Desfachatez PRIANista en cadena nacional

Tomados de La Jornada, Helguera, El Fisgón, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Como era de esperarse los movimientos del pelele Felipe Calderón Hinojosa en las secretarías de Desarrollo Social y Gobernación del gobierno espurio tienen la finalidad, por un lado de utilizar los programas de asistencia social para dirigir y apaciguar la protesta social –por las reformas eléctrica, laboral y judicial- y el control más férreo de los medios de comunicación, cuya finalidad es la misma: apaciguar las protestas sociales, por un lado no aparecerán en los medios electrónicos o se les dará el mismo trato que les dieron a los movimientos sociales de San Salvador Atenco y Oaxaca y por el otro la represión inminente y largamente preparada durante el desastroso sexenio del traidor y ladrón Vicente Fox Quesada.

¿Cuál es la experiencia del negociante Juan Camilo Muriño? Pues da la casualidad que ninguna. Sólo sabe hacer negocios al amparo del poder, de ahí la fortuna familiar que le ha permitido hacer fortuna también en España, de donde es originaria. ¿Entonces para qué fue puesto en ese lugar? No se necesita ser un “experto” en política para deducir que , por un lado, que el usurpador Calderón Hinojosa toma el control de su propio partido y de los lugares claves del gobierno pirata, y por el otro, continuar con la línea dura. Sí, aquella de represión a los movimientos sociales, la de criminalizar la protesta social, la de golpear a la oposición al usurpador y a la venta de lo que queda, playas, zonas de conservación ecológica y por su puesto: Pemex, la CFE y LyFC. Ese será el negocio de las familias Calderón-Zavala-Muriño.

Ahora como nunca estamos en presencia de información que nunca antes tuvimos. Saber de qué forma y manera los políticos rateros de siempre se hacen de sus grandes fortunas, que les permitirán luego de dejar el poder, ser hombres de gran influencia y mayor poder político. Tenemos el caso insignia del corrupto Carlos Salinas de Gortari, quien luego de 14 años de dejar el poder de manera oficial, hasta la fecha sigue decidiendo los destinos del país de la mano de mafiosos como Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, Elba Esther Gordillo, panistas como Santiago Creel Miranda, pelele Calderón Hinojosa, etc.

Como una muestra más de la cobardía, prepotencia y la mentira descarada que son “valores” del PRIAN, están las declaraciones del pelele Calderón Hinojosa, del represor Francisco Ramírez Acuña y Juan Camilo Muriño, pronunciadas hoy en el cambio de estafeta de un corrupto y represor, por otro de la misma calaña.



Instruyo al licenciado Mouriño a seguir promoviendo el diálogo y el acuerdo con los Poderes de la Unión, especialmente con el Legislativo, a fin de avanzar en las reformas que requiere nuestro país para enfrentar los desafíos del Siglo XXI.

Le solicito también refrendar el compromiso absoluto de mi Gobierno con la libertad de expresión. Deberá seguir promoviendo una relación de respeto y corresponsabilidad con los medios de comunicación, siempre mirando por el interés superior de los ciudadanos.

La libertad de expresión debe estar asociada íntimamente al respeto a los demás y a la responsabilidad con México, así como al derecho a la información que deber ser honrado por los tres órdenes de Gobierno y por los tres Poderes de la Unión.

Desde la Secretaría de Gobernación deberá seguir promoviendo los valores de la democracia, la tolerancia, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos.

Versión estenográfica de las palabras pronunciadas por el pelele Felipe Calderón Hinojosa, Los Pinos 16 de enero de 2008.



De acuerdo a las instrucciones que hoy recibo del Presidente de la República, buscaré seguir promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los Poderes de la Unión, particularmente con el Congreso a fin de avanzar en las reformas necesarias para el país.

La construcción de una democracia efectiva es una tarea permanente y nos compete a todos, habremos de fomentar el diálogo, la participación y la discusión plural de los temas nacionales para el fortalecimiento de las instituciones.

Con este propósito estaremos cercanos también a las diversas organizaciones de la sociedad civil.

En esta tarea es indispensable contar con la participación plural, crítica y objetiva de los medios de comunicación.

Es por ello que seremos vigilantes de que el Gobierno Federal defienda, conforme a sus instrucciones, el ejercicio pleno de la libertad de expresión con responsabilidad.

En este mismo marco, la Secretaría de Gobernación a mi cargo, se abocará a mantener con los medios de comunicación una relación estrecha y respetuosa.

