Histeria de la derecha PRIANista

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores

El fallido operativo en el tugurio llamado News Divine que derivó en la muerte de12 personas ha servido de nueva cuenta para el linchamiento mediático por parte de los poderes fácticos. Y no es que se pretenda minimizar las muertes, es de elemental justicia que todos los culpables sean llevados ante un juez y se aplique la ley. Sin embargo, el tratamiento en los medios electrónicos es de linchamiento y ya se piden las cabezas del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard y del de la policía capitalina, Joel Ortega.

Si por los hechos ocurridos en ese antro tuvieran que ser juzgados los mencionados servidores públicos, el pelele Felipe Calderón Hinojosa, los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz; del Estado de México Enrique Peña Nieto y de Puebla Mario Marín, todos ellos del PRI y PAN, deberían estar con sus huesos en la cárcel.

El primero por delitos electorales y el asesinato –no muerte imprudencial como en el caso de News Divine- de decenas de personas en los “operativos” del ejército a lo largo y ancho del país. Familias completas, incluidos niños, han sido asesinados por “errores”, que luego quieren ser cubiertos acusando a los ciudadanos de haber atacado a los militares.

Que decir de la actuación de José Luis Soberanes al frente de la CNDH quien justificó junto al usurpador Calderón Hinojosa el asesinato y violación de la anciana e indígena veracruzana Ernestina Ascencio a manos del ejército y dictaminó que murió de una gastritis mal atendida.

Por diversos medios el jefe policiaco de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, a denunciado con pruebas a Genaro García Luna, Secretario de Seguridad federal del desgobierno espurio, por corrupción y negligencia sin que hasta la fecha se haya actuado en su contra.

Que decir del asesino de Oaxaca Ulises Ruiz, quien es acusado de decenas de muertes por la represión en esa entidad. Todas ellas documentadas. Y del otro gobernador del PRI Enrique Peña Nieto que tuvo participación directa en el asalto en 2005 al pueblo de San Salvador Atenco, donde fueron violadas mujeres por parte de la policía estatal y federal y muerto al menos un joven.

En todos los casos la línea es la misma: impunidad. El cobijo de Televisa, TV Azteca y las cinco familias que controlan la radio en el país ha sido el mismo. Ni linchamiento, ni esclarecimiento, ni información. Sólo justificación y ocultamiento.

Dentro de tanta impunidad y opacidad en los desgobiernos del PRI y PAN (PRIAN) Marcelo Ebrard dio a conocer ayer dos videos y una fotografía que apunta a errores graves en el operativo del pasado viernes. A consecuencia de ello el jefe policiaco que estuvo al mando de la acción está en calidad de detenido –acusado de homicidio culposo-, además de comprometerse a llevar a todos los culpables ante la justicia.

La prensa escrita y los medios electrónicos desde el pasado viernes han continuado con la farsa al pedir la renuncia de todos, minimizando el hecho de que sea el propio Ebrard quien dio la cara e hizo públicos los videos en lugar de ocultar la información, como lo hace el desgobierno usurpador de Calderón Hinojosa. ¿Así pidieron la renuncia de Peña Nieto, Mario Marín o Ulises Ruiz? Claro que no, éstos pagan fuertes sumas al duopolio televisivo y a sus lectores de noticias.

El hecho no es nada nuevo ya pasó con la muerte de Francisco “Paco” Stanley. En ese tiempo de TV Azteca quien exigió la renuncia del entonces jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas. Por semanas continúo el linchamiento hasta que se supo que fue asesinado por estar relacionado con el narcotráfico. Después la televisora bajo de tono el linchamiento aunque nunca lo retiró por completo de la pantalla.

En el colmo de la histeria de los lectores de noticias de radio, televisión y de las bien pagadas plumas de la prensa, se han comparado los sucesos del viernes en News Divine, con la matanza del Jueves de Corpus en 1971. Semejante estupidez sólo puede provenir de una campaña de linchamiento orquestada desde los poderes fácticos y desde la presidencia espuria.

Los 12 muertos del pasado viernes se debieron a las malas decisiones de los jefes policiacos encargados del operativo y a la corrupción de la delegación Gustavo A. Madero para otorgar permisos, además de los inspectores encargados de verificar el uso y funcionamiento del inmueble y de los jueces que conceden amparos para que giros negros funcionen. Como principal responsable está el dueño del picadero que vendía licor y drogas a menores de edad.

