Actitudes dictatoriales en la "democracia" mexicana

Tomado de El Universal, Helioflores.

Como en los mejores (peores) tiempos del PRI las “instituciones dieron muestra fehaciente de que no cumplen con la función para la que fueron creadas, el contra peso entre poderes. En teoría –y en eso quedó- los diversos organismos autónomos que conviven en la sociedad mexicana deberían servir para que ningún poder se imponga a otro. Para que no haya arbitrariedades propias de una dictadura.

En ninguna parte del mundo podría haberse dado un caso con tales rasgos de cinismo y falta de verdad. Con el manejo autoritario y déspota de quienes están obligados por ley a cumplir el Estado de derecho. Ningún organismo defensor de los derechos humanos se habría prestado para representar la farsa que aquí se llevó a cabo.

El PRIAN mandó al diablo a todas las “instituciones” en su cerrazón de hacer valer la palabra del usurpador Felipe Calderón Hinojosa, quien desde hace semanas sentenció que en el caso del asesinato de la indígena Ernestina Ascensio Rosario, no había delito que perseguir pues había muerto de causas naturales.

Ni violación, ni golpes, ni dada. Aprovechando el puente vacacional del 1 de mayo el gobierno de Veracruz se contradijo y tragó sus propias palabras al ceñirse sin el menor pudor a la versión “oficial” del pelele: murió de causas “naturales”. Por ello el procurador general de Justicia de Veracruz, Emeterio López, y el fiscal especial del caso, Juan Alatriste anunciaron que el caso quedó cerrado, pues no hay elementos para decir que fue violada o asesinada.

Así nomás.

Las necropsias practicadas –donde ambas coinciden en que hubo violación-, las reiteradas declaraciones familiares y vecinos de la víctima de que fue ultrajada por los militares, las denuncias de organismos de derechos humanos, entre ellas la propia comisión estatal. Todo, no tiene ningún peso, la versión oficial es la del espurio. Nada más que lo dicho por el pelele fue sin pregunta de por medio y mucho antes de que siquiera hubiera conclusiones del caso. Tampoco se sabe en que terminó la investigación efectuada por los propios militares. Nada.

Si un caso tan notoriamente cubierto en los medios de comunicación, con tantos elementos, tomó este curso de impunidad ¿qué nos podemos esperar de casos como el del saqueo al erario practicado por el ladrón, corrupto y traidor de Vicente Fox, Marta Sahagún , y sus familiares directos?¿Dónde está el país de leyes? ¿Si ellos mismos mandan al diablo a las instituciones, los demás de haremos?

La evidencia es contundente. Ninguna “institución” sirvió de contra peso al dictado del poder. Todas terminaron en el lodazal del descrédito y la falsedad.

Después de tan aberrante demostración de autoritarismo, digno de cualquier dictadura, qué nos queda a los ciudadanos comunes. Ante tal salvajismo institucional no queda otra ruta que hacer a un lado las actuales estructuras de poder y fundar nuevas. Las actuales ni sirven, ni funcionan.

Las siguientes son dos notas y un artículo tomados de la revista Proceso.


http://www.proceso.com.mx

La PGJ-Veracruz cambia su versión: Ernestina Ascencio “no fue violada”

regina martínez

Jalapa, Ver., 30 de abril (apro).- La Procuraduría General de Justicia del estado dio un giro de 180 gados en el caso de Ernestina Ascencio Rosario.

En conferencia de prensa, el fiscal especial de la indagatoria, Juan Alatriste le dio parcialmente la razón a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al concluir que la indígena, de 73 años de edad, “no fue violada sexualmente”.

Sin ofrecer mayores detalles y sin admitir cuestionamientos de los reporteros, Alatriste afirmó que el deceso fue por “causas fisiológicas y mecánicas”. Explicó que los desgarres anales y de esfínter pudieron deberse a diferentes factores, porque nunca se estableció que “existiera introducción de un órgano viril”.

Con base en las pruebas periciales, la procuraduría estatal siempre sostuvo que Ascencio Rosario falleció a raíz de los golpes y posterior vejación de que fue objeto por elementos del Ejército, el pasado 25 de febrero.

