Corrupción y más corrupción regla de oro del PRIAN

Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón, Helguera y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Las crónicas de los periódicos dan cuenta de cómo en una desesperada maniobra del pelele Felipe Calderón Hinojosa, ayer se reunieron en Los Pinos seis gobernadores del PAN y su dirigente nacional, Germán Martínez Cázares –quien a protegido desde el gobierno usurpador al ladrón Vicente Fox Quesada-, para formar bloque que defenderá al corrupto secretario de Gobernación pirata, Juan Camilo Mouriño de “cualquier intento golpista de descalificar a un funcionario o una institución”.

En reunión con el presidente Felipe Calderón, los gobernadores panistas cerraron filas en torno al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, al que dieron su respaldo “ciento por ciento”. Luego, en voz del morelense Marco Adame, rechazaron cualquier intento “efectista, golpista” para descalificarlo.

En la encerrona participaron el propio titular de Bucareli y seis mandatarios estatales del partido blanquiazul –el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, estuvo ausente por hallarse en una gira por el extranjero.

Había prisa por mostrar este espaldarazo. Contrario a lo que ocurre en otras reuniones, el líder panista, Adame y el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, salieron caminando para informar a la prensa el contenido de su conversación.

A decir del líder panista, su respaldo es al ciento por ciento, porque “hay una avanzada política y se les responde políticamente a nuestros adversarios”. Fue lo último que respondió, porque el gobernador de Jalisco lo jaló para que dejara de hablar.

Asistieron los gobernadores de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán; Querétaro, Francisco Garrido Patrón; San Luis Potosí, Marcelo de los Santos; Tlaxcala, Héctor Ortiz; Morelos, Marco Adame, y de Jalisco Emilio González Márquez.

La Jornada, 12 de marzo de 2008.



Por segundo día consecutivo, Mouriño fue arropado en Los Pinos. El martes Calderón lo apapachó durante la recepción al presidente de Islandia. Ayer los gobernadores de Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes y Baja California hicieron lo propio.

• La ausencia del gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, se debe a un viaje por el extranjero. El Presidente realizará una gira por esa entidad este jueves.

• Mouriño insiste en que no renunciará. Este martes envió a la PGR y la SFP copia de los siete contratos que firmó con Pemex como apoderado de Ivancar.

Milenio, 12 de marzo de 2008.



Así quedó claro que el cinismo va unido a la impunidad prohijada por las “sacrosantas instituciones” que sirve de tapadera para las corruptelas de la mafia que asaltó el poder en México hace décadas, privando con ello de democracia a los mexicanos.

Derivadas de estas acciones hoy se conjugó de nueva cuenta la ilegalidad con la que se creó la comisión “investigadora” del transa Mouriño, nada más que por los propios corruptos de siempre: el PAN, el PRI, el Panal (de la corrupta Elba Esther Gordillo) y el PVEM –alguien se acuerda de él-, que será el que presidira. El diputado del PVEM –discípulo del niño muerde y sus transas- Carlos Alberto Puente Salas será quien encabece la mentada comisión. Nada más recordemos que el joven “legislador” (levantadedos al mejor postor) es cabildero de TV Azteca y personero del padre del dueño de esa televisora en la promoción de la plata como moneda de uso corriente.

Pese a que fue el Frente Amplio Progresista (PRD; PT y Convergencia) quien propugnó por la formación de la comisión, al final el PRIAN decidió dejarlos fuera si no aceptaban que sólo se investigarán los 7 contratos presentados hasta la fecha y por un lapso de dos meses. Cabe destacar que a la primera comisión que investigó al Salvaje de Guanajuato y a sus hijastros no le bastó el tiempo porque las dependencias se negaron o retardaron la entrega de documentos. Lo mismo hace hoy la presidencia espuria cuando se le solicita acceso a los documentos públicos, primero niega, luego el IFAI la apremia y al final manda lo que se le pega la gana, para que otra vez el IFAI apremie y así hasta el cansancio. El FAP decidió no convalidar la farsa y anunció que recurría al amparo porque la conformación de la mentada comisión afecta a las minorías.

