Más dinero para garantizar lealtad a la represión

Tomados de La Jornada, El Fisgón, Helguera, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

La farsa y las palabras huecas se han instaurado como sello de una “política de altura” de los tiempos y políticos “modernos” que México necesita a decir de los poderes fácticos y los constitucionales. Desde el repetido “Pemex no vende”, hasta “en el Senado de la República vemos por ti”.

Los hechos demuestran todo lo contrario. Ni el Congreso vela por los intereses de México y los mexicanos, ni el petróleo será de los mexicanos, ni los cuerpos policiacos están para proteger a la ciudadanía y mucho menos el ejército es garante de la Constitución. Tampoco el Senado ve por nosotros, pues ese poder aprobó la llamada ley gestapo que permitirá el allanamiento y la detención sin orden de un juez.

Los desgobiernos del PRI, PAN y varios del PRD han arropado a los diversos cárteles de la droga. Con ellos han amasado grandes fortunas que tocan la puertas de Los Pinos. En el mismo barco están el ejército, la marina y la fuerza aérea. Las autoridades municipales y estatales. Los secretarios de Estado y también un sin número de jueces de todos los niveles. Las policías de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal también se encuentra a bordo de dicha embarcación. Todos han contribuido –y lo siguen haciendo- a que la violencia, el tráfico y el consumo de drogas ilegales sea una cosa cotidiana en el país.

Desde hace décadas –con el pelón ratero de Carlos Salinas de Gortari- los grandes capos del narcotráfico se afincaron en el país. En Sinaloa, por ejemplo, el crimen organizado y el tráfico de drogas aumentó de forma considerable bajo el desgobierno de Francisco Labastida Ochoa –quien ocupa hoy el cargo de sepulturero de Pemex-, que decir de los gobernadores del PAN y PRI en los estados fronterizos.

Con el traidor, ladrón y corrupto Vicente Fox Quesada el cártel del Sinaloa del “Chapo” Guzmán se impuso como el principal del país. Todo con ayuda del estúpido bravucón de Guanajuato.

¿Entonces a qué viene la farsa del combate al crimen y delincuencia? No tiene otra explicación que la ampliamente comentada aquí: la militarización del país para criminalizar la protesta social.

Ayer el pelele Felipe Calderón Hinojosa volvió a incrementar el salario de los soldados. Se trata de la segunda vez que lo hace en dos años, justos los que van desde que asaltó la residencia de Los Pinos. El primero fue de 46 por ciento al salario de la tropa y ahora es un bono de 500 pesos mensuales. No se trata de criticar que los soldados ganen como mínimo casi 6 mil pesos, pero si tomamos en cuenta que el usurpador Calderón Hinojosa se ha negado de manera rotunda a un incremento de emergencia y que el salario promedio –no mínimo, que es menos- del 70 por ciento de los trabajadores en el país es de 4 mil 500 pesos, tendremos un claro panorama de hacia a dónde apuntan las intenciones del espurio.

Durante el imperio romano no era casual que los emperadores en turno fueran quienes directamente pagaran a las legiones para asegurarse la “lealtad y complacencia” de los únicos capaces de mantenerlos en el poder. Era frecuente que a la muerte o asesinato del emperador en turno, lo generales combatieran entre sí por el poder y luego por puro trámite, el Senado romano los confirmara.

Como se ve la táctica del pelele Calderón Hinojosa no es nueva. Como escribimos ayer muchos dictadores a lo largo de la historia la han utilizado, todo en nombre de la ley y el Estado de derecho. Todos han terminado en el descrédito y con la marca indeleble de ser dictadorzuelos. Uno más quiere tomar su lugar en el basurero de la historia, su sitio lo espera.


Los siguientes materiales fueron tomados de la revista Proceso y ponen en evidencia la farsa sobre el combate al crimen organizado.




http://www.proceso.com.mx/





Los "héroes", olvidados, las viudas, abandonadas


Francisco Castellanos y Patricia Dávila


La muerte de cinco militares en Cuarácuaro, Michoacán, meses después de que el Ejército emprendiera su “guerra contra el narcotráfico”, motivó al presidente Calderón a proclamarlos héroes. No sólo eso. Ofreció a sus deudos apoyos expeditos “y toda la ayuda del gobierno”. Sus promesas no se cumplieron. Las viudas y sus hijos están en el abandono. Y los “héroes” pasaron rápidamente al olvido.

