Boletas: En la CIDH, “Proceso” gana el primer round*

Tomado de La Jornada, Hernández.

Jorge Carrasco Araizaga

A dos años de la cuestionada elección presidencial, tuvo respuesta la demanda de Proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la decisión del Estado mexicano de negar el acceso a las boletas electorales de 2006. La CIDH pidió al gobierno de Felipe Calderón que impida la destrucción de esa papelería, en tanto el organismo internacional determina si en efecto se violó el derecho a la información cuando el IFE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon inaccesibles esos documentos públicos.

El miércoles 2, día en que se cumplieron dos años de la elección presidencial, Felipe Calderón recibió una noticia desde Washington: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió a su gobierno que evite la destrucción de las boletas utilizadas en esos comicios.

La CIDH dio ese primer paso ante la denuncia de hechos interpuesta por la revista Proceso en contra del Estado mexicano por violación al derecho de información, luego de que el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN) le negaron el acceso a los paquetes de la cuestionada elección presidencial.

El organismo interamericano le envió una comunicación al gobierno mexicano, fechada el 2 de julio, para solicitarle que aplique “medidas urgentes” en favor del director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, quien alega la violación al derecho a la información pública previsto en el artículo 13.1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica en 1969 y de la que México forma parte desde 1981. Ese instrumento internacional establece que la información es un derecho humano que debe ser respetado y garantizado por el Estado.

La CIDH le pidió al gobierno de Calderón “suspender la destrucción de las boletas de la elección del 2 de julio de 2006 hasta que el organismo se pronuncie sobre la petición presentada en relación con una presunta violación al derecho de acceso a la información pública contemplado en el artículo 13.1 de la Convención Americana”.

El gobierno mexicano tiene 10 días para contestar a esa medida que, de acuerdo con las reglas de la comisión, tiene el propósito de evitar “daños irreparables” a los derechos de los afectados.

De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, “en caso de gravedad y urgencia, y de acuerdo con la información disponible”, la comisión podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado de que se trate “la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas”.

El gobierno calderonista tiene que responder en la segunda semana de julio. Después, de forma periódica, deberá actualizar la información sobre el cumplimiento de la medida precautoria. Además, tiene dos meses, a partir de la fecha de notificación (el 2 de julio) para hacer observaciones a la denuncia presentada por Rodríguez Castañeda.

Las medidas tomadas por la CIDH son apenas el inicio del trámite, pues el organismo aún debe resolver si existen elementos para darle curso a la demanda.

Las dudas y la prisa

En su anuncio sobre las medidas cautelares, la CIDH aclaró que la solicitud de información al Estado mexicano “no constituye un prejuzgamiento” de la decisión que tome sobre la solicitud de investigar la presunta violación del mencionado derecho.

En la denuncia de hechos, el director de Proceso hizo ver que la adopción de medidas cautelares no implica que se prejuzgue acerca de los temas de fondo. No obstante, aseguró que el motivo de la petición “trasciende al simple acceso a las boletas solicitadas”, pues la intención es que la justicia internacional proteja en México el derecho a la información en materia electoral.

Si la comisión admite la demanda, sobre todo porque en la petición de la revista ya se agotaron los recursos internos, se pasará al análisis de fondo. De ser así, las partes tendrán dos meses más para presentar sus observaciones.

En caso de que la CIDH encuentre que con la negativa del IFE y de la Suprema Corte se violó el acceso a la información, podría emitir recomendaciones al Estado mexicano para que garantice ese derecho; de no cumplirse éstas, el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuya jurisdicción se encuentra sometido el Estado mexicano desde 1998.

En la reforma electoral del año pasado, el Congreso evitó legislar sobre la información en materia electoral al dejar intacta, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), la disposición que ordena la destrucción de las boletas una vez calificada la elección, sin prever las peticiones de información.

Las medidas cautelares requeridas por la CIDH al gobierno de Calderón pueden llevar a que el proceso electoral federal de 2009 inicie, en octubre próximo, con la obligación del IFE de conservar los paquetes electorales de las elecciones de 2006, contra lo que ha buscado el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita.

