Pantalla la "guerra" al narco, el plan es reprimir la protesta social

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Naranjo.

Las constantes derrotas del pelele Felipe Calderón Hinojosa en su “guerra” contra el narcotráfico –sin que toque con la mínima investigación los millonarios depósitos en bancos y empresas pantalla del crimen organizado- se combaten con grandes dosis de publicidad pagada con nuestros impuestos y declaraciones cínicas, como las de hoy: Desde el principio sabía que la lucha iba a ser larga y que constaría la vida de policías, aseguró.

En Iztapalapa, al inaugurar un Centro de Mando la Policía Federal Preventiva, el usurpador Calderón Hinojosa pidió a la ciudadanía denunciar los delitos, porque aseguró que sin el cobijo social los delincuentes están destinados al fracaso. Acompañado del secretario de seguridad espurio, Genaro García Luna, reiteró su llamado a no ceder ante la estrategia del crimen organizado que busca generar violencia y temor entre la población.

Como es su costumbre, miente con toda desfachatez. El jefe policiaco Javier Herrera Valles, perteneciente a la Policía Federal Preventiva (PFP), ha denunciado en diversos foros a su jefe García Luna, como el principal responsable de que la famosa “guerra” sea un fracaso envuelto en negligencia, corrupción y compadrazgo. Ha enviado dos cartas al pelele Calderón Hinojosa y concedido sendas entrevistas –una de ellas videograbada- a las revistas Proceso y la electrónica Reporte Indigo. En las que denuncia con documentos la corrupción de García Luna y los subalternos, que violando la ley han sido impuestos en cargos clave de la corporación.

Nada ha servido, el mentado García Luna sigue en el puesto y el usurpador lo sigue respaldando. ¿entonces para qué el llamado a la denuncia? El delincuente ya fue denunciado, nada más que él no recibe el cobijo de la ciudadanía, sino el de la impunidad que le brinda el pelele Calderón Hinojosa y las corruptas “instituciones”.

Es claro pues que la famosa “guerra” sólo es un mero pretexto para militarizar el país y criminalizar la protesta social ante la creciente inconformidad por el alto costo de la vida, desempleo y la privatización de los energéticos, entre otros . Por un lado crea temor entre la población al escalar la violencia en el país, pues donde llega el ejército y la PFP aumenta de inmediato la violencia. Por otra parte tiene el pretexto de militarizar cualquier zona de México a su conveniencia y de esta manera estar preparado –como en Oaxaca y Atenco en 2006- para reprimir a la ciudadanía que se opone a sus planes de vender el país al mejor postor.




Los siguientes materiales tomados de la revista Proceso complementan las opiniones vertidas. Arriba.



http://www.proceso.com.mx





Nuevos feudos para el narco

Ricardo Ravelo

El empecinamiento de Felipe Calderón en combatir al narcotráfico sólo con armas y en los estados donde tradicionalmente se asienta disparó la violencia en todo el territorio nacional. El alto costo para las fuerzas policiacas y militares (medio millar de muertos) no se traduce en la liberación de territorios e instituciones. En vez de ello, los narcos trasladan sus disputas a otros estados y ahí conquistan nuevos feudos.

El pleito entre los hermanos Beltrán Leyva y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, modificó la configuración de los cárteles del narcotráfico.

Con nuevas alianzas y una mayor cobertura de territorios, esas organizaciones no sólo refuerzan sus operaciones, sino que le dificultan al gobierno la captura de sus principales cabecillas. Muestran además una capacidad de fuego que ya preocupa a los miembros del Gabinete de Seguridad. Después de más de 500 bajas en las fuerzas federales, las autoridades se aprestan a mejorar el armamento de los policías y el blindaje de los automóviles que utilizan en los operativos.

Lejos de acabar con uno de los negocios más rentables del mundo, que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) genera ganancias cercanas a 300 mil millones de dólares anuales, el gobierno mexicano se enfrenta a la violencia cada vez más avasallante del narco –un conjunto de agrupaciones mejor organizadas–, pero también a otro flagelo: los feudos creados por éstas.

Así lo sostiene, por ejemplo, el investigador Eduardo Buscaglia, del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Experto en temas de seguridad nacional afirma que, debido al “vacío de poder” y al abandono de las políticas sociales, entre otras razones, los grupos de narcotraficantes realizan una especie de feudalización en varias regiones del país donde la fuerza del Estado no puede revertir la falta de credibilidad que arrastra.

Según Buscaglia, quien junto con otros investigadores ha estudiado el comportamiento del crimen organizado en 107 países, en el caso de México el gobierno mantiene su política de contención mediante la fuerza militar, en tanto que el narco avanza en sus planes de expansión: financia campañas de presidentes municipales, diputados locales, legisladores federales, gobernadores… Y así seguirá, afirma, hasta alcanzar el poder absoluto.

–¿Hay salida para revertir esta fuerza, que ya no sólo es armada? –se le pregunta.

–La salida es un pacto político, un acuerdo entre el presidente de la República y las fuerzas económicas dominantes del país. Ya se experimentó en Rusia, con éxito; en Colombia está funcionando y tales acuerdos van de la mano con políticas que corten los canales de supervivencia de las organizaciones criminales.

Puntualiza: “Ese pacto implicaría nuevas reglas en el juego político, tales como implantar controles y autocontroles patrimoniales o clarificar los flujos financieros hacia las campañas políticas. Quien viole las reglas, pues tendrá que asumir consecuencias. Esa es la única forma de cortar los vínculos del narco con las figuras del poder”.

Una de las graves fallas de México, dice el investigador, es que su política criminal camina sobre una rueda: la represión militar y policiaca.

Explica: hay países que combaten a la delincuencia organizada sólo golpeando selectivamente a las cúpulas y a los brazos armados (dos de las cuatro ruedas), sin desmantelar los vínculos financieros y patrimoniales de los grupos criminales con el ámbito empresarial “lícito”, la clase política, los anillos de corrupción y de protección política (las otras dos ruedas). Esos países, dice, terminan causando mayores niveles de violencia, como ahora ocurre en México.

Desde su punto de vista, los estados que más aceleradamente se precipitan hacia la llamada “feudalización” del narco son Tamaulipas, Coahuila, Chiapas, Colima, Chihuahua, Baja California, Sonora, Sinaloa y Nuevo León, donde los cárteles ya se fundieron con las clases política y empresarial.

–Le preguntaba si esta crítica situación tiene salida y ahora le pregunto: ¿es viable en México ese pacto político que abrió esperanzas en otros países?

–En México no.

–¿Por qué?

–El presidente Felipe Calderón no tiene liderazgo, es un hombre débil que carece de controles en el país y que, si intenta hacerlo, no tendrá éxito, al menos por ahora. El pacto tampoco es posible debido a que no existe un aglutinamiento de poder en el Congreso, y me refiero a que no hay condiciones para que crezca el poder parlamentario.

–¿Qué debe suceder en el país para que pueda fraguarse un pacto político que frene al narco?

–En las condiciones actuales es muy difícil. Quizás esos resortes puedan activarse, en dirección al pacto, cuando la violencia del narco toque a la puerta de Carlos Slim, Salinas Pliego o Azcárraga Jean. Tiene que ocurrir un secuestro como el que sufrió Ingrid Betancourt en Colombia para que el poder presidencial y estas figuras empresariales se den cuenta de que el costo de no hacer nada es más alto que el de hacer algo.