Esa es la manera mafiosa –acordada previamente en reuniones privadas de los capos del PRI Manlio Fabio Beltrones –quien aún no aclara su responsabilidad en el asesinato de Luis Donaldo Colosio- y Emilio Gamboa Patrón, quienes vendieron su respaldo al ex chico superpoderoso a cambio de una mayor tajada en la venta de Pemex y la privatización de la CFE. Los anuncios publicitarios en radio y televisión, usando inclusive los programas de chismes, apuntan a que “haiga sido como haiga sido” el pelele Calderón Hinojosa intentará vender lo que pueda y como se pueda.


A continuación material tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

La salida de Mouriño


josé gil olmos


México, D.F., 12 de marzo (apro).- El presidente Felipe Calderón se ha quedado sin operador político. La falta de probidad ética y la violación a la ley de responsabilidades de los servidores públicos por parte de Juan Camilo Mouriño lo ha anulado como el negociador del gobierno. Ahora la pregunta no es cuánto tiempo durará en la Secretaría de Gobernación, sino quién será el encargado de manejar la agenda nacional.

La revelación de los contratos que firmó con Pemex cuando era apoderado y accionista de la empresa Transportes Especializados Ivancar SA de CV, y al mismo tiempo diputado federal y asesor de la Secretaría de Energía (SE), han expuesto la debilidad de Mouriño para hacerse cargo de la institución responsable de la política nacional.

No se trata únicamente de un asunto de ética como lo pretende manejar el propio Mouriño y el PAN, sino de legalidad. Hay violaciones al Código Penal federal y a la ley de responsabilidades de los servidores públicos porque no respetó la imparcialidad y usó su cargo público para obtener los contratos de transporte de combustible con Petróleos Mexicanos.

Aunque Calderón Hinojosa pretenda sostenerlo a como dé lugar, bajo el pretexto de que no entregará en bandeja de plata la cabeza de su amigo a Andrés Manuel López Obrador, es evidente que Mouriño Terrazo ha quedado invalidado como interlocutor oficial frente a las demás fuerzas políticas.

Los esfuerzos sofistas y grandilocuentes del dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, de quitarle peso a las pruebas de tráfico de influencias con el pretexto de que sólo se trata de un “mohín” de López Obrador, que no quiere aceptar su derrota, sólo deja en peor situación a Mouriño, pues hace evidente que no puede defenderse por sí solo sino que necesita del apoyo de su partido para salir del hoyo en que se encuentra hundido.

No sólo eso, Martínez Cázares contradice la propia historia de su partido que por años luchó contra la corrupción y contra los funcionarios del PRI que se valían del poder para beneficio propio o de su familia.

Se supone que el secretario de Gobernación es el segundo hombre fuerte del gobierno –sólo detrás del presidente--, y que por su experiencia y capacidad está preparado para tomar el timón del país en caso necesario.

Sin embargo, ante la primera tormenta política, Mouriño ha mostrado que no tiene ni la experiencia ni la capacidad para realizar las funciones básicas como titular de Gobernación –quizá nunca las tuvo--, y que ha quedado en una situación de una fragilidad muy peligrosa para el gobierno de Calderón ante las demás fuerzas políticas.

Mouriño ha salido ante los medios a defenderse alegando que los contratos no son ilegales y que no hubo ninguna intención de sacar provecho de su condición como legislador.

Al acudir a los medios, principalmente a las televisoras, su figura como secretario de Gobernación quedó desacreditada, pues ningún funcionario de ese nivel había tenido la necesidad de hacer esto para lavar su imagen.

De manera paralela, el PAN ha desplegado también en los medios una defensa ciega y a ultranza de Mouriño, bajo el viejo lema de que López Obrador “es un violento” y sólo quiere detener el desarrollo del país. Pero el efecto resultante es contraproducente, pues solamente están exaltando la debilidad de un funcionario que no puede defenderse por sí solo.

La percepción de la ciudadanía sobre el caso de Mouriño no es que sea una revancha de López Obrador, como pretenden inducirlo Germán Martínez y legisladores del PAN, sino que el secretario de Gobernación incurrió en una falta grave al sacar provecho de su posición para hacer negocios privados con Pemex.

La encuesta levantada por María de las Heras y publicada por el diario Milenio el lunes pasado es clara: 85% de los entrevistados piensa que es moralmente incorrecto haber hecho estos negocios y casi 70% considera que Mouriño debería dejar el cargo.