Sin recibir el servicio médico, las becas escolares ofrecidas, con una pensión menor a la mitad del salario de sus esposos y sin poder cobrar el seguro de vida, algunas viudas de los soldados muertos en el combate contra el narcotráfico y catalogados como “héroes” por el presidente Felipe Calderón denuncian que han sido abandonadas por el gobierno federal.

La noche del 1 de mayo de 2007, en Cuarácuaro, Michoacán, un grupo de militares fue emboscado por una banda de narcotraficantes perteneciente al cártel del Golfo. Ahí fallecieron el coronel Antíoco Hernández Morales, que encabezaba el destacamento; el sargento de Infantería Humberto Ruiz Hernández; el cabo de Infantería Armando Valentín Aguilar; el cabo escribiente Júpiter Francisco Carrillo Cornejo, y el cabo conductor Israel Téllez Villanueva.

Las viudas de los cuatro militares de tropa que perdieron la vida en aquel episodio explican a Proceso que el presidente Calderón les prometió “toda la ayuda del gobierno federal”… Hasta ahora, no han recibido ningún apoyo.

Sólo Deyanira Rodríguez Alcaraz, esposa del coronel Hernández Morales, recibió las prestaciones marcadas por la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), seguro funerario, seguro de vida, servicio médico, pensión y becas.

El 2 de mayo, durante una gira por Tabasco, Calderón declaró: “En mi propia tierra, en Michoacán, anoche cayeron en cumplimiento de su deber varios militares. Al presidente de la República le queda muy claro que murieron como héroes, y como héroes serán tratados y recordados”.

Esa tarde Calderón encabezó una ceremonia fúnebre en el Campo Militar Número Uno. Desde ahí envió su pésame a los familiares de los cinco militares muertos el día anterior y dijo que “tendrán todo el apoyo, el reconocimiento y el recuerdo de gratitud del pueblo”. Por parte de la Presidencia, añadió, “el apoyo de becas y económico estará garantizado”.

A espaldas del presidente sollozaba la viuda del coronel Antíoco Hernández, a quien se le ofreció “apoyo económico” (diario Reforma, 3 de mayo). Las otras cuatro viudas no fueron invitadas a la ceremonia.

En ese acto fúnebre, Calderón atestiguó el reconocimiento que hizo el general brigadier Diplomado del Estado Mayor, Guillermo Galván Galván, a los 512 elementos del Ejército y 39 marinos de la Armada muertos en el combate al narcotráfico en los últimos 31 años. Desde 1976, este era el primer acto de esta naturaleza al que asistía un presidente.

Según un reporte del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el sexenio de Carlos Salinas de Gortari es el que arroja el mayor número de efectivos del Ejército muertos en acciones de combate al narcotráfico, con 136 bajas. Le siguen el gobierno de Vicente Fox, con 123; el de Miguel de la Madrid, con 104; el de Ernesto Zedillo, con 99, y el de José López Portillo, con 37.

Sin embargo, el primer año de gobierno de Calderón registra el mayor índice anual de muertes desde 1976: 34.

Heroísmo funesto

Como de costumbre, Celia Barrera Carapia le dio un beso a su esposo Armando Valentín Aguilar antes de salir para el cuartel y le pidió que se cuidara. El cabo del Ejército se paró un momento en el marco de la puerta, como si dudara, pero finalmente dio el paso y cerró la puerta en silencio. “No me imaginaba que era la última vez que lo vería con vida. Él era muy cumplidor, no le gustaba faltar a su trabajo”, recuerda Celia.

En casa de su suegra, construida con tabique en la barriada de La Cruz, en Queréndaro, Michoacán, la viuda de sólo 22 años aclara: “A mi esposo casi no lo veía porque perteneció a ese grupo especial BOM (Base de Operaciones Mixtas) y con frecuencia los mandaban al cerro, los dejaban ahí por semanas”.

La sala donde conversa con la reportera es un cuarto de cemento con dos sillones de madera, una silla de plástico, un mueble para el estéreo y retratos de su esposo con uniforme. Frente a éstos, una veladora y un cuadro grande de la Virgen de Guadalupe.

El salario del cabo era el único ingreso de la familia, ya que cuando se “juntaron” él le pidió a Celia que dejara su trabajo en la cocina de un restaurante. Después nació su hijo Luis Armando, que ahora tiene cuatro años y está enfermo.

