligán.

A un año de las violaciones sexuales a mujeres y de violentar la Constitución por parte del gobierno federal a cargo del ladrón y corrupto Vicente Fox Quesada, además de ser solapados por el usurpador Felipe Calderón Hinojosa y de las autoridades del Estado de México al mando de otro corrupto Enrique Peña Nieto, siguen presas 174 personas originarias de San Salvador Atenco. Por parte de la policía fueron sancionadas con suspensión laboral de 15 a 30 días 12 mandos superiores y otros tantos agentes. Eso fue todo.

La impunidad es tan brutal que para el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Héctor Jiménez Baca, el caso está cerrado y para el procurador estatal, Abel Villicaña Estrada falta que las mujeres ultrajadas acudan a señalar a los culpables del crimen para poder consignarlos, pues dice carecer de elementos para ejercitar acción penal. ¿No investigaron? ¿A un año no cuentan con nada? Si durante los siguientes días al descomunal uso de fuerza salieron a relucir con detalles los hechos, ¿qué carajos esperan las dizque autoridades?

Se trata –como siempre- de la impunidad que impera en el México, donde las "instituciones", de hunden en el lodazal de sus actuaciones.



Al alba, 3 mil policías tomaron el control en San Salvador Atenco


El operativo fue urdido la víspera por autoridades estatales y federales

Los activistas se vieron sorprendidos y sólo hubo brotes de resistencia que fueron fácilmente sofocados

JAVIER SALINAS, RENE RAMON; GUSTAVO CASTILLO, ROBERTO GARDUÑO CORRESPONSALES Y ENVIADOS


San Salvador Atenco, Mex., 4 de mayo. Al alba, San Salvador Atenco fue ocupado por la policía. Tras percatarse que las fuerzas federales de apoyo y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Federal Preventiva (PFP) se encontraban a menos de 30 metros de distancia de los bloqueos, sobre la carretera Texcoco-Lechería, el tiempo se agotó para los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, lo había adelantado la víspera: San Salvador Atenco fue cercado a través de un operativo que se elaboró en la madrugada, y comenzó a operarse de inmediato, para concluir al amanecer con el control del pueblo a manos de los efectivos federales y estatales, que en conjunto sumaron 3 mil policías.

La movilización de los agentes -pertrechados con escudos, toletes y lanzagranadas de gas lacrimógeno- disuadió y provocó el repliegue de los 400 activistas en dirección del centro de la comunidad.

El plan...

En Texcoco, el gobernador Peña Nieto, reunido con el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo, y el secretario de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, solicitó el apoyo del secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, quien envió una fuerza de mil 500 agentes, y al frente de ellos comisionó al jefe del Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas Fosado.

Para entonces, pasada la medianoche, Wilfrido Robledo -quien orquestó en 2000 la toma de la UNAM, y al término de sus tareas al frente de la PFP fue cuestionado por la compra de equipo, aviones y helicópteros obsoletos- propuso que la Federal Preventiva actuara como vanguardia y le siguiera en la retaguardia la policía estatal.

Y es que, al anochecer del miércoles, Robledo Madrid sobrevoló San Salvador Atenco y se percató de que los integrantes del frente se concentraban en dos bloqueos instalados sobre la carretera Texcoco-Lechería, y en el centro de la comunidad, con el descuido evidente del área sur del pueblo. Propuso entonces que los policías se dividieran en cinco contingentes destinados a ingresar a la zona urbana por igual número de accesos.

El objeto de esa acción era liberar a 12 policías retenidos en el poblado y reabrir la circulación en la vía Texcoco-Lechería. El plan de Robledo fue aceptado por Enrique Peña a las 2 de la madrugada, y de inmediato se puso en operación.

''¡Ahí vienen!''

Mientras tanto, en San Salvador los integrantes del frente elaboraban bombas molotov y colocaban llantas de tráiler sobre el asfalto, para prenderles fuego en cuanto se diera el anuncio de la llegada de la policía.

Casi a esa hora ocurrió la primera falsa alarma. ''¡Ahí vienen los cabrones!'', se escuchó, y comenzaron a tañer las campanas de los templos de San Salvador Atenco y Acuexcomac; también se lanzaron cohetes, que anunciaban la llegada de la fuerza pública. El llamado convocó a unas 300 personas, la mayoría jóvenes y hombres de mediana edad. Nada parecía ocurrir
Antes de las 3 de la madrugada retornó la calma y prosiguió la tarea de elaborar y distribuir las bombas molotov en el pueblo. Pero a tres kilómetros a la redonda comenzaba ya la movilización de PFP y policía estatal.

