Mercadotecnia para vender Pemex y CFE, ese tesoro irá a manos del PRIAN

Tomados de La Jornada, Helguera, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

Los casos de corrupción entre las filas del PAN superan con mucho a los del PRI, tomando en cuenta el lapso de tiempo que llevan en el poder. Desde hace siete años los escándalos y acusaciones de corrupción los acompañan cotidianamente. También desde hace años la impunidad es su moneda de cambio con el PRI.

Es a partir de la voraz rapiña del PAN que los casos de corrupción toman forma y se sabe santo y seña de la forma –en el argot criminal el modus operandi- en que los destacados panistas forjan el México del futuro.

Ahora sus baterías están enfocadas en saquear ese “tesoro que se encuentra en aguas profundas”. El anuncio publicitario negado por el pelele Felipe Calderón Hinojosa y “modificado” sólo en el logo de Pemex, que sustituyó al de la presidencia pirata, comenzó a transmitirse esta semana por radio y televisión. En él queda claro que se contratarán los servicios de empresas extranjeras –para que el petróleo sea cada vez más mexicano- para la operación de toda la cadena productiva de la paraestatal.

Desde hace décadas esas mismas empresas se han ubicado en sectores donde la Constitución lo impide –al menos en la letra muerta-. La idea ahora es terminar con la simulación y entregar de forma “oficial” el petróleo al capital privado. Según el comercial, este será extranjero, pues ellos son los únicos que cuentan con la “tecnología”.

En los hechos la denuncia de la venta de Pemex y CFE efectuada por Andrés Manuel López Obrador, es cierta y comprobable. Pese a que la paraestatal niega los contratos realizados por el empresario Juan Camilo Mouriño, las pruebas son irrefutables y la mentira los sume más en el descrédito y el lodo.

Hasta el momento no se ha presentado formalmente ninguna iniciativa, pero el famoso comercial ya está circulando. ¿Podrá alguna vez este país dejar de ser un concepto de mercadotecnia? Se trata de temas de interés general rebajados a simple raiting de los desgobiernos PRIANistas en turno. El descaro es tal que hasta el panista de hueso colorado como Santiago Creel –el exhombrecito de Bucareli, ahora lo es del Senado- se sonroja con la mención de la comisión legislativa que intentará echar tierra al asunto. Nada más recordemos que las que se han encargado de “investigar” al corrupto y ladrón Vicente Fox Quesado, han quedado en la nada. ¿Cuándo tendremos la respuesta y los culpables en la cárcel? ¿Hasta dónde llegará la impunidad? ¿Ese es el México del futuro y sus jóvenes líderes extranjeros? Que tal mal están los políticos e instituciones sacrosantas que las transas las hacen a la luz del día y en cadena nacional. Realmente el sistema político y las instituciones están podridas. La única salida es cambiarlas. Ya probaron que no funcionan y no funcionarán mientras actúen como lo que son: una mafia.



Los siguiente materiales fueron tomados de la revista Proceso.




http://www.proceso.com.mx/

Petroleos ¿Mexicanos?

Carlos Acosta Córdova

Más allá del errático y polarizante debate sobre la presunta privatización de Petróleos Mexicanos, y de lo que se anime finalmente el gobierno de Felipe Calderón a presentar como propuesta para sacar del bache a la paraestatal, lo cierto es que sólo en la letra Pemex es “del pueblo” y de “los mexicanos”. En realidad, sus actividades centrales –con ganancias gigantescas– están en manos de grandes corporaciones trasnacionales.

Si bien Pemex es propiedad del Estado mexicano, el sector privado nacional y extranjero, lo mismo empresas que personas físicas, prácticamente controlan la industria petrolera nacional: realizan actividades directas en toda la cadena del petróleo, el gas y el resto de hidrocarburos, supuestamente prohibidas por la Constitución, o bien trabajan para la paraestatal por medio del contratismo desmesurado, que ha hecho de la paraestatal el gran negocio de cientos de miles de personas y empresas.