Para atenderlo, es necesario llevarlo con un otorrinolaringólogo a Morelia. A veces se gasta en eso hasta 2 mil pesos, cuando su pensión mensual es de 2 mil 467, como puede verse en el recibo fechado el 28 de febrero de 2008 y expedido por el ISSFAM.

En teoría tiene otra prestación. En un oficio con los números 511.17/515087 y 307-A.2.3.-10686/07 de la Secretaría de Hacienda se le notifica a la joven viuda que debe recibir 95.58 pesos mensuales por concepto de Previsión Social Múltiple a partir del 10 de octubre de 2007. Hasta la fecha no ha recibido ni siquiera esa pequeña suma.

“A mí sólo me dieron el seguro de alto riesgo, el de vida la Sedena se lo pagó a mi suegra, porque yo no estaba casada con él”. Ahora Celia vende platería para sobrevivir.

“Armando estuvo en casa el viernes, el sábado y el domingo (29 de abril de 2007). El lunes se presentó al cuartel, el martes 1 de mayo era su día de asueto, pero lo mandaron a él y a otros cuatro soldados a Cuarácuaro, en donde los emboscan y los matan. A mí me avisan de su muerte un día después... Tengo mucho rencor, no han hecho nada para detener a los culpables”, aunque existen pistas para ello.

La Declaración Provisional de Existencia de Personalidad Militar de su esposo, emitida por la Sedena con número de oficio SGB/VII-13395, fechada el 25 de mayo de 2007, señala que los militares “iban vestidos con uniforme camuflajeado, tipo selva”, pero un compañero de su esposo que participó en ese operativo le informó que iban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de la Procuraduría General de la República.

El documento, de 12 páginas, señala que a las 20:45 horas del 1 de mayo, la unidad arribó al poblado de Cuarácuaro “para explorar la información de una denuncia anónima”. El coronel Antíoco Hernández con sus hombres llegó por la entrada principal que da a la plaza de Cuarácuaro, adonde fueron atacados.

Otro informante anónimo denunció a quienes dispararon en contra de los militares: “Era gente de Nazario Moreno González, El Chayo, y de Jesús Méndez Vargas, El Chango, líderes de una célula del cártel del Golfo en Michoacán. También identificaron a Pedro y a Chinto Girón –se agrega en la declaración. Fueron alertados por Carmen Changoya, dueña de una cantina ubicada en la entrada del pueblo”.

Ni esposos ni pensiones

A Sandra Amelia Anzorena Navarro, viuda del cabo escribiente Júpiter Francisco Carrillo, tampoco le pagaron el seguro de vida: “Llevé el acta de matrimonio a la XXI Zona, para comprobar que soy esposa de Júpiter, pero no me la valieron, a pesar de que llevábamos nueve años de casados... No es justo, porque hay hijos de por medio”.

El seguro de vida se le pagó a Nidia Cornejo, mamá de Júpiter, “a pesar de que ella lo abandonó de pequeño, dejándolo al cuidado de su padre”.

El problema de la mayoría de los soldados en Michoacán es que la XXI Zona Militar los obliga a registrarse como solteros, de lo contrario no los contrata. Por eso Júpiter se dio de alta como tal, aunque cuando se enlistó ya tenía un año de casado, afirma su viuda.

“Tratamos de actualizar sus papeles, pero siempre que acudíamos nos regresaban: ¡Vengan mañana, vengan otro día!, nos decían en la XXI Zona Militar. Así nos trajeron y se nos fue el tiempo”, relata.

La mayor preocupación de Sandra Amelia es que carece de los 330 pesos que necesita sólo para pasajes cuando lleva a su hijo de ocho años al Hospital Militar Regional de Irapuato, en donde tiene que recibir atención médica dos o tres veces al mes por un problema neurológico.

Por eso, en octubre del año pasado envió un oficio a la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Presidencia de la República solicitando “apoyo para solventar los gastos de pasajes y medicamentos”.

En respuesta, el 8 de noviembre siguiente recibió copia del oficio 210092875-12, en que la Presidencia turnó su solicitud al director del ISSFAM, general de división Fermín Rivas García. Casi un mes después, el 10 de diciembre, el ISSFAM se deslindó de la petición y turnó el caso mediante el oficio 105/1647/2007 a la Dirección General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, que no le ha dado respuesta alguna.