En esta nueva responsabilidad refrendo mi compromiso con la observancia de las garantías constituciones, muy especialmente con la defensa de los derechos humanos.

Todo mexicano debe estar cierto que el Gobierno del Presidente Felipe Calderón trabaja a favor del respeto de la dignidad de la persona humana.


Versión estenográfica de las palabras pronunciadas por Juan Camilo Muriño, Los Pinos 16 de enero de 2008.



Desde siempre, estuve convencido que usted, señor Presidente, era el líder que debía conducir los destinos de todos los mexicanos, y ahora que usted me ha permitido ser su colaborador, confirmo aún más que no se equivocaron los mexicanos que depositaron en su persona la fe y esperanza de lograr una vida y un mejor país para todos nuestros hijos.

Nos planteamos diversas metas y las logramos, sobre todo, pudimos rescatar la figura presidencial e intervenimos con firmeza y respeto a los derechos humanos ante diversos movimientos sociales.

Como todo ser humano, sé valorar las oportunidades que me ha dado la vida para conocer y trabajar con personas valiosas y desinteresadas en su actuar.

Sin embargo, una vez transitado este tramo de su Gobierno y estando convencido que la dependencia a mi cargo se ha desempeñado en forma eficiente y adecuada en los diferentes escenarios, he decidido, como se lo comenté oportunamente, señor Presidente, separarme de la más alta responsabilidad para realizar tareas personales.


Versión estenográfica de las palabras pronunciadas por Francisco Ramírez Acuña, Los Pinos 16 de enero de 2008.


De la lectura de estas declaraciones se desprende que las mentiras y el cinismo son una parte integral, simbiótica del PRIAN. Nada de lo que dijeron es cierto. A 15 días de que Carmen Aristegui fue despedida de W Radio, cuando la información es controlada por los empresarios afines a quien ocupa la asaltada residencia de Los Pinos y censurada por el espurio Calderón Hinojosa, los personajes de marras se dicen defensores y respetuosos de la libertad de expresión. También se dicen respetuosos de los derechos humanos y en días pasados mataron a un joven indefenso en un retén militar y fueron reprimidos de manera ilegal los mineros de Cananea, antes de que se cumpliera el plazo para entregar las instalaciones de la mima. Se necesita mucho cinismo y desprecio por la voluntad popular y la ciudadanía para declarar lo antes expuesto. ¿Estado de derecho, libertad de expresión, respeto a los derechos humanos? ¿Cuáles, dónde?




Los siguientes materiales fueron tomados de la revista Proceso.



http://www.proceso.com.mx/





Estado de censura

jenaro villamil

México, D.F., 15 de enero (apro).- “El objetivo del poder es el poder mismo. El poder es narcisista por naturaleza, se esfuerza constantemente por perpetuarse por medio de la clonación y se acerca cada vez más a un estado de completa homogeneidad por el procedimiento de expulsar todo lo que le parece extraño o desviado”, escribió George Orwell, el novelista británico autor de 1984 y Rebelión en la granja, al describir de esa manera la lógica de la censura detrás de la ideología autoritaria.

La expulsión de lo extraño, lo desviado, lo que no se controla plenamente o lo que disiente del consenso del poder (entiéndase poder económico, político, religioso o mediático), es justamente lo que explica el silenciamiento del noticiero de Carmen Aristegui.

Tan contundente ha sido esa estrategia de censura que los poderes mismos pretenden minimizar la cancelación del espacio de Hoy por Hoy. En los medios dedicados a reproducir el narcisismo del poder (especialmente en la televisión) el caso simplemente no existió.

En la radio no pocos comentaristas han señalado que existe “ambigüedad” por parte de Aristegui y que, para ellos, no se trata de un caso de censura. Algo similar se lee en algunos espacios de análisis editorial.

En contra de esta idea de silenciamiento en los medios masivos, una mayoría contundente de la opinión pública --expresada en foros de análisis en el ciberespacio, en cartas a los medios impresos, en desplegados y en miles de correos electrónicos-- tiene un claro sentimiento de agravio y molestia por la censura a Carmen Aristegui.

La censura de Televisa Radio –operada por funcionarios contratados por PRISA, el socio español-- se explica en las propias palabras de la empresa: a partir de la “incompatibilidad”, la dirección de W Radio ha señalado que Aristegui se tuvo que ir por diferencias en el “modelo editorial”.