Sólo para ilustrar esto último: el catálogo de contratistas y proveedores de uno solo de los cuatro corporativos que conforman la compañía, Pemex Refinación, actualizado al 31 de enero, consta de más de 37 mil nombres de compañías y personas, nacionales y extranjeras. Entre esos nombres destaca por ejemplo el de Juan Bosco Abascal Carranza (proveedor número 1000040812, hermano de Carlos, secretario del Trabajo y de Gobernación en el sexenio pasado), encargado de impartir los cursos de moral a legisladores y gobernantes del Partido Acción Nacional, hasta empresas como Swecomex, de Carlos Slim, constructora de plataformas petroleras, y Union Pacific Railroad, la poderosa ferroviaria estadunidense dedicada sobre todo al transporte de mercancías.

No hay eslabón de la cadena petrolera que no esté invadida por particulares. Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994), cuando Petróleos Mexicanos quedó dividida en cuatro subsidiarias (Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica), se le ha venido dando la vuelta a la Constitución y a diversas leyes para que, por medio de contratos y permisos, los particulares puedan participar y hacer negocio en actividades antes –y aun ahora, en algunos casos– reservadas a los mexicanos.

Si con Salinas la petroquímica legalmente dejó de ser un área estratégica –para que los capitales privados pudieran hacerse cargo de ella– y se inició la apertura de la industria del gas, con Zedillo y Fox se concretaron ambos procesos, con el agravante de que aun extranjeros tendrían facilidades para entrar en las dos áreas, incluso con una participación de control, en particular en el caso del gas.

De hecho, en materia de transporte, almacenamiento, distribución y comercio del gas natural, es poca la participación de Pemex. El gas es coto de empresas privadas, sobre todo extranjeras. No se diga la distribución, que es controlada por cinco trasnacionales. La principal de éstas, la española Gas Natural, es la distribuidora de gas número uno en México y tiene presencia en siete de las 14 zonas de distribución en el país, tiene 1 millón 120 mil clientes y una red de más de 15 mil kilómetros: en el Distrito Federal surte gas en 14 de las 16 delegaciones del gobierno capitalino.

Las otras cuatro son: las estadunidenses Sempra Energy y KN Energy, con fuerte presencia en Chihuahua, Baja California, Durango y Sonora; la franco-belga Tractebel-Suez, que controla la distribución de gas en Jalisco, Tamaulipas y Querétaro, y la francesa Gaz de France, con presencia en el norte de Tamaulipas y dominio en el Valle de México.

Pero si la distribución y comercialización eran los únicos renglones en los que la ley permitía participar a los empresarios nacionales y extranjeros, por vía de los Contratos de Servicios Múltiples ahora –desde 2003– lo pueden hacer también en el ámbito de la producción y el desarrollo de los campos de gas.

Gracias a ese mecanismo, también grandes empresas extranjeras pueden encargarse de todo el ciclo de exploración y producción de gas. Por lo menos en la cuenca de Burgos ya operan la poderosa petrolera española Repsol YPF, que ya tiene una sólida presencia en la parte estadunidense del Golfo de México en trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos; la argentina Techint-Tecpetrol; la brasileña Petrobras, en alianza con la japonesa Teikoku Oil, y la estadunidense Lewis Energy.

Permisos de almacenamiento con regasificación los han obtenido las trasnacionales estadunidenses Shell, Sempra Energy y Marathon Oil, líderes en productos y servicios y que operan en Tamaulipas y Baja California.

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La petroquímica nacional, bajo control de particulares desde hace unos tres lustros, es un desastre. Desde tiempos de Miguel de la Madrid se consideró que la industria no era prioritaria y que muy bien podrían encargarse de ella las empresas privadas. Con ese argumento, en aquel gobierno se hizo una primera reclasificación de los petroquímicos básicos, de 72 a 36; luego Salinas de Gortari los dejó en 20 y, al final de su gobierno, bajo los compromisos del TLCAN, quedaron sólo ocho.

Pero ha sido tal el desdén de los particulares que ahora el gobierno de Felipe Calderón pretende reactivar la industria petroquímica nacional para reducir la dependencia del exterior –las importaciones son abrumadoras. Para ello anunció, apenas hace 10 días, un espectacular plan no sólo para la construcción de una gran planta de etileno –a cargo de la iniciativa privada, a un costo de mil 700 millones de dólares– sino de la licitación de contratos de suministro, por 15 años, de etano y gasolinas.

