Feria de complicidades ¿y el estado de derecho?

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Ante la inminente formación de la comisión legislativa que lo investigará el secretario de Gobernación pirata, Juan Camilo Mouriño, convocó a una conferencia de prensa para entregar siete contratos firmados por él como representante de su empresa Ivancar SA. Dijo que de esa manera se le podría investigar por parte de las corruptas PGR y Secretaría de la Función Pública –ambas instancias controladas por el PAN y gente cercana al pelele Felipe Calderón Hinojosa- y “demostrar” que todo era legal y no había tráfico de influencias.

No hacía falta, los mentados contratos son fáciles de leer en internet, así que se trata de un golpe mediático, porque desde hace semanas los mismos se pueden consultar sin mayor problema.

Como al principio, el desdibujado Mouriño recurrió al drama telenovelero para justificar lo imposible: el tráfico de influencias que expresamente prohibe la ley. No importa si los contratos fueron antes o después, ningún funcionario público puede firmar ninguno que beneficie a sus familiares directos y hasta el cuarto grado, mucho menos a él mismo, pues es su empresa. Aquí tampoco aplica el “haiga sido como haiga sido”, la ley en la materia dice claramente que deberá abstenerse de hacerlo o afrontar el castigo que va de 2 a 12 años de cárcel y una multa.

El funcionario de medio pelo Mouriño se defiende argumentando que los contratos fueron entregados a la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) y a su empresa le tocó menos del 1 por ciento de los mismos, cifra que suma 50 millones de pesos. Poca cosa ¿verdad?

Es más, arguyó que tenía que firmarlos porque no le había dado tiempo –en 2004- de darse de baja como representante legal de su empresa. Machaconamente –como spot- repitió que él no estaba a cargo de autorizar dichos contratos, por lo que no se le puede acusa de tráfico de influencias. Faltaba más. Quiere que se le comprueben el tráfico de influencias con un video o un documento que expresamente lo asiente. ¡Por favor!, si son rateros no imbéciles.

Como es sabido los contratos fueron otorgados entre 2000 y 2005, justo el mismo lapso en que el ex director de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio, adjudicó a sus empresas 12 contratos por un monto de 162 millones de pesos. Desde junio de 2006 la comisión que investigó a los bribones Bibriesca, hijastros del ladrón Vicente Fox Quesada, denunció a Juan Bueno Lázaro (padre), y dos tíos: Fernando y Emilio Bueno Lázaro, y a la empresa Transportadora y Distribuidora Isabel, SA de CV por tráfico de influencias.

"El informar al presidente del Consejo de Administración de Pemex con copia al órgano interno de control que los beneficiarios de los contratos por vía de adjudicación directa eran sus familiares, no lo exime como titular de la dependencia del cumplimiento de la ley, y el hecho de haber participado como consejero de Pemex Refinación cuando fungía como subsecretario de Economía pudiera configurar el tráfico de influencias también previsto en el Código Penal Federal", escribió la comisión. Han pasado casi dos años y la PGR brilla por su ausencia, nada de nada. Sigue, dice, investigándolo.

Para protegerlo el PAN lo hizo senador por la vía plurinominal, es decir nadie votó por él. De esta manera cuenta con el fuero que lo protege y de da la impunidad tan buscada por el PRIAN.

El otrora chico superpoderoso nos quiere vender la misma idea que Bueno Torio, nada hay de ilegal, los contratos estaban pactados desde antes. Entregaré los contratos a la PGR. Todo con la anuencia del usurpador Calderón Hinojosa y bajo la promesa de la impunidad. Ninguna prueba, nada que lo exculpe. Ningún artículo de la ley, ningún fallo judicial, sólo su desprestigiada palabra por un lado y por el otro la ley. Sin embargo se siente seguro de salir impune. ¿Valdrán algo las sacrosantas instituciones? A la luz de los hechos, muy poco. Y para ejemplo está lo siguiente.