Pero quizá el dato más interesante por sus implicaciones es que 53% de los entrevistados cree que Felipe Calderón nombró a Mouriño como secretario de Gobernación a sabiendas de que se darían estos escándalos.

Es decir, que buena parte de la ciudadanía percibe que puede haber “plan con maña”: que Mouriño estaría siendo utilizado por Calderón como el chivo expiatorio para sacar adelante la reforma energética con la ayuda del PRI.

De ser cierta esta interpretación, estaríamos frente a una jugada política en la que a Calderón no le importa perder en lo inmediato a una de sus principales piezas políticas para ganar una jugada con altas ganancias financieras, como es la exploración y explotación de yacimientos petroleros en las profundidades del mar por parte de empresas privadas nacionales e internacionales. De ser cierto esto, Calderón y Mouriño estarían jugando al ganar perdiendo.

Políticamente Mouriño quedaría incapacitado para seguir su carrera política, pero como empresario quizá podría ser recompensado y seguir recibiendo contratos de Pemex, ya no para transportar petróleo sino para invertir en la exploración y explotación del mismo en las aguas profundas de los mares.

Ante toda esta situación y siguiendo las palabras de Calderón, de que quiere “un México de primer mundo”, el camino más honroso y quizá el único, si quiere lavar su figura, es que Mouriño deje el cargo, aunque sea temporalmente, mientras se realizan las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública.


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Regresa el fantasma de Muñoz Rocha


Ricardo Ravelo

El último día del sexenio salinista el cónsul de México en San Antonio, Humberto Hernández Haddad, le informó a la PGR y a la SRE que el prófugo Manuel Muñoz Rocha fue visto en esa ciudad texana. Eso bastó para que ambas dependencias bloquearan la información y el cónsul fuera destituido y desacreditado. Ahora, Hernández Haddad muestra pruebas de que su información tenía sustento y de que el gobierno federal siempre lo supo, pero prefirió encubrir a uno de los hombres clave para esclarecer el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

Eslabón clave para conocer quién o quiénes planearon el asesinato del político priista José Francisco Ruiz Massieu, ocurrido en septiembre de 1994, Manuel Muñoz Rocha no es un tema olvidado por la Procuraduría General de la República (PGR) ni por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Mediante su código genético, obtenido a partir de una muestra de cabello, el político tamaulipeco es rastreado en todos los hospitales del mundo, pues la PGR lo quiere “vivo o muerto”, según dice a Proceso una fuente confidencial que conoce todo el intríngulis de este caso. Y añade: “Tarde o temprano lo vamos a encontrar”.

–¿Esto quiere decir que existen indicios de que está vivo?

–Lo vamos a encontrar.

–¿Está vivo? –se le insiste.

–Lo encontraremos –responde, pero luego pone un dique de contención–. Eso es lo único que puedo decir al respecto.

De acuerdo con la acusación inicial, Raúl Salinas formó parte del complot para ejecutar a Ruiz Massieu. Han pasado 13 años desde aquel crimen que llevó a prisión al llamado hermano incómodo del expresidente Carlos Salinas y que derivó en la súbita desaparición de su amigo Muñoz Rocha.

Raúl y Carlos Salinas también fueron sacudidos por el asesinato de su hermano Enrique. Las investigaciones de la procuraduría mexiquense, entonces a cargo de Alfonso Navarrete Prida, sostienen que el móvil fue la extorsión, aunque una versión no confirmada apunta hacia el interior de la propia familia, que se despedaza por discusiones financieras.

El fantasma de Muñoz Rocha reaparece ahora que Raúl Salinas –quien fue absuelto del cargo de ser autor intelectual del homicidio de Ruiz Massieu, exesposo de su hermana Adriana– volvió a salir a la escena pública por un escándalo marital: fue acusado de violencia intrafamiliar.

El caso se ventila en la cuarta agencia del Ministerio Público, a donde su esposa, Paulina Castañón, acudió el pasado 27 de febrero a presentar la denuncia.

Según relató Castañón –quien tiempo atrás fue detenida en Suiza cuando pretendía retirar 130 millones de dólares que, según Raúl, le entregaron Carlos Peralta, Jorge Hank Rhon, Eduardo Sada y Roberto González Barrera–, su marido la insultó, la tomó del brazo y, furibundo, la echó de su casa.