La orden de apostarse en la periferia de la comunidad se giró a las 5:30 de la madrugada. Con sigilo, los federales ingresaron al área por los extremos de la carretera, cerca del panteón de Chiconcuac, Acuexcomac y Tocuila. Comenzaron a cerrar el cerco, estrategia que les funcionó a grado tal que la mayoría de sus oponentes fueron sorprendidos.

A las 6 de la mañana, en el paraje La Pastoría, donde se ubica el puente de la carretera Texcoco-Lechería, se registró el primer enfrentamiento. Medio centenar de atenquenses fueron replegados con facilidad por los policías, que desde ese momento utilizaron una carga incesante de granadas lacrimógenas para dispersar a los pobladores.

Del lado contrario, en Acuexcomac, la fuerza federal -que iba a la vanguardia- no tuvo resistencia; el centenar de personas que bloqueaban el paso huyeron y sin ningún contratiempo fue liberada la vía.

Mientras los federales avanzaban contra el último retén, algunos se acercaron a la larga fila de tráileres que permanecían varados en el sentido contrario, y en algunos casos rompiendo cristales obligaron a los conductores a despejar el camino: ''¡Vamos, rápido, limpien la carretera!'', fue la orden a los adormilados choferes.

El avance de la fuerza policiaca federal se complicó en la bocacalle de la avenida Fresno, donde unos 200 jóvenes trataron de impedir el paso, pero fueron replegados en menos de 10 minutos con una notable nube de gas lacrimógeno.

La entrada rumbo al centro del poblado, donde se ubican el auditorio ejidal y el palacio municipal, se acompañó de estruendos producidos por petardos, cohetones y lanzagranadas. A las 7 de la mañana aparecieron en la retaguardia los agentes de la policía local. Con el desdoblamiento de los contingentes de la fuerza pública (para ese momento unos 3 mil), el paso por las calles que desembocan en la plaza se abrió sin mucha dificultad. Del lado sur del pueblo surgió la escasa resistencia de los atenquenses.

Antes de doblar la esquina que da a la alcaldía, un pequeño grupo de habitantes resistió a pedradas. Los policías se las devolvían, pero en mayor número. Dos agentes de la federal fueron heridos y en respuesta sus compañeros arremetieron contra sus oponentes.

A las 7:30 de la mañana comenzó la detención de los últimos hombres y mujeres que resistieron. La calle Florida se convirtió en un corredor de violencia inaudita. Los dos agentes policiacos lesionados -uno sangrando de la cabeza y el otro con la rodilla destrozada- fueron atendidos ahí mismo. Ahí fue vejado Jorge Salinas Cardón, quien gritaba: ''¡Soy de Teléfonos de México!''. Pues sí, le respondió un policía estatal, ''pero eres el cabrón que ayer se divertía aventándonos piedras y bombas''.

Mientras Salinas sangraba de la cabeza los policías lo insultaban y el hombre se azotaba sobre el pavimento. Luego, suplicante les decía: ''No es verdad, soy inocente''. Todo fue inútil...

''¡Baje la cabeza, cabrona!''

Luego de la entrada de la policía, y los destrozos que hicieron los uniformados en el auditorio, comenzaron las capturas; las aprehensiones incluían una toletiza y arrastrarlos en vilo hasta las camionetas, donde les obligaban a bajar la cabeza; si no obedecían les encajaban las rodillas en cualquier parte del cuerpo o les pisaban la cabeza con las botas de casquillo. "¡Baje la cabeza, cabrona!'', le exigieron a una mujer indígena.

A las 7:45, las policías federal y estatal ya controlaban todo el pueblo. Los agentes locales tomaron posesión de los principales accesos a San Salvador, y las fuerzas especiales de la PFP catearon decenas de viviendas en busca de los policías que se encontraban retenidos y de los líderes del frente.