¿Cuál es ese “modelo editorial” con el cual no compaginaba Aristegui? ¿Confunden deliberadamente acciones administrativas –modificaciones en “la parrilla”-- para encubrir la cancelación de otro modelo editorial que sí existió, que fue exitoso en términos periodísticos y de audiencia?

El periodista Daniel Moreno, el único vocero de W Radio que ha hecho declaraciones para argumentar más sobre el caso de Aristegui, no ha sido claro. Pretende señalar que las modificaciones contractuales fueron la causa de la salida de la periodista, tal como lo señaló en su entrevista del sábado 12 de enero de Milenio Diario.

Moreno, incluso, lanzó un reto: que Aristegui aceptara mostrar los “términos del contrato”. Sin embargo, nunca explicó de qué se trata el “modelo editorial” con el cual era incompatible el noticiario matutino de Hoy por Hoy.

El estado de censura que avala el consorcio PRISA no sólo es una alteración al ethos de la propia empresa sino una clara violación a la ética periodística más elemental. El caso Aristegui nos indica claramente que los valores y las reglas periodísticas desaparecen para subordinarse a las reglas de los intereses comerciales, políticos y corporativos.

Como en el mito de Narciso, el propio poder puede caer ahogado frente a una falsa imagen uniformada que ahora pretende establecerse en los medios electrónicos.

El escritor sudafricano J. M. Coetzee, en su alegato Contra la censura, también nos advierte:

“Como la tiranía se basa en la mentira, simplemente forma parte de su naturaleza odiar la verdad… Como odia la verdad del artista –o del periodista--, el Estado tiránico trata de hacerla desaparecer. Sin embargo, de un modo u otro la verdad se acaba sabiendo”.

Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx


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La "guerra" contra Proceso


Daniel Lizárraga

Desde sus primeros meses en el poder, Felipe Calderón –como dice la expresión popular– se muerde la lengua cada vez que se pronuncia por el respeto a la libertad de expresión, a la crítica y al trabajo periodístico. En abierto desacuerdo con la labor de Proceso, aunque sin elementos para contradecir la información que publicamos, su Coordinación de Comunicación Social obstaculiza a los reporteros de este semanario la cobertura de las actividades presidenciales y aplica así su verdadera política de información.

Desde hace 10 meses, la Presidencia de la República excluyó a Proceso del grupo de medios de comunicación acreditados para cubrir las giras internacionales y nacionales de Felipe Calderón, aun cuando al menos en cinco discursos el mandatario dijo estar comprometido con el libre acceso a la información.

Durante su primer año de gobierno, ante empresarios y frente a las élites políticas, Calderón subrayó la importancia de la crítica en un régimen democrático. No obstante, la realidad es distinta. La última vez que se invitó a Proceso a una gira presidencial fue el 7 de marzo de 2007, cuando Calderón viajó a Nuevo León para poner en marcha la construcción de la autopista Saltillo-Monterrey.

No se ha explicado oficialmente el motivo por el que este medio sólo puede acudir a los actos dentro de Los Pinos, en el Distrito Federal y en ocasiones en los estados vecinos, no así en el resto del país y en el extranjero.

Desde hace cuatro meses esta revista solicitó a la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia, encabezada por Maximiliano Cortázar, que explicara los motivos de la exclusión, pero hasta ahora no hay respuesta.

El 15 de marzo de 2007, afuera de Palacio Nacional, mientras los reporteros de la fuente esperábamos el autobús que nos llevaría de regreso a Los Pinos tras cubrir el balance oficial de los primeros 100 días de gobierno, Max Cortázar –como lo llaman en Los Pinos– estalló contra la línea editorial de este semanario:

–¿De qué se va a tratar? Es un golpe tras otro. Duro, duro, cada semana. No puede ser –reclamó manoteando y sin dejar de mover la cabeza.

–Aclaren lo que no esté fundamentado. ¿Qué texto se ha escrito con información que no esté documentada? –le respondió este reportero.

–El problema es que no hay semana sin golpe. Uno tras otro. Dale y dale. Además, hay portadas que no van, como esa del general Galván (Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional), en la que lo sacaron de cerca, abarcando casi todo. ¿Qué es eso? –se obstinó Cortázar.

El encargado de la comunicación en Los Pinos se refería a la edición 1580 de Proceso, del 11 de febrero, en la cual el reportero Jorge Carrasco publicó un reportaje con información que puso en duda la eficacia de los operativos contra el narcotráfico.