Lo peor para el clan Salinas es que todo esto sucede ahora que, de acuerdo con una nota publicada por El Universal el 29 de febrero, otro fantasma aparentemente vuelve a cobrar vida: Mario Ruiz Massieu, declarado oficialmente muerto desde el 15 de septiembre de 1999.

Un fantasma que camina

En el giro que ha dado la indagatoria de la PGR, Muñoz Rocha y Ruiz Massieu resultan ser personajes clave: existe la sospecha de que el primero “puede estar escondido” en San Antonio, Texas, donde se le vio acompañado del abogado Enrique Fuentes León (acusado de la desaparición de la coreógrafa Nellie Campobello), en tanto que Ruiz Massieu, de acuerdo con la nota de El Universal, puede estar vivo, ya que –dice la mencionada nota– “agentes federales de Estados Unidos han generado una especulación asombrosa al decir en privado que buscan pistas en México para encontrar a Ruiz Massieu, quien presuntamente abandonó el programa de testigos protegidos”.

La nota no fue desmentida. Agentes de la agencia estadunidense antidrogas, DEA, consultados por Proceso en Washington, dijeron: “No podemos opinar respecto de una información que no tiene fuente”.

A su vez, la PGR guardó silencio y el diario extrañamente no le dio seguimiento la información. Lo cierto es que, de acuerdo con la publicación, (Mario) “Ruiz Massieu estaba ubicado en la ciudad de San Antonio, Texas (el mismo sitio donde presuntamente se escondió Muñoz Rocha (...) pero el pasado 21 de febrero se salió de control y desapareció”.

“En la oscuridad parece haber un poco de luz sobre este caso”, dice, directo, Humberto Hernández Haddad, excónsul de México en San Antonio, Texas, entre 1989 y 1995, y quien el 30 de diciembre de 1994 le informó al entonces titular de la SRE, José Ángel Gurría, que varios agentes federales de Estados Unidos habían visto en esa ciudad a Muñoz Rocha con el controvertido abogado Fuentes León.

–A usted lo tiraron a loco cuando dio a conocer el informe que le entregaron sobre la estadía de Muñoz Rocha en San Antonio semanas después de la ejecución de Ruiz Massieu. ¿Por qué sostiene que ya hay reflectores en esa espesa oscuridad que envuelve este caso?

–Lo que yo informé el 30 de diciembre de 1994, el último día de gobierno del presidente Carlos Salinas, es que Muñoz Rocha fue visto caminando con Enrique Fuentes León en céntricas calles de San Antonio, donde yo era cónsul general. Y lo que sobrevino fue una andanada de descalificaciones, tanto del entonces canciller José Ángel Gurría como de Antonio Lozano Gracia, a la postre primer procurador panista con Zedillo. Gurría ordenó que me suspendieran. ¿Sabe qué es eso? Que me inhabilitaran de por vida de mis funciones diplomáticas.

Tabasqueño de origen, Hernández Haddad tenía razón, según se documenta ahora. Su reporte estaba sustentado en los informes que emitieron cinco agentes federales estadunidenses y dos fiscales, cuyos pormenores están en los expedientes SA94-CR516M y SA94-CR377, radicados en la Corte Federal de San Antonio, donde según Hernández viven poderosos magnates como los Ancira Elizondo, dueños de Altos Hornos de México, y otros acaudalados empresarios beneficiados por el régimen de Carlos Salinas de Gortari.

Después de varios años, en los que demandó a Gurría por difamación e interpuso otros recursos legales para exigir a la SRE que le entregara y le protocolizara los informes que fueron ocultados durante más de diez años, finalmente Hernández Haddad ganó los juicios.

En consecuencia, la SRE le entregó el informe original, en el que la dependencia, entonces a cargo de Gurría, acredita legalmente que siempre estuvo enterada de las andanzas de Muñoz Rocha por San Antonio.

Por órdenes de la Presidencia de la República, ya con Ernesto Zedillo, ese documento se mantuvo oculto. Tanto la cancillería como el exprocurador general Antonio Lozano Gracia argumentaron que esa información no existía y que todo era una historia fantástica de Hernández Haddad.