En cambio el 10 de junio de 1971 se trató de un crimen de Estado que involucra –como está demostrado- al asesino expresidente priísta Luis Echeverría Alvarez, al ejército, a la policía capitalina, al Regente del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez –quien falleció en total impunidad-, a los medios de comunicación escritos y electrónicos de la época, a los grandes empresarios de ese entonces y sin duda al alto clero católico de ese entonces.

Infinidad de documentos escritos, fotografías y videos muestran que se trató de una trampa en contra de los estudiantes que pacíficamente se manifestaron ese día. El cuerpo parapolicial y paramilitar llamado Halcones fue utilizado para asesinar a los indefensos estudiantes. Fue pues la continuación de la matanza del 2 de octubre de 1968 y de la guerra sucia que encabezó el asesino Echeverría Alvarez. Todo con el poder del Estado Mexicano.

Por ello no puede haber comparaciones más que en la estúpida histeria de la derecha fascista y de sus testaferros.


Los siguientes materiales fueron tomados de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx

SSP: Publicidad engañosa


Ricardo Ravelo

Preocupado por el despliegue de publicidad oficial sobre supuestos logros en el combate a la delincuencia organizada, el excoordinador de Seguridad Regional de la PFP, Javier Herrera Valles, se aseguró de que el presidente Calderón conociera la verdadera situación de la Secretaría de Seguridad Pública: en una nueva carta expone las mortales consecuencias que tiene el manejo caprichoso de los mandos y el encubrimiento de fallas en los programas tecnológicos por parte del titular de la dependencia, Genaro García Luna.

El presidente Felipe Calderón y su Gabinete de Seguridad celebran reiteradamente que, según ellos, le van ganando la guerra al crimen organizado, pero la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sigue hundida en el desorden: improvisación, corrupción administrativa, fallas técnicas, programas incumplidos y proyectos “maquillados”, entre otros vicios.

Parte de este caos que priva en la SSP se desprende de la segunda carta que envió Javier Herrera Valles, comisario y excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), al presidente Felipe Calderón, en la que denuncia la corrupción y lo que él llama “las mentiras del titular de la SSP, Genaro García Luna”.

Herrera envió la primera carta a Calderón en febrero pasado (Proceso 1637), y al igual que ahora le anexó documentos oficiales que demuestran sus señalamientos. Asegura que esta misiva, de ocho cuartillas a renglón seguido y con fecha del 7 de mayo, fue recibida en la Presidencia el 22 del mismo mes, antes de que los tentáculos de García Luna la confiscaran.

En ella el denunciante describe cómo García Luna utiliza a la SSP como empresa particular, pues sacrifica al personal capacitado para dar cabida a “amigos, familiares y recomendados, quienes ostentan altos puestos y grados jerárquicos”.

En cuanto a las fallas de las operaciones contra el crimen, Herrera Valles dice en entrevista con Proceso que García Luna presume de contar con tecnología de punta, sistemas satelitales y archivos digitalizados con registros criminales de todo el país, pero eso no es cierto, dice, pues al ponerlos en uso muestran fallas recurrentes, ya que las bases terrestres que realizan los operativos no tienen acceso a esos datos, lo que a menudo deriva en falta de comunicación, descoordinación y constantes matanzas de policías.

Falsa seguridad

Herrera Valles ha sufrido represalias por sus denuncias, y responsabiliza de ello a García Luna.

“Desde febrero de este año –afirma– me suspendieron el sueldo y la SSP me notificó que daban por concluido mi cargo” de coordinador de Seguridad Regional. Un mes después, el 18 de marzo, de los 536 integrantes de la última generación de policías egresados, le comunicaron “únicamente al mayor de mis hijos” la conclusión del período de prácticas de su servicio en el aeropuerto de Monterrey. Actualmente está concentrado y sin tener comisión en la Dirección General de Puertos y Fronteras, en tanto que el hermano del Herrera Valles, José Ángel Herrera, “fue relevado como encargado de la subsede de Izúcar de Matamoros”.

Según Herrera Valles, estas presiones y “el seguimiento personal que traigo” los ha ordenado García Luna.

–¿Usted cree que el presidente está siendo engañado o que todo es parte de un juego de intereses en el que sólo los hombres del poder saben a qué juegan en el combate al narcotráfico?

–Yo creo que lo están engañando. Genaro García Luna habla de nuevos proyectos, de tecnologías de punta, cuando nada de eso está funcionando; continúa con sus campañas mediáticas, adjudicándose como propios logros de otras instituciones. Todo esto parece un circo, y duele decirlo, pero hay que reconocer que la lucha contra el crimen es pura improvisación.