Sucesor de Luis Carlos Ugalde tras la crisis en que éste sumergió al IFE durante el proceso electoral, Zurita propuso, sin consultar con el resto del Consejo General del instituto, que antes de su destrucción las boletas fueran “exhibidas” al público.

El consejero presidente, quien se dice convencido de que las boletas son documentos de información pública, no pasó de esa declaración, consciente de que no tendría ninguna consecuencia jurídica.

Otro de los argumentos del IFE para apresurar la destrucción de las boletas es el costo de su conservación y vigilancia. Según estimaciones del propio instituto, cada mes gasta en promedio medio millón de pesos por el pago de renta y mantenimiento de las bodegas donde están resguardados los paquetes electorales.

Efectivos de las Fuerzas Armadas se encargan de vigilarlos. En respuesta a una petición de información por medio de la Ley de Transparencia, el Ejército aseguró que de los 3 mil 144 efectivos que destinó el 6 de junio de 2006 para custodiar la papelería electoral en los 262 consejos electorales, en marzo pasado se habían reducido a mil 310 elementos. En respuesta a la misma solicitud, la Marina dijo que actualmente tenía 115 efectivos dispuestos en 14 estados para ese propósito.

La denuncia de hechos por parte de Rodríguez Castañeda fue presentada ante el Secretariado Ejecutivo de la CIDH en Washington, el 24 de abril de este año, como consecuencia del fallo emitido en contra de la revista por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Proceso 1643).

Un mes antes, el 11 de marzo, en una votación dividida de seis a cinco, el pleno de ministros de la SCJN le negó a Rodríguez Castañeda un amparo que solicitó como vía para tener acceso a los paquetes de la elección presidencial.

La mayoría de los ministros impuso el criterio de que el amparo estaba relacionado con la materia electoral y no con el derecho de acceso a la información. Al definirlo como un asunto electoral, señaló que el amparo no procede cuando se trata de esta materia. En consecuencia, la SCJN abrió la puerta para la destrucción de las boletas al considerar que el sistema de elecciones en México la prevé, una vez calificada la elección.

Proceso había buscado la protección de la justicia mexicana ante la decisión del IFE de negarle desde 2006 el acceso a la papelería electoral. En una primera instancia, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa negó el amparo solicitado en contra de la negativa del IFE. Su argumento fue avalado por la SCJN.

Agotadas las instancias en el país, Rodríguez Castañeda presentó la denuncia a través de Graciela Rodríguez Manzo, abogada del Centro de Análisis e Investigación Fundar, que se ha encargado del caso en Washington.

La junta directiva de Fundar es presidida por el investigador de El Colegio de México Sergio Aguayo Quezada, a quien el IFE también le rechazó una petición de acceso a las boletas electorales.

Pero a diferencia de lo ocurrido con el amparo del director de Proceso, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa le concedió a Aguayo una orden de suspensión para evitar que el IFE destruya las boletas. Aún está pendiente la solución de fondo del recurso de protección.

El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) José Antonio Crespo se ha topado también con la negativa de la autoridad electoral. Él solicitó únicamente acceso a las boletas de la elección presidencial en su distrito.

Autor del libro 2006: hablan las actas: las debilidades de la autoridad electoral mexicana, Crespo sostiene que los resultados oficiales de la elección presidencial de hace dos años carecen de certeza, uno de los principios exigidos por el artículo 41 de la Constitución.

Después de revisar cada una de las actas electorales a partir de las cuales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró ganador a Calderón, el investigador es categórico: “No se puede saber quién ganó, no sabemos cuál fue la voluntad mayoritaria de los ciudadanos”.

En entrevista con Proceso (1649) explicó que el TEPJF debió declarar la nulidad de la elección porque en las propias actas electorales quedaron asentados cientos de miles de “votos irregulares”, que casi triplicaron la diferencia entre el panista Felipe Calderón y el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.

*Tomado de la revista Proceso.