La verdadera cara del espurio: El Yunke

Tomado de La Jornada, Helguera.

Dos textos tomados de la revista Proceso

http://www.proceso.com.mx


El uso de la fuerza
jorge carrasco araizaga

México, D.F., 8 de diciembre (apro).- Hay que ejercer la autoridad ganada, le dijo el secretario de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, a Felipe Calderón poco antes de que jurara como presidente constitucional de México.

El mensaje del jefe militar fue contundente: la próxima administración no dudará para ejercer el “uso legítimo de la violencia”, pues de acuerdo con el nuevo comandante de la Armada de México la seguridad nacional “está en juego”.

Saynez evitó explicar por qué la seguridad de la nación mexicana está en riesgo. La delincuencia organizada –en especial el narcotráfico– y los movimientos armados, son, sin duda, asuntos que entran en esa lógica; pero la seguridad pública no lo es.

Si bien hay una profunda crisis en la capacidad del Estado mexicano para garantizar la integridad de los mexicanos y la posesión de sus bienes, no es sólo con la fuerza dirigida por los militares como se va a solucionar.

En su primer discurso como presidente constitucional, Calderón ordenó al gabinete de seguridad nacional, en el que participan las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, que a más tardar en febrero presenten un programa de seguridad “para renovar los mecanismos de procuración e impartición de justicia”.

Su intención, en pocas palabras, es que los militares mexicanos se involucren directamente en el “fortalecimiento de nuestros cuerpos policíacos”, pero también en la administración de la justicia en México.

Si esto es así habrá que esperar si los soldados y marinos comparten en plan del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de unificar las policías del país. Puede que comulguen con la idea, la pregunta es qué podrán hacer para enfrentar las seguras y numerosas resistencias que tendrá ese plan en las diferentes policías del país.

Habrá que ver también si los gobernadores, como jefes políticos de los estados, aceptan ser mutilados de ese poderoso instrumento de control caciquil.

De cumplirse, la propuesta calderonista significará también que los militares mexicanos –que tienen uno de los códigos de justicia más atrasados del mundo– estarán definiendo “sistemas” para aplicar la justicia a los civiles.

Calderón se encamina a repetir el error de su antecesor Vicente Fox al designar a un militar, el general Rafael Macedo de la Concha, al frente de la procuración de justicia civil. El resultado está a la vista.

Esa decisión significó un retroceso en la democratización del país, pues en ese proceso los militares deben ser totalmente ajenos a la administración del poder civil, al que deben estar completamente subordinados.

Esta vez Calderón no designó a un militar al frente de la Procuraduría General de Justicia –sino a un empresario venido a poderoso funcionario público en materia de seguridad– pero está pidiendo que los uniformados diseñen la manera en que la institución debe administrar y procurar justicia. La lógica detrás de esa decisión no es otra que el uso de la fuerza.

Calderón anunció también en su primer discurso que propondrá al Congreso reformas legales con el propósito de “aumentar las penas para quienes más agravian a la sociedad”.

Como abogado y exlegislador, Calderón sabe que incrementar las penas no lleva a ningún lado. En países donde eso ha ocurrido, la inseguridad se detiene sólo momentáneamente y después regresa a sus anteriores niveles.

Sin duda, uno de los principales retos del Estado mexicano al comienzo del siglo XXI es garantizar niveles aceptables de seguridad a sus ciudadanos.

La fuerza no lo es todo. Lo grave es que con el pretexto de la inseguridad se use el aparato de fuerza del Estado para ganar la legitimidad no obtenida en las urnas.

No sólo la delincuencia organizada y los movimientos armados son los que de forma explícita están en la mira. También, implícitamente, lo está todo movimiento y expresión social que la nueva administración considere como una amenaza al “Estado de derecho”.

Para esa labor estará el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, que por definición es actor central del gabinete de seguridad nacional y cuya intolerancia no está en duda.

Si Calderón pretende construir su liderazgo con el uso de la fuerza del Estado y sin mayores avances en materia de seguridad, al final de su sexenio no habrá hecho otra cosa que revivir el autoritarismo mexicano del siglo XX.