La dependencia del exterior en materia de petroquímicos es tal que las importaciones han alcanzado cifras históricas con 12 millones de toneladas anuales, a un costo de 15 mil millones de dólares. En su informe de resultados de 2007, que dio a conocer el miércoles 27 de febrero, Pemex refiere que así como el valor récord de las ventas totales –1 billón 135 mil millones de pesos, 2.9% más que en 2006– se debió a un mayor precio internacional del crudo, las cuantiosas pérdidas netas de la paraestatal –más de 16 mil millones de pesos– fueron producto de una mayor importación de petrolíferos, principalmente de gasolinas. Las compras de éstas pasaron de 204 mil 700 barriles diarios, en 2006, a 307 mil 700 barriles por día, promedio, en 2007, es decir, un volumen superior en 50.3%.

El desastre de la petroquímica alcanza al Sistema Nacional de Refinerías. Hace poco, Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía del Senado, dijo: “No tenemos capacidad de almacenamiento suficiente y el sistema de transporte es costoso e ineficiente”. Es más, agregó, “estuvimos a punto de quedarnos sin gasolina, en la zona metropolitana, en diciembre pasado, porque no tenemos almacenamiento suficiente en el país.”

La gravedad del asunto la dan las propias cifras oficiales: la oferta de gasolinas de Pemex sólo cubre el 62% de la demanda nacional. Es decir de cada 10 litros que se consumen en el país, poco más de cuatro se importan, sobre todo de Estados Unidos, pero también de China y la India… y con nuestro propio petróleo.

Por ello, la propuesta de Calderón, sin ser explícita, apunta a la creación de refinerías “nacionales” pero de propiedad privada, inclusive extranjera. Los investigadores universitarios Víctor Rodríguez-Padilla y Ramón Pacheco interpretan así, en su ensayo Petróleo, gas natural y Pemex; proceso de privatización y alternativas, que hicieron público el 25 de febrero pasado:

“La propuesta de la corriente aperturista es que existan refinerías privadas que maquilen el crudo y entreguen los productos resultantes a Pemex. La Constitución prohíbe este tipo de infraestructura y actividad por parte del sector privado, porque la refinación forma parte tanto de la explotación petrolera como de la industria petrolera, ambas reservadas a la nación”.

Algunos aseguran que las “refinerías maquiladoras” cumplirían con la ley porque no habría transferencia de los derechos de propiedad; Pemex sería dueño del crudo y los productos resultantes; el inversionista privado sería dueño de la refinería y obtendría un margen por barril procesado con dos componentes: un cargo fijo para rembolsar las inversiones y un cargo variable dependiendo de la carga procesada; todos los riesgos serían para Pemex y el gobierno federal. Si la propuesta llega a prosperar se crearía una figura equivalente al “productor independiente de productos derivados del petróleo”. Será el “salinazo” de Felipe Calderón.

“Más adelante, dependiendo de cómo les fue con la primera parte de la apertura, vendría la libre importación y la liberalización de las actividades comerciales. Las refinerías maquiladoras se transformarían en ‘refinerías de mercado’. Las gasolinerías cambiarían la bandera Pemex por las de Shell, BP (British Petroleum), Chevron, Exxon-Mobil. Durante los últimos 15 años, desde la entrada en vigor del TLCAN, esas compañías han estado adquiriendo gasolinerías a través de prestanombres. Algunos gasolineros han firmado contratos con las trasnacionales para continuar como operadores de las estaciones de servicio cuando se liberalice el mercado.”

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El gobierno de Felipe Calderón, aun sin presentar la polémica iniciativa para transformar la industria petrolera nacional, ya ha dado muestras de que está decidido a abrir de par en par las puertas a la iniciativa privada, nacional y extranjera, aun en áreas reservadas.

Las cifras son elocuentes: en el gobierno de Ernesto Zedillo las inversiones en el sector energético, financiadas por el sector privado, sumaron poco más de 8 mil millones de dólares; en el gobierno de Fox, los contratos en el sector energético ascendieron a cerca de 30 mil millones de dólares, pero Calderón quiere más: en su primer año de gobierno se firmaron 642 contratos de obra pública con empresas nacionales y extranjeras, con un valor de 9 mil millones de dólares. Y este año va rápido: hasta mediados de febrero iban seis licitaciones públicas, nacionales e internacionales, para la ejecución de obras por un valor de 1 mil 380 millones de dólares.