El lunes 16, el presidente Felipe Calderón acudió a Iztapalapa, donde fueron inauguradas las fastuosas instalaciones del llamado Centro de Mando de la Policía Federal, cuya capacidad permitirá, dijo García Luna, “un rápido despliegue de efectivos hacia el oriente del Distrito Federal y estados vecinos”.

Las instalaciones son ocupadas por más de mil 200 elementos, muchos de ellos de reciente ingreso a la policía. Cuentan con patios, cocinas, dormitorios y parque vehi-cular nuevo.

Ramón Eduardo Pequeño García, coordinador de Seguridad Regional de la SSP, dijo que el propósito de esta corporación es que a finales de 2009 tenga la capacidad para movilizar a los agentes necesarios hacia cualquier parte del país.

Pero otra es la realidad del Centro de Mando, según dice Herrera Valles: “Hasta poco antes de su inauguración no tenía agua: se suministraba con pipas; tampoco había luz, el fluido eléctrico era alimentado por plantas rentadas; peor aún, el sistema GPS, también llamado Conducción Operativa en Tiempo Real, no funciona, pues de las 4 mil patrullas de que se dispone, menos de 100 tienen instalado este programa y sufre fallas con frecuencia.

–¿Entonces no hay posibilidades de comunicación en tiempo real para coordinarse en los operativos y hacer frente a la delincuencia? –se le pregunta al comisario.

–No. Esta es una de las grandes mentiras de García Luna, pues durante las pruebas que se llevaron a cabo el sistema mostró fallas, ya no digamos para comunicarse de un estado a otro, sino desde el propio Centro de Mando no podía lograrse la comunicación a la zona de Izcalli, por ejemplo.

De acuerdo con Herrera Valles, en el Centro de Mando no hay nada nuevo, pues el proyecto “es un refrito” de la Plataforma México –el sistema informático y de registros criminales más ambicioso en materia de seguridad pública– anunciado por García Luna en febrero de 2007, cuando ofreció la construcción de 500 estaciones de policía iguales a la de Iztapalapa.

Durante la inauguración de las instalaciones de Iztapalapa, García Luna ya no habló de 500 estaciones, sino de 40 por año en las principales ciudades y en las entidades con mayores índices delictivos. De acuerdo con Herrera, muchas de esas nuevas instalaciones que se anuncian son las mismas que ocupa la Policía Federal de Caminos, que seguramente serán remodeladas.

Según la información oficial sobre el llamado Centro de Mando, éste se conectará con la Plataforma México, que en teoría nutre de información y antecedentes sobre la criminalidad del país a las unidades desplegadas en todo el territorio nacional.

Sin embargo, de acuerdo con la información que ofrece Herrera Valles y con otros datos corroborados por Proceso dentro de la SSP y entre mandos policiacos, los archivos de información criminal están incompletos debido a que no todos los gobernadores del país han cumplido con la entrega de la información que se les pidió desde febrero de 2007, cuando se dio a conocer el proyecto.

A un año y medio de distancia, tampoco se ha logrado la interconexión con las principales dependencias, y menos todavía con las entidades federativas, lo que limita hasta ahora que las fuerzas terrestres acudan a las regiones más violentas del país reforzadas con datos y antecedentes de los grupos criminales a los que se van a enfrentar.

Pese a estas fallas, García Luna da como un hecho que la Plataforma México se conectará con la base de datos de la Interpol para que policías mexicanos puedan consultar información criminal de 186 países.

Y es que, con base en su experiencia –estuvo al frente de los operativos de Michoacán, Guerrero y la ciudad de Tijuana, entre otros–, Herrera Valles dice que la PFP no cuenta con un mapa delictivo para conocer qué grupos de narcotraficantes operan en cada zona del país.

Recientemente presentaron el Sistema Único Criminal para la consulta de datos sobre personas, vehículos y armamento. Al respecto dice Herrera: “Supe que había una clave para acceder a esos datos, pero me enteré de que las 34 comandancias de Región no tienen la clave para bajar los datos que necesitan, y menos las 143 comisarías”.

Sin la cobertura nacional mediante el sistema GPS ni el refuerzo de las bases de datos sobre la movilización de la delincuencia, la lucha contra el narcotráfico no puede ser eficaz y, de acuerdo con Herrera Valles, a eso se debe que las bases terrestres estén siendo masacradas por los criminales, ya que los policías no disponen de información “ni para salir corriendo” en caso de emergencia.