Documentos rescatados

Mediante los amparos resueltos en 2005 y en 2006, la Secretaría de Relaciones Exteriores se vio obligada a entregar copias de los informes que daban cuenta del paradero de Manuel Muñoz Rocha en los días posteriores al asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, cuyo móvil aún se desconoce, aunque a lo largo de casi diez años de juicio siempre se manejó la tesis de que Ruiz Massieu “le estorbaba en sus planes políticos” a los Salinas.

Fechado el 30 de noviembre de 1994, el primer documento –clave SPR 04155– está dirigido al entonces procurador general de la República, Humberto Benítez Treviño, actual secretario de Gobierno del Estado de México.

Certificado por la SRE, el documento dice textualmente:

Por instrucciones del Secretario de Relaciones Exteriores para los efectos que haya lugar la transcripción de un mensaje del Cónsul General de México en San Antonio, Humberto Hernández Haddad:

A las 13:45 horas del día de hoy, recibí una llamada telefónica de un representante del Departamento de Justicia, informándome con carácter de confidencial, la información siguiente, que por las reservas del caso hago de su conocimiento bajo el rubro de secreto.

Los cinco agentes estadunidenses que aprehendieron a Enrique Fuentes León el 19 de octubre pasado, a las 12: 30 horas, en la Torre de Oficinas de Alamo Savinngs de esta ciudad (San Antonio, Texas), están rindiendo declaración el día de hoy afirmando que la persona que lo acompañaba (a Fuentes León) en el momento del arresto es Manuel Muñoz Rocha, a quien reconocen con base en las fotografías distribuidas por la Procuraduría General de la República.

El Fiscal Federal que maneja este caso me ofreció la oportunidad de reiterarle las seguridades de mi consideración más distinguida.

Enseguida rubrica el documento Juan Manuel Gómez Robledo, secretario particular del entonces canciller Manuel Tello Macías, amigo en la adolescencia de Raúl Salinas.

De acuerdo con Hernández Haddad, la PGR, que después encabezó Antonio Lozano Gracia, le argumentó que nunca recibieron tal oficio de la cancillería. Fue entonces que Hernández Haddad exigió por la vía legal que la SRE le entregara copia del oficio que él envió a Benítez Treviño.

–Necesito que me entreguen copia del oficio con el acuse de recibo de la PGR –exigió Hernández. Pero, cuenta él mismo a Proceso, nunca se lo entregaron: “Me argumentaron entonces que no podían mostrar un oficio que tuviera acuse de recibo porque no se los dio la PGR”.

Actualmente Juan Manuel Gómez Robledo, quien firmó ese oficio, funge como subsecretario de la cancillería para el área de Derechos Humanos.

Después de un largo juicio, Hernández Haddad logró que la SRE le extendiera el oficio firmado por Gómez Robledo y que permaneció oculto por más de diez años. La copia está certificada:

… Que la presente copia fotostática que consta en una foja por un solo lado, concuerda fielmente en todas y cada una de sus partes, con la copia fotostática del oficio SPR-04155 de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, firmado por el secretario particular del C. secretario de Relaciones Exteriores y dirigido al Procurador General de la República…

Hernández Haddad había iniciado así una larga lucha legal contra el aparato político protector del grupo salinista, al que públicamente se le han atribuido los crímenes de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

Otro oficio dirigido por Hernández Haddad al procurador Antonio Lozano Gracia también desapareció extrañamente. Según el excónsul, esta maniobra también formó parte del ocultamiento de aquellas evidencias que podían conducir al paradero de Muñoz Rocha.

El documento está fechado el 17 de enero de 1995 y tiene el número 0054, exp. 73-46/524.9*95”. Dice el oficio:

El día de hoy solicitó ser recibido en este consulado el abogado penalista Roy Barrera, Sr., defensor de Enrique Fuentes León, quien fuera entregado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a las autoridades mexicanas el pasado jueves 12 de enero (1995).

El Cónsul Alterno Alejandro García Moreno recibió al abogado Roy Barrera, Sr., quien entregó el documento adjunto, donde solicita que este Consulado General de México de fe pública negando que Manuel Muñoz Rocha acompañaba a Enrique Fuentes León el 19 de octubre de 1994 en que fue arrestado en San Antonio por agentes federales.