Y para todo: construcción de infraestructura y mantenimientos de campos de gas; plantas de óxido de etileno para complejos petroquímicos; construcción y tendido de oleoductos y gasoductos; perforación, terminación y mantenimiento de pozos petroleros y elaboración de registros geofísicos de yacimientos de crudo.

Un análisis de la revista El mundo del petróleo, de Ferráez Editores, la empresa que edita la revista Líderes Mexicanos, señala –con base en información del IFAI– que de poco más de 3 mil empresas contratadas por Pemex y la CFE para la construcción de infraestructura energética sólo 27 han sido las más beneficiadas porque concentran obras y proyectos con un valor superior a los 21 mil 641 millones de dólares.

Pero resulta que son empresas extranjeras las que se llevan la mayor parte del pastel. Entre ellas: Halliburton, Repsol, Schlumberger, Bergensen Worldwide Limited, Lewis Energy, Baker Hughes, Bosnor, Keppel Offshore and Marine USA y China Petroleum. Son portentos trasnacionales que, en México, están en todo: explotación y producción de gas; perforación de pozos en el mar; provisión de barcos y unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga de petróleo; generación de electricidad, entre otras actividades.

Por otra parte, en materia de construcción de plataformas marinas, no es poca la presencia de empresas mexicanas: Swecomex, de Carlos Slim; ICA, de la familia Quintana, entre las más reconocidas, pero también Cigsa, Comintersa, Commsa y Cyemsa. Pero la demanda es más grande que la capacidad de las empresas mexicanas, de tal suerte que el gobierno ha echado mano de las extranjeras Upstream Engineering, Shaw Mexican Holding, Keppel Offshore and Marine, McDermott Internacional y la coreana Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, entre otras, para la construcción de plataformas.

Entre las compañías extranjeras favoritas de los gobiernos panistas destaca Halliburton, que tiene más de cien años de existencia y se especializa en el desarrollo de tecnologías de punta para la construcción de infraestructura civil para operaciones militares; es precursora y líder en servicios de energía. En un tiempo fue dirigida por el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney.

En México, Halliburton ha obtenido, desde 2002, 160 contratos de Pemex por 25 mil 800 millones de pesos (2 mil 345 millones de dólares) para trabajos de perforación y mantenimiento de pozos en las principales regiones productoras de crudo del país. El más reciente, anunciado apenas la semana antepasada, fue por 683 millones de dólares (poco más de 7 mil 500 millones de pesos), para trabajos de gestión de proyectos, servicios de perforación y terminación de 58 pozos petroleros en la región sur del país.

Pero Pemex también abre sus puertas a empresas presuntamente mexicanas. Le dio un contrato a DS Servicios Petroleros, S.A. de C.V., creada apenas el 15 de diciembre de 2006 –dos semanas después de la toma de posesión de Felipe Calderón– para ejecutar trabajos de geociencias, perforación, producción e infraestructura y operación de sistemas de producción. El monto del contrato es por 817 millones 122 mil 46 pesos, más 66.8 millones de dólares; su objetivo es la prestación de “Servicios integrales de optimización y desarrollo de campos en el sector Ébano-Pánuco-Cacalilao del Activo Integral Poza Rica-Altamira”, según consta en el contrato de Pemex Exploración y Producción, con número 424107840, del 14 de mayo de 2007.

Aunque el titular del contrato es de DS Servicios Petroleros SA de CV, la propuesta fue presentada conjuntamente con D&S Petroleum, SA de CV, filial del grupo compuesto por la mexicana Diavaz, la brasileña Petrobras y la japonesa Teikoku Oil.

En suma, la presencia de la iniciativa privada, nacional y extranjera, está en todos los sectores de la industria petrolera nacional. Muchos le llaman “privatización silenciosa”. Habrá que ver qué más quiere el gobierno de Felipe Calderón. (Con información de Rosalía Vergara)


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Entreguismo energético

Jesusa Cervantes

En una actitud de plena apertura a las inversiones privadas para la exploración y explotación de recursos energéticos, el presidente Felipe Calderón y sus colaboradores cercanos buscan allanar el camino para que se apruebe la reforma en este ramo. Se trata de un proyecto de corte neoliberal concebido desde que el actual mandatario ocupó la Secretaría de Energía durante la administración de Vicente Fox.