San Salvador Atenco fue ayer un pueblo fantasma. Hasta el mediodía, nadie salió de su casa; alrededor de las 16:30, las fuerzas federales y estatales se retiraron. Un grupo de peritos de la procuraduría mexiquense realizó una inspección ocular del auditorio, casa ejidal y palacio municipal. Finalmente, la noche llegó a San Salvador Atenco.

La Jornada, 5 de mayo de 2006.



Recibe CNDH 16 quejas por abuso sexual y 7 por violación

Mujeres ultrajadas por policías ofrecieron sus testimonios

Amas de casa de entre 20 y 50 años de edad, la mayoría de las atacadas

VICTOR BALLINAS

Hasta ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había recibido 150 quejas de habitantes de San Salvador Atenco, entre ellas 16 por abuso sexual y 7 por violaciones contra mujeres de entre 20 y 50 años de edad -a algunas les introdujeron objetos y los dedos por el recto-, todas cometidas por elementos policiacos durante el traslado de las detenidas al penal de Santiaguito.

El fin de semana, y hasta el lunes, las quejas por violación y abuso sexual habían sido presentadas en la CNDH por terceros afectados, pero este martes ''las mujeres ultrajadas y que padecieron esos abusos las ratificaron y dieron sus testimonios de viva voz.

''Con esta decisión de las afectadas, de dar a conocer los abusos sufridos, se empezaron a girar peticiones de información a las autoridades y tenemos que esperar a que nos den respuesta. Por ley tienen un plazo de 15 días; si en ese lapso no hay contestación se tendrán por buenos los testimonios ratificados por las afectadas.''

De acuerdo con la recopilación de testimonios del personal de la CNDH, las mujeres denuncian que ''las tenían ya hincadas, les ordenaban subirse la ropa de la cintura para arriba, y en los camiones en los que eran trasladadas de Atenco al penal de Santiaguito, los poli-cías les metían mano, las toqueteaban, hurgaban en su sexo, en su ano, y a algunas les introducían objetos. Otras eran obligadas a realizar sexo oral''.

Denuncia penal

Además, en los casos de presuntos abusos sexuales y violaciones de mujeres que presentaron su queja en la CNDH, ésta ya hizo la denuncia penal correspondiente, ''ya que se trata de un delito que se persigue de oficio".

También en esos hechos de exceso de fuerza policiaca e irracionalidad con la que actuaron los policías, decenas de detenidos presentan golpes y lesiones que tardan más de 15 días en sanar. A la CNDH se dio cuenta de que 11 menores fueron detenidos, 9 fueron enviados a una escuela de rehabilitación y dos continúan en Santiaguito.

Por la gravedad del caso, que se va evidenciando con testimonios de las y los detenidos, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, ordenó que se aumentara de 8 a 30 el número de visitadores que se hacen cargo de la investigación, misma que se realiza en San Salvador Atenco, el penal de Santiaguito y los hospitales donde han sido trasladados varios heridos; a algunos de estos últimos se les tiene esposados.

Visitadores de la comisión están documentado la saña con la que actuaron los policías -federales, estatales y municipales-, los días 3 y 4 de mayo pasados, contra pobladores de San Salvador Atenco, cuando irrumpieron para detener a los dirigentes y a muchos de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Se reconstruye la brutalidad con la que actuó la fuerza pública, el coraje con el que arremetió contra la población, ya que se está acreditando que hubo detenciones ilegales y arbitrarias, golpizas inhumanas, allanamiento de moradas y destrucción de los objetos y enseres que encontraban a su paso, en su afán de lograr la detención de los atenquenses.

Entre los testimonios que recogen de viva voz los visitadores de la CNDH, algunos son ''indignantes y vergonzantes'', comentan los propios funcionarios de la comisión. Por ejemplo, un número importante de mujeres violadas o que sufrieron acoso sexual, manoseos y fueron obligadas a hacer sexo oral a los policías son amas de casa. Hay casos como el de una mujer de 50 años que ''fue obligada a hacer sexo oral a tres policías para que la dejaran libre. Ella, dolida, avergonzada, con el rostro escondido, narra que salió de su casa porque iba a comprarle un regalo a su hijo, por eso los uniformados se aprovecharon de ella. Le dijeron, narran: 'si quieres quedar libre tienes que darnos una mamada a cada uno'. Ella nos comentó que no quería, pero tenía miedo de que la golpearan, como lo habían hecho con otras detenidas, así que tuvo que acceder a hacer lo que ellos querían. Al final, la dejaron irse''.

