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martes, febrero 19, 2008

¿Estado de derecho? ¿Cuál?







Tomados de La Jornada, Hernández, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados aprobaron hoy martes 19de febrero de 2008 el dictamen sobre la reforma judicial enviado por el Senado para que sea votado en el pleno el próximo jueves. Por 32 votos a favor del PRIAN y 14 en contra se da un paso más para allanar cualquier residencia sin orden judicial, detener por varios meses a sospechosos –que perderían no sólo el empleo, sino el contacto con sus familiares y amigos- y aplastar cualquier protesta social.


De esta manera queda demostrado que la intención del pelele Felipe Calderón Hinojosa es militarizar el país y criminalizar la inconformidad creciente de una sociedad cansada de agravios, pobreza, desempleo y saqueo al país. Se trata pues de una dictadura disfrazada de democracia como lo fue la del general Francisco Franco en España o las de Augusto Pinochet en Chile y Rafael Videla en Argentina. En la década de los 70 los medios oficiales y oficiosos del mundo calificaban a esas dictaduras como democracias. Todas eran reconocidas por los países ricos como Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, etc. Ahora luego de 30 años nadie duda en nombrarlas como lo que fueron: dictaduras.


En cualquier país donde el Estado no garantice el respeto a las leyes propias, es decir a su constitución, a los tratados y acuerdos firmados internacionalmente y a los derechos fundamentales del ser humano se está ejerciendo una forma de dictadura.


En México se aplica por la vía económica trayendo consigo una esclavitud laboral y la pérdida de los más elementales derechos consagrados en la Constitución –para eso, por si no se recuerda, fue hecha la Revolución Mexicana- como educación laica y gratuita, derechos laborales como los de asociación y la huelga, el pago de un salario que alcance para satisfacer las necesidades de un padre de familia en los ámbitos de habitación, alimentos, diversión, educación y salud.


También se aplica por la fuerza, mediante el silenciamiento de voces disidentes y el encarcelamiento de luchadores sociales llamados desde siempre por los medios electrónicos como "revoltosos, alborotadores, agitadores profesionales, comunistas, guerrilleros, terroristas, etc."
Con las nuevas leyes el usurpador Calderón Hinojosa, cual pelele de los poderosos de México, intentará la fórmula que siempre ha fracasado en el mundo: la represión. No hay mal que dure cien años, ni pueblo que los aguante. La historia siempre pone a cada quien en su lugar y eso que la escriben los que ganan. Las mentiras no perduran y las tiranías menos. Al tiempo.


A continuación dos materiales tomados de la revista Proceso.



http://www.proceso.com.mx/






Reforma judicial con sello gringo



Jorge Carrasco Araizaga y Gloria Leticia Díaz


Esta semana en la Cámara de Diputados se discutirá la aprobación de la reforma judicial, cuya iniciativa incorpora planteamientos disímbolos: puntos de vista del Ejecutivo Federal, así como de legisladores de todos los partidos políticos y de organismos defensores de los derechos humanos. El presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y exprocurador general de la República, Sergio García Ramírez, asegura que esa reforma tuvo "un error de planteamiento, sin debate suficiente y sin claridad en el compromiso con un sistema penal democrático".


Desde 2004, el Departamento de Estado de Estados Unidos financió la reforma al sistema judicial y penal en México prevista para aprobarse esta semana en la Cámara de Diputados.
La figura de los juicios orales, considerada por el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara, César Camacho Quiroz, como "el corazón de la reforma", fue admitida por el gobierno federal en tanto se respetara el régimen de excepción propuesto por Felipe Calderón para combatir la delincuencia organizada.


El jueves 21 las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PVEM aprobarán sin cambios la minuta de reforma judicial. Por su parte el PRD, PT y Convergencia anunciaron que rechazarán esa modificación a las leyes porque la consideran violatoria de las garantías individuales.