Esto se evidenció el 27 de mayo pasado, cuando siete agentes federales –Alejandro Avilés Vargas, Fabián Rosales Guzmán, Eleuterio Vela Salomón, Javier Cruz Eleuterio, César Antonio Alonso Cardona, Rogelio Felipe Izalde y Roberto Ventura Ramírez– fueron asesinados con granadas y otras armas de alto poder en Culiacán, presuntamente por un comando relacionado con el cártel de Sinaloa.

Así mismo, presuntos narcotraficantes atacaron un convoy de policías federales en Navojoa, Sonora, el pasado 16 de junio, donde murieron Omar Lendón Espinoza, suboficial de la PFP, y el inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes José Cruz Flores Gaytán.

A esas mismas fallas de inteligencia y de coordinación atribuye Herrera los daños por la acción perpetrada la madrugada del jueves 19 en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco, que presuntos exmilitares atacaron con granadas de fragmentación.

Ventajas a la delincuencia

En su carta, Herrera Valles afirma que si bien García Luna dice públicamente que la selección del personal de la SSP es rigurosa, en la práctica se fomenta la improvisación y con ello se le da ventajas al crimen organizado, pues se incorporan funcionarios que reprobaron los exámenes de confianza o bien se pasa por alto ese requisito legal.

Destaca el caso de Humberto Martínez González, exjefe de García Luna en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien tiene 67 años y rebasa la edad máxima para el ingreso.

La vejez de su amigo y su deterioro físico no impidieron que García Luna lo metiera en la SSP. El 2 de octubre de 2007, “sin presentar los estrictos exámenes de Control de Confianza” –dice la carta–, lo nombró director general de Apoyo Técnico; le otorgó la plaza PF003, el grado de comisario general y un sueldo de 190 mil pesos mensuales.

Según los datos que ofrece Herrera Valles, el presidente Calderón también ha solapado el nepotismo de García Luna: Esperanza García Luna, hermana de Genaro, es la directora general de Delitos Cibernéticos de la PFP y devenga el mismo salario que Martínez González, sin tener carrera policial.

A la ausencia de un hilo conductor de la política contra el narcotráfico se suma la falta de preparación del personal de la SSP, lo que es grave en los mandos que están al frente de las operaciones contra la delincuencia organizada.

Es ilustrativo el caso de Benito Roa Lara, excolaborador de García Luna en la Agencia Federal de Investigación: ingresó a la SSP con el grado de inspector general y director general de Secuestros “sin los estudios correspondientes”, como la enseñanza media superior, y sin haber presentado los exámenes de control de confianza, ambos requisitos indispensables para trabajar en la Policía Federal Preventiva.

Tras descubrirse que el funcionario no contaba con estudios de preparatoria, el 1 de febrero de 2007 el propio Roa Lara le dirigió una carta a Ardelio Vargas Fosado, entonces presidente de la Comisión del Servicio Civil de Carrera Policial de la PFP, en la que acepta no tener estudios de preparatoria:

“Por lo que (…) me comprometo voluntariamente, con fundamento en el artícu-lo 55, párrafo segundo, del reglamento de la Policía Federal Preventiva, a presentar en un término no mayor de tres años a partir de la fecha de mi ingreso condicionado a la Policía (…) la documentación oficial en original que acredite fehacientemente la conclusión de por lo menos mis estudios correspondientes a la enseñanza media superior o equivalente.”

Lo extraño es que, para acreditar sus estudios, el habilidoso funcionario entregó a la SSP una constancia otorgada por el Instituto Tecnológico del Valle de México. El documento lo firma Johana Becerril Rocha, directora de la escuela, y está fechado el 16 de enero de 2007, es decir, antes de que Roa Lara se comprometiera con Vargas Fosado a entregar, en un plazo de tres años, su certificado de estudios.

No es todo: de acuerdo con la carta, Heady Yesel Cruz y José Becerril Ramírez ingresaron a la institución hace más de un año, sin presentar los exámenes de control de confianza. Aun así –expone Herrera–, “les pretenden regularizar su permanencia en la PFP”. Según el oficio SEIP/PFP/CRS/DGAEA/2398/07, fechado el 7 de febrero de 2008, ambos funcionarios “rebasan la edad máxima requerida para los grados de escala básica”.