En virtud de que un testimonio como el que el abogado Roy Barrera Sr. Pretende obtener avalado por la fe pública de este Consulado General necesita la intervención directa de la Procuraduría General de la República, me permito elevarlo a su muy distinguida consideración.

Cabe recordar que los Cónsules García Moreno, Franco Díaz de León y Contreras Cantú, estuvieron en la Corte Federal de San Antonio el día en que se presentaron las declaraciones juramentadas de los agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización, afirmando haber reconocido a Manuel Muñoz Rocha como el acompañante de Enrique Fuentes León. Estas declaraciones constan en el expediente judicial que instruyó el Magistrado John Primomo en esta ciudad.

Este oficio también fue certificado como existente en los archivos de la SRE y de la PGR.

Hernández Haddad relata que, después de este oficio contundente, Lozano Gracia nunca le volvió a contestar las cartas ni las llamadas telefónicas y el caso fue sepultado, según dice, “para ocultar las evidencias de que Muñoz Rocha estaba (o está) oculto en San Antonio, Texas, al amparo del grupo político al que públicamente se le atribuyen los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu”.

La furia de Gurría

Según afirma Hernández Haddad, egresado de la universidad de Harvard, exsenador de la República, exdiputado federal y aspirante a la gubernatura de Tabasco “bloqueado por los Salinas”, lo que desató la furia del primer canciller zedillista José Ángel Gurría fue que el cónsul puso en evidencia las maniobras para ocultar el paradero del fugitivo Muñoz Rocha.

Humberto Hernández acusa a Gurría de haberlo amenazado de muerte por sus denuncias. Después la cancillería emitió un boletín de prensa en el que se informó que el cónsul había sido destituido, lo que equivale –explica el tabasqueño– a una inhabilitación de por vida.

Entonces el entrevistado interpuso dos denuncias contra el exsecretario de Relaciones Exteriores: una penal, que recientemente llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otra civil, ante el Juzgado Segundo de Distrito del Distrito Federal.

En este caso, ya hay resolución, expone Hernández Haddad: el Primer Tribunal Unitario en Materia Civil condenó a Gurría a pagar daños y a publicar un extracto de la sentencia. El caso, sin embargo, sigue en juicio; ahora está en manos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otra denuncia por irregularidades administrativas, derivada del nudo que detuvo las denuncias iniciales sobre la presencia de Muñoz Rocha en San Antonio, fue presentada ante la desaparecida Secretaría de la Contraloría cuando su titular era Arsenio Farell Cubillas.

La queja se turnó a la PGR y ahí se integró el expediente 2004/2604/SQ/1/DF. “Nunca hubo sanciones para nadie”, refiere Hernández Haddad. Actualmente ese expediente ya consta de 11 volúmenes y sigue archivado.

–Con la información que usted tiene, y de acuerdo con los antecedentes del caso, ¿usted cree que Manuel Muñoz Rocha está vivo o muerto? –se le pregunta.

–No me toca a mí decirlo… Siendo cónsul en San Antonio, recibí los informes de que estaba vivo y caminando por las calles de esa ciudad. De todo ello informé en tiempo y forma, con base en documentos que fueron ocultados. Lo que pienso que las autoridades ahora deben investigar y acreditar es: ¿por órdenes de quién se ocultó la información?



El siguiente material fue tomado de La Jornada.

http://www.jornada.unam.mx/

Comprobación lógica: sí hubo fraude

Octavio Rodríguez Araujo


Puede traicionarme la memoria, pero me parece recordar que lo solicitado por la revista Proceso sobre las boletas electorales de la elección presidencial de 2006 era acceso a ellas para volverlas a contar, y no, como ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impugnar las leyes electorales entonces vigentes ni el proceso comicial ya concluido.

Desde el principio, tanto la revista como algunos universitarios solicitaron contar los votos a sabiendas de que dicha acción, de haberse permitido, no cambiaría los resultados electorales, sino sólo resolvería la gran incógnita de muchos mexicanos de si los resultados fueron correctos o no. La negativa de seis magistrados contra cinco demuestra, una vez más, que la gente del poder no quiere que se le haga la autopsia, por decirlo así, al cadáver electoral. Hay presunción fundada de que dicha víctima fue asesinada; no se tiene la certeza de cómo exactamente se cometió el crimen, si fue asfixiada o murió de un golpe en la cabeza o de un balazo. La autopsia nos revelaría algo al respecto o, quizá, que la víctima en realidad no fue asesinada sino que falleció de lo que los médicos llaman muerte natural. Con el conteo extraoficial y sin validez jurídica se aclararía si hubo o no fraude electoral, si ganó Calderón o López Obrador. Nada más, pues, aunque tramposamente, es cosa juzgada, y ya ni modo.