Los visitadores de la CNDH que realizan la investigación se han allegado materiales como grabaciones, fotografías, testimonios de peritos, y están a la espera de los informes médicos. Toda esta documentación formará parte del primer informe preliminar que presentará el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, y luego serán incluidos en la recomendación correspondiente.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que algunas mujeres no permitieron que se les practicara la revisión médica, aunque ''en todo momento han sido acompañadas para que les resulte menos traumático'' el trámite, ''pero se busca lograr la certificación médica por parte de los peritos de la comisión respecto del abuso sexual''.

La Jornada, 10 de mayo de 2006.

Estas dos notas ilustran en desarrollo de los hechos hace un año. Los casos fueron documentados, las lesiones y vejaciones videofilmadas, los relatos transcritos, las denuncias grabadas y formalmente presentadas. Volvemos a repetirlo: ¿Qué carajos esperan las mentadas "autoridades"? Se trata pues de la corrupción y cinismo con el que siempre se manejan los PRIANistas. Recordemos que estos dos partidos son los responsables de los hechos en San Salvador Atenco y que aún hoy continúan solapando a delincuentes. Lo menos que podemos hacer ante criminales como éstos es no olvidar.

A continuación dos notas tomadas de la edición de hoy jueves 3 de mayo de 2007 de La Jornada.


http://www.jornada.unam.mx



En la impunidad, los excesos policiacos, denuncian organismos internacionales

Nos preocupa el silencio de este gobierno; mandamos mensajes y no hay respuesta"


VICTOR BALLINAS

Sin castigo, los policías que cometieron excesos, denuncian ONG Foto: Alfredo Domínguez A un año de que en San Salvador Atenco las corporaciones policiacas -del estado de México y federales- cometieron graves violaciones a los derechos humanos, que van desde homicidios, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y cateos, durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, los hechos "continúan en la impunidad", sostienen Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH).
Ambas organizaciones internacionales denuncian que a un año de los hechos, apenas "unos pocos policías han sido sancionados por la vía administrativa. Hasta hoy no se han realizado acusaciones formales contra los responsables de los homicidios de los jóvenes Francisco Javier Ortiz Santiago y Ollín Alexis Benhumea, y tampoco se ha hecho justicia contra los abusos sexuales y violación de mujeres".

La presidenta de Amnistía Internacional, sección México, Liliana Velásquez, manifestó que "vemos con preocupación las serias irregularidades en los procesos penales que se adelantan en contra de decenas de personas acusadas de haber participado en esos hechos de violencia".
Abundó que el caso de la indígena mazahua Magdalena García Durán "es emblemático, porque a pesar de la falta de evidencia en su contra y con base en una serie de violaciones al debido proceso y al derecho a un juicio justo, se le mantiene en prisión. Ella ha sido adoptada por AI como presa de conciencia".

Liliana Velásquez resaltó que "a un año de estos aberrantes sucesos no tenemos nada bueno que decir, como en tantos otros casos nos hemos dado cuenta de que no se ha hecho justicia; los responsables no han sido llamados a cuentas, y en cambio vemos cómo a las personas detenidas se les realizan procesos sin acceso a juicios justos. En todos los casos hemos demandado acción clara de las autoridades, pero nos preocupa el silencio de este gobierno -el de Felipe Calderón- sobre el caso. Le hemos mandado mensajes y no tenemos respuesta. El gran reto es acabar con la impunidad".

En tanto, la CCIODH denunció que a un año de ocurridas estas graves violaciones a los derechos humanos, no se ha hecho justicia. A pesar de la denuncia presentada por 14 mujeres ante la Procuraduría General de Justicia del estado de México por abusos y violación sexual, hasta el momento sólo se ha procesado a un policía por el delito de "actos libidinosos", pero está pendiente su sentencia.

En el caso de las cinco personas extranjeras expulsadas, permanece la sanción mediante la cual se les prohíbe el regreso a México a pesar de las evidentes irregularidades cometidas en el proceso de repatriación por las autoridades migratorias.

La CCIODH subraya que está pendiente el cumplimiento de la recomendación que por el caso emitió la Comisión Nacional los de Derechos Humanos, pero también las recomendaciones de Amnistía Internacional y las de la propia comisión civil.

