A mis amigos, justicia y gracia; a los demás, la ley a secas*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Mario Di Costanzo Armenta

Sin lugar a dudas, el título de esta colaboración describe totalmente al régimen fiscal que opera en el país, pues mientras un selecto grupo de empresarios goza de verdaderos paraísos fiscales, el resto de los contribuyentes es víctima del “largo brazo de la ley” en materia de aplicación y el pago de impuestos.

Señalo lo anterior porque, en días pasados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados el Presupuesto de Gastos Fiscales para 2008 (“presupuesto” que comprende en términos generales lo que el gobierno dejará de recaudar por la existencia de créditos fiscales, condonaciones, facilidades, estímulos, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales) y en él se observa que, a pesar de que tanto Agustín Carstens como Felipe Calderón en su momento señalaron que con la “reforma fiscal aprobada” –en particular con la aplicación del impuesto empresarial a tasa única (IETU)–, se acabarían los paraísos fiscales en que tributaban las grandes empresas y cuya existencia les permitía prácticamente no pagar impuestos, la realidad refleja que no fue así.

Se puede observar que por concepto de “consolidación fiscal”, régimen que supuestamente había desaparecido, se dejarán de recaudar 51 mil 794 millones de pesos, y por conceptos relativos a la deducción acelerada de activos, llamada “depreciación acelerada de activos”, se dejarán de recibir otros 42 mil 96 millones.

Es decir, que de acuerdo con la propia dependencia que dirige Agustín Carstens, la existencia de estas dos “facilidades” que utilizan sólo las grandes empresas le costará al fisco mexicano en el presente año 93 mil 890 millones de pesos.

Cabe destacar que si a lo anterior añadimos la pérdida de recaudación derivada de “otras facilidades administrativas”, dirigidas también a las grandes empresas, se obtiene que “el hoyo fiscal” que provocarán los impuestos no pagados asciende a poco más de 200 mil millones de pesos.

Esta cifra, que por “mera casualidad” es similar a los excedentes petroleros que se generarán durante el presente año, nos podría sonar como una locura… si no supiéramos que, de acuerdo con informes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), diversas empresas identificadas con la guerra sucia desatada contra Andrés Manuel López Obrador durante su campaña electoral de 2006 prácticamente no pagaron impuestos el año pasado y, por lo que se observa, tampoco pagarán este año.

Así, por ejemplo, el año pasado Cemex tuvo ventas por 236 mil 669 millones de pesos, pero pagó impuestos por 4 mil 796 millones; es decir, 2 por ciento de sus ventas, pero también reportó impuestos diferidos por 50 mil 397 millones de pesos: por cada peso que pagó de impuestos, las “leyes fiscales” le permitieron postergar el pago de 10 pesos.

O bien el caso de Bimbo, que registró ventas por 72 mil 294 millones de pesos y pagó impuestos por mil 692 millones de pesos; es decir, 2.3 por ciento de sus ventas, e impuestos diferidos por mil 318 millones de pesos: por cada peso que pagó, se le permitió diferir 67 centavos.

Aquí convendría que se preguntaran, mis estimados lectores, a ustedes ¿cuánto dinero de los impuestos les ha permitido “diferir” la Secretaría de Hacienda? O bien, ¿acaso les permiten pagar impuestos por el equivalente a 2 por ciento de sus salarios o, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, por 2 por ciento de sus ventas?

Lo peor de todo es que para la mayoría de los economistas, el impuesto más inequitativo que existe es la inflación, ya que le pega más duro a quien menos tiene, y lo comento porque de acuerdo con el Banco de México el crecimiento de los precios ya es alarmante, por lo que además del IETU, el IDE, el IVA y el impuesto a la gasolina ahora tenemos que pagar el “impuesto inflacionario”.

Por eso digo que, a mis amigos, justicia y gracia; y a los demás, la ley a secas.