La estrategia para abrir las puertas del sector energético a la iniciativa privada la impulsó el actual presidente de México. Desde 2003 Felipe Calderón concedió a empresas foráneas, como la española Repsol, el derecho a explorar y perforar yacimientos de gas, y permitió que inversionistas mexicanos y extranjeros generaran energía eléctrica, con lo que violentó disposiciones constitucionales.

Como secretario de Energía y junto con uno de sus colaboradores, Juan Camilo Mouriño –hoy secretario de Gobernación–, Calderón se convirtió en el principal promotor para que la iniciativa privada “vendiera energía”, actividad reservada al Estado. Años más tarde abrió paulatinamente la privatización para el mantenimiento de las venas del sector energético: el sistema de ductos.

Su complacencia con el sector privado no paró ahí. Ya como presidente de la República autorizó a Pemex para que comprara gas a Repsol por un monto superior a 183 mil millones de pesos. Los datos de esta operación están contenidos en contratos de Pemex Exploración y Producción, y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que aparecen en el sistema Compranet.

De 2000 a 2003, en la LVIII legislatura, junto con el también diputado federal Juan Camilo Mouriño, Calderón no hizo nada para impedir la silenciosa entrega del sector a la iniciativa privada. En los registros de la Cámara de Diputados no existe evidencia de que en alguna ocasión el líder de la bancada panista haya levantado su voz para reclamar esta privatización simulada bajo contratos de obra pública.

El especialista en materia energética Fluvio Ruiz Alarcón sostiene que ahora, cuando la reforma energética parece no estar muy lejana, las autoridades sólo pretenden “legalizar” los actos que desde el 2 de septiembre de 2003 emprendió Calderón como secretario de Energía.

Contratos a granel

Un día antes de que Felipe Calderón asumiera la titularidad de la Secretaría de Energía (Sener), el presidente de la República, Vicente Fox, dijo que la energética era una de las cuatro reformas estratégicas para que México pudiera avanzar.

Cuando tomó posesión como secretario de Energía, Calderón expresó: “El presidente de la República tiene razón… Me propongo cumplir con los propósitos que el Ejecutivo anunciara ayer a la nación: integrar la cadena de valor de la industria energética nacional”.

Añadió: “México no debe seguir importando recursos de los que dispone, ni productos refinados para los que tiene ventajas competitivas. Tampoco podemos dejar de invertir en la exploración para revertir tendencias decrecientes de reservas”.

Y así lo hizo. Entre sus primeros actos como secretario de Energía –el 16 de octubre de 2003–, autorizó que se adjudicara a Repsol Exploración México, S.A. de C.V., un contrato para que “ejecute obras relacionadas con el desarrollo de infraestructura y mantenimiento de campos de gas no asociado en la Cuenca de Burgos en el bloque Reynosa-Monterrey”. Por este concepto la empresa recibió un pago por más de 26 mil 951 millones de pesos.

Siete días después, el 23 de octubre, a Petrobras, de Brasil, y a Teikoku Oil, de Japón, la Sener les otorgó un contrato para explorar durante 15 años el tramo conocido como Cuervito. Para ello, el gobierno federal les pagó 2 mil 611 millones de pesos. Una semana después, el 30 de octubre, la dependencia asignó otro contrato, ahora por 20 años, a la empresa argentina Techint y a la mexicana Industrial Perforadora de Campeche, para que exploren la zona conocida como Misión; el desembolso ascendió a 10 mil 360 millones de pesos.

Cuando Calderón llegó a la Sener, el entonces abogado general de Pemex, César Nava, dejó su cargo para ocupar la Unidad de Asuntos Jurídicos de esa secretaría. Desde esa posición debió haber revisado la legalidad de los contratos referidos, conocidos como Contratos de Servicios Múltiples (CSM).

Así, Calderón y Nava avalaron un cuarto contrato a favor de Petrobras y Teikoku Oil para que operaran en la zona conocida como “fronterizo” por un lapso de 15 años. La adjudicación la hizo el secretario el 19 de noviembre de 2003 y representó un pago de 2 mil 650 millones de pesos.