Actualmente Sandra Amelia Anzorena vive en casa de su madre, “pero ya que el niño esté más grande y con el problema que tiene, ¿qué voy a hacer? Ni lo que me da la Sedena me va a alcanzar”, reflexiona. Por eso le pide a Felipe Calderón que cumpla:

“Prometió ayuda, becas, pensión… Dijo que no nos iba a dejar desamparadas, porque (los militares muertos) eran sus paisanos. Pero nada... Me he cansado de mandar cartas a la Presidencia, se las he dejado con su mamá (de Calderón), que vive aquí en Morelia, y no hay respuesta. Cuando viene queremos acercarnos a él, pero la gente del Estado Mayor no nos deja pasar.

“Por los medios de comunicación, el presidente dijo que a las viudas se nos iba a apoyar en todo, pero hasta ahora no se ve nada. Puras palabras. ¡Los héroes, los héroes!, pero que vea a las viudas, que vea a los hijos de los héroes.”

Edith Plancarte Santa María, esposa del cabo conductor Israel Téllez Villanueva, vive en una casa aún en obra negra que está en la calle Tanganxoan, colonia Linda Vista, municipio de Huetamo. Ella tampoco recibió el seguro de vida, que fue entregado a su suegra Leonila Villanueva.

Edith dejó de trabajar como enfermera cuando se embarazó. Como no le alcanzaba para rentar un espacio, el matrimonio vivía en casa de Leonila, la madre de Israel. Ahora Edith se salió de ahí porque su suegra, además de cobrar el seguro de vida, también exige la mitad de la pensión.

El hijo de Israel y Edith cumplió apenas 14 meses y vive con ella en la casa de su abuela materna, que está enferma del corazón y requiere de cuidados.

No muy diferente es la historia de Ana María López Sánchez, viuda del sargento Humberto Ruiz. Conoció a su esposo en Morelia, cuando ya estaba en el cuartel de la XXI Zona Militar. Se hicieron novios y se casaron, aunque “él ya había estado casado antes, no sé si en Oaxaca, porque de allá es su madre. Nos hace mucha falta a mí y a la niña. Lo extraño”.

Junto con su hija, de poco más de un año, Ana María vive en casa de su madre en Morelia, en la calle Hunare de la colonia Nicolás Romero. El 7 de septiembre de 2007 recibió 3 mil 767 pesos, la mitad del sueldo que percibía el sargento. La otra mitad se destinó a dos hijos que Ruiz procreó con su anterior mujer.

Ana María cuenta que, tras la muerte de su esposo, en el ISSFAM le dijeron que las cinco viudas iban a recibir una credencial que les permitiría cobrar su pensión definitiva y tener acceso al servicio médico del instituto. Pero ya pasaron nueve meses y no tienen ni credencial ni derecho a la atención médica.

Ana María llora: “No fueron animales a los que mataron, se trata de seres humanos que dejaron muchos huérfanos. A mí me hace falta mi esposo, le hace falta a mi hija. Quiero justicia y que el gobierno tome en cuenta que quedamos cinco viudas desamparadas en Cuarácuaro”.

La ausencia mata

Para Deyanira Rodríguez Alcaraz, esposa del coronel Antíoco Hernández, la situación es distinta. Ella sí recibió el pago para el servicio funerario, el seguro de vida, la pensión, una beca para su hijo mayor y el derecho al servicio médico. Incluso recibe atención psicológica. “La tanatología la ha ayudado mucho”, señala su mamá, Natalia Alcaraz López.

Sin embargo, en este caso el drama lo vive Felícitas Morales Aguilar, la madre del coronel.

De 74 años, la señora padece diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, infección urinaria e insuficiencia renal crónica severa, según el diagnóstico emitido el pasado 14 de enero por el médico cirujano José de Jesús Cázares Cárdenas, del Hospital Regional Militar de Chilpancingo, Guerrero.

El pasado 8 de enero, cuando fue a consulta, le dijeron que era “la última vez que le proporcionaban atención médica”. Por eso el 24 de enero, acompañada de uno de sus nietos, viajó a la Ciudad de México y entregó un oficio dirigido al “Subsecretario de la Sedena” para solicitar que se le mantenga el derecho a la asistencia médica.