En el texto se citó el discurso pronunciado por el general Galván en el aniversario número 94 de la Marcha de la Lealtad, con opiniones de especialistas en seguridad nacional y un minucioso análisis del experto Roderic Ai Camp sobre la militarización de la seguridad pública por Calderón.

Indignado, Cortázar también reclamó por la edición correspondiente a esa semana (1584, del 11 de marzo). La cabeza de portada: Cien días de miedo. Los golpeadores de Calderón, se tituló la crónica sobre la actuación del Estado Mayor Presidencial (EMP) durante el inicio del nuevo gobierno.

En ese trabajo se describieron pasajes de las giras nacionales de Calderón efectuadas entre diciembre de 2006 y marzo de 2007. También se compararon partes del reglamento del EMP con la actitud de sus efectivos, así como cifras del dinero destinado a la seguridad del mandatario.

Cortázar no hizo aclaración alguna sobre el contenido de las dos ediciones mencionadas, se limitó al reclamo. No objetó en nada la crónica sobre la golpiza que elementos del EMP propinaron a una persona afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni sobre la tunda que le dieron a Luis Castillo, fotógrafo de Reforma. La respuesta del gobierno llegó por otra vía.

Al día siguiente del encuentro con Cortázar, el viernes 16 de marzo, Calderón visitó Tijuana para presentar el “Modelo de una ciudad sustentable”. Este semanario ya no fue invitado a esa gira.

El 26 de marzo siguiente, Calderón acudió al aniversario del periódico Excélsior. Desde el hotel Camino Real, dijo que su gobierno rendirá cuentas y tomará en cuenta la crítica:

“Por ello, aquí frente a ustedes, en este significativo aniversario, ratifico mi compromiso personal con la libre manifestación de las ideas y con el libre acceso a la información”, enfatizó.

Su compromiso sólo resistió cinco portadas de Proceso.

Exclusión

Al inicio del gobierno calderonista, la Coordinación de Comunicación Social incluyó a este semanario en la primera gira presidencial por Europa. Entre el 24 y el 31 de enero de 2007 Calderón visitó Alemania, Suiza, el Reino Unido y España con el fin de atraer inversión a México.

El mandatario acudió también al foro económico de Davos para ofrecer su Plan Maestro de Infraestructura, que prevé la inversión extranjera en la construcción de aeropuertos, carreteras, vías férreas y puertos.

El país, al mejor postor, fue el encabezado de la crónica de Proceso 1579, que empezó a circular el 4 de febrero de 2007. El texto –al que remitía el llamado de portada México en Barata– retomó partes de la conferencia dictada por Calderón ante inversionistas en Londres.

Ahí, el presidente destacó que el país cuenta con una creciente fuerza laboral juvenil, con 11 mil kilómetros de litorales y 142 millones de hectáreas forestales.

Cuando Calderón asistió a la XIX Cumbre de Río, en su segundo viaje internacional oficial, Proceso ya no fue convocado. Calderón se reuniría con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, luego del debate que sostuvieron en Davos, Suiza. Causaba interés saber cómo trataría el presidente venezolano, Hugo Chávez, al nuevo mandatario mexicano, después de sus pleitos con Vicente Fox.

La víspera de su salida, el sábado 3 de marzo de 2007, el equipo de logística de la Presidencia difundió que no habría muchos lugares para los reporteros en el avión presidencial.

Al lunes siguiente, una de las primeras imágenes que aparecieron en el noticiario estelar de Televisa fue la llegada de Calderón a Guyana, a bordo del Boeing TP-01 con capacidad para 66 pasajeros, según consta en datos proporcionados por el EMP. De acuerdo con reporteros que acudieron a esta gira, los asientos destinados a periodistas no se ocuparon en su totalidad.

La Presidencia no dio ninguna explicación acerca de los criterios utilizados para seleccionar a los medios que fueron invitados.

Dos semanas antes, en su edición 1581, Proceso publicó el reportaje No me voy, no me voy, no me voy, donde se citó al actual presidente y a su antecesor:

“No voy a emitir juicios sobre el gobierno anterior del cual, además, orgullosamente formé parte”, sentenció Felipe Calderón el 26 de enero pasado en Davos, Suiza, durante su primera gira por Europa.

“Días después, Vicente Fox, el exgobernante al que así había protegido, se adjudicó en público la victoria del PAN en 2006 y confirmó que su intervencionismo en el proceso electoral obedeció a un desquite contra su acérrimo enemigo político, Andrés Manuel López Obrador.”