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Altos precios del petróleo: ¿por qué?*

Antonio Gershenson
gershen@servidor.unam.mx

Es público y además motivo de muchas discusiones y hasta reuniones entre gobernantes, el alto precio del petróleo crudo. Lo que está pasando va más allá de lo ocurrido anteriormente, y es preciso, para comprenderlo, analizar lo sucedido en largos plazos en el mercado petrolero.

Un primer elemento. Durante décadas, la producción petrolera de los 48 estados contiguos de Estados Unidos (el origen de este comportamiento es en parte geológico y en parte económico, por lo que debe tratarse por separado esta unidad pues, por ejemplo, Alaska, siendo políticamente parte del mismo país, tiene su propio comportamiento en otros sentidos) ha seguido un comportamiento con elementos relativamente previsibles. Primero, una curva enorme llamada logística: al principio va subiendo gradualmente, llegó a su punto más alto de producción en 1970, luego va declinando, llega a la mitad del máximo en 1999, y sigue bajando gradualmente. Sobrepuesta con esta curva hay otra, oscilatoria, en la que pasan 14 años entre dos niveles máximos inmediatos. En periodos en los que el mercado petrolero tiene como principal determinante lo que sucede con la producción (en otros periodos es predominante el nivel de la demanda, del consumo, para determinar el precio), la parte más alta del precio del crudo en la curva que se va generando coincide con la parte más baja de la curva de producción.

Esto corresponde a un ciclo precios-inversión-producción. La inversión no es nada fácil de determinar, sobre todo en estos plazos, pero sí los precios y la producción. Los altos precios inducen altas inversiones que, a su vez, al cabo de unos años, se traducen en aumentos importantes en la producción. Esta última va haciendo que los precios bajen, y los precios bajos desalientan la inversión y la reducen. Al cabo de un tiempo, con la declinación de los yacimientos, se reduce la producción, y esto hace que vuelvan a subir los precios, completando el ciclo.

Ya tuvimos dos parte superiores del ciclo, y en medio de ellos un periodo en el que lo que determinó los precios fue ante todo la demanda y en general precios más bajos. La curva resultante de los cálculos es prácticamente la misma en ambas ocasiones. El punto más alto de la curva fue en el primer caso en 1981 y en el actual sería en 2009. Debido a los hechos relacionados con la curva, de los que vamos a hablar, en el primer caso el punto de promedio anual más alto real fue 1980. Es posible que ahora sea, también, un año anterior al de la curva calculada, o sea 2008.

El anterior ascenso estuvo ligado con guerras en el llamado Medio Oriente y con la caída del sha de Irán, que era el segundo productor mundial. Primero, fueron la guerra “del Yom Kippur” a fines de 1973 y el boicot petrolero contra Estados Unidos y Holanda. El precio subió, en unos meses, de tres a 12 dólares por barril. Luego vino, después de un periodo “tranquilo”, la caída del sha, y en tercer lugar el principio de la guerra Irán-Irak. El precio del crudo árabe ligero llegó a 35 dólares, aproximadamente. Pero las guerras no eran la causa por sí mismas: hubo en esa misma región guerras en 1947-48, en 1956 y en 1967, sin que el precio del petróleo subiera. Las guerras tuvieron efecto cuando había condiciones en el mercado que lo permitían. Como es de esperarse con diferentes eventos de este tipo y espacios entre ellos, los precios reales de este periodo ascendente pasaban hacia arriba y hacia abajo de la curva, pero en promedio se comportaban conforme a ella.

Ahora, obvio, la guerra es la de Irak. Pero hay una diferencia muy grande en cuanto a sus efectos. Van más de cinco años de guerra. Es un solo evento con su efecto sostenido. No tenemos ningún año en el que el precio promedio anual, nominal ni real, sea menor que el anterior. Para comparar periodos largos usamos el petróleo árabe ligero, que es el crudo de referencia durante todo el periodo del estudio. Para un tiempo más breve, como ahora, usamos el promedio de los crudos de referencia Brent y WTI-Cushing, de referencia sobre todo en Europa y Estados Unidos, respectivamente. Ahora hablamos de promedios anuales de las dos variedades y redondeamos a dólares, no contamos centavos. El precio pasó de 26 dólares por barril en 2002 a 30 en 2003, año del inicio de la guerra. Entre 2004 y 2006 los precios anuales fueron respectivamente de 40, 56 y 66 dólares por barril. En 2007 ya fueron 72 dólares. Hasta aquí, los precios se ajustan bastante bien a la curva calculada, mejor que en el anterior periodo de ascenso por tratarse de un solo evento constante y no varios, como en 1973-1981.