Otro caso más de traición a la Carta Magna llevaron a cabo seis de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes por mero trámite desecharon el recurso de amparo promovido por la revista Proceso, en el sentido de que se le dejara cotejar las boletas electorales utilizadas en las elecciones presidenciales de 2006. En 1998 se utilizó el fuego provocado para quemar las pruebas del fraude. Hoy la quema de las boletas es avalada por el máximo tribunal del país bajo el argumento de que el juicio de amparo no procede en temas electorales a pesar de que lo que se discutía era el acceso a la información pública, derecho de todo mexicano consagrado en la Constitución.

De esta manera y como es su costumbre –sin entrar al fondo del problema- se aprobó la postura del derechista –es regidor panista de Guadalajara- ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano de desechar el recurso por notoria improcedencia. Los ministros que se manifestaron por discutir el asunto fueron: Genaro Góngora, Juan Silva, Olga Sánchez, José Ramón Cossío y Sergio Valls. Los que votaron por rechazar la discusión fueron: Sergio Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Fernando Franco, José de Jesús Gudiño y Margarita Beatriz Luna Ramos. Al haber un empate en la votación tocó el turno al ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien por enésima vez votó en contra de los ciudadanos y anuló la posibilidad –en el país, faltan como siempre, las instancias internacionales- de que las boletas pudieran ser consultadas por millones de ciudadanos, como es su derecho inalienable.

Así queda una vez más demostrado que una mafia compacta y cómplice saquea al país al amparo de la impunidad que ellos mismos se brindan desde las diferentes esferas del poder y del dinero. A casi dos años de las elecciones y sin posibilidad de modificar los resultados electorales, con un gobierno usurpador en funciones, todavía el miedo a la verdad pesó más en las corruptas conciencias de quienes se han apoderado del país a base de corruptelas.

Hay todavía quien crea en instituciones tan devaluadas y desprovistas de la elemental ética que debiera regir sus actos. Cómo seguir los causes institucionales cuando estos “legalizan” cualquier cosa, desde el fraude electoral hasta el saqueo a la nación con argumentos leguleyos. Se supone que la interpretación de la ley corresponde a los humanos, pero a aquellos con probada honradez, capacidad e integridad moral. Nada de esos hay en las desprestigiadas instituciones y ¡tanto cacareo con el Estado de derecho! Por eso quieren que todo se trate en sus corruptas instancias a sabiendas que todo será frenado y el manto de impunidad los cubrirá. Pero nada es eterno. Al tiempo.



Los siguientes materiales fueron tomados de la revista Proceso.



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Calderón: El autismo del cómplice


Álvaro delgado

México, D.F., 10 de marzo (apro).- Durante dos semanas, exactamente quince días a partir del 24 de febrero y hasta este martes 10, Felipe Calderón ha guardo silencio sobre las conductas confesas y constitutivas de delitos derivadas de la entrega de contratos millonarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la empresa Ivancar, S.A. de C.V., propiedad de Juan Camilo Mouriño Terrazo, el futuro exsecretario de Gobernación.

El mismo día en que Andrés Manuel López Obrador acusó a Mouriño de ser un traficante de influencias y adelantó que presentaría documentos para probarlo, el domingo 24 de febrero, Calderón se hallaba en Iguala, Guerrero, en una ceremonia con motivo del Día de la Bandera, resguardado por un impresionante aparato de seguridad, muy mayor al que se vio, más tarde, cuando fue recibido como uno de los suyos en la sede de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Pero desde ese día, el autismo de Calderón sobre el escándalo del empresario Mouriño --que ha desesperado hasta a los habituales amanuenses del poder-- ha sido manifiesto.

El martes fue a San Luis Potosí y se reunió con empresarios de México y Estados Unidos. El miércoles apenas salió de Los Pinos, donde encabezó dos actos públicos, y por la noche inauguró una exposición en el Museo de Antropología.