Durante los dos meses y medio que el semanario pudo informar de cerca sobre las actividades de Felipe Calderón, se reportaron las peripecias que pasó en Nicaragua, al acudir a la toma de posesión del presidente Daniel Ortega, que lo trató de manera desdeñosa, a diferencia del trato de “hermano” que le dio a Hugo Chávez.

Esa cobertura también permitió que los lectores de esta revista conocieran el contexto en que Calderón apareció portando unas prendas militares de modo irregular –y junto al secretario de la Defensa Nacional– en Michoacán, durante los operativos contra el narcotráfico.

Hasta ahora, además de bloquear el trabajo informativo, la Coordinación de Comunicación Social le ha negado a Proceso, de manera tajante, cualquier entrevista o datos oficiales. Maximiliano Cortázar no responde a las llamadas telefónicas ni a los mensajes por correo electrónico.

Esta cerrazón ha llegado al punto de que la Presidencia se niega a proporcionar documentos y materiales informativos sobre temas de interés público, como las irregularidades y posibles actos de corrupción en la contratación de empresas fantasma, violaciones al marco legal por despilfarro de dinero público y una contratación de “edecanes” para supuestos actos oficiales.

Ninguna aclaración tuvo lugar después de que este medio (en su edición 1596, del 3 de junio) publicó el contenido de un contrato firmado durante el período de transición del gobierno federal para que la empresa De la Riva Información Estratégica elaborara una auditoría de imagen para la esposa de Calderón, Margarita Zavala, y sus tres hijos.

Como se muestra en el texto, dicho contrato violó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que estipula un pago de 848 mil pesos por un servicio al presidente electo, cuando el estudio de imagen fue para su familia.

El pasado 8 de julio, en Proceso (1601) se relató paso a paso cómo Felipe Calderón y sus colaboradores dilapidaron al menos 25 millones de pesos en banquetes, comidas en las zonas más costosas de México, transporte en camionetas blindadas y contratos a modelos para engalanar actos públicos y privados.

Corruptelas

El 7 y el 20 de septiembre de 2006, Hugo Salvador Martínez, actual director de Operación y Servicios Generales de la Presidencia, pagó los servicios de cuatro modelos –dos de ellas extranjeras– presuntamente para que asistieran a reuniones oficiales y a un festejo por la entrega de constancia de mayoría al presidente. No obstante, todas las actividades de Calderón en esos días fueron de carácter privado.

La Coordinación de Comunicación Social de Presidencia optó por no emitir opiniones al respecto, aun cuando este medio le solicitó una versión oficial antes de publicar los reportajes.

Sólo cuando se ve obligada a defenderse en juicios promovidos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la dependencia deja entrever sus resquemores.

Por ejemplo, en el expediente 538/07 la Presidencia trató de argumentar su negativa a que este reportero tuviera acceso a las encuestas que evalúan el impacto de las políticas públicas, el manejo de la imagen presidencial y otras decisiones importantes:

“El divulgar el contenido de los cuestionarios y sus resultados podría traer consigo un peligro latente a la seguridad pública. El daño presente derivado del contexto sociopolítico del país es probable en virtud de que el mal uso del contenido de dichos estudios y la información que de ellos se desprende al ser descontextualizada provocaría conflictos en el corto y mediano plazos que por su magnitud podrían traer consigo actos por parte de algunos grupos políticos y sociales que podrían vulnerar la seguridad pública.”

Y remata: “De manera específica se podría traer consigo (sic) disturbios sociales que desembocarían en el bloqueo de vías de comunicación o en manifestaciones violentas, las cuales ya se han suscitado con anterioridad y a todas luces transgredirían los derechos de terceras personas”.

Este criterio de la Presidencia fue rechazado por el IFAI. Los comisionados de este organismo determinaron por unanimidad que no se comprobó cómo la respuesta a una solicitud de acceso a la información provocaría disturbios. No obstante, las encuestas quedaron clasificadas por tres años (la Presidencia pedía seis) porque se utilizarán para tomar decisiones de gobierno, no porque el trabajo periodístico pueda provocar un conflicto social.

Cuando era presidente electo, Felipe Calderón dijo en el festejo por el 90 aniversario del diario El Universal: “Se otorgarán garantías en mi gobierno al límite de sus posibilidades para que se pueda proteger y ejercer el periodismo”.