Herrera Valles expone en su carta: “El 25 de junio de 2007, el ingeniero García Luna, en conferencia de prensa y (en) el boletín 212, informa (sobre) el relevo de 284 mandos superiores de la AFI y de la PFP en cumplimiento (de) las instrucciones presidenciales, en el sentido de aplicar estrictos controles de confianza a la Policía Federal, con especial énfasis a la ética, la disciplina y la calidad, para garantizar su honestidad, transparencia y eficacia…

“Como le informé en mi carta anterior, el ingeniero García Luna le mintió, ya que a 12 mandos superiores de la AFI no los concentró en un esquema integral de formación, ni utilizó la seriedad en los estrictos exámenes de control de confianza, ya que ingresó a la PFP a esos 12 elementos, de los cuales siete no aprobaron los exámenes citados y todos ellos ostentan el grado de comisarios.”

Otros casos que menciona Herrera en su carta son los de Nahum García (amigo de García Luna) y otras siete personas que ingresaron a la SSP sin aprobar los exámenes de confianza y mediante un acuerdo del Comité de Reclutamiento.

Para acelerar esos trámites, García Luna dispone de los servicios de Osvaldo Luna Valderrábano, jefe del Estado Mayor de la PFP, quien agiliza “el ingreso del personal que no aprobó los exámenes de control de confianza”.

En la carta, Herrera añade que a los titulares de las 143 comisarías de Sector, que deben tener el cargo de director de área, y a los de 32 comisarías de Aeropuerto, cuyos responsables deben ser subdirectores, “actualmente no se les ha regularizado el sueldo correspondiente”.

De acuerdo con el análisis de Herrera Valles, todos estos desajustes e ingresos por recomendación o “amiguismo” provocan “desequilibrio en la estructura de la Coordinación de Seguridad Regional, en términos de peso funcional, responsabilidades asignadas, cadena de mandos y tramos de control, lo que da lugar a que integrantes de la Policía Federal Preventiva con probada experiencia y capacidad, con años de antigüedad en la institución, les concluyan el cargo sin justificación” o los presionen “para obligarlos a renunciar a sus cargos”.

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El nuevo miedo: desaparecer


Gloria Leticia Díaz

A pesar de que poca, muy poca gente se atreve a denunciarlos, durante el gobierno de Felipe Calderón se han cometido más de 600 desapariciones, entre “levantones” anónimos y desapariciones forzadas cometidas por el Estado. De acuerdo con una investigación realizada por Proceso, la cifra real es incalculable porque, en medio de la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico, las familias de presuntos delincuentes y de activistas políticos y sociales tienen miedo de denunciar la desaparición de sus parientes –secuestrados muchas veces por policías o militares– debido a que las autoridades las relacionan con el narco…

A las más de 4 mil ejecuciones ocurridas durante la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico, se suman por lo menos 600 “levantones” y desapariciones forzadas que, en numerosos casos, han sido cometidos por fuerzas policiacas y militares de la presente administración.

Aunque las cifras oficiales al respecto son menores, la reportera obtuvo ese número aproximado recabando información de instituciones públicas, de medios de comunicación y de agrupaciones de derechos humanos, las cuales explican las diferencias estadísticas por el hecho de que, en el presente gobierno, son pocas las familias que superan el miedo y denuncian formalmente las desapariciones forzadas de sus parientes.

A pesar de que, en 2007, el Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos (Predes) de la CNDH dio cuenta de 43 desapariciones –23 verificadas en el presente sexenio–, y no obstante que Amnistía Internacional (AI) emitió un informe acerca de este fenómeno en México, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, declaró el 27 de mayo pasado que el actual gobierno “no tiene ni presos políticos ni desaparecidos”.

Consultada al respecto, la senadora Rosario Ibarra manifiesta: “¿Quién le puede creer a Mouriño cuando dice que en México no hay desaparecidos? Claro que ahora les llaman ‘levantones’, vocablo terrible que inventaron para asociarlo a otros dos fenómenos, ‘delincuencia organizada’ y ‘narcotráfico’, lo cual es una maña calculada del gobierno ilegítimo de Calderón para quitarse de problemas”.

En entrevista, la senadora perredista comenta que, a diferencia de las más de 500 desapariciones ocurridas durante la guerra sucia, “cuando estábamos seguros de que los que se llevaron a nuestros seres queridos eran la Dirección Federal de Seguridad, la policía de Arturo Durazo en el Distrito Federal y el Ejército, ahora no se sabe quiénes son los responsables. Eso llena de miedo a los familiares de las víctimas y por eso no denuncian”.

