Crónica de la traición*

Tomados de La Jornada, Hernández y El Universal, Boligán.

Jorge Carrasco Araizaga


Un sector importante del panismo tamaulipeco atribuye su reciente derrota electoral al abandono y hasta activismo en su contra por parte de miembros del CEN del PAN y del gobierno de Felipe Calderón. En medio de la violencia del crimen organizado, todo fue favorable para el PRI con el apoyo de Elba Esther Gordillo. Piensan que así como ésta intervino para favorecer a Calderón en 2006, su estructura magisterial apostó ahora por el priismo tras presuntos acuerdos con el propio Calderón y el gobernador Eugenio Hernández Flores, quien niega cualquier pacto en ese sentido…



CIUDAD VICTORIA, TAMPS.-Felipe Calderón sabe corresponder. Si en 2006 recibió en Tamaulipas apoyo priista en la elección presidencial, ahora desde Los Pinos –y con el aval del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN– no hizo nada contra el monopolio político del PRI en el estado, a pesar de las peticiones y reclamos de un panismo local amedrentado, junto con otros opositores, por el “activismo electoral” del narcotráfico.

Saboteado desde la dirigencia nacional, el panismo local, de por sí dividido, identifica a varios de los responsables: el propio Felipe Calderón; Abraham González, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, y Enrique Navarro, secretario de Fortalecimiento Interno del CEN que hasta el pasado 8 de diciembre presidió Manuel Espino.

Su sucesor, Germán Martínez, recibió directamente los duros reclamos del panismo tamaulipeco el pasado 20 de octubre, durante la gira que hizo en su campaña por la presidencia de Acción Nacional. En una reunión con consejeros nacionales del PAN de la entidad, escuchó las condenas a los acuerdos de Calderón con el gobernador Eugenio Hernández y Elba Esther Gordillo, y el señalamiento de que tales pactos se hicieron a costa de la impunidad.

Ofendidos por las intimidaciones del narcotráfico, que hasta entonces les habían impedido la postulación de tres aspirantes con arraigo –en Ciudad Mier, Nuevo Guerrero y Reynosa, aunque en el último caso el candidato decidió finalmente inscribirse–, los consejeros le reprocharon la pasividad del gobierno federal y aseguraron que los operativos en Tamaulipas eran “una farsa”, alimentada sólo cuando Calderón visitaba el estado.

El secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, también fue objeto del enojo regional panista. Pasadas las elecciones, el 25 de noviembre acudió al Tercer Informe de Gobierno de Eugenio Hernández Flores. Diputados locales evitaron saludarlo y aplaudirlo en la reunión del Congreso. Incluso le expresaron el disgusto de verlo.

El rechazo a Calderón lo patentizó la noche de las elecciones, el 11 de noviembre, la presidenta del Comité Directivo del PAN en Tampico, Hilda Gómez. Cuando la indiferencia de Calderón y el boicoteo del CEN se habían coronado con el “carro completo” del PRI al amparo de grupos armados en municipios competidos, la dirigente se quitó y tiró la pulsera que llevaba con el nombre de Felipe Calderón. La usaba desde octubre de 2005, época en la que el michoacano buscaba ya la candidatura del PAN a la Presidencia.

Personas cercanas al asesinado político del PT, Juan Antonio Guajardo, atribuyen a Calderón la decisión de mantener acuartelado al Ejército el día de los comicios, lo que facilitó los operativos armados a favor del PRI. Militares de la VIII Zona Militar confirmaron a Guajardo esa orden.

El gobernador Eugenio Hernández niega haber establecido cualquier pacto político con Calderón para que triunfara el PRI, partido que finalmente se quedó con 78% del Congreso y con 34 de las 43 alcaldías. “Si ganó el PRI fue porque la gente quiere al gobernador”, dice a Proceso. En entrevista, el presidente del PAN en la entidad, Alejandro Sáenz Garza, también niega ese acuerdo.