El jueves estuvo en Querétaro, y fue durante esa gira que Mouriño se refirió, por primera vez, a los contratos de Pemex que firmó como apoderado legal de Ivancar, S.A., siendo ya diputado federal y funcionarios de la Secretaría de Energía, ambos tendiendo como jefe a… Felipe Calderón.

Pero éste siguió mudo sobre un asunto que involucra no sólo al principal funcionario de su gobierno, sino a su delfín, quien precisamente la víspera de su fallida defensa desde Los Cabos, Baja California, bebió hasta muy tarde su bebida favorita, ron Matusalem, que explica por qué tenía barba crecida y vestía el mismo saco al día siguiente.

El silencio de Calderón se mantuvo toda la semana, cuando ya era escándalo nacional, y aun el viernes 29, cuando se reunió con los gobernadores de la Conago en Campeche, justamente donde Mouriño y su clan instalaron el Grupo Energético del Sureste (GES), del que Ivancar, S.A. de C.V., es sólo una de las 80 empresas que lo integran y que se llamó así en honor al apelativo con el que los amigos y cómplices se refieren al funcionario: Iván.

El sábado 1 y el domingo 2 de marzo Calderón descansó --¡nomás eso faltaba!-- y aguantó pronunciarse sobre el escándalo de Mouriño otro día y medio: El lunes, por la mañana, se congració con la iniciativa privada dándole los subsidios a los que es tan afecto --eso no es populismo-- y por la tarde dio el arranque de la colecta de la Cruz Roja.

Antes de irse a una gira de toda la semana, primero a Centroamérica y luego a Dominicana, se reunió con empresarios de Canacintra y puso en marcha el operativo de Semana Santa. Y regresó a México, el fin de semana, para seguir en el limbo.

El mutismo de Calderón es, sin embargo, muy elocuente. Tantas oportunidades para emitir una posición sobre un asunto tan delicado, que en cualquier democracia habría ya implicado una recomposición del gobierno, sólo obedece a un ánimo de encubrimiento.

En efecto, Calderón colocó a Mouriño como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y por tanto es cómplice de las conductas ilegales y antiéticas que cometió para favorecer a las empresas de su propiedad, de las que se separó --según él mismo reconoció-- sólo hasta que ingresó a la Secretaría de Energía, en octubre del 2003.

Calderón fue jefe de Mouriño en esa secretaría cuando se asignaron otros contratos de Pemex, cuyo abogado general era César Nava Vázquez, actual secretario particular de Calderón, quien precisamente era… presidente del Consejo de Administración de la paraestatal.

Hay un dato exquisito: El funcionario que en representación de César Nava Vázquez hizo la revisión jurídica para el contrato de Pemex a Ivancar, S.A. de C.V., y cuya firma aparece al lado de Mouriño, es José Antonio Prado Carranza, amigo y compañero de la Universidad Panamericana de… César Nava.

(Dicho sea de paso, ahora Prado Carranza es el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, cuyo sindicato ha emplazado a huelga. Se trata del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) al que, apenas este sábado, Mouriño identificó como un gremio con grandes “privilegios laborales” y que sostiene un “falso sentido nacionalista”. Sí, ya se sabe que murió Marx y se vino abajo el Muro del Berlín, pero los sindicatos, antes y después de esos acontecimientos, tenían y tienen un objetivo, si es que no se niegan a sí mismos: Luchar por mejores condiciones salariales y de vida de sus agremiados. Y lo del falso sentido nacionalista, queda mejor en el caso de Mouriño, confusa su auténtica nacionalidad.)

El silencio de Calderón es, entonces, un recurso para ganar tiempo y liquidar el escándalo: Ha comenzado ya, y se hará más evidente en unos días, la estrategia de desaparecer de los medios el tema –particularmente de la radio y la televisión-- y sustituirlo por cualquier cosa, sobre todo la urgencia de “sacar el tesoro de aguas profundas”.