Meses antes de abandonar el cargo, el 15 de enero de 2004, el ahora presidente adjudicó un quinto contrato a la empresa Lewis Energy Group, L. P., con un pago de 343 millones 573 mil 500 dólares.

Los cinco CSM fueron cuestionados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), e impugnados ante un juez civil por legisladores encabezados por el senador Manuel Bartlett. El órgano fiscalizador consideró “poco clara” la legislación al respecto, y recomendó que no licitaran nuevos contratos.

Generación de energía

Con los cambios que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari hizo a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica se empezaron a entregar permisos de generación de energía a la iniciativa privada bajo las modalidades de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente e importación y exportación.

Hasta ahora se han otorgado 240 de esas autorizaciones, pero hubo 35 casos en que la ASF consideró que se había violado la Constitución y la Ley de Energía. Por ello, la entidad fiscalizadora pidió que se anularan esos permisos, los cuales fueron concedidos en 2004, cuando Calderón estaba en la Sener. El funcionario defendió en todo momento los permisos, a pesar de las pruebas que la ASF le entregó para respaldar su demanda de nulidad.

“Todos los permisionarios son filiales de empresas extranjeras. Iberdrola (España) y Unión FENOSA (antes francesa hoy española) cuentan con permisos por 2 mil 242 y mil 712 megawatts, respectivamente. Lo anterior significa que el capital español controla 43% de la generación independiente de energía eléctrica en México; firmas canadienses 6%; estadunidenses 19%, y japonesas 12%.”

Con todo, Calderón siguió en la defensa de los permisos para producir energía eléctrica. Es más: en los escasos nueve meses que estuvo al frente de la Sener entregó 31 autorizaciones más a empresas extranjeras y mexicanas.

Calderón dejó la Sener el 31 de mayo de 2004 para irse en pos de la candidatura presidencial de su partido, el PAN. Sin embargo, dos de sus principales operadores, César Nava y Juan Camilo Mouriño, permanecieron en la dependencia.

Seis meses después dejarían el cargo, aunque antes de abandonarlo Mouriño, en su condición de subsecretario de Electricidad, dejó en claro cuál había sido su función en Energía: impulsar la reforma energética a favor del sector privado.

“El próximo subsecretario –expuso Mouriño el 26 de septiembre de 2004, un día antes de dejar el cargo– debe seguir insistiendo en la reforma estructural y promover una serie de cambios que no requieren cambios constitucionales, ni pasar por el Congreso. Por ejemplo, que el riesgo de los contratos de suministro de gas natural lo asuma la empresa pública y no el inversionista, lo cual ya se está llevando en los últimos contratos asignados. Eliminar restricciones legales en la regulación que no permiten aprovechar al máximo las figuras de autoabastecimiento y cogeneración (en los permisos de energía), y las limitantes para despachar los excedentes y permitir que Luz y Fuerza compre energía a los privados y no a la Comisión Federal de Electricidad.”

También adelantó que al llegar a la Presidencia Calderón impondría su proyecto estratégico: “…el de fondo, que es donde se pueda impulsar la apertura de parte del sector (energético), para ser complementado por la iniciativa privada”.

Y la estrategia siguió. Sin necesidad de reforma energética Calderón continuó beneficiando a empresas extranjeras; por ejemplo, a menos de un año de estar en el poder comprometió millonarios recursos del país con la que parece ser su compañía predilecta: Repsol.

Los ductos

El 28 de septiembre de 2007, el gobierno de Calderón firmó un contrato por 15 años con Repsol Comercializadora de Gas, S.A., con lo cual comprometió el dinero de la nación para pagarle 183 mil 51 millones 215 mil 337 pesos a fin de que surta de gas a la CFE.

El argumento para entregar los millonarios CSM fue que con ello se disminuiría la importación de gasolinas. Sin embargo, el contrato, dado a conocer en Perú y no en México –el 18 de febrero pasado lo reveló Andrés Manuel López Obrador–, muestra todo lo contrario, pues México pagará a Repsol más de 183 mil millones de pesos por concepto de importación de gas.

De acuerdo con datos de la CFE, el contrato número 9100005181 se adjudicó de manera directa a Repsol Comercializadora de Gas y tiene vigencia del 28 de septiembre de 2007 al 22 de diciembre de 2022.