Al incorporar iniciativas del presidente de la República, del PRD y del PRI, la llamada reforma judicial trató de alcanzar un equilibrio entre las propuestas meramente policiales y autoritarias de la Presidencia y las modificaciones al sistema de justicia promovidas por Estados Unidos. Las primeras, que limitan garantías individuales, entrarán en vigor cuando la reforma se publique en el Diario Oficial de la Federación, mientras que las segundas se realizarán en el curso de los próximos ocho años.


La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Estado, desempeñó un papel importante como promotora de los cambios que modificarán 10 artículos de la Constitución.


Por medio de las empresas consultoras Management Systems International (MSI) y Management Sciences for Development (MSD), la USAID canalizó recursos para promover la reforma entre académicos y legisladores mexicanos. Uno de sus primeros resultados fue la creación del Programa de Apoyo para el Estado de Derecho en México (Proderecho), principal "asesor" de los legisladores para el nuevo sistema judicial. A fin de extender sus alcances, esta entidad promovió la creación de la red nacional a favor de un sistema de juicios orales y debido proceso legal.


En el sitio internet de Proderecho se dice que esa red está integrada por 65 organizaciones, entre ellas Coparmex, Renace, Grupo Reforma, Grupo Azteca, México Práctico y el Instituto Mexicano para la Justicia (Imej).


Renace es una asociación surgida en Monterrey para la defensa de imputados inocentes de escasos recursos; México Práctico promovió el voto para Felipe Calderón en 2006, y el Imej fue fundado, entre otros, por el recién fallecido articulista del Grupo Reforma Enrique Canales.
Entre los patrocinadores de Renace destacan la propia red nacional de juicios orales, Open Society –fundación del magnate George Soros–, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).


A partir de 2004, la USAID empezó a cabildear la reforma como parte de su proyecto "Gobierno Transparente y Procuración de Justicia". En su página web se indica que este programa consiste en "dar asistencia técnica a los esfuerzos de México para poner en práctica sistemas de justicia civil y penal más efectivos". La agencia también busca crear centros de mediación patrocinados por los juzgados, cambiar los planes de estudios y elevar los estándares de la práctica de la abogacía.


De acuerdo con los reportes de la consultora MSI, en tan sólo tres años se dieron los primeros pasos de lo que será la transformación del sistema judicial y penal en el país, mediante el diseño y la aprobación de las reformas penales en Chihuahua, Oaxaca y Nuevo León. Además, la empresa asesoró a legislaturas de otras entidades, capacitó a jueces penales en Chihuahua, colaboró para el establecimiento de un laboratorio forense en Ciudad Juárez y apoyó la creación de dos centros de mediación en Oaxaca.


Avances


A partir de enero pasado MSD se encarga del proyecto que de 2004 a 2007 fue administrado por MSI. Esta consultora afirma que durante ese período logró "mejorar la transparencia y justicia de los juicios penales, incrementó la confianza en la procuración de justicia y elevó el respeto al debido proceso, además de la protección de los derechos ciudadanos".


Esas acciones, agrega, contribuyeron a la transición en México de un sistema inquisitorial, cerrado, escrito e ineficiente a uno acusatorio más eficiente, confiable y oral. Al final, dice, el resultado será "un sistema de justicia penal más responsable con menos violaciones al debido proceso y acceso a la justicia por parte de los sectores socioeconómicos más marginados".


Para lograr su cometido, la USAID se apoyó en Proderecho, que se describe como una "iniciativa financiada" por esa agencia "y operada por MSD". En esta nueva etapa del plan estadunidense, la consultora se concentrará en la puesta en práctica de temas como justicia restaurativa, justicia alternativa y reforma de códigos de procedimientos civiles y penales.


Proderecho se presenta como una iniciativa no gubernamental, multidisciplinaria e integrada por expertos en derecho. Su objetivo consiste en "dar asesoría técnica a los gobiernos… para la elaboración de los proyectos de ley y la aplicación satisfactoria de las reformas".