Pero el abandono a su suerte fue precisamente lo que los consejeros nacionales de Acción Nacional en Tamaulipas le reprocharon a Germán Martínez. El ahora dirigente nacional se reunió en el restaurante El Granero de esta ciudad con Luis Alonso Mejía, Leticia Salazar, Ángel Sierra, César Guerra, Luis Vanoye, Humberto Reynoso, Francisco García Cabeza de Vaca y Alejandro Sáenz Garza.

De acuerdo con varios asistentes a la reunión, los consejeros le enviaron un mensaje a Felipe Calderón: “Entendemos que pueda tener acuerdos, pero no a cambio de impunidad”. Aludieron entonces a Eugenio Hernández y a Gordillo, quienes operaron el triunfo de Calderón en Tamaulipas en la elección de 2006.

Martínez escuchó el reclamo de los panistas, que además hicieron públicas sus quejas en dos desplegados de periódicos nacionales. En ellos, criticaron la “complacencia” del gobierno federal ante la “delincuencia política organizada” y denunciaron el “levantón”, entre otros hechos violentos, de Gerardo Peña Flores, candidato a la alcaldía de Reynosa, quien regresó a la campaña con la promesa de una guardia especial de la AFI que nunca llegó.

En lo que el dirigente Sáenz Garza califica como una “exposición cruda” de lo vivido hasta entonces por el PAN local, los consejeros le dijeron a Germán Martínez que la lucha de Felipe Calderón contra el narcotráfico parecía una farsa en Tamaulipas.

Tras la reunión, Germán Martínez ofreció una conferencia en la que sólo reconoció el “valor civil” de Sáenz, quien además de presidir el Comité Directivo Estatal del PAN es diputado local.

Traidores del CEN

En entrevista el jueves 6, Sáenz es directo: “Hay algunos miembros del CEN del PAN con mucha influencia y afinidad con el gobierno del estado; tanto, que hasta combatieron la estrategia del partido”.

Identifica entre ellos a Enrique Navarro, quien antes de la renovación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el domingo 9, era el secretario de Fortalecimiento Interno y tiene una larga y estrecha amistad con Eugenio Hernández.

Navarro “le hizo daño al partido en la parte organizacional”, asegura Sáenz, y refiere que desde el CEN se intentó cancelar la convención para elegir a los diputados plurinominales. Como no pudieron, buscaron que la militancia no asistiera. El panismo local tuvo que recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que avalara la reunión.

Sáenz también acusa a Navarro de haber provocado división interna “al buscar afinidades” con el gobernador en las candidaturas a las alcaldías. Inclusive sugiere que delegados federales del gobierno de Calderón operaron para el PRI. “Nunca esperamos que hicieran el trabajo para el PAN, pero tampoco que lo hicieran para el PRI”.

Aunque no fue mencionada por Sáenz en la entrevista, hay una persona cercana a Calderón que también intentó parar la convención: Gustavo Cárdenas Gutiérrez, actual titular de la Coordinación de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) de la Sagarpa.

Frustrado candidato a gobernador en 2004 –su campaña en Miguel Alemán contó con la participación de Felipe Calderón–, Cárdenas fue señalado por la dirigencia del panismo local como uno de los que intentaron disuadir a los delegados y aspirantes a candidatos de presentarse en la convención.

Desde antes del proceso electoral fue evidente la lejanía del CEN. “No hubo claridad y solidaridad”, asegura Sáenz. Y explica: “El año pasado sufrimos el homicidio de un militante en Reynosa, pendiente todavía de investigarse, y no notamos desde aquel entonces que hubiera el deseo de la dirigencia de estar al pendiente de esos hechos”.

Además, pone en duda la actuación del subsecretario Abraham González, quien horas antes de la elección viajó a Reynosa y Ciudad Victoria para entrevistarse con el gobernador, el secretario general de Gobierno, el procurador del estado, el líder estatal del PRI y dirigentes panistas locales.