Otro contrato millonario entregado por Felipe Calderón a la iniciativa privada extranjera es el que se firmó el 30 de noviembre de 2007, sin que tampoco se publicitara en México y que dio a conocer en Estados Unidos el 13 de diciembre la empresa beneficiada.

Se trata de un contrato por 10 años para operación y mantenimiento de uno de los cuatro sistemas de ductos que tiene el país y que otorgó de manera directa a la empresa Energy Maintenance Services Group I, con una deuda para el país por 4 mil 268 millones 792 mil 26 pesos.

De acuerdo con el análisis que el Centro Nacional de Estudios de Energía, A.C., hizo al contrato, éste viola la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, “debido a que propiciará la intervención de un privado en actividades de operación reservadas de manera exclusiva a Petróleos Exploración y Producción”.

El mismo contrato le permite a esta empresa subcontratar a otras para prestar servicios por los que está cobrando. Con ello se viola el artículo 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios que dispone: “corresponde a las dependencia y entidades llevar a cabo los procedimientos para contratar y ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que en ningún caso se podrán contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios de que se trate”.

Las obras de mantenimiento del sistema 4 de la red de ductos ubicados en Chiapas, Tabasco y Veracruz iniciaron el pasado 7 de enero.

Este sistema transporta el 98% de petróleo crudo que se usa en las seis refinerías del país para producir combustibles, y 56% del gas con el que se elaboran productos petroquímicos y que se usa para la generación de electricidad.

“Con esta acción se está cediendo el control de las instalaciones de bombeo, compresión, distribución y ductos, que son las venas y corazón del sistema por el que se lleva la fuente de energía al país. El sistema 4 es la parte más delicada de todo el sistema de transporte nacional”, indica el Comité Nacional de Estudios de Energía.

La privatización de los cuatro sistemas de ductos tampoco es nueva. Se planteó el 24 de abril de 2006 por el subdirector de Nuevos Modelos de Ejecución de Pemex Exploración y Producción, Sergio Guaso, el mismo que tuvo a su cargo la promoción de los CSM, según revela un documento al que este semanario tuvo acceso.

En el texto se establece un “plan de negocios para PEP” donde lo importante es “establecer una estrategia comercial enfocada a la satisfacción de los clientes” y se habla de entregar contratos con duración de 4 a 10 años. De acuerdo con dicho documento el plan era iniciar las licitaciones en 2006, pero arrancaron hasta 2007.

Pero así como Calderón benefició a empresas extranjeras, también lo hizo con su subalterno y amigo Juan Camilo Mouriño a quien, siendo funcionario le continuó entregando los millonarios contratos para la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar. Así lo reveló la reportera Ana Lilia Pérez el 16 de febrero en la revista Contralínea. De esta manera queda claro que tanto Mouriño como el mismo presidente son responsables del otorgamiento de esos contratos.

El planteamiento que próximamente se hará de la reforma energética fue delineado desde Pemex y quedó plasmado en un documento de noviembre de 2006 denominado Situación actual y perspectivas. El texto coincide con lo que Francisco Labastida Ochoa ha expresado ante legisladores de su partido, la iniciativa privada y sus declaraciones públicas.

Se trata de perforaciones profundas en aguas transfronterizas, para permitir que empresas extranjeras inviertan en la construcción de nuevas refinerías, así como en ductos, y la autonomía de gestión de Pemex, además de la posibilidad de emitir bonos para colocarlos en bolsa de valores. Las leyes que se proponen cambiar son la reglamentaria del artículo 27 constitucional, la Ley de Obra Pública y el reglamento de Pemex.

De acuerdo con el Comité Nacional de Estudios de Energía, la reforma va encaminada a “solventar la inconstitucionalidad e ilegalidad de los contratos para el sistema de ductos, de CSM o acuerdos o alianzas con el sector privado”. Es decir, desvirtuar los cuestionamientos en los procesos de licitación en que ha participado Felipe Calderón.