Designa Calderón nuevos funcionarios
Álvaro delgado

México, D.F., 7 de noviembre (apro).- Los equívocos característicos de Vicente Fox prevalecen en el arranque de la gestión de Felipe Calderón, sólo que no son declarativos, sino en la designación de funcionarios... muchos de ellos heredados del foxismo.

Hoy, en la más reciente tanda de nombramientos, Felipe Calderón designó a Rosendo González Patiño como procurador agrario, pero desde el lunes le dio posesión del cargo el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, quien fue ratificado en esa responsabilidad.

En la Secretaría de Desarrollo social, que encabeza la yucateca Beatriz Zavala Peniche, se hicieron desde el lunes dos nombramientos que, de inmediato, quedaron sin efecto: Alberto del Río Leal fue nombrado director de Liconsa, pero al día siguiente el cargo siguió acéfalo, y algo semejante ocurrió con Mauricio Peters, designado director general de Comunicación Social, pero de inmediato fue degradado como responsable de giras.

Entre los nuevos nombramientos de Calderón, dados a conocer hoy mediante un comunicado de la Presidencia de la República, se encuentra el del director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuyo titular será Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato, y cuya única relación con su nueva responsabilidad es haber sido rector de la universidad de ese estado.

Romero Hicks, quien es licenciado en Relaciones Industriales, heredó numerosos escándalos a su sucesor, el también panista Juan Manuel Oliva, entre ellos un severo rezago educativo, altas liquidaciones económicas de exfuncionarios, que superaron los 30 millones de pesos, y la oscura asignación de placas de taxis a los organismos corporativos creados por el PAN estatal, como el Consejo General del Trabajo (CGT).

Calderón también designó hoy a Cecilia Romero Castillo como comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), que depende de la Secretaría de Gobernación, y al igual que romero Hicks es militante de la ultraderechista Organización Nacional del Yunque.

Otros dos panistas designados son Francisco López Mena como titular del Consejo de Promoción Turística de México, y Ramón Corral Ávila, ratificado como responsable de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

López Mena, quien ostentará el cargo que tuvo Francisco Ortiz Ortiz, el expublicista de Calderón y de Fox, fue diputado federal por Quintana Roo y responsable en ese estado de la filopanista agrupación política nacional Coordinadora Ciudadana, que preside Guillermo Velasco Arzac, uno de los jefes nacionales de El Yunque.

Por otra parte, Calderón se reunió en privado con integrantes del Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Superior, y Media Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de México, uno de cuyos asistentes fue el diputado federal perredista Tonatiuh Bravo Padilla, presidente de la Comisión de Educación.

Oficialmente se informó desde ayer que Calderón tendría hoy reuniones privadas, pero por la tarde la oficina de prensa emitió un comunicado para informar sobre esa reunión celebrada por la mañana, que destacó que en la misma “participaron legisladores de diversos partidos políticos, incluidos el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT), así como rectores de instituciones de educación superior, académicos e investigadores”.

Según el comunicado, “en la reunión se comentaron diversos aspectos de la política educativa nacional, así como sus retos presentes y futuros”, y ante ello Calderón “destacó que durante su administración se realizarán los esfuerzos necesarios para impulsar la generación de empleos para los jóvenes de nuestro país, elevando la cobertura, la calidad y el financiamiento de la educación media superior y superior”.

Sin embargo, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente, y miembros de la Asociación Nacional de Universidades e Insdtituciones de Educación Superior (ANUIES) criticaron la baja en el presupuesto destinado a la educación.

Ayer, ante el proyecto de presupuesto de Calderón, De la Fuente afirmó que “los discursos se desdibujan fácil ante la realidad cuando, en los hechos, no se dan muestras contundentes de voluntad política y decisión”.

Hoy, Calderón afirmó que el gasto propuesto en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, para la educación, presenta un incremento de 4.2 por ciento en términos reales, respecto al aprobado para el ejercicio fiscal 2006.