Los otros pactos

Actualmente los narcos se dispersan en una especie de retirada estratégica, pero no dejan de enfrentarse a las fuerzas federales y a sus rivales con lanzagranadas, bazucas y armas calibre .50, nunca antes vistas en los cárteles mexicanos. Por eso, entidades como San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro e Hidalgo, por citar algunas que no estaban tan contaminadas de violencia, ahora son escenario de disputas y matanzas.

A su vez, los estados que históricamente han sido asiento de cárteles, como Sinaloa y Chihuahua, pasaron a ser tierra de nadie: la primera entidad, por ejemplo, ocupa el primer lugar en violencia: entre abril y mayo fueron ejecutadas 191 personas, 71 en el primer mes y 120 en el segundo. Mayo fue el mes más violento de los recientes 16 años, según la procuraduría de Sinaloa.

En Chihuahua, cuna del cártel de Juárez, se han registrado cerca de 100 ejecuciones en lo que va del año. Pero además 21 agentes están sentenciados a muerte por el narcotráfico, que ya ejecutó a cuatro de ellos.

Sin capacidad de respuesta y escondido tras un reiterativo discurso de que “le vamos ganando la batalla al narco”, el gobierno sufre un aumento de sus costos humanos conforme transcurre la guerra: en un año y siete meses de la administración de Felipe Calderón han caído 550 militares, marinos y policías federales.

La violencia no cesa. Después de la emboscada perpetrada por Los Zetas en Carácuaro, Michoacán, en mayo de 2007, donde fueron asesinados a mansalva cinco militares, otro escándalo volvió a mostrar la vulnerabilidad del gobierno y la capacidad de fuego del narco: la muerte de siete agentes de la PFP en Sinaloa. El caso aceleró los proyectos del gobierno para dotar a los policías de armamento más potente y de vehículos con mejor blindaje.

Las conclusiones de Buscaglia coinciden con la reconfiguración que impulsan algunos cárteles de la droga, como la alianza de los hermanos Beltrán Leyva con Los Zetas, quienes comenzaron a reunirse a mediados de 2006, cuando la agencia estadunidense antidrogas, la DEA, confirmó que en México se planeaba un pacto del cártel de Sinaloa con el del Golfo.

Según datos consultados por Proceso en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la ruptura de los Beltrán Leyva con El Chapo Guzmán está confirmada, después de varias décadas de relación. Los mismos informes sostienen que este conflicto –que es a muerte– provocó que otros viejos rivales en el negocio de las drogas volvieran a encontrarse para negociar nuevas estrategias.

Es el caso de Arturo Beltrán Leyva y Vicente Carrillo Fuentes, hermano éste del llamado Señor de los Cielos (Amado Carrillo), quienes sellaron su alianza, rota desde el año 2001, cuando El Chapo se fugó del penal de Puente Grande y fortaleció lo que ahora se conoce como cártel del Pacífico.

El antagonismo entre Vicente Carrillo y El Chapo tiene historia: se recrudeció en septiembre de 2004, cuando en Culiacán, Sinaloa, fue ejecutado Rodolfo Carrillo Fuentes, El Niño de Oro, presuntamente por órdenes de Guzmán Loera, quien pretendía acabar con la hegemonía de los Carrillo en el negocio del narcotráfico (Proceso 1455).

El asesinato de Rodolfo fue planeado cuidadosamente en Monterrey, Nuevo León, durante un encuentro al que acudieron Guzmán Loera; los hermanos Beltrán Leyva; Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, e Ismael Zambada García, El Mayo.

En esa reunión clandestina, acordaron tres acciones para apoderarse del negocio y convertir a Sinaloa en la federación de narcotraficantes más poderosa de México: acabar con los Carrillo Fuentes, destruir al cártel de Tijuana y erradicar al grupo armado Los Zetas, quienes se convirtieron en una verdadera pesadilla para El Chapo y sus aliados.

El plan se cumplió: Ramón Arellano Félix fue asesinado y Benjamín encarcelado, lo que puso en crisis al cártel de Tijuana; debilitaron en efecto al cártel de Juárez con el asesinato de Rodolfo Carrillo y, tal como maquinaron, le declararon la guerra al cártel del Golfo en su propio territorio hasta que vieron caer a su jefe, Osiel Cárdenas Guillén.

Aunque parecían irreconciliables, los cárteles de la droga –a diferencia de los partidos políticos– muestran un pragmatismo sorprendente para mantenerse impunes: ahora que los Beltrán están fuera del cártel de Sinaloa, Los Zetas (que ya son independientes) se aliaron con ellos y aparentemente también con Vicente Carrillo, según confirmó recientemente la DEA.

Por su parte, el cártel de Tijuana, descabezado desde 2003, se encuentra en etapa de rearticulación con su nuevo jefe, Francisco Rafael Arellano Félix, quien se hallaba recluido en una cárcel estadunidense y a principios de marzo de este año fue puesto en libertad por falta de pruebas.

Después de permanecer casi una década preso en México, el mayor de los hermanos Arellano fue extraditado a Estados Unidos, donde sólo permaneció encarcelado ocho meses: el 3 de marzo cruzó el puente Santa Fe, de Ciudad Juárez, sin que ninguna autoridad mexicana lo detuviera. Junto con su hermana Enedina, Francisco Rafael se ocupa de reestructurar su empresa criminal.

De acuerdo con un informe de la SSP, otros cárteles e importantes personajes del narco prosiguen sus operaciones dentro y fuera de México.

En el informe de la SSP ya citado, titulado Radiografìa de las organizaciones de narcotraficantes, se menciona a otros narcos como piezas clave del cártel de Sinaloa. Dice el estudio: “En un segundo plano, aunque también importante, en el cártel del Pacífico participan Cándido y Valerio Palma Salazar (hermano de El Güero Palma); Humberto y Jesús Loya Pérez; Manuel Alejandro Aponte Gómez, El Bravo, y Ernesto Guzmán Loera”, hermano de El Chapo.

La ruptura entre Guzmán Loera y los hermanos Beltrán Leyva, que derivó en la captura de Alfredo Beltrán, El Mochomo (detenido en enero de este año), y el asesinato de Édgar Guzmán, hijo de El Chapo (durante una balacera en Culiacán, el 8 de mayo), no mermó al cártel de Sinaloa, ya que éste cerró filas con la organización de los hermanos Valencia, afincados en Michoacán.

Dice el reporte de la SSP: “La familia Valencia hizo una alianza con la organización de Sinaloa y actualmente trabajan juntos en el trasiego de drogas. Los líderes del cártel de los Valencia son Luis Valencia Valencia, Óscar Orlando Nava Valencia, José Benavides Martínez, Juan Calixto Vázquez y José Silverio Martínez González.”

Poder de fuego

Fortalecidos con sus nuevos socios y con el respaldo de un buen número de policías estatales, Los Zetas siembran terror en varias regiones del país, donde ganaderos, empresarios y abarroteros, así como dueños de bares, cantinas y prostíbulos han sido secuestrados u obligados a pagar cuotas mensuales para mantenerse a salvo de los pistoleros y sus familias.