Según el gobernador, González llegó para enfriar los ánimos de las autoridades municipales panistas de Reynosa, opuestas a que la policía estatal patrullara el día de los comicios. Su agravio era el secuestro de su candidato a regidor Rodrigo Moreno Ricart, quien reapareció vencido el plazo de impugnación, pero cuyo cautiverio está en duda para el gobierno.

“Fue buena o mala la visita del subsecretario, pues depende de cuál haya sido el encargo que haya recibido. Nosotros esperábamos una situación más clara y fuerte de la autoridad. Le tratamos la situación de lo que iba a imperar en la elección y finalmente eso pasó”, destaca Sáenz sobre las intimidaciones armadas y agresiones que ocurrieron, sobre todo en los municipios de Reynosa, El Mante y Xicoténcatl.

“Si vino para evitar que se derramara sangre el día de las elecciones, logró su objetivo. Si tuvo otra razón, entonces, si tiene conciencia, ella se lo dirá”, responde al preguntarle si González viajó para garantizar un triunfo del PRI sin impugnaciones, sobre todo en Reynosa, uno de los lugares más disputados.

La visita del subsecretario ocurrió mes y medio después de que el propio Sáenz, la senadora Lázara González, los diputados federales Raúl García, Luis Alonso Mejía, Omeheira López y César Verástegui, así como el expresidente municipal de Reynosa y diputado local plurinominal electo Francisco Javier García Cabeza de Vaca, le pidieran al gobierno de Calderón investigar tanto las amenazas contra el panismo local como el “crimen político organizado”, en el que involucraron a Eugenio Hernández.

Dicho involucramiento llevó al gobernador a demandar por daño moral a los panistas, aunque Sáenz se pregunta si la sociedad tamaulipeca no se siente lastimada por la narcopolítica.

Ante la falta de respuesta del gobierno federal a las quejas del panismo, Omeheira López envió una carta a Felipe Calderón en la que le preguntó: “¿Cuántos muertos más hacen falta para que intervengan?”.

La respuesta llegó con la ejecución de Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, candidato del PT a la presidencia municipal de Río Bravo, el pasado 29 de noviembre (Proceso 1623).

Dos semanas después de las elecciones y en medio del recuento de daños del panismo, Ramírez Acuña asistió al Tercer Informe de Gobierno de Eugenio Hernández. El secretario de Gobernación recibió el rechazo del panismo local cuando llegó al Congreso, donde se encontró con Sáenz. Ramírez Acuña se acercó y le dijo: “Me da gusto verte”. “A mí no”, le respondió el dirigente panista. El secretario sólo repuso: “Después platicamos”.

El enojo con Ramírez Acuña se originó desde que los panistas locales lo buscaron a raíz del “levantón” del candidato a alcalde de Reynosa. Nunca tuvieron respuesta ni a esa ni a otras advertencias…

Los antecedentes

Tomás Vanoye Carmona, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, hace un repaso de la violencia el día de los comicios:

En Tampico, la policía metropolitana operó a favor del PRI; en el municipio de Llera, simpatizantes panistas fueron golpeados, además de que un agente de la Policía de Caminos se dedicó a grabar la casa de campaña del candidato a la alcaldía. “Lo denunciamos aquí en Victoria en una mesa que se integró con representantes del gobierno federal y estatal, pero al rato pusieron a otro”.

En la frontera, añade, hacia las 2:00 de la tarde hubo balazos. Después de la balacera nadie quiso salir a votar. “Eso hizo que perdiéramos con unos 7 mil votos”. Precisa que en Reynosa los panistas abordaron a una persona en un operativo de compra de votos. “El hombre empezó a correr, sacó una pistola y comenzó a disparar”.

En Valle Hermoso y Río Bravo hubo operativos armados. Eran personas con metralletas que estacionaban sus camionetas frente a las casillas. Cuestionado sobre las pruebas de sus denuncias, responde: “¿Quién se iba a atrever a tomar fotos o videos?”.