La petición, recibida por el sargento Alejandro Figueroa C., explica que en el hospital “dijeron que contaban con información de que el ISSFAM me había negado el beneficio económico de la pensión por no haber acreditado una dependencia económica”.

Continúa: “Como madre del hoy extinto coronel (…) tengo derecho a recibir el beneficio de la atención médica (...) No es posible que yo como madre, que entregué mi hijo a la patria y a ese glorioso Ejército Mexicano para que sirviera como soldado y ayudara a su país, hoy me digan que ya no tengo derecho. ¿Acaso es porque mi hijo ya murió y ya no les sirve?”.

Abatida, Felícitas dice que no ha obtenido respuesta de la Sedena y lamenta no haber anexado a su solicitud una copia de la condolencia que le envió el presidente Felipe Calderón cuando murió su hijo, en la cual le asegura que le otorgará todo su apoyo.

La madre del coronel Hernández vive en Chilpancingo, en una modesta casa que su hijo le fue construyendo poco a poco. Dependía totalmente del dinero que él le enviaba.

Desde que su hijo fue comisionado a Michoacán, cada vez que hablaba con él la señora Felícitas le rogaba que no saliera a los operativos y que pidiera su cambio. La respuesta del coronel Hernández era que tenía que ir al frente de sus soldados. Además estaba contento porque, le dijo, en unos meses sería ascendido.

Previsiones cumplidas

A pesar del incremento de bajas entre las Fuerzas Armadas, el pasado lunes 4 el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en su calidad de secretario técnico del gabinete de Seguridad Nacional, aseguró ante la prensa que en sus primeros 14 meses el gobierno calderonista ha dañado la estructura del crimen organizado, pues “en plazas donde su presencia fue significativa, ha dejado de serlo y hoy ya no están bajo su control”.

Dos días después, en Parácuaro, Michoacán, falleció el coronel de Infantería Fortino Castillo León cuando, al mando de un destacamento militar, se enfrentó a narcotraficantes. A él, Calderón ya no le rindió homenaje ni lo elevó a la categoría de “héroe”.

La Sedena informó en un comunicado que “el presidente de la República se encuentra pendiente de que se proporcionen de manera pronta y expedita, los apoyos y orientación necesaria a los deudos… con la finalidad de facilitar el traslado del cuerpo al lugar que lo soliciten, así como el otorgamiento de todas las prestaciones sociales a que tiene derecho”...

Prácticamente el mismo discurso que en la ceremonia luctuosa del 3 de mayo de 2007.

Sin embargo, ya desde su toma de posesión Calderón había fijado “la lucha por recuperar la seguridad pública y la legalidad” como una prioridad de su gobierno.

“Sé que reestablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, es una batalla que costará mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas”, anticipó.

Diez días después, el 11 de diciembre, Calderón puso en marcha la Operación conjunta Michoacán, con un despliegue de más de 5 mil efectivos. El enfrentamiento en Cuarácuaro fue sólo el primer descalabro en esos operativos pero justificó con creces sus previsiones: “costará vidas humanas”.

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Cuerpo sin legitimidad


Jorge Carrasco Araizaga


Aunque formalmente inaugurado en septiembre pasado, el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal aún no entra en operaciones por falta de presupuesto y de respaldo legal. Pero ello no ha impedido que esta nueva fuerza concebida para “restaurar” el orden público y la paz social tenga ya su comandante: el general de división José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez, “héroe de guerra” por su actuación en la matanza del 2 de octubre de 1968 en calidad de miembro del Batallón Olimpia.

La propuesta de Felipe Calderón de crear el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal para operaciones de seguridad pública y seguridad nacional se encuentra detenida por falta de recursos económicos, y por ahora no se incorporará a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos.

Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) avanza en la conformación de lo que Calderón y el titular de la dependencia, el general de división Guillermo Galván Galván, concibieron como una fuerza especial para “restaurar el orden público, la paz social y el estado de derecho”.

En medios castrenses incluso ya se habla de quién estará al frente de este cuerpo: el general de división José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez, a quien Gustavo Díaz Ordaz calificó de “héroe de guerra” en los hechos del 2 de octubre de 1968. Rodríguez Martínez fue ascendido en noviembre pasado por Felipe Calderón al máximo grado del Ejército.