Pero en la primera mitad de 2008 el precio promedio ya fue de 110 dólares por barril, y “se sale” de la curva para arriba. En los próximos meses el promedio de lo que va del año seguirá subiendo. Para comparar con el precio real anual más alto, consideramos Árabe ligero y, en ambos casos, precios de 1994. En 1980 el precio promedio fue de 60 dólares. En la primera mitad de 2008, en que teóricamente se esperaría el mismo precio, el precio real fue de 73 dólares de 1994, poco más de 20 por ciento superior.

Voy a usar un ejemplo, una de las formas como esta guerra influye en el precio del petróleo. A los soldados estadunidenses les envían sus raciones alimentarias diarias desde su país y por avión, con lo cual dan más seguridad a la operación, pero consumen mucha turbosina o combustible de aviación. El agua embotellada les llega de Europa, también por avión. Ésta es una de las formas como la guerra influye en el precio del petróleo, no es sólo la guerra misma. Bueno, pues hace unos meses se decidió aumentar el número de soldados del mismo país en Irak, que pasó de 130 mil a 160 mil. ¿Tiene acaso algo de raro que hayamos tenido un aumento adicional en los precios del petróleo? Por supuesto que no, y ahora los precios andan alrededor de 140 dólares por barril.

De modo que esto explica que los esfuerzos para que la OPEP aumente su producción (y habría que ver qué países pueden hacerlo, porque en algunos casos la producción ya va declinando, como aquí), o se reúna el Grupo de los 8, pues esto no haya resultado efectivo. Depende más de lo que suceda con la guerra de Irak. Sobre todo después de las elecciones estadunidenses de noviembre y el consiguiente cambio de gobierno en enero.


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Las iniciativas petroleras y el TLCAN*

Arnaldo Córdova

Los tratados internacionales que el Presidente de la República celebra, con aprobación del Senado, o los ordenamientos del derecho internacional que nuestro país firma y ratifica, constituyen una parte esencial de nuestro orden jurídico. El artículo 133 establece que la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados serán “la Ley Suprema de toda la Unión”. Siempre pareció que el 133 establecía un orden jerárquico en el que los tratados iban en tercer lugar; pero en octubre de 1999 la Corte produjo una tesis que establece el verdadero orden de jerarquía: primero, la Constitución; luego, los tratados, y, al último, las leyes.

En dicha tesis, la Suprema Corte determinó que los tratados internacionales derivan de los compromisos que en el exterior asume el “Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas las autoridades frente a la comunidad internacional”. El Presidente los firma y los acuerda, no por sí, sino en representación del conjunto del Estado mexicano. Asumió que todas las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por el Congreso. Ellas forman el área doméstica de nuestro orden jurídico. Pero estableció, asimismo, que, al deber estar de acuerdo con la Constitución, sólo ésta es la ley suprema “y los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano, inmediatamente debajo de ésta y por encima del derecho federal y local”.

En el derecho internacional es usual que negocien, aunque en condiciones de igualdad en ciertas áreas, dos o más contrayentes que suelen ser desiguales, porque el poderío de los Estados nunca es igual en los hechos, si bien el trato tiene que ser igual. Ahí se trata de una justicia conmutativa (término aristotélico) que indica que cuando contratan desiguales entre sí, la verdadera igualdad consiste en tratarse desigualmente a fin de alcanzar una igualdad final en los acuerdos, de manera que todos salgan ganando al mismo tiempo.