Rosario Ibarra es integrante de la comisión mediadora para la localización de los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos el año pasado, Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, casos en los que se ha documentado la intervención policiaca. También es presidenta del Comité Eureka y representa, además, a los familiares de 38 trabajadores petroleros desaparecidos este año en Cadereyta, Nuevo León.

Así mismo, la legisladora ha recibido información en el sentido de que en Oaxaca ha habido otras 32 desapariciones forzadas y tres más en Michoacán durante el presente gobierno, en tanto que el EPR, en un comunicado del pasado 11 de junio, denunció 75 desapariciones forzadas, incluidas las de sus dos compañeros.

Por su parte, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Fedefam) y su filial mexicana, Afadem, reportaron que hasta el 11 de junio se habían producido 78 desapariciones forzadas. Dos días después de esa fecha, según el secretario técnico de Afadem, Julio Mata Montiel, hubo un nuevo caso en Puebla.

Luego de confirmarse que al menos una veintena de desapariciones forzadas del calderonismo están relacionadas con el activismo político o social de sus víctimas, Édgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT), señala que en muchas ocasiones los desaparecidos nada tienen que ver con esas prácticas ni con actividades delictivas.

“En todas las guerras –dice–, quien paga una buena parte de los costos de las mismas es la población civil. Muy probablemente una buena parte de esta gente ejecutada y desaparecida estará implicada, pero otra parte de ella nada tenía que ver en el problema. Esas personas se convierten en mera estadística… más los ejecutados que los desaparecidos… porque de éstos poco se sabe.”

En entrevista con Proceso, Cortez aclara que, a pesar de haber recibido información de agrupaciones agremiadas sobre la proliferación de las desapariciones forzadas de personas en México, no hay una cifra exacta “por el miedo de la gente a denunciar”.

Al temor, continúa, se suma la desconfianza de los ciudadanos en las autoridades, muchas de ellas “infiltradas por la delincuencia”. Tanto las ejecuciones como las desapariciones “no se investigan de manera automática. Se dice que una desaparición es un ajuste entre bandas o parte de la guerra entre los grupos de narcotráfico, como si eso fuera una justificación para no investigar. Hay enormes omisiones en términos de la procuración de justicia, es decir, de la investigación de los delitos para juzgarlos y castigarlos…”

Acciones policiacas y militares

En Chihuahua, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedhch), que ha recabado 64 quejas contra miembros del Ejército Mexicano en lo que va de este año, documentó la desaparición forzada –atribuida a militares el 31 de mayo pasado– de Fabián Cruz Torres.

De 40 años, Cruz Torres fue detenido junto con otras nueve personas por un grupo de soldados que los llevaron a las instalaciones de la V Zona Militar, donde fueron torturados en el llamado Campo “C” mientras eran interrogados sobre los distribuidores de mariguana de su colonia.

Así lo denuncia en Ciudad Juárez Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de atención a víctimas de la Cedhch, y agrega:

De los 10 detenidos, ocho fueron liberados, y uno ellos, Ricardo Pérez, fue consignado cuatro días después acusado de portar un arma calibre .22. Pero de Fabián Cruz Torres, enfermo de esquizofrenia, hasta la fecha no se sabe nada.

“En la PGR nos dicen que nunca llegó, y el área de Derechos Humanos del Ejército asegura que no lo tienen –indica De la Rosa–. Sin embargo, contamos con información fidedigna de que su nombre aparece en la bitácora de la enfermería de la V Zona Militar, donde fue atendido por un médico de grado mayor.

“Hemos de tener unas 50 quejas específicas, con unos 100 afectados, de personas denunciando a militares que los retienen, los torturan e interrogan por seis o 10 días y luego los sueltan, pero el de Fabián es el caso más grave”, apunta.

En Ciudad Juárez se han registrado, sólo de enero a abril de este año, 33 levantones de personas. De ellas, 26 permanecen desaparecidas. El resto aparecieron ejecutadas, de acuerdo con la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Cosyddhac).

A su vez, la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad ha asumido el seguimiento de 24 desapariciones forzadas ocurridas en Baja California de 2006 a la fecha.

Alma Díaz, coordinadora de la agrupación, explica que “cuando se trata de ajustes de cuentas, los levantados aparecen días después muertos, pero cuando los autores de detenciones son autoridades, o al menos eso parecen, nunca se vuelve a saber de las víctimas”.