Además, el pasado 22 de noviembre, durante la firma del Acuerdo Nacional para una Comunicación de Calidad en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, Calderón reiteró que tiene el firme compromiso de respetar la libertad de pensamiento:

“Como lo he expresado en diversas reuniones con la industria de los medios de comunicación, también estoy convencido de que los mexicanos debemos lograr un equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad en la expresión.”

En el mismo sentido, Calderón afirmó durante una reunión con empresarios el 23 de noviembre: “Dígase lo que se diga, la mexicana es una sociedad libre, donde precisamente la libertad de expresión y de acción de cada uno está garantizada, incluso con los abusos que llegan a observarse”...

Al no contar con una explicación oficial sobre su repentina exclusión de las giras, este semanario presentó dos solicitudes de acceso a la información para conocer los criterios oficiales con que se decide a cuáles medios facilitar la cobertura de las actividades presidenciales, así como las listas de reporteros invitados durante el primer año de gobierno.

Ninguna de las dos peticiones fue satisfecha. La Presidencia arguyó que las listas de reporteros convocados a giras son “utilitarias” y por eso las destruyen una vez que aterrizan.

En cuanto a los criterios oficiales para asignar lugares en las aeronaves presidenciales, la oficina reconoció que “no se ha elaborado hasta el momento ningún documento que consigne información relativa a ello”.

Normalmente, para los viajes en el país la comitiva de Calderón, los invitados especiales y los reporteros no pagan boleto, toda vez que se utilizan recursos públicos para su transporte. En 2007, el EMP contó con 353 mil 160 pesos para este rubro.

En el caso de las giras por el extranjero, cada medio paga su lugar en el avión, así como el hospedaje y el transporte terrestre que necesite. No obstante, la Coordinación de Comunicación Social realiza previamente una convocatoria que distribuye en forma discrecional.

La cerrazón se vuelve casi risible cuando quienes la ejercen la manifiestan incluso en detalles triviales: a diferencia de 2006, Proceso no fue convocado en diciembre pasado al brindis navideño de la Presidencia.

No obstante, Calderón se atiene a su discurso. En la celebración del 84 aniversario de la Unión de Voceadores dijo: “Por convicción me opongo a la censura y a cualquier tipo de control informativo. Reitero mi compromiso personal con la libre manifestación de las ideas y con la libertad para escribir, para hablar, para publicar y para opinar”.

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Las dos caras de PRISA


Jesús Cantú


La lamentable salida de Carmen Aristegui de la W deja nuevamente en evidencia las grandes carencias institucionales de México: la ausencia de normas y prácticas que garanticen el ejercicio del periodismo profesional y la libertad de expresión en el país. Al margen de quien presionó para que su voz se dejara de escuchar en el cuadrante de la radio mexicana, el evento manifiesta la ausencia de garantías mínimas indispensables como la cláusula de conciencia, el acceso a la información de los medios de comunicación, limitaciones a la concentración de medios en pocas manos, estatutos de redacción, libros de estilo y defensores de la audiencia, entre otros.

Múltiples son los poderes fácticos (jerarquía eclesiástica, concesionarios de los medios de comunicación electrónicos, etcétera) y constituidos (ejecutivos federales y estatales, legisladores, consejeros del Instituto Federal Electoral, ministros de la Suprema Corte, miembros del Ejército mexicano…) que se benefician con la cancelación del programa de Carmen Aristegui.

Su presencia permitía ventilar información en la radio mexicana sobre una serie de temas (pederastia, las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y Telecomunicaciones, el juicio en contra del cardenal Norberto Rivera Carrera, los cuestionamientos al proceso electoral de 2006, los excesos, atropellos y violaciones a los derechos humanos de los militares, las grabaciones de las conversaciones entre Mario Marín y Kamel Nacif) que son normalmente ignorados o mencionados muy marginal o someramente por la mayoría de las radiodifusoras y conductores radiofónicos; escuchar análisis y puntos de vista diversos; abrir espacios a los marginados de los medios; y conocer y debatir sobre los privilegios y prebendas de los poderosos.

Este nuevo atentado a la libertad de expresión (como muchos otros del pasado mediato e inmediato) quedará impune y la indignación que generó será inútil si no se traduce en la construcción de una nueva institucionalidad que evite o, al menos, dificulte su reiteración en el futuro.

