Calderón en campaña*

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha.

JOHN M. ACKERMAN

El triunfalista discurso que Felipe Calderón pronunciara en cadena nacional el pasado lunes 4 demuestra sus claras intenciones por intervenir personalmente en las campañas electorales, utilizando políticamente la crisis sanitaria para favorecer a su gobierno y al Partido Acción Nacional. Frente a ello, la sumisión y complicidad del Instituto Federal Electoral (IFE) pone en evidencia una vez más su falta de autonomía, objetividad e imparcialidad.

Uno de los logros más importantes de la reforma constitucional en materia electoral de 2007 fue la expresa prohibición de la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas políticas. El nuevo texto de la Carta Magna señala que, “durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental”. Supuestamente desde el pasado 3 de mayo a ninguna entidad gubernamental se le debería permitir utilizar los medios para dar a conocer sus acciones o promover sus logros.

Sin embargo, no habían pasado siquiera 48 horas cuando Calderón decidió violar esta disposición constitucional con su mensaje a la nación. Para justificar su abierto atropello de la ley, el presidente recurre a una excepción prevista para “campañas de información… relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección en casos de emergencia.” Sin embargo, el discurso de Calderón de ninguna manera puede ser considerado parte de una “campaña de información” y tampoco fue una alocución “necesaria” para atender la emergencia sanitaria.

La aparición de Calderón en la televisión fue un vil acto de propaganda gubernamental diseñado para apuntalar políticamente al partido en el poder. Todo el discurso estuvo aderezado de afirmaciones como las siguientes: “hemos actuado firmemente”, “hemos hecho lo correcto”, “tomamos las medidas correctas” o “nuestra estrategia está funcionando bien”. Estas formulaciones repetidas ad nauseum no tienen nada que ver con una campaña de información necesaria para atender la crisis sanitaria y caben perfectamente dentro de la definición de “propaganda” que nos ofrece el Diccionario de la Real Academia Española: “Acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores”.

Es muy extraño que ningún partido político se haya atrevido a denunciar esta evidente ilegalidad. Pero lo que resulta aún más extraño es el total silencio del IFE en esta materia. Eso sí, los consejeros electorales ya se frotan las manos frente a la oportunidad de sancionar a Andrés Manuel López Obrador por la supuesta violación a las medidas sanitarias en una reunión de apenas 500 personas realizada recientemente en Tabasco. Pero ante la obvia y pública violación a la propia Constitución por parte de Calderón, los guardianes de la legalidad electoral guardan un silencio vergonzoso.

En general, ante la crisis sanitaria el IFE ha abdicado de su responsabilidad como máxima autoridad administrativa en materia electoral. En lugar de convocar a todos los actores relevantes para analizar las implicaciones de la nueva coyuntura política y el desarrollo de las próximas elecciones federales, la autoridad electoral se ha convertido en simple correa de transmisión para las decisiones tomadas en Los Pinos y Bucareli.

Tal y como ocurrió con la negociación de las multas por el desacato de Televisa y TV Azteca, una vez más el consejero presidente, Leonardo Valdés, acudió a la Secretaría de Gobernación para recibir instrucciones. En lugar de citar a Fernando Gómez Montt, José Córdova Villalobos y los partidos políticos en las instalaciones del IFE, Valdés aceptó ser un invitado más en Bucareli para conversar sobre la posibilidad de modificar la fecha de la elección. Así mismo, el IFE aceptó sin comentario alguno la imposición unilateral de parte de la Secretaría de Salud de unos Lineamientos sanitarios para los períodos de campañas electorales y capacitación que son imposibles de implementar y además introducen fuertes desequilibrios en la contienda electoral.

También vale la pena recordar que el secretario de Salud no tiene facultad alguna para regular las campañas electorales. Aun aceptando sin conceder la legalidad del decreto del 24 de abril que supuestamente lo habilita con poderes extraordinarios casi dictatoriales, ningún decreto presidencial puede colocarse por encima del texto constitucional que señala sin titubeos que el IFE en la única autoridad administrativa responsable en materia electoral.

Urge que el IFE ponga un alto a la utilización política de la crisis sanitaria. La autoridad electoral debería prohibir tajantemente cualquier manejo personalizado de las acciones estatales en la materia, así como asegurar que los anuncios, mensajes y conferencias de prensa tengan un carácter plural que representa la diversidad de las expresiones políticas del país. Los consejeros también deberían investigar las violaciones ya cometidas así, como defender su autonomía ante las imposiciones del gobierno federal. De lo contrario, podríamos encontrarnos de nueva cuenta ante una elección de Estado con consecuencias nefastas para el futuro de la convivencia democrática en el país.

P.D. La Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez más se ha negado a revisar la solicitud de acceso a las boletas electorales de 2006. Sin embargo, sigue pendiente la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También falta que el Tribunal Electoral vuelva a revisar el caso, ahora a la luz de las reformas constitucionales al artículo 60 en materia de transparencia y al artículo 99 con respecto a las facultades de interpretación del tribunal. Todo ciudadano que siga preocupado por conocer la verdad histórica debería dar una muestra de su interés y desde hoy someter al IFE nuevas solicitudes de acceso a la documentación electoral. 
http://www.johnackerman.blogspot.com/



+++++++


Ahumada, el fin de la Omertá*


JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F., 12 de mayo (apro).- En el código de honor siciliano, la omertá es la prohibición expresa de informar sobre los delitos cometidos de manera grupal y que involucran a varias de las personas implicadas. El silencio es la clave para que los grupos mafiosos puedan continuar cohesionados. Cuando alguien rompe la omertá comienza una serie de venganzas y de investigaciones, siempre y cuando el sistema judicial de un país no forme parte de este entramado de encubrimiento.

