Pelele: Mentiroso contumaz

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores.

Como es de conocimiento público el desempleo en México continúa y a decir de analistas este año será aún mayor. Datos oficiales del INEGI desmienten al pelele Felipe Calderón Hinojosa y lo colocan como un hablador, el mismo adjetivo que tiene el corrupto Vicente Fox Quesada.

Durante los últimos 14 meses el usurpador Calderón Hinojosa no ha tenido empacho en mentir en temas sensibles como la seguridad, el desempleo y el costo de vivir en México. Mientras que personas inocentes mueres a manos de militares y delincuentes, soldados bajo las balas del narcotráfico y criminales son muertos por el ejército, el espurio festeja los “goles” metidos a la delincuencia. No creemos que tomara el caso a chunga si de sus corruptos parientes se tratara. Claro que mientas las familias de los fallecidos lloran sus pérdidas, la televisión y radio hacen el juego de burlarse de los fallecidos y festejan la estupidez de quien se autonombra “el presidente del empleo”.

Sólo en el pasado mes de enero se perdieron 300 mil empleos. Se podrá decir que fueron los empleos de la temporada navideña. En cierta forma es así, pero en su momento el espurio magnificó la cifra. ¿Reconocerá ahora que mintió, pues los empleos no fueron fijos? Sin embargo, los datos del INEGI son mas duros. En los últimos 30 meses –es decir contando el último año del ladrón Fox Quesada- no se había tenido tantos desempleados como hoy. Es decir casi un millón 800 mil mexicanos en edad de trabajar no tienen donde hacerlo.

Según estimaciones de analistas económicos la tendencia seguirá por lo que el número de personas que se sumarán a las filas del desempleo se incrementará a lo largo del presente año, muy a pesar de lo que el pelele Calderón Hinojosa, su “buque de gran calado”, sus “goles” a la delincuencia y su “nuevo bachillerato” –con la miss Gordillo- digan.

Como ya hemos escrito en semanas anteriores lo que interesa al PRIAN es vender las industrias petrolera y eléctrica, lo demás es lo de menos y los ciudadanos somos lo que menos les importa.

En este periodo de sesiones –que está por terminar- tendrán prioridad las siguientes reformas: la judicial, mejor llamada ley gestapo que violentará las garantías individuales, la laboral, que se enviará al Congreso en unos días y pulverizará las conquistas laborales que costaron vidas y décadas de luchas obreras, y la energética que venderá Pemex y la CFE a los intereses extranjeros, como fue hecho hace un siglo.

Sin embargo, la que beneficiaría y ayudaría a crear una democracia en el país, la nueva ley de medios, seguirá durmiendo bajo la tutela de los intereses de Televisa y TV Azteca, que han movido a sus peones –leáse diputados y senadores pagados por ellos, como Manlio Fabio, Beltrones, Héctor Larios, Santiago Creel, Emilio Gamboa, etc.- para evitar que en el presente periodo de sesiones, siquiera se mencione. De esta manera a un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los principales artículos de la misma, la violación constitucional no ha sido corregida. ¡Qué Estado de derecho!

Y es que recodemos que para aprobarla en siete minutos, hace dos años dijeron que había sido tan discutida a lo largo de muchos años que se la sabían de memoria. Ahora dicen, que aunque hay mucho interés de todos los partidos, “todavía no le han entrado de lleno al debate”, por lo que tendrá que esperar a mejor tiempos. ¿Cuándo? Los “legisladores” afirmaron no saber, no tener idea. Valientes corruptos levantadedos. Con este tipo de mafias ¿cuándo tendremos democracia?


Los siguientes artículos fueron tomados de la revista Proceso.




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Hamlet en Los Pinos


Miguel Ángel Granados Chapa

El presidente Felipe Calderón oscila entre el autoritarismo con que impone medidas inconsultas –y evidentemente inconvenientes, como la militarización de la seguridad pública– y la dubitación hamletiana, impropia de quien debe tomar decisiones de trascendencia nacional. El poder que detenta se llama Ejecutivo precisamente porque debe ejecutar, resolver, escoger entre opciones. Y cuando consulte, como está obligado a hacerlo, debe hacerlo a partir de una idea propia, de un proyecto que se expone a la consideración de los afectados o interesados.

En su singular gira por Estados Unidos, en la semana que termina este domingo 17, por lo menos frente a dos temas mostró Calderón las vacilaciones de su ánimo, su falta de rumbo. Es normal y sano que un gobernante se plantee dilemas, distintos términos entre los cuales escoger. Pero debe elegir por lo menos en una primera intención y solicitar opiniones a partir de un borrador que ya enseñe líneas de acción suficientemente estudiadas.