El pasado 12 marzo, Alma Díaz entregó a la esposa del presidente Calderón, Margarita Zavala, de gira por Mexicali, una carta –Proceso tiene copia– donde la Asociación Esperanza apela a “su corazón de madre, hermana e hija de familia” para que las autoridades judiciales trabajen en sus casos.

A la misiva le adjuntaron una relación de 44 víctimas de desapariciones forzadas ocurridas en Baja California durante los gobiernos federales panistas, 24 de ellas en la administración de Felipe Calderón, de las cuales se encarga esa agrupación civil. “Con Vicente Fox –observa Alma Díaz– nos avisaban que habían recibido la información, pero con éste (Calderón) ni siquiera eso”.

Lamenta la conducta de la CNDH ante el fenómeno: “En 2000, logramos que viniera a Mexicali el encargado del Programa de Presuntos Desaparecidos, Tomás Serrano; se llevó toda la información de los asuntos que teníamos hasta ese momento, y no volvió ni emitió ninguna recomendación. Eso sí, nos pidió que lo lleváramos a San Diego a comprar perfumes”.

Mientras tanto, en Sinaloa, las desapariciones forzadas atribuidas a cuerpos policiacos han sido registradas por el Frente Cívico Sinaloense (FCS) y por el expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Óscar Loza Ochoa, ahora regidor en Culiacán.

Mercedes Murillo, del FCS, lleva el caso de Vicente Raúl Ontiveros Avendaño, quien fue detenido la madrugada del 4 de junio en su casa de la colonia Nuevo Bachigualato.

“La información que nos han proporcionado los familiares es que el 4 de junio en la madrugada llegaron cinco camionetas de la Policía Federal Preventiva (PFP). Los agentes, todos, iban cubiertos del rostro y se metieron de manera por demás violenta a la casa del señor Ontiveros.

“Supuestamente buscaban drogas, porque según ellos recibieron una llamada anónima; además de detenerlo, los agentes se llevaron tres televisores, dos DVD, una laptop, un lote de joyas, celulares y una camioneta. Ésta ya apareció, pero no el señor Ontiveros. Los familiares tomaron los números de dos patrullas en las que iban los agentes: 12419 y 12347.”

Para la defensora de derechos humanos, “lo peor del caso es que a nosotros, por representar a las víctimas, se nos acusa de estar del lado de los narcotraficantes. Nos encontramos en estado de indefensión, pero no podemos callarnos”.

Óscar Loza destaca que “hay un temor generalizado de la población a denunciar, porque en este ambiente de militarización la gente teme ser víctima de represalias. Además, cuando las autoridades califican a los desaparecidos como posibles delincuentes, la gente entra en un estado de incertidumbre”.

En su edición número 1639, este semanario dio cuenta del seguimiento que Loza Ochoa daba a los casos de José Luis Ramírez y de Jesús Armando Sarabia, desaparecidos el 22 de enero y el 10 de marzo, respectivamente. Ahora sigue también los de Luis Ernesto Reyes Durán y Pablo Gerardo Nájera Urías, desaparecidos el 9 de marzo y el 2 de abril, en ese orden. En todos ellos, expresa, hay indicios de la participación de cuerpos policiacos.

Pablo Gerardo es hermano de Omar Nájera Urias, presentado el 31 de abril con otros 12 individuos como presuntos sicarios por el entonces comisionado de la PFP, Édgar Millán, posteriormente asesinado.

“Cuando la mamá se enteró, fue a verme y me dijo que ya no iba a seguir buscando a Pablo Gerardo, que le daba mucha vergüenza por su otro hijo. Yo la reanimé y le dije que no era un asunto de vergüenza, que afortunadamente su hijo Omar fue presentado y tenía el derecho de ser juzgado, pero que si su hijo Pablo había cometido algún delito, las autoridades tenían la obligación de presentarlo y juzgarlo, y que su desaparición seguía siendo un delito”, cuenta Loza Ochoa.

Negligencia criminal

En Guerrero, otra entidad severamente golpeada por la “guerra” contra el narcotráfico, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados reporta 138 “levantados”, 18 secuestrados y 504 asesinados de diciembre de 2006 a mayo de este año.

Javier Monroy, coordinador de dicho comité, que da seguimiento a 10 desapariciones forzadas y a dos asesinatos, denuncia que las autoridades “insisten en vincular estos asuntos a la delincuencia organizada, sin ningún sustento, sólo por evadir su responsabilidad. Y todo ello sigue alimentando las sospechas de que algo saben y lo esconden, lo que implica impunidad y posiblemente complicidad”.