Dice que el PAN local consideró exhibir algunas pruebas de los golpeados, pero desistió tras el asesinato del petista. Y asevera: “Puedo afirmar que hay panistas amenazados después de lo de Guajardo”. Más aún, asegura que el PAN tamaulipeco discutió la posibilidad de no participar en las elecciones, pero ahora “no tiene idea de cómo actuar en este nuevo escenario. Lo único es el retraimiento. Sólo tenemos ocho alcaldes, algunos regidores y diputados. No sabemos qué van a hacer”.

Sobre la visita de Abraham González, señala: “no atendió nuestras denuncias. No hizo nada y, antes de que se dieran los resultados, el señor se fue. Nada más se paseó con el procurador del estado”.

–¿Se debió al acuerdo entre Calderón y el gobernador?

–Es la gran pregunta. Hay explicaciones, como la aprobación de las reformas o el asunto de 2006. El caso es que nadie nos ha dicho alguna razón por la que se haya estado en esa situación tan pasiva.

El gobernador afirma que esas son suposiciones. “Los panistas tienen que buscar a los culpables aquí en el estado. El día de la elección vino un subsecretario a coadyuvar para tener tranquilidad en la elección. Lo acusaron de traidor y de que vino a entregar el municipio de Reynosa.

“Los culpables aquí están, y los pactos políticos con el presidente los niego rotundamente. No soy capaz de hacer un pacto de esa naturaleza. Jamás lo haría. Y el presidente Calderón tampoco; estoy seguro”, dice quien en la elección presidencial del 2 de julio de 2006 recibió una llamada de Elba Esther Gordillo para que operara a favor de Calderón en el estado.

El Partido Nueva Alianza, de Elba Esther, con su estructura magisterial, jugó un papel importante en el triunfo del tricolor. Un día antes del Tercer Informe de Gobierno de Eugenio Hernández, ya con el sabor de la victoria, Gordillo fue elocuente al expresar su admiración por el mandatario: “Tienen un gobernador grandotote, grandotote, en inteligencia, en pensamiento, con un color de piel preciosa y unos ojos divinos. ¡Qué guapo está!”. (Con información de Arturo Rodríguez).

*Tomado e la revista Proceso.

El siguiente reportaje, también fue tomado del mismo semanario Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

El temor de los mal portados

Jorge Carrasco Araizaga


Enquistado en el gobierno de Tamaulipas desde la década de los setenta, el narcotráfico ya controla la política en esa entidad, sostienen dirigentes partidistas y empresarios locales, y ponen como ejemplo el miedo que priva en las ciudades fronterizas, el silencio impuesto a los medios informativos y las ejecuciones de quien se atreve a denunciar la situación. Sin embargo, para el gobernador Eugenio Hernández y su procurador, José Guadalupe Herrera Bustamante, esta percepción es falsa. Los que “se portan bien” no tienen nada que temer, dice el mandatario.


CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- En esta entidad, aceptar la imposición y saber callarse es conservar la vida.

El silencio es la mejor defensa ante el secuestro, la extorsión, el pago de “renta” o de protección. Y a pesar de que las autoridades locales aseguran que sólo son víctimas quienes “se portan mal”, lo cierto es que políticos, dirigentes sociales y representantes empresariales coinciden: el estado está cada vez más bajo el dominio del cártel del Golfo.

La Gente, como se conoce a esa organización delictiva, rebasó ya al poder político. Hace años se enquistó en los cuerpos policiacos del estado, luego silenció a los medios de comunicación y coartó la libertad de expresión; ahora, a nombre de ella, ejerce el control social, e incluso organiza manifestaciones contra el Ejército.

El gobierno estatal no sólo minimiza la situación en un afán por delimitar su responsabilidad frente al narcotráfico, sino que reta y somete ante los tribunales a quienes implican a funcionarios en esa actividad delictiva. Es el caso del procurador general de Justicia del estado, José Guadalupe Herrera Bustamante, quien ante las acusaciones en su contra publicadas en Proceso 1610 sentencia: “a mí nunca me van a poder probar nada”. Es más: deja entrever que demandará a quienes lo señalan, como lo hizo recientemente el gobernador Eugenio Hernández Flores contra un grupo de panistas.