Unas de las regiones más sacudidas por Los Zetas es la Cuenca del Papaloapan, en el estado de Veracruz, una zona productora de caña de azúcar. Incluso existe la versión de que delincuentes comunes actúan como zetas aunque realmente no lo son.

En una franja de 54 kilómetros de ese estado –desde Tierra Blanca hasta Boca del Río– se han perpetrado 12 secuestros y varios “levantones”. En la mayoría de los casos no hay denuncias, salvo una carta enviada en abril pasado a la Presidencia de la República, en la que varias víctimas exigen seguridad al gobierno.

El fortalecimiento de Los Zetas, que cuentan con unos 700 miembros, ha permitido su desplazamiento a un mayor número de estados donde hasta hace poco no tenían presencia, como San Luis Potosí, Jalisco, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Coahuila (principalmente en la Comarca Lagunera) y Tijuana, donde disputan territorios con el cártel de Sinaloa por el boyante mercado del consumo de drogas.

Además de enfrentarse entre sí, Los Zetas, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa libran contra el gobierno una guerra que no parece tener fin. Los tres grupos delictivos empiezan a mostrar una capacidad de fuego que sorprendió al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna: en varias entrevistas radiofónicas reconoció que el narcotráfico dispone de armamento de mayor poder que el de los policías, por lo que, dijo, se incrementará el calibre de las armas y el blindaje de los automóviles que se utilizan en los operativos.

“Lo que hoy tienen los criminales (es) capacidad de fuego y este es un tema importante… Hemos asegurado armas de alto calibre, armas que eran inclusive (de) capacidades muy altas en términos de uso de fuego que calibres .50, las cuales eran usadas para tanquetas o antiaéreas”, explicó García Luna.

Un dato para ilustrar el poderío del armamento empleado por los cárteles: en lo que va del sexenio, la PGR, el Ejército y la SSP han asegurado 10 mil armas, lo cual, sin embargo, no ha mermado la capacidad de fuego de las organizaciones criminales.

Así lo reconoce García Luna, quien afirma: “Estamos trabajando con colegas de Estados Unidos para que no entren más armas al país”.

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Otro negociante del poder


Alvaro Delgado

El senador Gustavo Madero Muñoz, nuevo encargado de sacar adelante el proyecto petrolero de la Presidencia, representa a la “nueva clase política” que elogió el líder de su partido, Germán Martínez, cuando defendió a Juan Camilo Mouriño de las acusaciones por hacer negocios privados con el Estado cuando era funcionario público. Como el secretario de Gobernación, Madero forma parte de la red de intereses que tejió Calderón como legislador, aquella que, voraz y sin escrúpulos, ve la función pública como una oportunidad de hacer negocio.

Gustavo Enrique Madero Muñoz, el sustituto de Santiago Creel en la coordinación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores, tiene una semejanza con Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación: une la política a los negocios.

Como a Mouriño, confeso de haber firmado contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando era servidor público del sector energético, Madero Muñoz obtuvo, siendo diputado federal, millonarias ganancias del erario federal y estatal para una de sus empresas: Electronic Publishing, S.A. de C.V.

Uno de los contratos que obtuvo esa compañía de productos de computación –por 5 millones 129 mil pesos– fue de la Secretaría de Energía, en noviembre de 2003, precisamente cuando el titular era Felipe Calderón y Madero Muñoz presidía la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Cuando se firmó el contrato con la Secretaría de Energía, tres meses después de que Calderón asumió el cargo, un socio de Madero Muñoz, Marco Antonio Herrera García, era también servidor público: el titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación, con Creel como secretario, cargo que –según el directorio oficial– ostenta hasta la fecha con Mouriño.

Más aún, el secretario del consejo de administración de la empresa de Madero era Arturo Chávez Chávez, quien antecedió a Herrera García en el mencionado cargo y en el momento de la firma del contrato era jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, de la que fue subsecretario cuando Carlos Abascal era el titular.

Madero Muñoz obtuvo ese y otros contratos para su empresa a pesar de que la Ley de Adquisiciones lo prohíbe expresamente, un caso semejante al de Mouriño, cuando, siendo presidente de la Comisión de Energía y luego funcionario de la secretaría del ramo, firmó contratos con Pemex a favor de la empresa familiar Ivancar, S.A. de C.V.

El artículo 50 de la ley citada ordena a las dependencias y entidades de la administración pública federal que se abstengan de recibir propuestas o celebrar contratos con las personas “que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte…”.

Esa hipótesis incluye a Madero Muñoz, quien no sólo tenía condición de servidor público como diputado federal y presidente de la Comisión de Hacienda, sino que formaba parte de Electronic Publishing, S.A. de C.V., como socio y presidente ejecutivo, con pleno poder notarial, según consta en el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua.

Conforme a documentos obtenidos por Proceso, entre 2000 y 2004 Madero Muñoz tuvo ganancias por al menos 35 millones de pesos, derivadas de contratos para dotar de software a dependencias como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Un ejemplo de la discrecionalidad para otorgar recursos del erario federal son siete contratos que, por adjudicación directa, le otorgó a la empresa de Gustavo Madero en 2004 el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, César Patricio Reyes Roel, diputado federal del PAN cuando Calderón fue coordinador de la bancada y quien posteriormente fue ratificado por éste en el cargo.

Otro de los benefactores de Electronic Publishing fue el gobierno panista de Querétaro, que le otorgó, en mayo de 2000, dos contratos por más de 20 millones de pesos.

De hecho, el año 2000 marca el ascenso de Electronic Publishing, que al ser fundada en 1995 era una modesta empresa con un patrimonio de 50 mil pesos. Con la alternancia en la Presidencia de la República las cosas cambiaron: el capital social aumentó a 15 millones de pesos.

A la compañía se sumaron, además, prominentes empresarios de Chihuahua, a cuyo gobierno estatal aspira Madero Muñoz con el respaldo de la facción hegemónica del PAN en el estado, los “dhiacos”, cuyo origen es la agrupación ultraderechista Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC), uno de los organismos fachada de El Yunque.

Pero por ahora, junto con Mouriño y Germán Martínez, presidente del PAN, el nuevo coordinador de los senadores de este partido integra la triada responsable del “relanzamiento” de la estrategia de Calderón para hacer aprobar la reforma de Pemex, exhibida por la oposición, incluyendo a Cuauhtémoc Cárdenas, como privatizadora.

Negocios con los amigos

Exfuncionario del gobierno de Francisco Barrio, de quien fue director de Planeación entre 1992 y 1998, Madero Muñoz está estrechamente vinculado a los grandes empresarios de Chihuahua y Nuevo León que financiaron, aun ilegalmente, la campaña de Calderón.

Madero fue miembro del Consejo Estratégico de la campaña de Calderón en Chihuahua en el proceso electoral de 2006, junto con Enrique Terrazas Torres, quien fue el responsable formal del financiamiento, y su hijo, Enrique Terrazas Seyffert (que orquestó la campaña televisiva contra Andrés Manuel López Obrador, a través del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, Celiderh).