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Demandan justicia, a un año de la represión en San Salvador Atenco

La investigación de la Corte, única opción para que se castiguen los excesos policiacos

EMIR OLIVARES , ISRAEL DAVILA , JAVIER SALINAS REPORTERO , CORRESPONSALES


A un año del ataque contra San Salvador Atenco por parte de autoridades federales y del estado de México con el argumento de desalojar la carretera Texcoco-Lechería bloqueada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en protesta porque no se permitió a varios floristas vender sus productos en el mercado Belisario Domínguez, los "excesos" en los que incurrieron elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Estatal de Seguridad (ASE) -documentados incluso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y varias ONG- no han sido castigados como se demandó.

A la fecha ningún policía ha pisado la cárcel al acusárseles de delitos no graves; uno fue sancionado por "actos libidinosos" y a 21 se les sigue proceso por "abuso de autoridad".
Mientras, de los 207 detenidos que dejó la incursión policiaca al poblado los días 3 y 4 de mayo de 2006, 28 siguen presos y 146 más con procesos judiciales en su contra. Además de que a 12 meses de distancia el proceso penal continúa "estancado" con la ratificación de la denuncia por parte de los policías que dicen haber sido agredidos.

Pese a que la CNDH y organismos nacionales e internacionales de defensa de las garantías acreditaron dos muertes, 26 violaciones sexuales y decenas de torturas por parte de los policías en contra de los pobladores, y exigieron el "total esclarecimiento y sanción penal" a los responsables de esos delitos, a 365 días de los hechos los culpables siguen "impunes".

El 3 de mayo integrantes del FPDT bloquearon la carretera federal para protestar luego de que autoridades de Texcoco impidieran a una docena de floricultores vender sus productos en el mercado municipal. Autoridades estatales intentaron desalojar a los ejidatarios, lo que ocasionó enfrentamientos entre civiles y policías estatales, con un saldo de 100 atenquenses detenidos, docenas de policías heridos y tres uniformados retenidos por los pobladores de Atenco.

La madrugada siguiente entraron en acción la PFP y la ASE ingresaron al poblado con el presunto propósito de liberar a los policías "secuestrados"; sin embargo, imágenes fotográficas y de video, testimonios de los ejidatarios y organismos de derechos humanos corroboraron los "excesos" en los que incurrió la fuerza pública.

Diversas ONG acreditaron que durante el ataque a esos municipios los elementos de la PFP y de la ASE incurrieron en "tratos crueles, degradantes, tortura, agresiones y violaciones sexuales equiparadas y asesinatos"; además de detenciones ilegales y cateos a decenas de hogares sin orden judicial, entre otros delitos.

El saldo final de ese par de días fue de 207 personas detenidas; dos jóvenes muertos por las acciones de los policías: Javier Cortés Santiago, de 14 años -el día 3 de mayo por bala de pistola calibre 38-, y Alexis Benhumea, estudiante -quien murió un mes después del operativo debido a que un cartucho de gas lacrimógeno se le incrustó en la cabeza-, así como 26 mujeres violadas sexualmente, y decenas de torturados.

Ante esto, los afectados por esos hechos demandan castigo a los responsables materiales e intelectuales de esos delitos y la libertad de quienes aún están presos. Sin embargo, la justicia no ha sido impartida, pues a la fecha sólo 21 uniformados estatales, de los más de 2 mil -de ambas corporaciones- que participaron en los operativos de represión se encuentran sujetos a proceso penal por "abuso de autoridad", y uno por "actos libidinosos". Ninguno de ellos ha pisado la cárcel debido a que fueron acusados de delitos no graves.

En lo que toca a la autoridad federal, la Secretaría de Seguridad Pública -en ese entonces a cargo del actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora- rechazó en noviembre pasado la recomendación del ombudsman nacional con el argumento de que los elementos de la PFP no incurrieron en uso excesivo de la fuerza ni en tortura, y que sólo reaccionaron "en legítima defensa para repeler agresiones infligidas por manifestantes en contra de bienes de terceros ajenos al conflicto, bienes de la nación, seguridad de personas privadas de su libertad, de población en general y de la seguridad de los elementos de la propia corporación".