Esta versión la sostuvo, incluso, a pesar de chocar frontalmente con la CNDH, que en todo momento negó que la indígena hubiera sido violada.

La conclusión del organismo fue que murió debido a una “anemia aguda”, a pesar de que los familiares de la indígena, originaria de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, afirmaron que, antes de morir, la mujer alcanzó a decirles que había sido violada por elementos del Ejército, cuando pastoreaba a sus borregos en el monte.

Curiosamente, el viraje de la procuraduría de Veracruz ocurre dos días después de que el gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, exoneró públicamente al Ejército de este incidente, y tras recibir los resultados de las investigaciones realizadas por el organismo dirigido por José Luis Soberanes.

Alatriste dijo que sus conclusiones serán dadas a conocer a los familiares de Ascencio Rosario.


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“Imprudente”, lo dicho por Calderón en el caso Ascencio: Batís

regina martínez

Jalapa, Ver., 30 de abril (apro).- El exprocurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, afirmó que, a partir de una “declaración imprudente” del presidente Felipe Calderón sobre el caso de Ernestina Ascensio Rosario, “ahora todos se sienten obligados a apoyarlo”, cuando aseguró que la indígena falleció por “gastritis aguda no atendida”.

Dijo que, después de lo argumentado por Calderón, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, y el gobernador Fidel Herrera Beltrán, exoneraron a miembros del Ejército, en el supuesto acto de violación cometido contra la anciana.

Dijo que éstos “se metieron a lo que no” debían.

En este caso, añadió, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) deberá realizar una investigación a fondo, ya que, por lo que se ve, “hay una contradicción muy grande en lo que primero se dijo, que había una violación, que es lo que parece que sucedió, y lo que se está diciendo ahora”.

Señaló que es quizá una “opinión imprudente” de Calderón lo que desató esta polémica, en la que están interviniendo la CNDH y la PGJE.

Bátiz dijo lo anterior en entrevista, poco antes de dictar una conferencia sobre la reforma del estado en la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana.

Por otro lado, el actual integrante del “gabinete del gobierno legítimo” que encabeza Andrés Manuel López Obrador, defendió las investigaciones que realizó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sobre la muerte de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido.

Explicó que, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la PGJDF y la fiscalía especializada para el caso, “Digna Ochoa se privó de la vida”, a pesar de que una juez de distrito ordenó a las autoridades capitalinas reabrir el expediente e incorporar los peritajes practicados por especialistas privados contratados por la familia de la extinta abogada veracruzana.

Añadió que, “cuando era procurador estuve en Costa Rica para tratar el caso, y reitero que hubo una investigación muy profunda y a fondo”.

En esta investigación, señaló, “se llegó a la conclusión de que ella misma se privó de la vida” y, después, como hubo una oposición a esa determinación, “se nombró un fiscal especial, en lo que yo ya no intervine, sino que fue una propuesta de ciudadanos muy reconocidos y esta segunda indagatoria llegó a la misma conclusión”.

Ahora existe un amparo –interpuesto por la familia Ochoa y Plácido-- y otras cosas nuevas, mencionó, “pero dos veces se ha hecho la investigación por separado y sin influencia de una con la otra, y las dos conclusiones han sido coincidentes, de que ella se privó de la vida, pero vamos a ver qué pasa ahora”.

No obstante, Bátiz insistió en defender la hipótesis del suicidio de la activista fallecida hace cinco años en la capital del país. “Creo que finalmente se tendrá que concluir en lo mismo, porque eso es lo que a mí me parece que es la verdad”, aunque señaló que su familia y algunas personas han considerado que no fue así, “pero nosotros no teníamos entonces ni ahora porqué mentir, ni a nadie que proteger que es lo que han dicho”.

“La verdad es que se hicieron dos investigaciones con toda la técnica y cuidado, con algunos errores de menor importancia como tiene cualquier acto humano, pero bien hecha la investigación, así es que creo que esa es la conclusión sólida”, reiteró.