El senador del PAN, quien ya anunció que dejará la presidencia de la Comisión de Hacienda, constituyó en 1995 Electronic Publishing, S.A. de C.V., empresa dedicada a crear, diseñar, idear, desarrollar, producir, maquilar, distribuir, comercializar y representar todo tipo de productos de software.

Era una compañía modesta, según se describe en la escritura pública protocolizada el 12 de julio de aquel año en la capital de Chihuahua, de donde Madero es originario. El capital social fue de 50 mil pesos y se dividió en 50 acciones de mil pesos cada una.

El consejo de administración quedó presidido por Madero Muñoz, y su único socio, Marco Antonio Herrera García, asumió la secretaría. Cada uno tenía 25 acciones de la sociedad, a la que sumaron a sus respectivas esposas: María Eugenia Falomir de Madero y Cynthia Barrera Barrón de Herrera.

El primer director de la sociedad fue Herrera García, de 1995 a 2002, hasta que ingresó al servicio público federal. Antes fue director de Egresos de la tesorería municipal de Chihuahua capital, entre 1984 y 1986, cuando el alcalde era Luis H. Álvarez, actual encargado de la oficina federal de asuntos indígenas.

A Herrera García lo sustituyó Alexis Tron Almaguer, quien también formó parte del gobierno de Vicente Fox: fue director de Control y Evaluación de la PGR cuando el titular era Daniel Cabeza de Vaca, actual subsecretario de Gobernación.

Luego, mientras era presidente ejecutivo del consejo de administración, Madero Muñoz asumió poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, en 2001, justo el año en que la empresa registró el ingreso de prominentes inversionistas.

El 30 de agosto de ese año, conforme a la escritura pública, se celebró una asamblea extraordinaria: se aumentó el capital social de 50 mil pesos, tal como se había fundado, a 15 millones 696 mil pesos, y se nombró a Madero Muñoz como presidente ejecutivo y a Arturo Chávez Chávez como secretario.

La distribución accionaria quedó de la siguiente forma: Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V., 4 mil 348 acciones, cada una con valor de mil pesos, lo que arrojó un total de 4 millones 348 mil pesos; Río Sacramento, S.A. de C.V., con 3 mil 259 acciones (3 millones 259 mil pesos); Internacional de Cerámica, S.A. de C.V., con 2 mil 896 acciones (2 millones 896 mil pesos), y Cementos de Chihuahua, de la familia Terrazas Torres, con mil 613 acciones por 1 millón 613 mil pesos.

Alonso Rafael Ramos Vaca –quien fue presidente de Desarrollo Económico de Chihuahua, un organismo privado que encabezó también Madero Muñoz– es otro de los accionistas, con mil 88 acciones (1 millón 88 mil pesos); Sistema Anix, S.A., con 854 acciones (854 mil pesos); Evaristo Francisco Juan Madero Porraz, con 302 acciones (302 mil pesos).

Madero Muñoz y Herrera García, los fundadores de la empresa, quedaron en una posición accionaria minoritaria: el primero, con 658 acciones, con un valor de 658 mil pesos, y el segundo con 156 acciones, con valor de 156 mil pesos.

Estos datos los omite Madero Muñoz en su currículo oficial de senador, aunque, eso sí, destaca ser miembro del consejo de administración del consorcio regiomontano Vitro, cuyo comité de auditoría preside y del que forman parte Jaime Serra Puche, Alejandro Garza Lagüera y Joaquín Vargas Guajardo.

Exconsejero regional de Banamex, Madero Muñoz sumó a la sociedad a su cuñado, José Martín Falomir Morales, y a uno de sus hermanos, Mauricio Augusto Madero Muñoz.

“Decencia pública”

Fue a partir del año 2000 que a la empresa de Madero Muñoz le empezó a ir bien en los negocios. Ese mismo año recibió del gobierno de Querétaro, encabezado por Ignacio Loyola, dos contratos: uno por 1 millón 438 mil 235 dólares (equivalente a unos 15 millones de pesos) y otro por 7 millones 792 mil pesos.

En diciembre de 2003, tres meses después de que Vicente Fox lo nombró secretario de Energía y cuando Madero Muñoz era presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados –justo cuando se discutía el paquete presupuestal para 2004– esta secretaría le asignó a Electronic Publishing, S.A. de C.V., un contrato para la “implantación de un sistema de planeación de recursos gubernamentales”.

En la asignación del contrato, por 4 millones 600 mil pesos, sin incluir IVA, la Secretaría de Energía presuntamente contravino la Ley de Adquisiciones, que en su artículo 50 establece que las dependencias y entidades de la administración pública federal se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos en las materias a las que se refiere esa ley con las personas que detalla la fracción II:

“Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte…”

La PGR, encabezada por el general Rafael Macedo de la Concha, ya había otorgado antes, en noviembre de 2002, un contrato derivado de una licitación por un total de 6 millones 100 mil pesos. En esa fecha, Herrera García, el socio de Madero Muñoz, era ya el contralor de la Secretaría de Gobernación, nombrado por Francisco Barrio.

Pero la dependencia que más contratos le otorgó a Electronic Publishing fue la secretaría encabezada por Pedro Cerisola, a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, cuyo titular, César Patricio Reyes Roel, le dio siete contratos por adjudicación directa con un monto de 735 mil pesos.

Exdiputado federal panista por Chihuahua, justo cuando Calderón era coordinador parlamentario de la fracción, Reyes Roel asumió el cargo en la SCT el 1 de abril de 2003 y al año siguiente –de agosto a diciembre– firmó los contratos con la empresa de su amigo Madero Muñoz para instalar un modelo administrativo para el sistema de información presupuestal y contable en seis administraciones portuarias.

El 20 de agosto se firmaron los contratos para actividades de consultoría, análisis de requerimientos, procesos de índole informática, administrativos contables y financieros en la Administración Portuaria Integral de Ensenada. El costo total fue de 130 mil pesos.

Ese mismo día, y al mismo precio, se contrató a la empresa de Madero Muñoz para instrumentar la “Administración para el Sistema de Información Presupuestal y Contable (SIPC) en la administración portuaria Integral de Tuxpan, Veracruz”.

Cuatro días después, el 24 de agosto, el SIPC se contrató para Guaymas, sólo que ahora costó 150 mil pesos. El 28 de ese mismo mes, se pagaron 100 mil pesos para elaborar un “programa de contabilidad”.

El 10 de noviembre, para la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, Oaxaca, se contrataron servicios profesionales de consultoría, análisis de requerimientos en procesos de índole informática, administrativas, contables y financieras para crear un modelo de administración, sistema de información presupuestal y contable, a un costo total de 55 mil pesos.

Y ese mismo día se contrató el modelo “administración para el sistema de información presupuestal y contable” para el puerto de Veracruz, cuyo costo fue de 170 mil pesos.

Quince días antes de concluir 2004, Reyes Roel –ratificado en el cargo por el secretario Luis Téllez– pagó a la empresa de su amigo panista 130 mil pesos para crear un modelo para el sistema de administración presupuestal en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. El costo fue de 130 mil pesos.

Una vez designado coordinador de de los senadores en sustitución de Creel, Madero Muñoz parece encajar en el perfil que de la “nueva clase política” panista hizo Germán Martínez cuando defendió a Mouriño de las acusaciones de usar el servicio público para negocios personales:

“Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo!”