Creado por decreto presidencial el 4 de mayo de 2007, el nuevo cuerpo especial del Ejército y Fuerza Aérea debió iniciar este año sus operaciones formales con un presupuesto propio de mil 600 millones de pesos. Pero los recursos no fueron incluidos en el presupuesto de egresos de 2008, que para la Sedena asignó 34 mil 861 millones de pesos.

Así mismo, el gobierno de Calderón tiene otro problema: el dinero para pagar este año la compensación prometida a la tropa, y es factible que anuncie cuál será el monto el martes 19, Día del Ejército, como ocurrió hace un año.

El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal enfrenta otro escollo en la Cámara de Diputados: la reforma de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, donde debe quedar formalmente establecido este nuevo organismo. Este cuerpo tendrá que pasar por la aprobación del Congreso para que por ley sea parte del Ejército. Hasta ahora, en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados no se ha discutido ninguna propuesta de reforma en ese sentido.

De acuerdo con el artículo 103 de la Ley Orgánica, en la actualidad los cuerpos especiales del Ejército y Fuerza Aérea son cuatro: Guardias Presidenciales, Aerotropas, Policía Militar y Música Militar.

En el decreto de creación de esa fuerza, Calderón fundamentó su emisión no sólo en sus facultades presidenciales, sino en el artículo 14, fracción IX de la Ley Orgánica, en la que se indica que como Mando Supremo del Ejército, el presidente de la República puede autorizar la creación de nuevas unidades militares, armas y servicios y cuerpos especiales.

Según los tiempos establecidos en el decreto del Ejecutivo federal, originalmente firmado sólo por Calderón y el general Galván, a partir de agosto de 2007 la Sedena debió proveer a esta nueva fuerza los recursos humanos, materiales y presupuestarios para cumplir con sus tareas de “restauración del orden y seguridad pública en el combate a la delincuencia organizada o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación”.

También tuvo que empezar a darle capacitación “especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública”.

Un viejo héroe

En ese momento, en respuesta a una solicitud de información, la Sedena informó que ya había tomado “acciones contundentes y decididas” para cumplir con lo decretado por Calderón. Entre éstas, la creación del cuartel general del cuerpo; es decir, su comandancia y su Estado Mayor. Sin embargo, evitó dar detalles de la sede y el nombre del comandante.

De acuerdo con la más reciente edición de la revista militar Armas, dedicada a la difusión de los actos oficiales de las Fuerzas Armadas mexicanas, el comandante del nuevo cuerpo es el general divisionario José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez.

En una reseña sobre la ceremonia con la que el Ejército conmemoró el 61º aniversario de las Aerotropas en México, el 59º de la antigüedad de los paracaidistas en México y el Día del Paracaidista, identificó a los jefes militares que presidieron el acto realizado en la Glorieta de las Águilas, en el Campo Militar Número 1-A, de la Ciudad de México.

Entre ellos, al general de división Diplomado de Estado Mayor (DEM) Juan Morales Fuentes, comandante del Primer Cuerpo del Ejército, y los generales de brigada DEM Rafael de Jesús Ballesteros Topete, comandante del Cuerpo de Fuerzas Especiales, y “José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez, comandante del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal”. La ceremonia ocurrió el 11 de noviembre pasado, nueve días antes de que Calderón ascendiera a general de división a Rodríguez Martínez. La Sedena evitó confirmar esta versión.

En la trayectoria del nuevo visionario destaca su participación como miembro del Batallón Olimpia, protagonista en la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, según lo acreditó Proceso desde 1978.

Testimonio de su actuación en Tlatelolco es un acuerdo firmado por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Defensa, Marcelino García Barragán, en reconocimiento a sus “actos de guerra” en la Plaza de las Tres Culturas (Proceso 101 y 896).

El acuerdo presidencial 930, fechado el 23 de octubre de 1968, establece la razón del reconocimiento: “Por el valor, determinación, sentido de responsabilidad y espíritu de sacrificio que demostró el personal militar al repeler la agresión armada durante los hechos acontecidos en la Plaza de las Tres Culturas, el día 2 del actual, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, gírense órdenes de ascenso al grado inmediato superior a las personas que a continuación se mencionan”. Junto con otros siete elementos de ese batallón, Rodríguez Martínez fue ascendido ese mismo año.