Su actual directora es Lucy Mery Tacher Epelstein, quien entre 2003 y 2004 estuvo al frente de MSI México. De 1999 a 2001 se encargó de las relaciones con el gobierno en la oficina en México de la agencia estadunidense de relaciones públicas Burson Marsteller. Ésta es una de las principales empresas de cabildeo en el mundo y promovió la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el gobierno de Vicente Fox, Tacher estuvo a cargo del área internacional de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy de la Función Pública).


Entre los expertos de Proderecho se encuentra el costarricense Daniel González, quien es el coordinador técnico de la organización. Desde 2005 está al frente de la asesoría para las modificaciones de la justicia penal en México. Durante 14 años estuvo a cargo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Costa Rica.


Otro de los integrantes de Proderecho es Carlos Ríos Espinosa, quien se desempeña como consultor y enlace con los legisladores, sobre todo con Camacho Quiroz, del PRI. Antes de sumarse a este proyecto Ríos se dedicó al tema de los derechos humanos.


Fue visitador adjunto de la CNDH y consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. También se desempeñó como director de estudios sobre Seguridad Pública, Sistemas de Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, del PAN, y secretario de investigación del Instituto de la Judicatura Federal.


Proderecho desarrolló coordinaciones regionales. Por su perfil ligado a los empresarios de Monterrey sobresale Alejandro Ponce de León Gómez, consultor de la Presidencia de la República en materia de proceso penal en el gobierno de Fox. Durante nueve años fue director de Renace.


Sin extranjeros


Quien hizo posible las propuestas de Proderecho en el Congreso fue el exgobernador del Estado de México César Camacho. De acuerdo con Carlos Ríos, a finales de febrero de 2007 Camacho hizo suya la propuesta que Proderecho había presentado inicialmente como "una iniciativa ciudadana" en el Senado en noviembre de 2006.


A pesar del financiamiento del USAID, Camacho niega cualquier intervención del Departamento de Estado. "Siendo uno de los que trabajaron el tema durante meses, confieso que nunca sostuvimos intercambio de impresiones con Estados Unidos.


"Hubo una sola institución de corte extranjero que se acercó a ofrecer material y experiencias: el British Council. Ellos invitaron a los diputados a una simulación de juicio en las instalaciones del Tec de Monterrey, campus Ciudad de México".


En la Cámara de Diputados otra de las impulsoras fue la legisladora de Convergencia Layda Sansores, cuya hija Layda Negrete Sansores, investigadora del CIDE, es asesora del Imej e integrante de la Red Nacional para los juicios orales.


Otra investigadora del CIDE, Ana Laura Magaloni, participó de forma activa en las discusiones públicas de la reforma. Hubo investigadores de otras instituciones como Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Miguel Sarre, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que elaboraron documentos para sacar adelante el dictamen de la reforma en el Congreso.


Destaca también Enrique Ochoa Reza, miembro de la red por los juicios orales y de México Práctico. Además, fue asesor en la Secretaría de Energía para "la apertura al sector privado del sector eléctrico". Actualmente es el secretario particular de María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conocida cercanía con Calderón.


El senador del PRD Tomás Torres asegura que la iniciativa presentada por Calderón el 9 de marzo de 2007 al Senado detonó la construcción de la reforma; sin embargo, dice que el PRI operó para que no se le atribuyera de forma exclusiva a la Presidencia de la República un hecho de tal relevancia, no sólo porque ya había distintas iniciativas –incluida la de Proderecho–, sino porque el planteamiento del Ejecutivo Federal se concentraba en el fortalecimiento del sistema inquisitorial y represivo.


"Venció la propuesta de sacar la iniciativa de Calderón (del Senado) y llevarla a la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado (Cenca). Así pasó a la Cámara de Diputados, pero el objetivo era realmente prestigiar la mesa de la reforma del Estado", precisa Torres.


Además, plantea que en la mesa negociadora quienes influyeron en el diseño de la reforma fueron los diputados César Camacho, del PRI, y Andrés Lozano, del PRD, excolaborador del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega Cuevas. El interés del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, era asegurar la inclusión de la figura de extinción de dominio, como quedó asentada en la modificación al artículo 22 de la Constitución.