Las constantes derrotas del pelele Felipe Calderón Hinojosa en su “guerra” contra el narcotráfico –sin que toque con la mínima investigación los millonarios depósitos en bancos y empresas pantalla del crimen organizado- se combaten con grandes dosis de publicidad pagada con nuestros impuestos y declaraciones cínicas, como las de hoy: Desde el principio sabía que la lucha iba a ser larga y que constaría la vida de policías, aseguró.

En Iztapalapa, al inaugurar un Centro de Mando la Policía Federal Preventiva, el usurpador Calderón Hinojosa pidió a la ciudadanía denunciar los delitos, porque aseguró que sin el cobijo social los delincuentes están destinados al fracaso. Acompañado del secretario de seguridad espurio, Genaro García Luna, reiteró su llamado a no ceder ante la estrategia del crimen organizado que busca generar violencia y temor entre la población.

Como es su costumbre, miente con toda desfachatez. El jefe policiaco Javier Herrera Valles, perteneciente a la Policía Federal Preventiva (PFP), ha denunciado en diversos foros a su jefe García Luna, como el principal responsable de que la famosa “guerra” sea un fracaso envuelto en negligencia, corrupción y compadrazgo. Ha enviado dos cartas al pelele Calderón Hinojosa y concedido sendas entrevistas –una de ellas videograbada- a las revistas Proceso y la electrónica Reporte Indigo. En las que denuncia con documentos la corrupción de García Luna y los subalternos, que violando la ley han sido impuestos en cargos clave de la corporación.

Nada ha servido, el mentado García Luna sigue en el puesto y el usurpador lo sigue respaldando. ¿entonces para qué el llamado a la denuncia? El delincuente ya fue denunciado, nada más que él no recibe el cobijo de la ciudadanía, sino el de la impunidad que le brinda el pelele Calderón Hinojosa y las corruptas “instituciones”.

Es claro pues que la famosa “guerra” sólo es un mero pretexto para militarizar el país y criminalizar la protesta social ante la creciente inconformidad por el alto costo de la vida, desempleo y la privatización de los energéticos, entre otros . Por un lado crea temor entre la población al escalar la violencia en el país, pues donde llega el ejército y la PFP aumenta de inmediato la violencia. Por otra parte tiene el pretexto de militarizar cualquier zona de México a su conveniencia y de esta manera estar preparado –como en Oaxaca y Atenco en 2006- para reprimir a la ciudadanía que se opone a sus planes de vender el país al mejor postor.




Los siguientes materiales tomados de la revista Proceso complementan las opiniones vertidas. Arriba.

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Nuevos feudos para el narco

Ricardo Ravelo

El empecinamiento de Felipe Calderón en combatir al narcotráfico sólo con armas y en los estados donde tradicionalmente se asienta disparó la violencia en todo el territorio nacional. El alto costo para las fuerzas policiacas y militares (medio millar de muertos) no se traduce en la liberación de territorios e instituciones. En vez de ello, los narcos trasladan sus disputas a otros estados y ahí conquistan nuevos feudos.

El pleito entre los hermanos Beltrán Leyva y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, modificó la configuración de los cárteles del narcotráfico.

Con nuevas alianzas y una mayor cobertura de territorios, esas organizaciones no sólo refuerzan sus operaciones, sino que le dificultan al gobierno la captura de sus principales cabecillas. Muestran además una capacidad de fuego que ya preocupa a los miembros del Gabinete de Seguridad. Después de más de 500 bajas en las fuerzas federales, las autoridades se aprestan a mejorar el armamento de los policías y el blindaje de los automóviles que utilizan en los operativos.

Lejos de acabar con uno de los negocios más rentables del mundo, que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) genera ganancias cercanas a 300 mil millones de dólares anuales, el gobierno mexicano se enfrenta a la violencia cada vez más avasallante del narco –un conjunto de agrupaciones mejor organizadas–, pero también a otro flagelo: los feudos creados por éstas.

Así lo sostiene, por ejemplo, el investigador Eduardo Buscaglia, del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Experto en temas de seguridad nacional afirma que, debido al “vacío de poder” y al abandono de las políticas sociales, entre otras razones, los grupos de narcotraficantes realizan una especie de feudalización en varias regiones del país donde la fuerza del Estado no puede revertir la falta de credibilidad que arrastra.

Según Buscaglia, quien junto con otros investigadores ha estudiado el comportamiento del crimen organizado en 107 países, en el caso de México el gobierno mantiene su política de contención mediante la fuerza militar, en tanto que el narco avanza en sus planes de expansión: financia campañas de presidentes municipales, diputados locales, legisladores federales, gobernadores… Y así seguirá, afirma, hasta alcanzar el poder absoluto.

–¿Hay salida para revertir esta fuerza, que ya no sólo es armada? –se le pregunta.

–La salida es un pacto político, un acuerdo entre el presidente de la República y las fuerzas económicas dominantes del país. Ya se experimentó en Rusia, con éxito; en Colombia está funcionando y tales acuerdos van de la mano con políticas que corten los canales de supervivencia de las organizaciones criminales.

Puntualiza: “Ese pacto implicaría nuevas reglas en el juego político, tales como implantar controles y autocontroles patrimoniales o clarificar los flujos financieros hacia las campañas políticas. Quien viole las reglas, pues tendrá que asumir consecuencias. Esa es la única forma de cortar los vínculos del narco con las figuras del poder”.

Una de las graves fallas de México, dice el investigador, es que su política criminal camina sobre una rueda: la represión militar y policiaca.

Explica: hay países que combaten a la delincuencia organizada sólo golpeando selectivamente a las cúpulas y a los brazos armados (dos de las cuatro ruedas), sin desmantelar los vínculos financieros y patrimoniales de los grupos criminales con el ámbito empresarial “lícito”, la clase política, los anillos de corrupción y de protección política (las otras dos ruedas). Esos países, dice, terminan causando mayores niveles de violencia, como ahora ocurre en México.

Desde su punto de vista, los estados que más aceleradamente se precipitan hacia la llamada “feudalización” del narco son Tamaulipas, Coahuila, Chiapas, Colima, Chihuahua, Baja California, Sonora, Sinaloa y Nuevo León, donde los cárteles ya se fundieron con las clases política y empresarial.

–Le preguntaba si esta crítica situación tiene salida y ahora le pregunto: ¿es viable en México ese pacto político que abrió esperanzas en otros países?

–En México no.

–¿Por qué?

–El presidente Felipe Calderón no tiene liderazgo, es un hombre débil que carece de controles en el país y que, si intenta hacerlo, no tendrá éxito, al menos por ahora. El pacto tampoco es posible debido a que no existe un aglutinamiento de poder en el Congreso, y me refiero a que no hay condiciones para que crezca el poder parlamentario.

–¿Qué debe suceder en el país para que pueda fraguarse un pacto político que frene al narco?

–En las condiciones actuales es muy difícil. Quizás esos resortes puedan activarse, en dirección al pacto, cuando la violencia del narco toque a la puerta de Carlos Slim, Salinas Pliego o Azcárraga Jean. Tiene que ocurrir un secuestro como el que sufrió Ingrid Betancourt en Colombia para que el poder presidencial y estas figuras empresariales se den cuenta de que el costo de no hacer nada es más alto que el de hacer algo.