A menos que haya pretendido ser falsamente amable con las agrupaciones de migrantes con las que se reunió en Chicago, parecería que les solicitó que lo liberen de realizar su propio trabajo. En un tono coloquial que revela más que ocultar la condescendencia hacia sus interlocutores, les pidió “que nos ayuden a ver cuál es el tono, cuál es la argumentación y la estrategia que debe seguir el gobierno” ante el de Estados Unidos en materia migratoria, para saber “si debemos tener un tono de mayor conciliación y cómo lo haremos. Si debemos multiplicar nuestra presencia, también lo haremos. Si debemos presionar, presionaremos. Y si debemos ser cautos para bajar las tensiones, lo haremos para poder avanzar más eficientemente”.

El gobierno debía tener resueltas las cuestiones así planteadas. Podría pensarse que, siendo así, Calderón quiso mostrarse deferente ante sus paisanos que reclaman ser oídos, sin tener realmente el propósito de escucharlos. Desde luego, en el momento mismo del encuentro no se produjeron respuestas a esos dilemas. Y no se estableció un mecanismo que permitiera recogerlas e incorporarlas a una política hacia los mexicanos en Estados Unidos. Pero lo más evidente es que en Los Pinos se carece de una opinión ilustrada sobre el tema, como lo muestra la marginación de ese asunto en la agenda diplomática general de Calderón y en la bilateral con Estados Unidos particularmente. Las conversaciones telefónicas o directas del mexicano con el presidente Bush han versado sobre los asuntos que más interesan a nuestros vecinos, la seguridad y el combate a la delincuencia, y no primordialmente sobre la que debería ser la preocupación fundamental del gobierno mexicano, sus ciudadanos en el extranjero. Ahora entendemos una razón adicional para la omisión de ese tema (la principal es la sujeción de los intereses mexicanos a los de Washington), que es la carencia de un criterio que rija la posición y la estrategia correspondientes.

Todavía de gira, en Los Ángeles, Calderón se mostró vacilante –o aparentó estarlo– respecto de otro tema que requiere de sus decisiones. Contradiciéndose, olvidado de que solicitó a los legisladores panistas un diagnóstico de la actividad energética en general y del petróleo en particular, para partir de ese conocimiento en la formulación de los cambios que haya que emprender, Calderón dijo tener conciencia de los caminos posibles, ante los cuales hesita.

Dijo que una posibilidad es que no haya cambios, que todo quede como está, en cuyo caso se acrecentaría la preocupación por la escasez de reservas, que sólo alcanzan para nueve años, según dijo. La segunda posibilidad es dotar a Pemex de mayores recursos fiscales, aunque ya se inició el recorrido por ese camino y fueron insuficientes. Habría que distraerlos de otros destinos, como la política social. Y la tercera es ver qué han hecho otras empresas públicas en el mundo, que han establecido alianzas con particulares para avanzar en algunos rubros específicos, como la perforación en aguas profundas.

Pareció inclinarse por esa tercera, que no es en realidad una salida sino cuando más un nuevo punto de partida, pues tras conocer la experiencia internacional habría que optar por la que convenga a su visión de las cosas. Horas antes de que Calderón expusiera esas opciones, sin embargo, su secretaria de Energía se salió del guión seguido hasta ahora y reveló el rumbo al que se dirige el gobierno en esa materia. Sin tener empacho en que de ese modo corroboraba la denuncia en que machaca Andrés Manuel López Obrador, la secretaria Kessel dijo a Carlos Loret de Mola, que la entrevistó para Primero noticias, que hay una iniciativa en cuyo consenso se está trabajando, para que llegue al Congreso al final de marzo ya planchada, expresión domestico-tecnocrática que quiere decir ya admitida por las partes que deben decidir sobre ella. Agregó que uno de los fines de la iniciativa es que Pemex pueda establecer alianzas (lo que Calderón dice que habría apenas que comenzar a ver).

Junto con las vacilaciones de Calderón sobre el tema se ha tendido una cortina de humo ante la alerta lanzada por Andrés Manuel López Obrador respecto de una reforma en materia de energéticos que comprometa la soberanía. Desde el año pasado está convocada una nueva asamblea de la Convención Nacional Democrática que, emblemáticamente, se efectuaría el 18 de marzo. Para evitar que la multitud que entonces, como tres veces antes, se reúna en el Zócalo, rechace los planes gubernamentales, la táctica oficial a la que está asociado el PRI consiste en esconderlos y fingir que se carece de un proyecto concreto sino cuando más se están acumulando insumos de trabajo. Se esperaría contar con una propuesta definida a fines de marzo para que en abril pueda discutirse la reforma que, dijo la secretaria Kessel, “no necesariamente” implica cambios constitucionales, lo que es un modo de decir que puede haberlos.


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Viejos pendientes del “nuevo” IFE


John M. Ackerman

Los nuevos consejeros electorales han llegado con la misión de lograr lo que el anterior Consejo General del IFE nunca pudo cumplir: dar carpetazo a las elecciones de 2006. Buscan cerrar lo más pronto posible tanto la revisión del financiamiento de las campañas presidenciales como el asunto de las boletas electorales, sin llegar al fondo de las posibles irregularidades. La prioridad de Leonardo Valdés y sus colegas será la organización de las elecciones de 2009, no el combate a la impunidad o la corrección de las numerosas omisiones y faltas del Consejo anterior.