En ese tema fue más allá incluso de la propuesta de Calderón, pues logró que se puedan confiscar bienes aun cuando no haya sentencia de por medio. Fue por ello que el PRD se dividió: 44 de sus 127 diputados votaron a favor de la reforma judicial. Entre ellos, la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, el coordinador perredista, Javier González Garza, e integrantes de todas las corrientes del partido, incluidos diputados cercanos a Andrés Manuel López Obrador.


En el Senado participaron por el PAN Alejandro González Alcocer, Ulises Ramírez –actual consejero de la Presidencia de la República– y Alejandro Zapata Perogordo. Del PRI estuvieron Jesús Murillo Karam, extitular de la desaparecida subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación y exgobernador de Hidalgo, así como Pedro Joaquín Coldwell, exgobernador de Quintana Roo. Tomás Torres representó al PRD.


En las discusiones también intervinieron el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y el entonces asesor jurídico de la Presidencia y actual subsecretario de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca. Incluso estuvo presente el gobierno del Distrito Federal por medio de Joel Ortega.


Las ONG


Los diferentes intereses derivaron en lo que organizaciones de derechos humanos definen como "un rompecabezas de excepciones a los derechos constitucionales", además de que "abren la puerta a la arbitrariedad".


Desde diciembre pasado, las organizaciones no gubernamentales Democracia, Derechos Humanos y Seguridad; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez; Red de Organismos Todos los Derechos para Todos y Todas, y Abogados y Abogadas para la Justicia y los Derechos Humanos fijaron su postura ante la Cámara de Diputados.


Reconocieron que hay avances en el sistema acusatorio, pero alertaron sobre la vulnerabilidad en que quedarán distintas garantías individuales.


En un informe publicado el jueves y que se titula Hacia el 2012, reformas estructurales y mano dura: el cerco en torno a los derechos humanos, el Centro Pro considera beneficiosas las modificaciones para un sistema acusatorio y oral, regido por la publicidad, contradicción, continuidad e inmediación. También estima que son positivos la creación de jueces de control que se encargarán de revisar los actos del Ministerio Público durante la investigación, el fortalecimiento de la defensoría pública y la introducción a la Constitución de algunas garantías como la presunción de inocencia, contar con una defensa adecuada y el derecho a guardar silencio.


Sin embargo, el informe asegura que hay otros aspectos "que se traducirán en graves retrocesos en materia de derechos humanos". En primer lugar cuestiona los allanamientos sin orden judicial y la elevación a rango constitucional del arraigo hasta por 80 días. En este último caso, Carlos Ríos, promotor de la reforma, reconoce que "se deberá hacer un seguimiento de su efectividad para que no lesionen derechos fundamentales y en todo caso pensar en su modificación".


El Centro Pro señala que estará en la Constitución "un dudoso" criterio de la Suprema Corte para que la policía pueda allanar un domicilio sin orden judicial "en casos de flagrancia o riesgo de vida y la integridad personal".


Asegura que habrá dos sistemas de justicia: uno para la delincuencia común y otro para la organizada. En el primero habrá un proceso oral y acusatorio, con respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso; mientras que el segundo se basará en un proceso desigual con menos garantías y nula presunción de inocencia, como la privación de la libertad hasta por dos años sin sentencia, y la reducción de garantías en las extradiciones.


El presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y exprocurador General de la República, Sergio García Ramírez, asegura que la reforma tuvo "un error de planteamiento, sin debate suficiente, sin claridad en el compromiso con un sistema penal democrático y con la intención de ponerlo en marcha sean cuáles sean las consecuencias".
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Pasta de Conchos: La náusea



Álvaro delgado


México, D.F., 18 de febrero (apro).- La conmemoración del Día del Ejército y su superlativa presencia en las calles no debe opacar un acontecimiento de vergüenza para la nación, que se cumple también este martes 19 de febrero: El segundo aniversario de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde perecieron 65 mexicanos, condenados al olvido y, junto con sus deudos, a la injusticia de un sistema político degradado.