En ése, como en cualquier otro asunto que tienen que ver con la corrupción y la impunidad, el PAN cuenta con un socio: El priismo en cualquiera de sus expresiones. Beatriz Paredes, Mario Marín, Ulises Ruiz, Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrones. Da lo mismo, porque cobran igual.

Por eso el sonsonete de Germán Martínez de discutir los grandes temas, como la reforma energética y evadir el tráfico de influencias… en el sector energético. Como si fueran cosas separadas.

Apuntes

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) puede constituirse en un gran apoyo para Calderón y Mouriño, así como para toda la derecha: Dar, el próximo domingo, el espectáculo esperado de trinquetes que ahogue, además, las acciones contra la privatización de Pemex el próximo 18 de marzo, cuando se conmemorará otro aniversario de la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas, cuyo hijo no ve intentos de privatización por ningún lado.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

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Chicos poderosos

Álvaro Delgado

La actuación de Juan Camilo Mouriño a lo largo de su corta carrera política acusa un estilo que los panistas consideraban ajeno a ellos: la prebenda, el uso del cargo público con fines mercantilistas, la compra de voluntades... Se trata de un proceder que, por cierto, es ya la marca distintiva del actual secretario de Gobernación, pero también de los chicos poderosos con los que se agrupa.

Pocos días antes de la toma de posesión de Felipe Calderón, del 1 de diciembre de 2006, Juan Camilo Mouriño Terrazo, todavía coordinador del equipo de transición y perfilado ya como el personaje más influyente del nuevo gobierno, le propuso a Manuel Espino un trueque: Dejar la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN) a cambio de una embajada.

La propuesta la formuló Mouriño en una reunión con Espino y con Enrique Navarro, secretario de Fortalecimiento Interno del CEN del PAN, a quienes les advirtió también que el plan de Calderón era tomar el control de su partido. “Vamos por la mayoría del Consejo Nacional y es muy sencillo: A los que no estén con nosotros los vamos a convencer, ofreciéndoles puestos en el gobierno”, les anticipó.

Así fue: Mediante la operación política orquestada por Mouriño, que supuso compra de lealtades con chambas para consejeros nacionales y la integración de un expediente elaborado por Genaro García Luna, Espino optó por ni siquiera inscribirse para la reelección y, candidato único, Germán Martínez fue ungido, en diciembre de 2007, como presidente del PAN.

Uno de los testigos de la operación de Mouriño fue el exsenador y actual diputado federal Jorge Nordhousen, quien aseguró que Calderón “compró conciencias a través de su operador Juan Camilo”, como ocurrió en la casa de éste, en Campeche, el 27 de abril, previo a la celebración del consejo estatal

“Sus palabras textuales fueron: ‘Tengo 40 subdelegaciones, con sueldos de 20 mil a 45 mil pesos mensuales, pero nosotros vamos a ganar el consejo estatal y el consejo nacional”, aseguró Nordhausen, quien acusó: “Mouriño tiene un poder discrecional para repartir del botín, aunque los designados no den el perfil.”

Por eso ahora Martínez, en la defensa que de Mouriño hace desde la dirigencia del PAN, corresponde al favor del secretario de Gobernación confeso de gestionar como servidor público millonarios contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para Ivancar, S.A. de C.V., una de las 80 empresas del Grupo Energético del Sureste (GES), el emporio familiar asentado en Campeche y del que fue director de finanzas y gerente administrativo.

Se trata, sin embargo, de una línea establecida por el propio Calderón, quien encabeza a un grupo que se protege desde que él presidió el PAN (entre 1996 y 1999), coordinó el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados (2000-2003), dirigió Banobras (2003) y encabezó la Secretaría de Energía (hasta junio de 2004), y que se hace llamar la nueva clase política.