Eso es típico del derecho del trabajo, en el que priva la justicia conmutativa. Por eso, cuando se acuerdan tratados entre Estados, siempre hay protecciones que se establecen y se permiten de común acuerdo, cuando hay desigualdad entre las partes (lo que casi siempre ocurre). Un tratado (o un contrato) está integrado por cláusulas, que son los puntos de acuerdo mutuo. Las cláusulas de protección en los tratados internacionales se llaman reservas, que los más débiles alegan como excepción a la materia general que se está acordando. No hay tratado en el ámbito internacional que no las contenga. Aun con esas excepciones, los tratados son obligatorios para las partes contratantes. Pero ahora veamos el caso del TLCAN.

Los tratados deberían ser observados y obedecidos por todas las autoridades del Estado mexicano, como ordenamientos que vienen después de la Carta Magna, y, en lugar de ello, es común ver que son, justamente, instrumentos que se obedecen muy poco, no se observan o, de plano, se ignoran. Sucede con la generalidad de los jueces. Eso ha ocurrido, en particular, con las convenciones y convenios sobre derechos humanos que nuestro país ha aceptado y ratificado. Pero resulta asombroso que muchos tratados firmados por el Ejecutivo sean olvidados cuando formula iniciativas de ley y las presenta a las Cámaras del Congreso.

Algo de verdad patético es que Calderón haya presentado sus iniciativas sobre reforma petrolera que violan lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado con los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Una verdadera joya de incuria (o de cinismo).

Los artículos cuarto y sexto de la iniciativa de Ley Reglamentaria del 27, que han sido comentados y expuestos hasta la saciedad, permiten a los privados las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Conceden también que esos privados puedan construir y tener en propiedad ductos y refinerías. Eso va contra la Constitución. Se alega que no se privatiza, porque los privados, con su capital, construyen ductos y refinerías que lo justo es que les pertenezcan, sin reparar que eso lo prohíbe el 27. Los que nos oponemos a las iniciativas privatizadoras, incluidos los que hemos participado en los debates del Senado, lo hemos señalado, mostrando la letra de la Constitución.

Ahora veamos el texto de la reserva 602.3 que incluye una protección especial y que dice así: “1. El Estado mexicano se reserva para sí mismo, incluyendo la inversión y la prestación de servicios, las siguientes actividades estratégicas: a) exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural; refinación o procesamiento de petróleo crudo y gas natural; y producción de gas artificial, petroquímicos y sus insumos, y ductos; b) comercio exterior; transporte, almacenamiento y distribución, hasta e incluyendo la venta de primera mano de los siguientes bienes: i) petróleo crudo; ii) gas natural y artificial; iii) bienes cubiertos por este capítulo obtenidos de la refinación o del procesamiento del petróleo crudo y gas natural, y iv) petroquímicos básicos”.

No hay equívocos. El TLCAN incluye, a la letra y mejorado, el texto constitucional. Ahora, una de dos, o Calderón y sus asesores se olvidaron del texto del tratado o, lo que es más probable, por voluntad propia están renunciando y, en los hechos, abrogando esa protección de los intereses de México que se contiene en la reserva 602.3. Por voluntad propia del gobierno panista estamos renunciando a proteger nuestra industria petrolera. Calderón fue a Nueva Orleáns a solicitar de Harper y Bush que se permitiera modificar el TLCAN para incluir nuevas reservas sobre materia migratoria. Le dijeron que del tratado no se cambia ni una coma. Pero lo que sí puede hacer es renunciar a esa defensa y es, justamente, lo que está haciendo con sus antipatrióticas iniciativas. Ni a los canadienses ni a los estadunidenses se les podrá reprochar nada. Es Calderón el que está renunciando a la protección prevista en el TLCAN en favor de México.

Dudo mucho de que a Calderón sus asesores no se lo hayan advertido y, si lo hicieron, pues entonces aquí alguien está tratando de engañar a alguien. El hecho es que con estas iniciativas se está renunciando, deliberadamente, a defender nuestra soberanía petrolera y se busca sacrificar, cínicamente, los intereses nacionales.

*Tomados de La Jornada.