El caso es paradójico porque la empresa que lo perpetró (el Grupo PRISA, socio operador de Televisa Radio en México) pregona a los cuatro vientos que “El País ha sido pionero en España en la adopción de criterios y normas de ética profesional, como el Defensor del Lector, el Estatuto de Redacción y el Libro de Estilo”, y su fundador e impulsor, Jesús de Polanco, sostuvo hasta su muerte que el éxito del diario se debe al “pacto tácito que garantizó para siempre la división de tareas y consolidó la independencia profesional del diario. El periódico fue el primero en España que se dotó de un Estatuto de la Redacción, que garantiza la independencia profesional del diario”. Así es evidente la incongruencia del consorcio mediático trasnacional.

Lo ideal es que las garantías institucionales al ejercicio profesional del periodismo y la libertad de expresión se encuentren en la Constitución y la legislación ordinaria; pero en muchos países democráticos su práctica inicia a partir del compromiso de los mismos medios y los acuerdos entre empresa y periodistas. Y precisamente PRISA conoce de ello, pues fue el caso en España, donde efectivamente fue precursor de muchas de estas prácticas en el diario El País.

Desde su nacimiento, el 4 de mayo de 1976, El País inició la práctica o implementación de casi todas ellas e, incluso, de algunas otras como el respaldo al secreto profesional de los comunicadores. En junio de 1980 adoptó el primer estatuto de la redacción en España, que “establece los derechos de los periodistas en el marco de la empresa y delimitan el poder de ésta en el ejercicio profesional.”

Dicho estatuto establece los principios editoriales del diario y el compromiso de la empresa de preservarlos, así como el respeto a la cláusula de conciencia, el secreto profesional, las funciones y atribuciones del Comité de Redacción y los derechos de los miembros de la redacción.

Entre los principios básicos señala lo siguiente, en el párrafo tercero del artículo 3 del Estatuto: “El País rechazará cualquier presión de personas, partidos políticos, grupos económicos, religiosos o ideológicos que traten de poner la información al servicio de sus intereses. Esta independencia y la no manipulación de las noticias son una garantía para los derechos de los lectores, cuya salvaguarda constituye la razón última del trabajo redaccional”.

Incluso en un anexo del mismo Estatuto, con declaraciones del presidente de PRISA, Jesús de Polanco, en la Junta General de marzo de 1977, enfatiza: “y aunque [el periódico] deba defender la necesidad de la libre empresa, y aunque su economía dependa del mercado publicitario, el periódico rechazará todo condicionamiento procedente de grupos económicos de presión”. Obviamente que el consorcio ignoró dicho principio al aceptar las presiones externas para ya no renovar el contrato de Carmen Aristegui.

Esquizofrenia

Y mientras en México el Grupo PRISA violaba esos principios, en España (apenas el 18 de octubre del año pasado) daba muestra del respeto y compromiso con las normas establecidas en su Estatuto, pues publicó en su edición diaria la discrepancia de “la Redacción de El País” con un editorial del mismo diario publicado ocho días antes. El artículo 7 del Estatuto señala: “Cuando dos tercios de la Redacción consideren que una posición editorial de El País vulnera su dignidad o su imagen profesional, podrán exponer a través del periódico, en el plazo más breve posible, su opinión discrepante”.

En acatamiento a dicha norma, el día señalado, el “Comité de Redacción, en nombre de los firmantes” suscribió el siguiente texto, que daba cuenta de la discrepancia y nuevamente se vanagloriaba de las contribuciones del diario al ejercicio periodístico y la construcción democrática en España:

“La Redacción de El País quiere mostrar su disconformidad con el editorial titulado Caudillo Guevara, publicado el pasado día 10 de octubre. Más de dos tercios de los redactores (250) consideran que el texto publicado no abordaba en su totalidad la figura de un personaje como el Che Guevara que, con sus luces y sus sombras, es lo suficientemente compleja para haberla tratado como si no hubiera una escala de grises.

“El Estatuto de la Redacción contempla la posibilidad de discrepar de un editorial siempre que se logren reunir las firmas necesarias, que cifra en un mínimo de dos tercios de los redactores. En ejercicio de este mecanismo de transparencia y democracia interna, único en la prensa española, se ha habilitado este espacio para dejar testimonio de nuestra discrepancia.

“El País ha sido pionero en España en la adopción de criterios y normas de ética profesional, como el Defensor del Lector, el Estatuto de Redacción y el Libro de Estilo”. Otra evidente contradicción o esquizofrenia del consorcio mediático internacional.