Las elecciones del 11 de noviembre ratificaron el monopolio político del PRI, pero también allanaron el camino para que llegaran a las alcaldías personas vinculadas con el narcotráfico, como las mencionadas por el aspirante del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Río Bravo, Juan Antonio Guajardo (Proceso 1623). El petista fue ejecutado el 29 de ese mes junto con cinco personas.

Al igual que Guajardo, durante el proceso electoral los panistas tamaulipecos denunciaron ante el gobierno federal la presencia del narco, pero fue hasta la ejecución del político del PT cuando Felipe Calderón y su procurador, Eduardo Medina Mora, admitieron “indicios” de la injerencia del crimen organizado en los comicios mediante los cuales se renovó el Congreso y las 43 alcaldías de Tamaulipas.

“El problema ya no es que (los narcos) sean nuestros vecinos; ahora van a estar en los palacios municipales. Ya no se van a arreglar con la autoridad, ya son la autoridad municipal”, dice Tomás Vanoye Carmona, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN.

Con el temor concentrado en su mirada esquiva, asegura: “Nosotros sentimos que el problema está fuera de control. Se puede matar a cualquier político, cantante, funcionario, dirigente, habitante. Tamaulipas está sobrepasado. Yo no sé cómo se esté viviendo esto en el resto del país, pero aquí la sociedad está aterrorizada. Nadie quiere hablar del tema”.

La ley del silencio

A los tamaulipecos no les queda más que guardar silencio, ser prudentes. Y seguir simulando que viven en democracia, enfrentar los chantajes económicos y leer en la uniformada prensa local el discurso oficial, según el cual sólo deben tener miedo quienes están en mala compañía.

Jorge Pensado Robles, representante de la Coparmex en el estado, asegura que empresas, negocios y oficinistas son presionados o chantajeados por La Gente. Hay personas a las que les han quitado sus negocios, sobre todo bares, discotecas y restaurantes, para quedarse “ellos” con la operación.

“Es un fenómeno que se vivía sólo en ciertos sitios de la frontera. Pero cuando en 2005 entró el programa México Seguro de Fox, muchos de ‘ellos’ emigraron a diferentes puntos del estado. Aquí, en Victoria, empezaron con cosas pequeñas y hoy el problema es cada vez más grande”. Todavía peor es que ya no sólo piden dinero o amenazan, sino que “la misma sociedad los ha empezado a contratar como golpeadores.”

Eduardo Alcalá Ruiz, presidente del Consejo Cívico de Ciudadanos e Instituciones Sociales (CCCIS), organismo al que llega la información de asociaciones de empresarios, profesionistas, productores y organizaciones no gubernamentales, abunda:

“Llegaron primero a dedicarse a sus negocios. Luego comenzaron a recorrer los bares para llevarles botellas de whisky y cocaína: ‘Allí está. Venimos después por el dinero. Tú vende; nadie te va a molestar. Tú vas a trabajar para nosotros’”. Todos se quejan; nadie denuncia; todos pagan.

La extorsión ya alcanzó incluso al comercio ambulante. “Los vendedores de la calle Hidalgo (la principal de esta capital) pagan protección de 300 pesos semanales y nadie los molesta”, dice Alcalá. Y en lo que empieza a convertirse en anécdota pese a lo extremo de la situación, cuenta el caso de un famoso restaurante que ha perdido clientela por la visita de los barones de la droga. Ese fenómeno también se observa en otros establecimientos.

La infiltración

Cuando comenzaron las extorsiones y venta de protección, el CCCIS envió una carta a Vicente Fox cuando era presidente. El mandatario, sin embargo, nunca contestó.

Al principio, el Consejo era interlocutor de la autoridad, pero dejó de serlo cuando el gobierno de Eugenio Hernández empezó a ser cuestionado por el incremento de la inseguridad. No sólo eso: el mandatario ordenó que se realizaran auditorías a algunos de los organismos del CCCIS.