Sobre la reforma del estado, antes de la conferencia ante estudiantes de la Facultad de Sociología que lo invitó como parte de las actividades del 30 aniversario de la institución, Bátiz dijo que, a pesar de que éste es un tema que se esta debatiendo en México, el gobierno de Felipe Calderón sé esta adelantando porque ya reformo el ISSSTE.

Por lo por lo pronto, dijo, también hay un proyecto de reforma en materia penal dentro de la Constitución federal y si el PRD, así como el Frente Amplio Progresista participan en este proyecto, “creemos que tenemos que precisar cómo y de qué manera puede haber consensos y que no sea unilateral, que es como sé esta imponiendo ahorita”.

Bátiz dijo estar de acuerdo con una reforma hacendaría o fiscal, “pero que no la programe e imponga un gobierno que esta en tela de juicio en cuanto a su legitimidad”, y señaló que si ésta sólo se plantea para beneficiar a los grandes empresarios, “va a tener una gran oposición del pueblo de México, pero si realmente es un avance que redistribuya mejor la recaudación, seguramente tendrá apoyo, pero por lo que se ve no va por ahí”.

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PAN: Mapaches contra tejones

alvaro delgado

México, D.F., 30 de abril (apro).- La confrontación de facciones en el Partido Acción Nacional (PAN), que discursivamente pone en el centro de su acción la “eminente dignidad de la persona humana” (sic), ha llegado literalmente a extremos de riña arrabalera: no sólo por el uso de los peores métodos de la política, incluyendo el uso de las instituciones de la República, sino por la violencia a secas.

De parte de la facción que encabeza Felipe Calderón abundan acusaciones contra Manuel Espino de utilizar la estructura partidista en los estados que le son afines para obtener posiciones en el Consejo Nacional, mientras que los que se han denominado “calderonistas” son señalados por sus adversarios de cooptar fidelidades a cambio de chambas en el gobierno federal y aun de utilizar recursos públicos para hacer política con fines de facción.

En varios estados del país quedaron atrás las asambleas, municipales y estatales, cuya principal característica era la riqueza deliberativa, y ahora se ha impuesto la fidelidad a una de las facciones, no en función de las ideas o el proyecto, sino exclusivamente en el tamaño de la bolsa de trabajo, en el partido y en los gobiernos de ese signo.

La confrontación es de tal magnitud que es cada vez más frecuente que las disputas sectarias deriven en violencia: en Campeche, en la asamblea municipal de Tenabo, los grupos adversarios llegaron a los golpes y a la barandilla: de una parte, la presidenta estatal, Nelly Márquez, impuesta en el cargo por Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia de Calderón, y de la otra, los seguidores de Jorge Nordhausen, el depuesto dirigente estatal y actual diputado federal.

Después de que Márquez salió literalmente corriendo del local donde se celebraba la asamblea, ambas facciones se acusaron de “pandillerismo político”.

En Altamira, Tamaulipas, ocurrió algo semejante: La facción del alcalde de Reynosa, Francisco Javier Cabeza de Vaca, amigo de Marta Sahagún y de Espino, se impuso a la que encabeza Angel Sierra, coordinador de campaña de Calderón en el estado.

Quizá a muchos, sobre todo a los capitalinos, estos dos municipios les digan muy poco, pero se trata de ejemplos de un fenómeno que ocurre a nivel nacional, en cuyo pináculo se encuentra la disputa que encabezan las facciones de Espino y Calderón.

No se trata de un asunto que corresponde sólo a los panistas, como a menudo quieren ellos que sea, sino que por su impacto en la vida del país --más de lo que esos dirigentes y sus amanuenses quieren--, es un tema que concierne a todos los mexicanos: No solamente porque el PAN vive, en buena medida, de los impuestos de los mexicanos --los que pagamos, claro--, sino porque los partidos políticos son, conforme al artículo 41 de la Constitución, entidades de interés público.

Así como era fundamental para México que el PRI estuviera desvinculado del Estado, una lucha en la que el PAN se empeñó antes de sucumbir al poder, también es preciso que el choque de sectas vigente en este partido esté al margen de la estructura gubernamental que ostenta en los niveles federal, estatal y municipal, así como la fuerza en el Congreso.