Mientras Felipe Calderón ratifica una y otra vez su vocación militarista, condenado como está a atrincherarse en la tropa el resto de su existencia, las familias de los 65 trabajadores mineros padecen no sólo la abulia de las autoridades federales y estatales, la complicidad gubernamental con la Minera México, y aun la represión abierta y soterrada contra quienes las apoyan, sino la burla.


Porque es una burla la actuación del gobierno de Calderón, a través de la Secretaría de la Función Pública --la que encubre la corrupción gubernamental y privada, como la de Vicente Fox y su mujer--, la sanción impuesta a un puñado de funcionarios responsables de evitar la tragedia en Pasta de Conchos: Apenas un año de inhabilitación en el servicio público a cuatro de ellos.
Ni siquiera se incluye en el procedimiento al delegado estatal de la Secretaría del Trabajo, Pedro Camarillo Adame, el inmediato responsable de supervisar la aplicación de la norma en la mina y en cualquier otro ámbito de su competencia en el estado de Coahuila, cosa que evidentemente no hizo por corrupción.


La razón es sencilla: Camarillo Adame forma parte del circuito de impunidad en este caso emblemático de la derecha gobernante y que iguala a Calderón y Vicente Fox en el encubrimiento de ese funcionario menor que se pasea muy campante por las calles Torreón, protegido de Jorge Zermeño, el frívolo embajador en España.


En este circuito de impunidad se encuentran, además, el jefe inmediato de Camarillo Adame, Gerardo Mosqueda Martínez, coordinador general de delegaciones de la Secretaría del Trabajo cuando Carlos Abascal era el secretario; con Francisco Salazar Sáenz fue ascendió a subsecretario.


Mosqueda Martínez, prominente miembro de El Yunque, es actualmente secretario de Gobierno en Guanajuato, donde persigue a periodistas, se burla de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su más reciente gracia –que debería ser un escándalo nacional-- fue mandar imprimir miles de ejemplares de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con los colores del Partido Acción Nacional (PAN), azul y naranja.
Sí, este funcionario que en los hechos gobierna Guanajuato, da una muestra más del sentido patrimonialista de la derecha foxista y calderoniana, que en Guanajuato, como en todo el país, impone una identidad cromática desde los postes y las patrullas hasta avenidas, puentes y el distribuidor vial denominado Juan Pablo II.


Mientras tanto, Salazar Sáenz, miembro también de El Yunque, se prepara para ser candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, mientras que su hijo, Francisco Salazar Diez de Sollano, le hace el trabajo a Calderón para ampliar la privatización energética en la Comisión Reguladora de Energía, que encabeza.


Pero la colusión de la derecha gobernante con la Minera México ha dado lugar a otro episodio de burla para los deudos de los obreros muertos, uno semejante a la sanción impuesta a los cuatro funcionarios de la Secretaría del Trabajo:


Resulta que otra secretaría del gobierno de Calderón, la del Trabajo, anunció la víspera del aniversario de la tragedia un extraordinario logro: La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó modificar el cálculo de pensiones de viudez y orfandad: En vez de 110 pesos, la Minera México deberá pagar 300 pesos.


Según un boletín de la secretaría que encabeza Javier Lozano Alarcón, el expriista también habilitado como interlocutor con las organizaciones campesinas, con esta determinación de la Junta --que, claro está, actúa por la consigna-- se benefician 55 de las 65 familias afectadas por el multihomicidio de Pasta de Conchos.


Pero, además hacer patente su "solidaridad" con los deudos de las víctimas, Lozano Alarcón mandó anotar en el boletín un párrafo que podrá reproducirse en el siguiente informe de gobierno: Con estos resultados la Secretaría del Trabajo "cumple con la instrucción recibida" de Calderón "de otorgar la debida atención a los familiares de las víctimas en cuanto a sus legítimas demandas y al pago puntual de las indemnizaciones que correspondan".