Los otros pactos

Actualmente los narcos se dispersan en una especie de retirada estratégica, pero no dejan de enfrentarse a las fuerzas federales y a sus rivales con lanzagranadas, bazucas y armas calibre .50, nunca antes vistas en los cárteles mexicanos. Por eso, entidades como San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro e Hidalgo, por citar algunas que no estaban tan contaminadas de violencia, ahora son escenario de disputas y matanzas.

A su vez, los estados que históricamente han sido asiento de cárteles, como Sinaloa y Chihuahua, pasaron a ser tierra de nadie: la primera entidad, por ejemplo, ocupa el primer lugar en violencia: entre abril y mayo fueron ejecutadas 191 personas, 71 en el primer mes y 120 en el segundo. Mayo fue el mes más violento de los recientes 16 años, según la procuraduría de Sinaloa.

En Chihuahua, cuna del cártel de Juárez, se han registrado cerca de 100 ejecuciones en lo que va del año. Pero además 21 agentes están sentenciados a muerte por el narcotráfico, que ya ejecutó a cuatro de ellos.

Sin capacidad de respuesta y escondido tras un reiterativo discurso de que “le vamos ganando la batalla al narco”, el gobierno sufre un aumento de sus costos humanos conforme transcurre la guerra: en un año y siete meses de la administración de Felipe Calderón han caído 550 militares, marinos y policías federales.

La violencia no cesa. Después de la emboscada perpetrada por Los Zetas en Carácuaro, Michoacán, en mayo de 2007, donde fueron asesinados a mansalva cinco militares, otro escándalo volvió a mostrar la vulnerabilidad del gobierno y la capacidad de fuego del narco: la muerte de siete agentes de la PFP en Sinaloa. El caso aceleró los proyectos del gobierno para dotar a los policías de armamento más potente y de vehículos con mejor blindaje.

Las conclusiones de Buscaglia coinciden con la reconfiguración que impulsan algunos cárteles de la droga, como la alianza de los hermanos Beltrán Leyva con Los Zetas, quienes comenzaron a reunirse a mediados de 2006, cuando la agencia estadunidense antidrogas, la DEA, confirmó que en México se planeaba un pacto del cártel de Sinaloa con el del Golfo.

Según datos consultados por Proceso en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la ruptura de los Beltrán Leyva con El Chapo Guzmán está confirmada, después de varias décadas de relación. Los mismos informes sostienen que este conflicto –que es a muerte– provocó que otros viejos rivales en el negocio de las drogas volvieran a encontrarse para negociar nuevas estrategias.

Es el caso de Arturo Beltrán Leyva y Vicente Carrillo Fuentes, hermano éste del llamado Señor de los Cielos (Amado Carrillo), quienes sellaron su alianza, rota desde el año 2001, cuando El Chapo se fugó del penal de Puente Grande y fortaleció lo que ahora se conoce como cártel del Pacífico.

El antagonismo entre Vicente Carrillo y El Chapo tiene historia: se recrudeció en septiembre de 2004, cuando en Culiacán, Sinaloa, fue ejecutado Rodolfo Carrillo Fuentes, El Niño de Oro, presuntamente por órdenes de Guzmán Loera, quien pretendía acabar con la hegemonía de los Carrillo en el negocio del narcotráfico (Proceso 1455).

El asesinato de Rodolfo fue planeado cuidadosamente en Monterrey, Nuevo León, durante un encuentro al que acudieron Guzmán Loera; los hermanos Beltrán Leyva; Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, e Ismael Zambada García, El Mayo.

En esa reunión clandestina, acordaron tres acciones para apoderarse del negocio y convertir a Sinaloa en la federación de narcotraficantes más poderosa de México: acabar con los Carrillo Fuentes, destruir al cártel de Tijuana y erradicar al grupo armado Los Zetas, quienes se convirtieron en una verdadera pesadilla para El Chapo y sus aliados.

El plan se cumplió: Ramón Arellano Félix fue asesinado y Benjamín encarcelado, lo que puso en crisis al cártel de Tijuana; debilitaron en efecto al cártel de Juárez con el asesinato de Rodolfo Carrillo y, tal como maquinaron, le declararon la guerra al cártel del Golfo en su propio territorio hasta que vieron caer a su jefe, Osiel Cárdenas Guillén.

Aunque parecían irreconciliables, los cárteles de la droga –a diferencia de los partidos políticos– muestran un pragmatismo sorprendente para mantenerse impunes: ahora que los Beltrán están fuera del cártel de Sinaloa, Los Zetas (que ya son independientes) se aliaron con ellos y aparentemente también con Vicente Carrillo, según confirmó recientemente la DEA.

Por su parte, el cártel de Tijuana, descabezado desde 2003, se encuentra en etapa de rearticulación con su nuevo jefe, Francisco Rafael Arellano Félix, quien se hallaba recluido en una cárcel estadunidense y a principios de marzo de este año fue puesto en libertad por falta de pruebas.

Después de permanecer casi una década preso en México, el mayor de los hermanos Arellano fue extraditado a Estados Unidos, donde sólo permaneció encarcelado ocho meses: el 3 de marzo cruzó el puente Santa Fe, de Ciudad Juárez, sin que ninguna autoridad mexicana lo detuviera. Junto con su hermana Enedina, Francisco Rafael se ocupa de reestructurar su empresa criminal.

De acuerdo con un informe de la SSP, otros cárteles e importantes personajes del narco prosiguen sus operaciones dentro y fuera de México.

En el informe de la SSP ya citado, titulado Radiografìa de las organizaciones de narcotraficantes, se menciona a otros narcos como piezas clave del cártel de Sinaloa. Dice el estudio: “En un segundo plano, aunque también importante, en el cártel del Pacífico participan Cándido y Valerio Palma Salazar (hermano de El Güero Palma); Humberto y Jesús Loya Pérez; Manuel Alejandro Aponte Gómez, El Bravo, y Ernesto Guzmán Loera”, hermano de El Chapo.

La ruptura entre Guzmán Loera y los hermanos Beltrán Leyva, que derivó en la captura de Alfredo Beltrán, El Mochomo (detenido en enero de este año), y el asesinato de Édgar Guzmán, hijo de El Chapo (durante una balacera en Culiacán, el 8 de mayo), no mermó al cártel de Sinaloa, ya que éste cerró filas con la organización de los hermanos Valencia, afincados en Michoacán.

Dice el reporte de la SSP: “La familia Valencia hizo una alianza con la organización de Sinaloa y actualmente trabajan juntos en el trasiego de drogas. Los líderes del cártel de los Valencia son Luis Valencia Valencia, Óscar Orlando Nava Valencia, José Benavides Martínez, Juan Calixto Vázquez y José Silverio Martínez González.”

Poder de fuego

Fortalecidos con sus nuevos socios y con el respaldo de un buen número de policías estatales, Los Zetas siembran terror en varias regiones del país, donde ganaderos, empresarios y abarroteros, así como dueños de bares, cantinas y prostíbulos han sido secuestrados u obligados a pagar cuotas mensuales para mantenerse a salvo de los pistoleros y sus familias.