Por eso en su abierta defensa de Mouriño –quien sólo hasta después de una reunión con los coordinadores parlamentarios panistas, Santiago Creel y Héctor Larios, y una reunión con el priista Manlio Fabio Beltrones, una semana después reconoció la autenticidad de los documentos exhibidos por el líder opositor Andrés Manuel López Obrador–, Martínez exaltó su estatura moral y lo colocó a nivel de estadista:

“Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad... ¡Eso representa Juan Camilo Mouriño!”

Así, en su breve gestión, Martínez ha sido consecuente con la entrega del PAN a su jefe máximo –“¡este es su partido, presidente Felipe Calderón!”– y ha continuado con el sello que caracterizó su paso –de nueve meses– como secretario de la Función Pública, un trámite para su llegada a la presidencia de su partido: La defensa de la impunidad.

Antes de la toma de posesión de Calderón, cuando se perfilaba para ser el secretario encargado del combate a la corrupción, Martínez declaró al reportero que Vicente Fox era un hombre honesto, como lo fue todo su gobierno.

–¿No hay ningún acto de corrupción que pueda ser sancionado por el gobierno de Calderón?

–¡Metería las manos al fuego por Vicente Fox!

–¿Y por su mujer (Marta Sahagún)?

–Yo sólo meto las manos al fuego por la honestidad de Vicente Fox Quesada.

Con esa acotación, Martínez sugería que Sahagún y sus parientes no gozarían de impunidad, pero como secretario de la Función Pública ocultó inclusive el carpetazo que la Procuraduría General de la República hizo del expediente de los hermanos Bribiesca.

Cuando estalló el escándalo de la riqueza de Fox, con fotografías del lujo en su rancho publicadas en la revista Quién, en agosto de 2007, Martínez recibió la orden de Calderón de apresurar su renuncia para hacerse cargo del PAN, estrategia en la que ya trabajaba Mouriño, también por órdenes del jefe de ambos.

En conversación con el reportero antes de su renuncia, en julio, Martínez aceptó que buscaría presidir el PAN sólo si Calderón lo disponía, una posición idéntica a la de César Nava Vázquez, secretario particular, quien adujo su pertenencia a un equipo para justificar el acatamiento de la instrucción del Ejecutivo.

–Es lo que decían los presidentes priistas y que ustedes, en el PAN, tanto criticaron.

–Se equivocó el panismo.

Grupo compacto

Aunque prevalece una rivalidad en la carrera por la candidatura presidencial del PAN en 2012, Mouriño y Martínez forman parte del rebaño que en ese partido fue integrando Calderón desde que lo presidió –entre 1996 y 1999– y que, en el año 2000, robusteció como coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados.

Los contratos de Pemex a Ivancar, S.A. de C.V., se firmaron y tuvieron vigencia en el período que va de diciembre de 2000 a diciembre de 2004, cuyos montos mínimos son de 3 millones de pesos y máximos de 8 millones 300 mil pesos.

El primer contrato se firma en diciembre de 2000, cuando Mouriño presidía la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, cargo que le encomendó Calderón como coordinador del grupo parlamentario del PAN. Calderón brinca a la Secretaría de Energía y se lo lleva consigo como director general adscrito a la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico, y en ese carácter firma otro contrato el 29 de diciembre de 2003.

Uno de los contratos otorgados por Pemex, vía adjudicación directa, fue firmado por Jesús Villarreal Gallegos, gerente de Transporte Terrestre de Pemex-Refinación, y por José Antonio Prado Carranza, gerente Jurídico de Convenios y Contratos de la oficina central de Pemex.

El entonces jefe de Prado Carranza es un amigo suyo de la misma edad y con quien fue condiscípulo en la carrera de derecho de la Universidad Panamericana, César Nava Vázquez, abogado general de Pemex y quien fue también compañero de Mouriño como diputado federal hasta que –por un problema con una legisladora– fue colocado por Calderón en la Secretaría de Desarrollo Social, como coordinador de asesores de Josefina Vázquez Mota –de junio a octubre de 2001–, y luego en la paraestatal.