Lozano Alarcón, uno de los numerosísimos ejemplares de la derecha priista que se ha mudado al PAN, no sólo miente cuando presenta el fallo de la Junta como un triunfo suyo y en beneficio de los deudos, porque muchos de los trabajadores muertos cotizaban con mucha mayor cantidad a los 110 pesos --algunos lo hacían hasta en 700 pesos--, sino que no entiende --quizá porque no está en su coeficiente-- que los familiares sólo tienen como el objetivo la recuperación de los cadáveres.


En efecto, la sanción de la Secretaría de la Función Pública a funcionarios menores y el fallo de la Junta de Conciliación y Arbitraje para aumentar el cálculo de las pensiones son episodios insignificantes ante la demanda fundamental de recuperar los cuerpos y también conocer las verdaderas causas del accidente, ocurrido el 19 de febrero del 2006.


El gobierno de Calderón, en abierta connivencia con la Minera propiedad de Germán Larrea, se opone al rescate de los cuerpos y una de las argucias para ello es la suspensión, a través de la Secretaría de Economía, de la explotación de carbón en la mina, que paradójicamente beneficia a Minera México.


Esto implicará no rescatar los cadáveres de 63 de los 65 trabajadores mineros, cuyos estudios forenses acreditarían que no murieron por la explosión, sino atrapados por las nulas medidas de seguridad.


Por si algo faltara en el esquema de injusticia e impunidad que representa Pasta de Conchos, los organismos que han apoyado a los deudos, sobre todo el Equipo Nacional de Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano y específicamente el obispo Raúl Vera, han padecido persecución y hostigamiento por parte de criminales anónimos que operan gracias a la impunidad que ha prohijado Calderón.


La postura asumida por el obispo y el equipo pastoral, encabezado por Cristina Auerbach, obviamente contrasta con la conducta hasta criminal de servidores públicos que se ostentan como católicos y que sólo exhiben el gigantesco tamaño de su hipocresía.


Un caso así, tan parecido en la impunidad al asesinado de 17 campesinos en Coyuca de Benítez, Guerrero, en junio de 1995, acredita otra vez cómo el país avanza en una espiral de degradación.


Apuntes


Otra muestra de la hipocresía de la derecha mexicana, la formal (que se asume como panista y priista) y la encubierta (que se atrinchera en la opinocracia de prensa, radio y televisión): Cuando Germán Martínez fue impuesto en la presidencia del PAN, mediante el uso del aparato gubernamental, el coro aplaudía que Calderón tomaba por fin el "control" de su partido. El sometimiento del PAN a Calderón no era deleznable, como lo fue en la era priista, sino una virtud de estadista. Pero resulta que siempre no: Cómo se atreve Andrés Manuel López Obrador a darle su apoyo político a Alejandro Encinas en la contienda interna perredista. Es parte de la esquizofrenia de la derecha --la formal y la encubierta--, que ha entrado el pánico porque la propia secretaria de Energía, Georgina Kessel, confirma lo que había costado tanto trabajo ocultar: La privatización de los recursos energéticos de México. Por eso Calderón, a través del ciudadano español Juan Camilo Mouriño, ya la mandó callarse la boca. Pero el compromiso privatizador del PAN está en la Plataforma Electoral 2006: "Impulsaremos alianzas público-privadas en los sectores de petroquímica y refinación, así como la participación del sector privado en el transporte, almacenamiento y distribución de productos petrolíferos con el propósito de garantizar recursos suficientes para incrementar la capacidad de producción instalada en el país, producir gasolinas limpias, reducir las importaciones y mejorar la eficiencia productiva del sector"… Saldos del IFE partidizado, ahora con la anuencia de los Chuchos: Borrar las huellas del 2006, incluidas las boletas electorales que acreditan las acciones de defraudación electoral.


Comentarios: delgado@proceso.com.mx

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