Unas de las regiones más sacudidas por Los Zetas es la Cuenca del Papaloapan, en el estado de Veracruz, una zona productora de caña de azúcar. Incluso existe la versión de que delincuentes comunes actúan como zetas aunque realmente no lo son.

En una franja de 54 kilómetros de ese estado –desde Tierra Blanca hasta Boca del Río– se han perpetrado 12 secuestros y varios “levantones”. En la mayoría de los casos no hay denuncias, salvo una carta enviada en abril pasado a la Presidencia de la República, en la que varias víctimas exigen seguridad al gobierno.

El fortalecimiento de Los Zetas, que cuentan con unos 700 miembros, ha permitido su desplazamiento a un mayor número de estados donde hasta hace poco no tenían presencia, como San Luis Potosí, Jalisco, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Coahuila (principalmente en la Comarca Lagunera) y Tijuana, donde disputan territorios con el cártel de Sinaloa por el boyante mercado del consumo de drogas.

Además de enfrentarse entre sí, Los Zetas, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa libran contra el gobierno una guerra que no parece tener fin. Los tres grupos delictivos empiezan a mostrar una capacidad de fuego que sorprendió al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna: en varias entrevistas radiofónicas reconoció que el narcotráfico dispone de armamento de mayor poder que el de los policías, por lo que, dijo, se incrementará el calibre de las armas y el blindaje de los automóviles que se utilizan en los operativos.

“Lo que hoy tienen los criminales (es) capacidad de fuego y este es un tema importante… Hemos asegurado armas de alto calibre, armas que eran inclusive (de) capacidades muy altas en términos de uso de fuego que calibres .50, las cuales eran usadas para tanquetas o antiaéreas”, explicó García Luna.

Un dato para ilustrar el poderío del armamento empleado por los cárteles: en lo que va del sexenio, la PGR, el Ejército y la SSP han asegurado 10 mil armas, lo cual, sin embargo, no ha mermado la capacidad de fuego de las organizaciones criminales.

Así lo reconoce García Luna, quien afirma: “Estamos trabajando con colegas de Estados Unidos para que no entren más armas al país”.

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Otro negociante del poder

Alvaro Delgado

El senador Gustavo Madero Muñoz, nuevo encargado de sacar adelante el proyecto petrolero de la Presidencia, representa a la “nueva clase política” que elogió el líder de su partido, Germán Martínez, cuando defendió a Juan Camilo Mouriño de las acusaciones por hacer negocios privados con el Estado cuando era funcionario público. Como el secretario de Gobernación, Madero forma parte de la red de intereses que tejió Calderón como legislador, aquella que, voraz y sin escrúpulos, ve la función pública como una oportunidad de hacer negocio.

Gustavo Enrique Madero Muñoz, el sustituto de Santiago Creel en la coordinación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores, tiene una semejanza con Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación: une la política a los negocios.

Como a Mouriño, confeso de haber firmado contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando era servidor público del sector energético, Madero Muñoz obtuvo, siendo diputado federal, millonarias ganancias del erario federal y estatal para una de sus empresas: Electronic Publishing, S.A. de C.V.

Uno de los contratos que obtuvo esa compañía de productos de computación –por 5 millones 129 mil pesos– fue de la Secretaría de Energía, en noviembre de 2003, precisamente cuando el titular era Felipe Calderón y Madero Muñoz presidía la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Cuando se firmó el contrato con la Secretaría de Energía, tres meses después de que Calderón asumió el cargo, un socio de Madero Muñoz, Marco Antonio Herrera García, era también servidor público: el titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación, con Creel como secretario, cargo que –según el directorio oficial– ostenta hasta la fecha con Mouriño.

Más aún, el secretario del consejo de administración de la empresa de Madero era Arturo Chávez Chávez, quien antecedió a Herrera García en el mencionado cargo y en el momento de la firma del contrato era jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, de la que fue subsecretario cuando Carlos Abascal era el titular.

Madero Muñoz obtuvo ese y otros contratos para su empresa a pesar de que la Ley de Adquisiciones lo prohíbe expresamente, un caso semejante al de Mouriño, cuando, siendo presidente de la Comisión de Energía y luego funcionario de la secretaría del ramo, firmó contratos con Pemex a favor de la empresa familiar Ivancar, S.A. de C.V.

El artículo 50 de la ley citada ordena a las dependencias y entidades de la administración pública federal que se abstengan de recibir propuestas o celebrar contratos con las personas “que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte…”.

Esa hipótesis incluye a Madero Muñoz, quien no sólo tenía condición de servidor público como diputado federal y presidente de la Comisión de Hacienda, sino que formaba parte de Electronic Publishing, S.A. de C.V., como socio y presidente ejecutivo, con pleno poder notarial, según consta en el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua.

Conforme a documentos obtenidos por Proceso, entre 2000 y 2004 Madero Muñoz tuvo ganancias por al menos 35 millones de pesos, derivadas de contratos para dotar de software a dependencias como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Un ejemplo de la discrecionalidad para otorgar recursos del erario federal son siete contratos que, por adjudicación directa, le otorgó a la empresa de Gustavo Madero en 2004 el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, César Patricio Reyes Roel, diputado federal del PAN cuando Calderón fue coordinador de la bancada y quien posteriormente fue ratificado por éste en el cargo.

Otro de los benefactores de Electronic Publishing fue el gobierno panista de Querétaro, que le otorgó, en mayo de 2000, dos contratos por más de 20 millones de pesos.

De hecho, el año 2000 marca el ascenso de Electronic Publishing, que al ser fundada en 1995 era una modesta empresa con un patrimonio de 50 mil pesos. Con la alternancia en la Presidencia de la República las cosas cambiaron: el capital social aumentó a 15 millones de pesos.

A la compañía se sumaron, además, prominentes empresarios de Chihuahua, a cuyo gobierno estatal aspira Madero Muñoz con el respaldo de la facción hegemónica del PAN en el estado, los “dhiacos”, cuyo origen es la agrupación ultraderechista Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC), uno de los organismos fachada de El Yunque.

Pero por ahora, junto con Mouriño y Germán Martínez, presidente del PAN, el nuevo coordinador de los senadores de este partido integra la triada responsable del “relanzamiento” de la estrategia de Calderón para hacer aprobar la reforma de Pemex, exhibida por la oposición, incluyendo a Cuauhtémoc Cárdenas, como privatizadora.

Negocios con los amigos

Exfuncionario del gobierno de Francisco Barrio, de quien fue director de Planeación entre 1992 y 1998, Madero Muñoz está estrechamente vinculado a los grandes empresarios de Chihuahua y Nuevo León que financiaron, aun ilegalmente, la campaña de Calderón.

Madero fue miembro del Consejo Estratégico de la campaña de Calderón en Chihuahua en el proceso electoral de 2006, junto con Enrique Terrazas Torres, quien fue el responsable formal del financiamiento, y su hijo, Enrique Terrazas Seyffert (que orquestó la campaña televisiva contra Andrés Manuel López Obrador, a través del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, Celiderh).