Los retos hacia el futuro son sin duda mayúsculos. Habría que modificar decenas de reglamentos y reorganizar todo el instituto antes del inicio del próximo proceso electoral. Sin embargo, la máxima prioridad en este momento tendría que ser aclarar el pasado. Si las heridas de 2006 se mantienen abiertas o incluso quedan resueltas sólo superficialmente, será imposible que el IFE logre reconstruir la confianza de la sociedad.

En lugar de apurarse a cerrar el expediente de 2006, el nuevo Consejo General tendría que utilizar sus nuevas facultades para abrirlo de par en par. Con la reforma electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización ya no está impedida por los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Puede requerir directamente a la Secretaría de Hacienda toda la información fiscal relacionada con la compra de propaganda política en los medios de comunicación por los partidos políticos durante el 2006. El IFE haría bien en cotejar esta información con los datos proporcionados al IFE por los partidos y los mismos medios. La Unidad también puede solicitar toda la información fiscal con respecto a los spots comprados por el Consejo Coordinador Empresarial y otras agrupaciones que a juicio del mismo Tribunal Electoral incidieron de manera directa en las campañas políticas. Sería fundamental saber cuánto costaron estos anuncios para poder contabilizarlos como parte de los gastos de la campaña de Felipe Calderón y el PAN.

Uno de los factores que más ha obstaculizado la investigación de los 281 mil spots fantasma, y que explica la sorpresiva reducción de su cantidad en los dictámenes más recientes, ha sido la renuencia de parte de los medios de comunicación a proporcionar información al IFE. Los medios se han negado a cumplir con el convenio que firmaron con el instituto antes de las elecciones y simplemente no contestan los oficios enviados por la autoridad electoral. Si los nuevos consejeros realmente están comprometidos con la institucionalidad del IFE, no permitirán que los medios electrónicos continúen eludiendo a la autoridad electoral de esta forma.

Pero la identificación de los spots no reportados es solamente un pequeño paso adelante en la lucha contra la impunidad de 2006. También habría que investigar cómo se financiaron estos anuncios. Con esto entraríamos en el delicado territorio de los posibles financiamientos ilícitos de parte de empresarios, narcotraficantes, extranjeros o los propios medios de comunicación. No es suficiente sancionar a los partidos políticos por no informar; también habría que ir hasta el fondo para descubrir las posibles redes de complicidad e ilegalidad que influyeron en las elecciones de 2006. No hacerlo dejaría el terrible precedente de que los esquemas de financiamiento paralelo son tolerados por la autoridad electoral.

Es cierto que el Tribunal Electoral ha ordenado al IFE cerrar los “procesos oficiosos” iniciados el año pasado. Así mismo, de último momento los legisladores introdujeron de forma tramposa un artículo transitorio al nuevo Cofipe que señala que “los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio”.

Pero estos esfuerzos por acotar las facultades del IFE no cancelan la posibilidad de que el instituto actual profundice sus investigaciones sobre el 2006. El transitorio únicamente se refiere a la “resolución” de los asuntos en trámite, no a su investigación o a la integración de los expedientes respectivos. Así mismo, todavía estamos a tiempo de investigar antes de que cierren todos los procesos oficiosos e incluso una vez cerrados se podrían abrir otros procesos sin el menor problema. Las sentencias del Tribunal Electoral de ninguna manera cancelan la posibilidad de que el Instituto inicie nuevas investigaciones sobre presuntas irregularidades cometidas durante 2006. Habría que recordar, por ejemplo, que los casos Amigos de Fox y Pemexgate no se resolvieron sino hasta tres años después de las elecciones del 2000.

El otro gran pendiente es, desde luego, el asunto de las boletas electorales. Las primeras declaraciones del consejero presidente sobre el tema no fueron nada alentadoras. Pidió más tiempo para estudiar la cuestión “con objetividad” y comentaba que hacía falta liberar los espacios físicos de los consejos distritales antes de que iniciara el próximo proceso electoral. En ningún momento expresó su voluntad por abrir los paquetes electorales o para permitir el acceso ciudadano a la documentación utilizada en las últimas elecciones presidenciales. Todo parece indicar que el IFE procederá a destruir el material electoral en la primera oportunidad que se le presente. De hecho, no sería nada atrevido pensar que esta haya sido una de las condiciones que el PAN y el gobierno federal hubieran impuesto a Valdés para permitir su llegada a la presidencia del instituto.

En principio, parece que el “nuevo” Consejo General no cuenta con el espíritu ciudadano ni con la pluralidad ideológica necesaria para reestablecer la confianza de los mexicanos. Si los nuevos consejeros realmente quisieran impulsar una “nueva etapa” en el IFE, lo primero que tendrían que hacer es ayudar a esclarecer las cuentas de la pasada elección presidencial.