Nava Vázquez estuvo como abogado general de Pemex hasta octubre de 2003 y fue jefe de Prado Carranza –quien actualmente está al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que dirige Luis de Pablo– cuando Fox designó a Calderón secretario de Energía. Vázquez lo llamó para hacerse cargo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en cuya secretaría se reencuentra con Mouriño, primero director general y después subsecretario de Electricidad.

Justamente en la Secretaría de Energía se dio cabida al grupo que rodea a Calderón desde que era presidente del PAN: Además de Mouriño, quien lo sedujo por su juventud cuando lo conoció en Campeche –en 1996– y Nava Vázquez, quien fue director jurídico del CEN, estaban Ernesto Cordero Arroyo, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico; Jordi Herrera Flores, actual subsecretario de Planeación, y Manuel Minjares Jiménez, oficial mayor.

Cordero y Minjares estuvieron al lado de Calderón cuando, en 2003, Fox lo designó director general de Banobras y de inmediato se autorizó, ilegalmente, un crédito del que desistió tras el escándalo; quien se quedó con él fue Minjares, actual coordinador de asesores de Agustín Carstens, secretario de Hacienda.

Otros personajes que gravitan en torno de Calderón es el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, expriista michoacano que ha impuesto a su gestión la misma línea de su antecesor, Germán Martínez: La impunidad en la corrupción pública y privada, como es el caso de los contratos de Pemex a Ivancar, la empresa de los Mouriño.

Los millones de Mouriño

La defensa del secretario de Gobernación ante la contundencia de los documentos que apuntan hacia la comisión de diversos delitos de carácter penal, que él niega, ha sido débil: Su primera reacción fue cuatro días después de que López Obrador lo acusó de traficante de influencias, pero sólo hasta que tres contratos fueron publicados por el diario El Universal –los que ya había dado a conocer la revista Contralínea–, emitió una posición.

Según él, hacia finales de 2003, al entrar en la administración pública, en la Secretaría de Energía, decidió tomar la decisión “más importante” de su vida: dedicarse “por completo al servicio público”, y renunció a todas las cerca de 80 empresas” del Grupo Energético del Sureste (GES).

Sus ingresos, entonces, sólo fueron los que obtenía como servidor público, primero asesor y luego subsecretario, que lo fue hasta julio de 2004, cuando Fox corrió a Calderón de la Secretaría de Energía.

En junio de 2003, tres meses antes de que sólo obtuviera los ingresos como servidor público, los bienes de Mouriño ascendían a poco más de 6 millones de pesos, según su primera declaración patrimonial presentada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuando ingresó a la Secretaría de Energía.

Salvo una inversión de 25 mil euros, equivalentes a aproximadamente 400 mil pesos mexicanos, Mouriño no reportó ninguna variación en su fortuna en 2004.

Desde entonces, no existe información oficial de la fortuna del secretario de Gobernación, debido a que “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”, según la declaración que presentó ante la SFP primero como coordinador del equipo de transición –en el que cobró 131 mil pesos brutos al mes– y después como jefe de la Oficina de la Presidencia, con un sueldo mensual de 205 mil pesos, el mismo que recibe como secretario de Gobernación.

Sin embargo, de acuerdo con documentos obtenidos por Proceso, en noviembre de 2004, después de que en junio renunció junto con Calderón a su cargo en la Secretaría de Energía, Mouriño se compró un departamento en las Lomas de Chapultepec, a un precio de 6 millones de pesos.

En la firma del contrato con la familia Cababie, que le vendió el departamento A-1102 de la calle Sierra Gorda 15, Mouriño se presentó como “empleado federal”, aunque ya no lo era, y pagó 2.5 millones de pesos en efectivo y 3.5 millones de pesos de un crédito que le otorgó Scotiabank Inverlat.