El senador del PAN, quien ya anunció que dejará la presidencia de la Comisión de Hacienda, constituyó en 1995 Electronic Publishing, S.A. de C.V., empresa dedicada a crear, diseñar, idear, desarrollar, producir, maquilar, distribuir, comercializar y representar todo tipo de productos de software.

Era una compañía modesta, según se describe en la escritura pública protocolizada el 12 de julio de aquel año en la capital de Chihuahua, de donde Madero es originario. El capital social fue de 50 mil pesos y se dividió en 50 acciones de mil pesos cada una.

El consejo de administración quedó presidido por Madero Muñoz, y su único socio, Marco Antonio Herrera García, asumió la secretaría. Cada uno tenía 25 acciones de la sociedad, a la que sumaron a sus respectivas esposas: María Eugenia Falomir de Madero y Cynthia Barrera Barrón de Herrera.

El primer director de la sociedad fue Herrera García, de 1995 a 2002, hasta que ingresó al servicio público federal. Antes fue director de Egresos de la tesorería municipal de Chihuahua capital, entre 1984 y 1986, cuando el alcalde era Luis H. Álvarez, actual encargado de la oficina federal de asuntos indígenas.

A Herrera García lo sustituyó Alexis Tron Almaguer, quien también formó parte del gobierno de Vicente Fox: fue director de Control y Evaluación de la PGR cuando el titular era Daniel Cabeza de Vaca, actual subsecretario de Gobernación.

Luego, mientras era presidente ejecutivo del consejo de administración, Madero Muñoz asumió poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, en 2001, justo el año en que la empresa registró el ingreso de prominentes inversionistas.

El 30 de agosto de ese año, conforme a la escritura pública, se celebró una asamblea extraordinaria: se aumentó el capital social de 50 mil pesos, tal como se había fundado, a 15 millones 696 mil pesos, y se nombró a Madero Muñoz como presidente ejecutivo y a Arturo Chávez Chávez como secretario.

La distribución accionaria quedó de la siguiente forma: Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V., 4 mil 348 acciones, cada una con valor de mil pesos, lo que arrojó un total de 4 millones 348 mil pesos; Río Sacramento, S.A. de C.V., con 3 mil 259 acciones (3 millones 259 mil pesos); Internacional de Cerámica, S.A. de C.V., con 2 mil 896 acciones (2 millones 896 mil pesos), y Cementos de Chihuahua, de la familia Terrazas Torres, con mil 613 acciones por 1 millón 613 mil pesos.

Alonso Rafael Ramos Vaca –quien fue presidente de Desarrollo Económico de Chihuahua, un organismo privado que encabezó también Madero Muñoz– es otro de los accionistas, con mil 88 acciones (1 millón 88 mil pesos); Sistema Anix, S.A., con 854 acciones (854 mil pesos); Evaristo Francisco Juan Madero Porraz, con 302 acciones (302 mil pesos).

Madero Muñoz y Herrera García, los fundadores de la empresa, quedaron en una posición accionaria minoritaria: el primero, con 658 acciones, con un valor de 658 mil pesos, y el segundo con 156 acciones, con valor de 156 mil pesos.

Estos datos los omite Madero Muñoz en su currículo oficial de senador, aunque, eso sí, destaca ser miembro del consejo de administración del consorcio regiomontano Vitro, cuyo comité de auditoría preside y del que forman parte Jaime Serra Puche, Alejandro Garza Lagüera y Joaquín Vargas Guajardo.

Exconsejero regional de Banamex, Madero Muñoz sumó a la sociedad a su cuñado, José Martín Falomir Morales, y a uno de sus hermanos, Mauricio Augusto Madero Muñoz.

“Decencia pública”

Fue a partir del año 2000 que a la empresa de Madero Muñoz le empezó a ir bien en los negocios. Ese mismo año recibió del gobierno de Querétaro, encabezado por Ignacio Loyola, dos contratos: uno por 1 millón 438 mil 235 dólares (equivalente a unos 15 millones de pesos) y otro por 7 millones 792 mil pesos.

En diciembre de 2003, tres meses después de que Vicente Fox lo nombró secretario de Energía y cuando Madero Muñoz era presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados –justo cuando se discutía el paquete presupuestal para 2004– esta secretaría le asignó a Electronic Publishing, S.A. de C.V., un contrato para la “implantación de un sistema de planeación de recursos gubernamentales”.

En la asignación del contrato, por 4 millones 600 mil pesos, sin incluir IVA, la Secretaría de Energía presuntamente contravino la Ley de Adquisiciones, que en su artículo 50 establece que las dependencias y entidades de la administración pública federal se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos en las materias a las que se refiere esa ley con las personas que detalla la fracción II:

“Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte…”

La PGR, encabezada por el general Rafael Macedo de la Concha, ya había otorgado antes, en noviembre de 2002, un contrato derivado de una licitación por un total de 6 millones 100 mil pesos. En esa fecha, Herrera García, el socio de Madero Muñoz, era ya el contralor de la Secretaría de Gobernación, nombrado por Francisco Barrio.

Pero la dependencia que más contratos le otorgó a Electronic Publishing fue la secretaría encabezada por Pedro Cerisola, a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, cuyo titular, César Patricio Reyes Roel, le dio siete contratos por adjudicación directa con un monto de 735 mil pesos.

Exdiputado federal panista por Chihuahua, justo cuando Calderón era coordinador parlamentario de la fracción, Reyes Roel asumió el cargo en la SCT el 1 de abril de 2003 y al año siguiente –de agosto a diciembre– firmó los contratos con la empresa de su amigo Madero Muñoz para instalar un modelo administrativo para el sistema de información presupuestal y contable en seis administraciones portuarias.

El 20 de agosto se firmaron los contratos para actividades de consultoría, análisis de requerimientos, procesos de índole informática, administrativos contables y financieros en la Administración Portuaria Integral de Ensenada. El costo total fue de 130 mil pesos.

Ese mismo día, y al mismo precio, se contrató a la empresa de Madero Muñoz para instrumentar la “Administración para el Sistema de Información Presupuestal y Contable (SIPC) en la administración portuaria Integral de Tuxpan, Veracruz”.

Cuatro días después, el 24 de agosto, el SIPC se contrató para Guaymas, sólo que ahora costó 150 mil pesos. El 28 de ese mismo mes, se pagaron 100 mil pesos para elaborar un “programa de contabilidad”.

El 10 de noviembre, para la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, Oaxaca, se contrataron servicios profesionales de consultoría, análisis de requerimientos en procesos de índole informática, administrativas, contables y financieras para crear un modelo de administración, sistema de información presupuestal y contable, a un costo total de 55 mil pesos.

Y ese mismo día se contrató el modelo “administración para el sistema de información presupuestal y contable” para el puerto de Veracruz, cuyo costo fue de 170 mil pesos.

Quince días antes de concluir 2004, Reyes Roel –ratificado en el cargo por el secretario Luis Téllez– pagó a la empresa de su amigo panista 130 mil pesos para crear un modelo para el sistema de administración presupuestal en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. El costo fue de 130 mil pesos.

Una vez designado coordinador de de los senadores en sustitución de Creel, Madero Muñoz parece encajar en el perfil que de la “nueva clase política” panista hizo Germán Martínez cuando defendió a Mouriño de las acusaciones de usar el servicio público para negocios personales:

“Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo!”