Su hoja de servicios indica que Rodríguez Martínez ingresó al Heroico Colegio Militar el 20 de enero de 1960. Cuatro años después se graduó como subteniente de Infantería. A esa misma generación pertenecen otros dos militares que en la actualidad son altos funcionarios de la Sedena: el general de división Tomás Ángeles Dauahare, subsecretario de Defensa, y el general de división Humberto Eduardo Antimo Miranda, oficial mayor.

Cuando ostentaba el grado de mayor de Infantería, al término del curso de mando y Estado Mayor, el 15 de agosto de 1968, Rodríguez Martínez adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor. En 1991, ascendió de coronel de Infantería a general brigadier, y seis años después pasó a ser general de Brigada. Con ese grado, entre diciembre de 1998 y 1999 fue comandante de la Primera Zona Militar, ubicada en Tacubaya, en la capital de la República. En el gobierno de Ernesto Zedillo fue director del Servicio Militar Nacional.

Y antes de ser ascendido por Calderón como general de división el pasado 20 de noviembre, fue presidente del Supremo Tribunal Militar. En el organigrama de la Sedena aparece en la actualidad como director y rector general de Educación Militar y Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

Las acciones de la Sedena

En respuesta a una petición de información vía la Ley de Transparencia, la Sedena informó que otras de las acciones “contundentes y decididas” que en agosto pasado ya había tomado para el cumplimiento del decreto de creación del nuevo cuerpo, se encontraba la revisión de lo que ha sido el apoyo militar a la Policía Federal Preventiva, que desde su creación en 1999 ha operado esencialmente con soldados y marinos.

La dependencia también informó que había realizado investigaciones “documentales y de campo” sobre la participación de otras instituciones militares del mundo en tareas de seguridad pública, “con la finalidad de incorporar aquellos aspectos que puedan ser de aplicación en el país”.

De acuerdo con esa respuesta, la Sedena exploró desde hace medio año las unidades del Ejército y Fuerza Aérea que pudieran formar el nuevo cuerpo, así como las necesidades de armamento, equipo y adiestramiento.

Además, ya tenía elaborados proyectos de su estructura orgánica y sus unidades subordinadas, la definición de sus funciones específicas, así como las estimaciones de presupuesto para su integración y operación.

Pero las previsiones económicas sobre su operación se quedaron en el deseo, puesto que ni en la Secretaría de Hacienda ni en la Cámara de Diputados se apoyó la petición del general Galván para que en el presupuesto de este año a la Sedena le aprobaran mil 600 millones de pesos para la nueva fuerza.

El general retirado y secretario de la Comisión de Defensa, Roberto Badillo Martínez, diputado del PRI por Veracruz, asegura que hubo resistencia de algunos diputados en ese órgano para aprobar los recursos, aunque dice que no se habló de una cantidad específica.

A pesar de no haberse aprobado el presupuesto, asegura que la Sedena tiene capacidad para organizar una fuerza especial sin pedirle recursos adicionales a la federación, pues cuenta con adiestramiento y personal para hacer frente a ese requerimiento.

Pero en todo caso, agrega, la Sedena “no lo va a necesitar por ahora porque el cuerpo aún no está organizado. Tal vez el próximo año sí, pero se necesitará más tiempo y cabildeo para sacar su presupuesto”.

Sobre la ubicación de la comandancia general del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, Badillo Martínez señala que podría encontrarse en la Primera Región Militar, que abarca al Distrito Federal, así como Morelos, Estado de México e Hidalgo.

En particular, dice, podría estar destacado en el Campo Militar Número 37, de San Miguel de los Jagüeyes, en el Estado de México, o en el Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México. Desde cualquiera de esos lugares es más fácil que estén a las órdenes del presidente y del Alto Mando del Ejército, que recae en el general Galván, precisa.

En el presupuesto de la Sedena para este año es en la Primera Región Militar donde el Ejército tendrá el mayor aumento de personal. De los 35 mil 753 efectivos con los que contaba en 2007, pasará a 38 mil 312 este año.

Ante los cuestionamientos que le hicieron en la Comisión de Defensa sobre el aumento de personal en la Primera Región Militar, la Sedena aseguró que esas nuevas plazas eran para los egresados de los planteles militares del Ejército y Fuerza Aérea y no para el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.

José Alfonso Suárez del Real, diputado del PRD por el Distrito Federal e integrante de la Comisión de Defensa, asegura que en esa instancia no se llegó a discutir un presupuesto específico para las Fuerzas Federales de Apoyo, pero tanto su partido como el PRI se opusieron a entregarle dinero. El Ejército, según él, necesita más recursos para el Plan DN-III de auxilio a la población civil.

