Impunidad legalizada

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Como habíamos escrito el máximo tribunal del país avaló en los hechos que los grandes empresarios –los mismos autores de los anuncios de la guerra sucia en el 2006- puedan comprar espacios en radio y televisión sin mayores sanciones que pagar desde 52 hasta 26 mil pesos de multa. Todo debido a un “error” de los legisladores al redactar que la misma sería de el doble de los que hubieran costado con tarifa comercial. Ahora los “honestos” legisladores tendrán que volver a redactar esa parte de la ley, lo que puede tardar años, pues no conviene a sus intereses.

De esta manera se abre el camino a una nueva guerra de anuncios publicitarios al margen de la ley, que podrán ser sufragados por los grandes “hombres de negocios” –al amparo del poder y la impunidad-, para quienes la simbólica multa no es más que una broma de mal gusto.

Quienes truenan contra la medida son los medios electrónicos, pues para ellos la multa es más alta, de cinco millones de pesos, pero aún así podrán violar la ley, pues la cifra les representa una pequeña inversión, comparada con lo que perderían si llegara a la Presidencia de la República alguien que no esté ligado a sus intereses económicos y políticos.

Sin embargo, no todo está perdido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo los juicios de amparo que intelectuales al servicio del poder interpusieron con el falso argumento de que se las reformas electorales violan su libertad de expresión. Se esta manera los jueces –de 500 mil pesos al mes- podrán se salomónicos y permitir que en “programas de opinión” o emisiones “especiales” se haga propaganda a favor de algún candidato y en contra de otro, al amparo de la “libertad de expresión”. Claro de los poderosos, pues la inmensa mayoría de los ciudadanos, no tiene ni tendrá voz en dichos medios. Al cabo que dicen que somos tan ignorantes, que hasta nos hacen un favor al opinar por nosotros.

Lo mismo sucedió con la ley Televisa, una vez desechada en sus partes fundamentales por la Suprema Corte, duerme el sueño de los justos en la injusticia que cometen los “representantes populares” al no legislar de nuevo en más de un año. Eso mismo podemos esperar de las multas a particulares por contratar espacios publicitarios para agredir y difamar a los candidatos que no sean de su gusto e intereses. Viva México, país de leyes y de Estado de derecho.



El siguiente análisis fue tomado de la revista Proceso.



http://www.proceso.com.mx/




New`s divine, Las Secuelas


jenaro villamil

MEXICO, D.F., 8 de julio (apro).- Tardías, pero necesarias, las renuncias simultáneas de Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública, y de Rodolfo Félix Cárdenas, procurador capitalino, representan el fracaso de la doctrina de la “cero tolerancia”, importada por el gobierno capitalino hace seis años del exalcalde neoyorquino Rudolf Giuliani, y pueden significar el inicio de una nueva y más eficaz estrategia de seguridad pública no sólo para el Distrito Federal, sino para todas las demás entidades que glorifican la mano dura policiaca.

Las renuncias constituyen la secuela inevitable de los acontecimientos trágicos del 20 de junio en el New’s Divine. Mantenerlos en el cargo estaba minando no sólo la autoridad, sino la credibilidad del propio jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y por supuesto mandaba la peor señal para una sociedad como la del Distrito Federal, esperanzada desde hace 10 años en que los gobiernos de izquierda representen una nueva forma de enfrentar la inseguridad pública sin que esto desemboque en la escalada de abusos, discriminación e impunidad, que son características de la “mano dura” a nivel federal.

Sin embargo, el caso no está cerrado. El informe presentado esta mañana por el ombudsman capitalino Emilio Alvarez Icaza planteó acusaciones muy severas contra el mando de la SSP y dejó entrever serios problemas de negligencia y encubrimiento en la PGJDF. También dejó entrever que la estructura de negociación política de la administración capitalina, en especial la Secretaría de Gobierno, ha estado ausente en esta estrategia de “mano dura” y de operativos policiacos contra los antros.

Los dos informes previos a ambas renuncias contenían un elemento que llama poderosamente la atención: la ausencia o la nula participación de la Secretaría de Gobierno capitalina, la instancia responsable de la protección civil, la gobernabilidad, la interlocución política y el respeto a los derechos humanos, en la tragedia que desembocó en la muerte de 12 personas y en la peor crisis para el gobierno de Marcelo Ebrard.

La Secretaría de Gobierno no se ha pronunciado y preocupa especialmente que un asunto tan delicado se siga concentrado sólo en la investigación policiaca y en los abusos ministeriales, sin que se valore el problema de gestión política que se deja entrever.

El ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, reconstruyó y puntualizó muchas de las interrogantes que quedaron pendientes con el informe del procurador Rodolfo Félix Cárdenas. El procurador insistió en concentrar la responsabilidad en el exmando de la Unipol, Guillermo Zayas y ventiló algunos de los testimonios que confirman la brutalidad policiaca contra los jóvenes detenidos. El informe de la procuraduría resultó no sólo una exoneración adelantada al titular de la SSP, Joel Ortega, sino también una autoexoneración. Ni el más mínimo cuestionamiento hacia la PGJDF fue capaz de realizar su titular Félix Cárdenas.

En contraste, la CDHDF subrayó lo que desde hace dos semanas se ha señalado como la causa primaria de esta tragedia: la insistencia de criminalizar a los propios jóvenes y la incapacidad para planear un operativo, cuyo uso y abuso de la fuerza no es justificable ni explicable sólo con la incapacidad de Guillermo Zayas y los mandos intermedios.

“El objetivo real del operativo fue el de asegurar a un grupo numeroso de personas (…) cuya falta más grave, por así decirlo y en todo caso, era la de consumir cerveza”, aseveró Alvarez Icaza en su informe.

No le corresponde a la CDHDF, pero sí al jefe de Gobierno capitalino tomar una decisión fundamental ante las secuelas del New’s Divine: modificar el control y la planeación policiacas y judiciales para que sea la estructura de la Secretaría de Gobierno la que tenga el mando y el control de este tipo de operativos. Un buen inicio es la remoción de Ortega y de Félix Cárdenas, pero será insuficiente sin una revisión a fondo.

Han hecho falta criterios de gobernabilidad, de inteligencia –en el sentido más amplio del término y no sólo en la visión limitada y persecutoria del espionaje contra el narcomenudeo--, de convivencia social y de elemental respeto a la integridad física y a la vida humana de las víctimas. No basta con la indemnización a las familias si no se realiza una auténtica revisión política al principio de mano dura que ha guiado estos operativos en la capital de la República en los últimos cuatro años.

Ya vimos lo que genera en la Ciudad de México importar la cultura de la “tolerancia cero” que aplicó Giuliani en Nueva York, sin romper con los lazos de impunidad y corrupción reales. En Guanajuato las autoridades panistas aún creen que pueden reproducir las torturas de Abu Graihb en los entrenamientos policiacos. En todo el país, el combate al narcotráfico se ha convertido en un absoluto que justifica toda violación posible, incluyendo asesinatos, detenciones irregulares, allanamientos.

Si una lección se puede derivar de las secuelas trágicas del New’s Divine es que la izquierda en el gobierno cuando actúa bajo los mismos parámetros represivos y de exceso en el uso de la fuerza policiaca, pierde su identidad, pierde legitimidad y, sobre todo, se emparenta en la impunidad con los gobiernos de viejo cuño priista y de delirio militarista del PAN.

Email: jenarovi@yahoo.com.mx