El libro Derecho de Réplica, de Carlos Ahumada, es el caso típico de la ruptura de la omertá en relación con uno de los pasajes más escabrosos de la vida política reciente del país.

Personaje menor en comparación con sus padrinos, promotores y promovidos, Ahumada decide dar su versión, ofrece pistas, anécdotas, datos corruptores para acreditar lo que desde un principio Andrés Manuel López Obrador lo caracterizó como un "complot".

Ahumada conserva algo del sentido bufonesco que lo inspiró a grabar como si fuera videoasta compulsivo a todos aquellos con los que estuvo en contacto. En su libro se queja de que los medios de comunicación se hayan fijado más en los videoescándalos y no en los delitos que estos videos pretendían documentar para hundir al representante de la "honestidad valiente".

La omertá en la trama de los videoescándalos y de muchos de sus otros enjuagues –la compra del periódico El Independiente, su transformación en empresario futbolero, el pago de las deudas adquiridas por el PRD en tiempos de Rosario Robles, sus "donaciones" a las candidaturas del mismo partido y hasta el episodio no descrito sobre el presunto tráfico de armas con el exdelegado de Alvaro Obregón-- tenía un objetivo esencial: encubrir la trama criminal en la cual Ahumada era simplemente una pieza.

El "ingenuo e idealista" constructor de obra pública en las delegaciones del Distrito Federal muy pronto aprendió que si no lavaba su imagen tampoco iba a poder seguir lavando dinero.

Por eso resulta creíble su versión. Se trata de alguien con asociaciones mafiosas que decide contar parte de una historia. Juzgar la moralidad de sus afirmaciones es algo tan inútil como ridículo. No se trata de un concurso para ganar el cielo, sino de una descarnada descripción de cómo funciona el infierno de la política mexicana.

El Ahumadagate no ha terminado. Su versión abre varios capítulos que convenientemente han sido minimizados en la mayoría de las reacciones de quienes han sido mencionados.

Algunos de estos capítulos del fin de la omertá que merecen una investigación más profunda son los siguientes:

1. El papel especialísimo de los ejecutivos de Televisa, sobre todo de su vicepresidente Bernardo Gómez, en la trama de las venganzas y conspiraciones de Carlos Salinas de Gortari. ¿Fueron los videoescándalos el único delito compartido entre el expresidente y los ejecutivos de Televisa? ¿Por qué la principal empresa de comunicación del país decidió cancelar sus investigaciones sobre el caso Arturo Montiel después de que ellos mismos lo destaparon el 10 de octubre de 2005 en el programa El Cristal con que se Mira? ¿Cuánto vale el silencio de Televisa para los políticos mexicanos?

2. El papel de Vicente Fox y de buena parte de su gabinete de gobierno y de seguridad nacional en las aventuras del señor Ahumada y en los consejos del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Parece ser que no sólo fueron los videos de Ahumada los que orillaron a un "acuerdo político" entre el salinismo y el foxismo.

Difícilmente el señor Eduardo Medina Mora, actual procurador general de la República, se investigará a sí mismo y el papel que jugó el Cisen en esta trama, cuando él fue su director. ¿No es tiempo de que el Congreso decida investigar, en uso de sus atribuciones, hasta dónde y a quiénes se involucró en este espionaje con uso faccioso? No lo dice en su libro Ahumada, pero Derecho de Réplica puede ser una pista tan compleja y delicada como la del Watergate que destronó a Richard Nixon.

3. El gobierno de Cuba tiene elementos incómodos e indispensables en esta trama. La estancia de Ahumada en la isla, relatada en su libro como si fueran escenas de Expreso de Medianoche ocultan lo esencial: ¿qué les dijo a los representantes del Estado cubano, por qué se produjo la traición de Salinas, qué otros actores se involucraron en este proceso? Tal vez el señor Juan Molinar Horcasitas tenga algo qué decir al respecto antes que La Habana diga cosas más incómodas para el gobierno de Felipe Calderón.

El libro de Ahumada es apenas un asomo a la cañería de nuestra frustrada transición a la democracia. El comportamiento mafioso que él relata se ha observado en otros casos tan complicados, cuyas historias no han llegado a su fin.

Tan sólo por mencionar dos ejemplos:

1. El caso Medina-Abraham en Yucatán trascendió de un pleito judicial en torno a un presunto homicidio hasta convertirse en una lucha de dinastías y de poder, que involucró a una televisora nacional, a la exprimera dama Marta Sahagún, generales del Ejército y hasta un archimandrita.

2. El escándalo de las redes de pederastia documentado en Los Demonios del Edén, escrito por Lydia Cacho. Es claro que esta red criminal trasciende al Rey de la Mezclilla, al góber precioso de Puebla y otros personajes mencionados en el libro.

La omertá se mantiene en estos y otros muchos casos.

Ahumada incomoda porque es el primero en romper con este código mafioso. El efecto que puede generar su testimonio es muy delicado para otros expedientes abiertos.

Cuando Luis Spota escribió Casi el Paraíso, inspirado en un personaje real que corrompió a la pedestre clase política mexicana en los años cincuenta, no se imaginó que se estaba adelantando a lo que décadas después se convertiría en un método típico de la clase política finisecular. Derecho de Réplica confirma lo que Spota apenas vislumbró.

Email: jenarovi@yahoo.com.mx


*Tomados de la revista Proceso.