Aunado a ello, el pasado miércoles 25 de abril se dio a conocer que los nombres e identidad de los elementos federales que participaron en la represión en Atenco no se conocerán en al menos 10 años, pues el Instituto Federal de Acceso a la Información ratificó el argumento de la PFP de que difundir esa información "vulneraría la seguridad personal" de esos elementos.

De manera administrativa, sólo se ha sancionado a 25 agentes de la ASE; la contraloría estatal comprobó actos graves únicamente imputables a cuatro policías, a los que dio de baja por haber agredido a un camarógrafo de Televisa el día de la refriega, y al resto, quienes cometieron "excesos" contra los pobladores, sólo se les suspendió 90 días. Además, ningún alto mando de la policía estatal fue cesado de su cargo tras el ataque a Atenco.

Una de las últimas opciones en la que los afectados confían para "acceder a la justicia" fue la creación de la comisión especial para el caso creada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos meses.

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La siguiente es una entrevista tomada de La Jornada al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro Juventino Castro.


Entrevista a JUVENTINO V. CASTRO, MAGISTRADO RETIRADO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA


En 2006 hubo un procedimiento sucio de cambio de poder

En la toma de posesión se uso de forma absurda al ejercito

Señala que fue lamentable que el máximo tribunal del país haya decidido abstenerse de participar en dos hechos de trascendencia nacional: el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador y la calificación de la elección presidencial

JESUS ARANDA

"Hubo un procedimiento sucio de cambio de poder" en 2006, sentencia el ministro jubilado Juventino V. Castro, quien lamenta que ante el viciado proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador y la forma en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF) convalidó los comicios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya optado por "dejar pasar" la oportunidad de conocer y resolver esos asuntos de trascendencia nacional.
El máximo tribunal "simplemente fue un miembro pasivo", se sintió ajeno al problema jurídico y político que se le planteaba, señala en entrevista con este diario, con motivo de la aparición de su libro Cambio de cultura política y jurídica en México, en el que se refiere también al "poder castrense" y el "confuso cambio presidencial" de diciembre pasado, cuando hubo un "uso desconsiderado y absurdo" del Ejército.

Se involucró gravemente al Ejército, subraya el magistrado, en cuestiones totalmente político-partidistas, al intervenir en la protesta de Felipe Calderón en San Lázaro, cuando no había una emergencia grave en la seguridad del país que motivara su participación en la toma de tribuna del Poder Legislativo.

En este contexto, enfatiza: "Es obvio que si un gobierno se inicia bajo la protección castrense, es claro que tiene el propósito de continuar gobernando amparándose en su fuerza, su acondicionamiento y su prestigio". Situación grave porque de continuar con esta tendencia en los próximos años, el "poder castrense habrá llegado a su fin", y el jefe del Ejecutivo Federal no sólo será el comandante supremo de las fuerzas armadas, sino el titular de ellas.

Castro y Castro, quien al dejar la Corte creó la asociación civil Cambio de la Cultura en México AC, señala en el prólogo de su obra que el procedimiento de solicitud de desafuero del ex candidato de la coalición Por el bien de Todos, contenía un error jurídico garrafal, a cargo éticamente del Poder Judicial Federal -encabezado en aquel entonces, por el ministro Mariano Azuela Güitrón-, el cual "se ajustó a los deseos políticos del Ejecutivo" federal (Vicente Fox) y que además "se hizo cómplice al guardar en toda ocasión un silencio jurídico cómplice del Ejecutivo conspirador".

-¿Por qué la necesidad de escribir el libro?

-Cuando se vinieron estos acontecimientos dije sobre el desafuero que era una posición absurda y arbitraria de un gobierno que resolvió deshacerse de un peligroso enemigo político a como diera lugar: me indignó profundamente como jurista, como mexicano y como ser humano. El (Andrés Manuel López Obrador) lo agradeció indirectamente y empecé a sentir a mi alrededor una especie de crítica, porque yo tomaba posición contra el desafuero y de esa forma me acercaba a uno de los candidatos a la Presidencia.

"Eso culmina cuando me pide que forme parte de su cuerpo de asesores, específicamente sobre reforma del Estado y yo, muy agradecido, lo acepté.

"Lo que yo expresé y me involucró con López Obrador, fue que yo siempre entendí que el proceso de desafuero era improcedente porque no lo formulaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino el procurador general de la República, siendo que ninguna ley lo facultaba para ello.