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Mouriño, bajo escrutinio público


jesusa cervantes

México, D.F., 4 de marzo (apro).- El aún secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se encuentra hoy bajo el escrutinio público después que la revista Contralínea, en un trabajo de Ana Lilia Pérez, revelara la existencia de al menos ocho contratos pactados entre la empresa de la familia Mouriño, Transportes Especializados IvanCar SA, y la subsidiaria Pemex-Refinación.

Por tratarse de un tema de interés general, Apro presenta los dos últimos convenios --más uno modificatorio--, en que aparece nítidamente la firma de Mouriño Terrazo como apoderado legal de la empresa, también identificada por sus siglas, TEISA.

Una semana después que Contralínea diera a conocer la existencia de esos contratos, el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador --durante un mitin en contra de la privatización de Petróleos Mexicanos efectuado el 24 de febrero frente a la Torre de Pemex-- entregó al coordinador del PRD en Cámara de Diputados, Javier González Garza, un legajo de documentos en que, según su opinión, se sustenta un probable tráfico de influencias en el que habría incurrido el hoy secretario de Gobernación, y en cómo su empresa familiar se ha visto beneficiada desde el poder.

Los ocho contratos, que involucran unos cien millones de pesos, definen las condiciones del servicio que entrega TEISA a Pemex-Refinación; también se exhibe la decisión del Consejo de Administración de Pemex-Refinación, subsidiaria encabezada en ese entonces por el hoy senador panista Juan Bueno Torio, y se deja ver claramente que todas las operaciones se manejaron como “adjudicaciones directas” a la empresa de Camilo Mouriño.

Tan sólo en estos dos últimos contratos que presenta Apro, junto con un convenio modificatorio que no es otra cosa que una ampliación a uno de los convenios, se puede apreciar que Mouriño Terrazo firmó como apoderado de la empresa de su familia cuando aún fungía como diputado federal del PAN y presidente de la Comisión de Energía; y en otro más cuando ya se desempeñaba como asesor del entonces secretario de Energía, el actual presidente Felipe Calderón.

En el primer convenio de prestación de servicio, el GTT-00142-01/2003, firmado el 20 de diciembre de 2002, se establece que el monto involucrado será por un mínimo de 3 millones 320 mil pesos y hasta 8 millones 300 mil, y ampara “el servicio de transporte terrestre de productos derivados del petróleo mediante autotanques desde los centros de carga localizados en el país y con destino a los centros receptores y por la ruta o rutas que Pemex-Refinación indique”.

El plazo de este convenio abarcó del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003.

Después en el “convenio modificatorio” se establece --también signado por Mouriño Terrazo como apoderado legal, el 1 de septiembre de 2003, es decir, cuatro meses antes que concluyera el contrato inicial-- una ampliación de rutas.

El segundo convenio es el identificado como GTT-00142-01/2004, también asignado en forma directa por autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pemex-Refinación, por un monto mínimo de 3 millones 320 mil pesos y hasta un máximo de 8 millones 320 mil pesos.

El plazo de este convenio abarcó del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004.

Cuando se firmó este pacto, Camilo Mouriño ya se desempeñaba como asesor de Calderón Hinojosa, entonces secretario de Energía bajo la administración foxista.

El servicio que se prestó no varió: “Transporte terrestre de productos derivados del petróleo por autotanque… desde los centros de carga localizados en el país y con destino a los centros receptores y por la ruta o rutas que Pemex-Refinación indique”.

Pero Juan Camilo Mouriño no sólo firmó estos contratos, sino todos aquellos que se pudieron haber derivado de la prestación de servicios de la empresa de su familia, TEISA, desde 1998, según se desprende de la escritura pública 51, del 7 de agosto de 1998, avalada por Tirso René Rodríguez de la Gala Guerrero, notario público 18 en Ciudad del Carmen, Campeche. Ahí se corrobora que el hoy secretario de Gobernación tenía el carácter de apoderado legal de la empresa.

Según la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a los diputados se les considera servidores públicos, y Juan Camilo Mouriño se desempeñó, de 1997 a 2000, como diputado local por Campeche.

Luego, de 2000 a 2003, fue diputado federal y, desde septiembre de 2003 a mayo de 2004, fungió como asesor del secretario de Energía; en tanto que a partir de esa fecha y hasta septiembre de 2004 despachó como subsecretario de Electricidad. Es decir, durante la firma de los polémicos contratos, siempre gozó de un cargo público.