La fortuna de Mouriño, clasificada como secreta por él mismo y hasta donde es posible saber, está integrada por bienes muebles e inmuebles, automóviles, joyas y obras de arte, según él mismo lo informó a la SFP.

Por ejemplo, en su declaración de 2003, dijo tener joyas y obras de arte por 260 mil pesos, 220 mil de los cuales fueron “regalos recibidos” y el resto pagados por él al “contado, mientras que el costo de los muebles de sus casas ascendieron a 200 mil pesos, 170 mil –declaró– resultado de “regalos recibidos”.

También recibió en donación en el 2003 –no dice de quién, porque la ley no lo obliga– una casa, en Campeche, con valor de 2 millones 124 mil pesos, y otra de 350 mil pesos que pagó de contado, en 1997.

Hasta el 2003, dijo ser propietario de una camioneta Grand Cherokee, modelo 1999, con valor de 230 mil pesos, y en diciembre de ese año se compró un automóvil BMW, modelo 2004, con valor de 655 mil pesos.

Antes y después de dedicarse a la política, a partir de 1997, Mouriño Terrazo obtenía sus principales ingresos del Grupo Energético del Sureste (GES), el negocio familiar instalado en Campeche, del que fue director de finanzas y gerente administrativo, encargado, según describió él mismo, de la “revisión y supervisión de la información financiera” y de “optimizar los recursos monetarios de la empresa”.

Por ejemplo, como servidor público en la Secretaría de Energía dijo tener un sueldo mensual de 86 mil pesos, pero declaró recibir otros 100 mil pesos, también mensualmente, de otras actividades que, junto con los 5 mil pesos de intereses de sus cuentas bancarias, acumuló un ingreso mensual de 191 mil pesos en junio de 2003.

Para esa fecha, su patrimonio en cinco cuentas bancarias ascendía a 3 millones 284 mil pesos, cuyo principal monto –1 millón 679 mil pesos– lo identificó como de “organizaciones privadas”; el resto eran cuentas separadas de diversas cantidades: Dos mil 500, 99 mil 211, 3 mil 376, 276 pesos, y la mayor, que ascendía a 500 mil, todas en pesos mexicanos.

Las deudas que Mouriño tenía para el 2003, según la información que “fue capturada directamente por el servidor público”, eran de risa: apenas 9 mil 850 pesos de su tarjeta de crédito.

En conjunto, Mouriño disponía, todavía hasta el 2004, de una fortuna de 6 millones 178 mil pesos, entre cuentas bancarias, casas, muebles, joyas y obras de arte, y a partir del siguiente año su patrimonio se amplió con la adquisición del departamento de Lomas de Chapultepec, que costó otros 6 millones de pesos.

Si bien contrajo un crédito para adquirir ese bien inmueble, a una tasa variable y a liquidar a 15 años, en el 2006 la suerte le cambió: No sólo porque Calderón fue electo ganador de las elecciones presidenciales por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en septiembre, sino porque dos meses después, el 24 de noviembre –una semana antes de la toma de posesión – el banco le dio una gran noticia:

Scotiabank Inverlat lo invitó a firmar un “convenio modificatorio” para pagar los 3 millones 346 mil pesos que debía en un plazo de 10 años y con una tasa de interés anualizada “del once punto cincuenta y ocho por ciento a partir de la firma del presente instrumento y hasta el pago total del adeudo”…

Menos afortunados en asuntos de negocios, como Mouriño, Germán Martínez y César Nava al menos lo han imitado en algo: Después de las elecciones, y ya con la garantía de seguir devengando altos sueldos, decidieron comprar su respectiva casa.

El presidente del PAN la compró con un crédito que obtuvo el 15 de diciembre de 2006, y Nava lo hizo el 12 de septiembre –una semana después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eligió a Calderón como ganador de las elecciones–, aunque su préstamo ascendió a 3 millones 100 mil pesos.