"Obviamente, había un error de la Cámara de Diputados de aceptar a trámite un asunto por parte de una persona moral no legitimada.

"Ese fue el comienzo. La segunda observación que hice fue que de cualquier manera no estaba claro que hubiera una sanción penal por desobedecer una orden de suspensión. A la larga, el propio Ejecutivo me dio la razón en este punto.

"El libro tiene como contenido la reforma judicial que propongo. Me dirigí al actual presidente (de la Corte), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, cuando lo felicité por su nombramiento, y le comenté que me interesaba exponerle mi punto de vista sobre el tema.

"Pero no hubo contestación: lo entiendo perfectamente bien, un hombre tan ocupado no tiene por qué tomar en cuenta un ofrecimiento genérico sobre cuestiones sobre las que tiene sus propias ideas.

"En el libro reitero la necesidad de un habeas corpus para defender la libertad; sobre el amparo social, que tanto lo necesita México y los juicios orales como manera de suavizar la pésima justicia penal que tenemos."

Infantil conclusión del TEPJF

"Fue motivo también de disgusto que un tribunal electoral, que es el más alto del país, dijera: 'En este proceso intervinieron el Presidente de la República y las personas más poderosas en México, pero esto no fue determinante'. Esto es una cosa asombrosa, no sólo porque es casi infantil la conclusión, sino porque no sé cómo pudo calcular el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que un proceder no aceptado por la ley influyó o no en la votación del pueblo mexicano.

"Ahora ya estamos un poco más tranquilos, no vale la pena seguir insistiendo en la legitimidad o no del procedimiento que ocurrió en 2006."

-¿Pese a que no se hable ya de la legitimidad, queda en duda por lo menos, la forma como se calificó la elección?

-El tribunal electoral no puede ser, en sus determinaciones, revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego entonces, tenemos dos más altos tribunales en la República; en materia electoral, el TEPJF y en el resto de las materias, la SCJN.

"Por eso, propongo que la Corte tenga al menos la posibilidad de intervenir ante una violación generalizada de garantías. Creo que nuestro sistema está cojo," asevera.

-Retomando el asunto de López Obrador y cómo se da el desafuero y la calificación de la elección, ¿podemos decir que hubo un manejo escrupuloso en estos casos?

-Hubo un procedimiento sucio de cambio de poder: yo no valoro conductas personales, yo valoro procedimientos jurídicos. Y mi conclusión es: no hubo un cambio de poder terso, hubo un cambio de poder manejado, y hubo una ausencia total de intervención de un poder que era clave, el Poder Judicial de la Federación.

-La Corte intervino, hasta después de que el tribunal electoral convalidó la elección.

-La Corte pudo haber tomado su determinación antes, como igualmente pudo haber tomado en su momento el desafuero. Noto una no presencia del Poder Judicial en cuestiones tan delicadas como fue el nombramiento de un nuevo Ejecutivo federal.

-¿La misma Corte se relegó, no quiso asumir su papel?

-Siempre ha venido absteniéndose, no interviniendo. Es evidente que la Corte mostró la poca voluntad de involucrarse en este problema que juzgó totalmente político y ajeno a ella.

-¿Y un poder político puede sentirse ajeno en tales circunstancias?

-Pues por supuesto que no, porque el supremo poder, dice la Constitución, reside en tres distintos poderes, no en dos ni en uno, y mucho se ha luchado porque cada poder tome su posición.

"La Corte dejó pasar dos oportunidades, una en el desafuero, y la segunda, cuando se le planteó la posibilidad de que interviniera a través del artículo 97 constitucional."

-En breve, la Corte analizará la constitucionalidad de la ley Televisa, y por primera vez, el pleno resolvió entregarle a las partes la información general con que cuenta y los proyectos de resolución, ¿qué opina al respecto?

-Esto es muy importante, si se está estableciendo una nueva forma de proceder por parte de la Suprema Corte; muy circunstancial si nada más se toma esta determinación para este asunto concreto.

"Mi deseo profundo es que esto sea el comienzo de una verdadera intervención de las partes en las cuestiones que maneja la Suprema Corte, no sólo en amparos, sino también en controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y su facultad de investigación prevista en el artículo 97."