La cláusula de conciencia, una norma que hubiese beneficiado a Aristegui desde su salida del Grupo Imagen hace poco más de cinco años, permite al periodista rescindir motu proprio el contrato con un medio de comunicación cuando éste cambie su orientación informativa o su línea editorial; la consecuencia de dicha decisión es la percepción de una indemnización, como si se tratase de un despido injustificado.

Alemania, desde 1926; Checoslovaquia, en 1927; Francia, en 1935, y España en 1978 en su constitución, y en 1997 en la legislación, son algunos de los países europeos que reconocen dicho derecho en sus leyes. En algunos, incluso, se establece el derecho de los profesionales de la información a negarse a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que se les pueda sancionar.

Nuevamente, en este caso El País contempla en su Estatuto, desde 1980, dicha cláusula de conciencia, aunque señala –desde esa fecha– que ésta se ajusta a los términos de la legislación vigente. Entonces no había normatividad aplicable, pues no existía la ley reglamentaria, sino únicamente la disposición constitucional.

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De acuerdo con las explicaciones de Carmen Aristegui y W Radio, la “incompatibilidad editorial” surge precisamente de una modificación en la postura editorial o, al menos, en la conducción editorial de la W, pues la línea de la periodista se mantuvo invariable en los cinco años que duró su contrato con la empresa.

Pero lamentablemente, esto que se intuye por la información difundida es imposible demostrarlo con evidencias documentales, porque (salvo muy contadas excepciones, entre las que no se encuentra la W) nadie conoce expresamente las orientaciones, la línea ideológica, los principios editoriales, los libros de estilo y los códigos de ética de los medios de comunicación en México.

En México, como en el mundo democrático, prevalece en general la idea de que en materia de contenidos de la información es preferible aplicar un máximo ético y un mínimo jurídico, es decir, optar preferentemente por la autorregulación antes que por normas coercitivas que pueden atentar contra la libertad de expresión. Sin embargo, esto es válido siempre y cuando estas disposiciones de autorregulación contemplen, al menos, tres requisitos indispensables: que los compromisos sean públicos, incluyan mecanismos y órganos de autocontrol, y las sanciones adecuadas en el caso de su violación.

Aquí surgen dos problemas: por una parte, la casi inexistencia de este tipo de documentos básicos en los medios de comunicación, pues en México son muy pocos los que cuentan con ellos; y, segundo, una obligación mínima de transparencia que obligue a los medios con sus audiencias o lectores, ya que aunque sean empresas privadas cumplen una función pública, porque la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos fundamentales que afectan directamente a la persona, la sociedad y la democracia.

La ciudadanía tiene derecho a conocer los principios que guían la vida y conductas de un medio e, incluso, información accionaria, económica y financiera de la empresa que le permita procesar y analizar la información con mayores elementos de juicio.

El problema se agrava por el alto grado de concentración de los medios de comunicación, pues ello reduce sensiblemente las opciones informativas de la ciudadanía y, también, las alternativas de trabajo de los profesionales de la comunicación, lo cual es una restricción más al libre ejercicio profesional.

Este fue uno de los asuntos que más se discutieron al revisar las propuestas de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión. Sin embargo, en la reforma que se aprobó en abril del 2006 simplemente se remitía a la opinión que emitiera la Comisión Federal de Competencia, sin establecer ningún tipo de parámetros.

Aunque en Estados Unidos este tipo de reglas tampoco están contempladas en la ley, la Comisión Federal de Comunicaciones (FFC, por sus siglas en inglés) estableció, entre otras reglas al respecto, las siguientes: un mismo propietario únicamente puede tener dos canales de televisión en el mismo mercado, si existen al menos ocho opciones locales y, al menos, uno de sus dos canales no se encuentra entre los cuatro con mayor audiencia; establece un límite superior de ocho estaciones de radio en los mayores mercados estadunidenses; ninguna cadena puede acaparar más de 39% de la audiencia nacional, y promueve que el mínimo de opciones televisivas en todos los mercados sea de cinco.

Obviamente esto contrasta con la situación en México, donde en el ámbito televisivo Televisa y TV Azteca concentran más de 95% de las concesiones y más de 90% de la audiencia; mientras que en el caso de la radio, 10 grupos acaparan 75% de las concesiones.

Precisamente porque el problema es de normatividad, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, además de aprobar acuerdos que reconocen la trayectoria periodística de Carmen Aristegui, debe ocuparse de legislar para garantizar el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en México. Más que reconocimientos, los periodistas mexicanos necesitamos un orden jurídico que acabe con el actual estado de indefensión en el que nos encontramos.