Por eso es de inobjetable interés público documentar y difundir la utilización del poder partidista y, sobre todo, del poder institucional para ajustar cuentas internas, tal como ocurre en el PAN desde hace ya varios años y actualmente con la disputa por el control del Consejo Nacional, el máximo órgano de dirección de ese partido, clave en las posiciones de poder futuras.

Este fin de semana se celebraron 11 asambleas estatales y quedan pendientes, para el próximo domingo 6, las tres que completan las 31 previstas y de las que surgieron 150 consejeros nacionales, que serán ratificados en la Asamblea Nacional del PAN, que se celebrará el 2 y el 3 de junio en León, Guanajuato.

En ese mismo acontecimiento se elegirán otros 150 consejeros, además de unos 80 que ya tienen asegurada esa condición por presidir el PAN en los estados o haberlo presidido a nivel nacional y ser vitalicios: En total, 380 consejeros que, en marzo del próximo año, elegirán al presidente de ese partido para los próximos cuatro años.

De la integración del Consejo Nacional depende, entonces, el control de este partido, no en función de las ideas --insisto--, sino exclusivamente las parcelas de poder. No está a discusión, por ejemplo, un asunto fundamental en la historia del PAN: ¿Puede el titular del Ejecutivo imponer como presidente formal del PAN a alguien de su facción? ¿Puede de antemano descalificarse a alguien para presidir el PAN, sea del grupo hegemónico u opositor? ¿De antemano debe cancelarse la reelección de Espino, como lo pretenden los calderonistas, o la postulación de Germán Martínez, como claman sus antagonistas? ¿Se vale que quienes ostentan un cargo público de designación puedan ser aspirantes a consejeros municipales, estatales y nacionales? ¿Es válido utilizar las embajadas con fines facciosos, como ofrecerle a Espino la de España para dejar la presidencia del PAN?

¿Es válido que el PAN como partido se oponga a determinadas políticas públicas o medidas gubernamentales, como la incompetencia para frenar el alza de los productos básicos, como se dan actualmente?

Nada de esto se está discutiendo.

Y no se discute porque lo que menos importa en el PAN, al menos entre las facciones en pugna, es la deliberación, que desde hace mucho no existe. Lo que existe es el combate por parcelas de poder mediante todos los métodos, inmorales y aun ilegales, que iguala a las sectas.

Si de por sí es inadmisible que la facción representada por Espino recurra a acciones que no corresponden a la tradición del PAN, menos aún lo es de quienes se dicen, como Calderón y los suyos, herederos de la tradición doctrinaria. Peor aún: Los calderonistas están haciendo uso de la estructura gubernamental para propósitos partidistas y facciosos.

Iguales los unos y los otros. Es una guerra de mapaches contra tejones.



Apuntes

Antonio Solá Reche, el publicista español y discípulo de José María Aznar, ya adoptó la nacionalidad mexicana, como Juan Camilo Mouriño Terrazo, ambos instrumentos de Felipe Calderón. Solá Reche obedeció las instrucciones del estadunidense Dick Morris, maestro de la guerra sucia en la campaña del año pasado y cuyas técnicas sigue aplicando en Yucatán… Lamentablemente para la causa de la derecha, los resultados en ese estado no son buenos. Calderón, quien impuso a Xavier Abreu como candidato a suceder a Patricio Patrón Laviada, sabe que van perdiendo con la priista Ivonne Ortega, sobrina --qué paradoja-- de Víctor Cervera Pacheco… Emilio Goicoechea Luna, embajador de México en Canadá y exsecretario particular de Vicente Fox, prefirió el silencio ante la exhibición de su amistad con el narcotraficante Genaro Caro Quintero, quien lo atendió como candidato del PAN a la gubernatura de Sinaloa, en 1992. Los nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actuaron de forma análoga a la de sus antecesores, al cancelar el derecho de los ciudadanos a saber el contenido auténtico de las urnas. Las boletas arderán pronto, como ordenó Calderón.

delgado@proceso.com.mx