Y explica que en el caso del PRD, el rechazo “no fue porque esté en contra del Ejército, pues entiende que por disciplina y lealtad obedece las órdenes del Mando Supremo (el presidente de la República), sino porque su creación viola la Constitución”.

Menciona que una violación es que el Ejército carece de facultades para asumir funciones de policía. “Es coadyuvante, pero no puede encabezar esas tareas, como de hecho ya ocurre ahora aun sin la creación formal del Cuerpo Especial”, asegura.

A su vez, el presidente de la Comisión de Defensa, el también general retirado Jorge Justiniano González Betancourt, diputado del PAN por Chiapas, coincide en que nunca hubo una petición formal de la Sedena a esa comisión para la aprobación de los mil 600 millones de pesos.

En lo que el diputado y general retirado Badillo describe como “un ensayo” pero que para la Sedena fue muestra del cumplimiento del decreto de Calderón, una brigada de mil 800 efectivos de distintas armas, con uniforme beige y boina negra participó en el desfile militar del 16 de septiembre del año pasado.

Fue la presentación oficial del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, que además de restricciones presupuestarias e indefiniciones legales tuvo que ser modificado en los ambiciosos alcances que en mayo de 2007 le habían atribuido Calderón y el general Galván.

El segundo decreto

Al día siguiente de la participación del nuevo cuerpo en el desfile conmemorativo de la Independencia, Calderón publicó otro decreto para precisar la forma en que deberá operar e intervenir.

En su primer decreto, Calderón había establecido que estaría “bajo las órdenes del presidente de la República” e intervendría “por instrucciones” del mismo para apoyar a las autoridades civiles de cualquier gobierno.

El nuevo decreto eliminó esa discrecionalidad y estableció que su intervención tendrá que obedecer a “circunstancias excepcionales”. Pero dejó la decisión de su actuación no sólo en la Sedena, sino en las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública (Proceso 1612).

Aunque la Sedena no logró este año un presupuesto especial para las Fuerzas de Apoyo Federal, lo que sí se discutió en la Comisión de Defensa fue una ampliación del presupuesto para las Fuerzas Armadas –Ejército, Fuerza Aérea y Marina– por 7 mil 54 millones de pesos, etiquetados para la compra y renovación de equipo, pero también para el pago de mil pesos mensuales de compensación a la tropa como parte de los estímulos prometidos por Calderón.

En el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, la Cámara de Diputados introdujo un artículo para entregarle a la Sedena recursos adicionales a los casi 35 mil millones de pesos aprobados. La condición es que haya ahorros del gobierno federal.

El artículo 45 de ese decreto, publicado el pasado 13 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, señala: “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificará los ahorros obtenidos, a efectos de apoyar a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en materia de adquisición de equipamiento que permita mejorar su desempeño a favor de la población en situación de emergencia y fortalecer la seguridad de la nación”.

Apenas el jueves 14, el presidente de la Comisión de Defensa, el diputado Jorge Justiniano González Betancourt, presentó un punto de acuerdo para exhortar a los gobernadores de los estados y a los titulares de la administración pública federal que busquen ahorros con el fin de trasladarlos a las Fuerzas Armadas para que éstas adquieran equipo y sostengan sus servicios.

Aseguró que en 25 años, las Fuerzas Armadas no han renovado su flota terrestre, aérea y marina, ni adquirido armamento moderno, radares, tecnología de punta; tampoco cubrieron las nuevas plazas para un correcto funcionamiento operativo.

Dijo también que quedaron pendientes de aprobación 7 mil 726 millones de pesos, no los 7 mil 54 mencionados originalmente. Precisó que ese dinero se destinaría a la renovación de los vehículos Humvee –que se utilizan en operativos contra el narcotráfico– y tres aviones Casa para reponer tres aviones Hércules C-130 de auxilio a la población.

También, dos helicópteros UH-60L para el combate al narcotráfico, radares de largo alcance para el sureste del país, radios Falcon de intercomunicación, combustibles, lubricantes y refacciones.

Y sin hacer mención al compromiso de Calderón, dijo que ese dinero se usaría también para “incrementar la compensación técnica al servicio de los elementos de tropa del país” y “abastecer eficientemente la atención médica a los militares y sus familias”.