Sin embargo, temerosos los del poder establecido, se han negado a aclarar estas dudas, a pesar de que sería en beneficio de la salud de la nación. Han preferido negar un derecho a la transparencia electoral que tenemos todos los ciudadanos; han preferido pasar a la historia como marrulleros autoritarios, que aclararle al mundo cómo fueron en realidad las elecciones federales pasadas. El siguiente paso será, si la lógica del poder se cumple, que el IFE ordene destruir las boletas electorales, es decir el cuerpo del delito. Y los mexicanos nos quedaremos siempre con la duda, al igual que tal vez nunca sepamos quién en realidad mató a Colosio, por ejemplo.

Los seis magistrados de la SCJN que votaron en contra de que se cuenten los votos otra vez han ratificado el enorme temor que existe en las esferas del poder institucional dominado por el PAN de que quizá Calderón no ganó. Han preferido no arriesgarse, ¿qué tal que resulta que perdió? Y esto, aunque no tenga validez jurídica, sí provocaría una enorme decepción en los mexicanos, y hasta es probable que nos enojáramos, y lo que de esto pueda derivarse.

Es una lástima que Felipe Calderón, dada la pequeña diferencia entre sus supuestos votos y los supuestos votos de su principal contrincante, no haya sido el primero en pedir que los votos se volvieran a contar. Lo único que logró con su contumacia fue aumentar la duda sobre su triunfo, olvidando la vieja máxima que dice que el que calla otorga, o la otra que dice que el que nada debe nada teme.

Si me doy cuenta de que me falta la cartera en el bolsillo y atrás de mí veo a un personaje que trata de pasar inadvertido o que lleva a cabo movimientos sospechosos, puedo pensar que él fue el ladrón. Llamo al policía más cercano y éste le pide que vacíe sus bolsillos. Si se niega, se hará más sospechoso, y si accede y no se le encuentra mi cartera, me disculparé ampliamente y reconoceré que me equivoqué y que ese personaje es inocente. Pero Calderón no quiso hacerlo, el IFE de Ugalde tampoco, el tribunal electoral ignoró infinidad de pruebas sobre la suciedad de las elecciones y falló en contra de que se contaran todos los votos. ¿Cuál puede ser la única conclusión lógica? Que no quisieron que se supiera la verdad. El máximo tribunal de la nación ha hecho lo mismo, ocultar la evidencia y dar pie para que las boletas sean destruidas. ¿Podré creer en las instituciones de la República después de esto? No, ni tampoco millones de mexicanos.

Muchos amigos míos, tanto los muy enterados como otros medio apáticos, me han dicho que no hubo fraude y me han dado decenas de argumentos; pero ellos, a diferencia de quien se ostenta como gobernante y de nuestros magistrados, sí estuvieron de acuerdo en que las boletas electorales fueran contadas de nuevo por personas ajenas al poder institucional y confiables por lo mismo. Unos lo dijeron públicamente y otros no, por temor a perder su trabajo, pero pensaron que no hubiera habido ningún problema en el recuento, incluso –en opinión de ellos– para ratificar que las irregularidades habidas en el cómputo oficial no hubieran cambiado sustancialmente los resultados. Nada. Los del poder institucional cerraron filas y terminaron siendo cómplices, por lo menos, de mantener la duda entre quienes pensamos que sí fue fraudulenta esa elección y que no triunfó Calderón. Con su terquedad confirman, para mí, que sí hubo trampa y que el golpe de Estado ex ante (del que he escrito en otros momentos) sí se llevó a cabo, aunque poco podamos hacer ahora para cambiar las cosas.
Es una lástima que estas cosas ocurran en México. Pero, contra lo que probablemente piensan los del poder, no nos acostumbraremos: seguiremos la ruta de la oposición en la medida de nuestras posibilidades. Y, una conclusión inevitable: las instituciones son dudosas y poco confiables.