Según cifras oficiales de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum) y la organización de Monroy, durante el gobierno del perredista Zeferino Torreblanca ha habido 28 desapariciones forzadas, 18 de ellas ocurridas en los primeros 11 meses de 2007, es decir, durante el primer año de gobierno de Calderón (Proceso 1626).

En Tamaulipas se han reportado por lo menos 130 personas desaparecidas en lo que va del sexenio, la mayoría en hechos relacionados con el crimen organizado. la directora del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos de Reynosa (Cefprodhac), Rebeca Rodríguez, puntualiza que “de cada 10 desapariciones que se registran en la frontera, si acaso una es denunciada actualmente”.

El Cefprodhac documentó un caso en el que intervinieron agentes federales que, al realizar una redada contra taxistas, se llevaron hasta a los pasajeros. Los condujeron “a veredas donde los desnudaron y los sometieron a interrogatorios sobre quién y dónde se vendía droga”.

Por este asunto, continúa, hay tres personas que siguen desaparecidas, pero ninguna de ellas ni sus familias han presentado una denuncia formal. Es más, añade, los agentes del Ministerio Público se niegan a integrar averiguaciones por estos casos, y cuando lo hacen, no hay investigaciones.

En 2007, el Cefprodhac contabilizó 81 personas desaparecidas hasta noviembre de ese año, de las cuales 31 no han reaparecido, mientras que en lo que va de 2008 se han producido 17 desapariciones.

De acuerdo con las estadísticas de la Policía Ministerial del Estado (PME), se han recibido 90 denuncias por desaparición forzada –sin incluir el municipio de Reynosa– y las víctimas no han sido localizadas.

En Nuevo León y Coahuila el miedo de la población a denunciar las desapariciones forzadas se ha traducido en que no haya registros oficiales de las mismas.

Pero, en Nuevo León, los medios locales han informado de 88 “levantones” en 2007 y de 36 en lo que va de 2008, así como de tres secuestros, en tanto que en Coahuila cifras extraoficiales hablan de 50 “levantones” al mes, pero sin denuncias formales.

Algo similar sucede en Michoacán, donde la delegación de la Procuraduría General de la República tiene 20 expedientes de desapariciones forzadas en lo que va del sexenio. Entre éstas se encuentran: la del exmilitante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) Francisco Paredes Ruiz, ocurrida el 26 de septiembre de 2007; la de los periodistas Mauricio Estrada Zamora, de La Opinión de Michoacán, y la de Axel Christian López Cruz, desaparecidos el 14 de febrero y 20 de julio, respectivamente. Así mismo, las de Jesús Bustamante y Eduardo García, policías ministeriales de Guanajuato, que desparecieron el 25 de marzo pasado entre los límites de La Piedad, Michoacán, y Santa Ana Pucuato, Guanajuato.

En el estado panista de Guanajuato, la delegación de la PGR tiene un registro de 43 personas desaparecidas originarias de esa entidad, casos de los cuales 12 han sido denunciados de 2006 a la fecha, mientras que en Tabasco la violencia ha cobrado 30 ejecuciones, unos 60 “levantones” y secuestros y cinco desapariciones forzadas.

Entre las desapariciones sobresale la del reportero del diario Tabasco Hoy Rodolfo Rincón, especializado en temas de narcotráfico, en enero de 2007.

En esta misma entidad, el sacerdote jesuita Jesús Maldonado, director del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), refiere que, en medio de la guerra contra el narcotráfico, muchas agrupaciones de derechos humanos deciden no ocuparse de las desapariciones forzadas.

Édgar Cortez, de la Red de Organismos Civiles, reflexiona: “No tenemos una respuesta de cómo entrarle a esta situación de alto riesgo. Es ingresar a un terreno desconocido. Frente a las autoridades puede haber una serie de mecanismos de contención y de control, pero en el tema del narcotráfico es meterte con un actor totalmente irracional e inesperado.

“Por el momento, lo que ubicamos es que la justicia se vuelve imposible; la negligencia para investigar estos casos es sistemática; las procuradurías no hacen mayor esfuerzo al respecto, generando un miedo social que dificulta la lucha contra la delincuencia.” (Con información de Gabriela Hernández, Arturo Rodríguez, Francisco Castellanos, Verónica Espinoza y Armando Guzmán.)