Enrique Benítez Garza, fundador y presidente honorario vitalicio del Consejo, critica el dominio que ejerce el gobierno de Tamaulipas sobre la prensa: “los medios –dice– están controlados. Es lamentable ver cómo se despilfarra el dinero para eso”.

Pero si el gobierno controla a la prensa, más fuerte es el silencio impuesto por la delincuencia organizada. En septiembre, por ejemplo, ningún periódico quiso publicar un desplegado del CCCIS a favor de acciones contra el narco, que pese a la campaña mediática nacional sigue intacto.

Para el presidente de la Coparmex en la entidad, Jorge Pensado, “el silencio es parte de la simulación. Todo ocurre y nada ocurre. Se han perdido todas las formas de hacer política y gobierno; de lo escrito y lo no escrito”.

La política, dice, ya perdió frente al narcotráfico. Y asevera: “En todo el estado está muy consolidado el poder de esos grupos”. Es el resultado de más de 30 años de su incursión en la política.

Carlos F. Salinas, quien fue delegado de la desaparecida Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (Disen) –antecedente del Cisen– en Tamaulipas a finales de los ochenta, asegura que el gobierno de Manuel Ravizé Richer (1969-1975) fue el primero en ser señalado por tener entre sus colaboradores de primer nivel a narcotraficantes.

El también politólogo dice que, siempre en ascenso, el narcotráfico se enquistó en las administraciones de Enrique Cárdenas González, Emilio Martínez Manautou y Américo Villarreal Guerra. Y se extendió en los sexenios de Manuel Cavazos Lerma y Tomás Yarrington, antecesor de Eugenio Hernández Flores.

“La diferencia es que la delincuencia organizada ahora participa con su propio peso y recursos en las campañas electorales, convirtiéndose en un instrumento político con su propia fuerza”, dice Salinas.

“No me recomendó el cártel”

Los panistas de Tamaulipas aseguran que los grupos herederos de Juan García Ábrego y Osiel Cárdenas impusieron su orden en el pasado proceso electoral. Fueron ellos quienes bloquearon candidaturas e inhibieron a votantes para terminar imponiendo el silencio tras la ejecución de Guajardo.

El empresario Jorge Pensado considera que “ese asesinato fue para decir que aquí no es válida la disidencia. Es un mensaje claro para todos los que podemos hablar de más o señalar cosas. Después de eso, ¿quién va a querer hacer algo?”.

De lo que pasa aquí, la mayoría no dice nada porque tiene miedo. “Hay que tener miedo. Desde hace muchos meses que hay que tener mucho miedo, cuidarse de qué se dice, cómo se dice, con quién se dice y dónde se dice”, comenta el representante patronal.

Y Tomás Vanoye, secretario general del PAN en Tamaulipas, sostiene que no hay más regla que el silencio. E ilustra el caso: “De lo de Guajardo nadie pregunta. En las conferencias de prensa parece que entre los periodistas y nosotros hay un pacto: no tratar ese tema”.

Alejandro Sáenz, presidente estatal del PAN y diputado local, asegura: “No veo cómo explicar con manzanitas lo que está pasando, cuando se tiene la vida pendiendo de un hilo”.

Aclara sin embargo que no se trata de poner de un lado a los buenos y del otro a los malos. Duda que todos los priistas ganadores en las alcaldías tengan como padrino al gobernador.

–¿Está capturada la política del estado por el narcotráfico?

–¿A qué municipio quiere ir? –responde el dirigente panista.

Por su parte, el procurador José Guadalupe Herrera Bustamante niega en entrevista que la sociedad tamaulipeca viva con miedo. “El miedo es personal. Lo trae cada quién respecto a lo que desarrolla”, dice.

Durante la entrevista, el procurador –quien ocupa este cargo por segunda ocasión; la primera vez lo fue durante el gobierno de Manuel Cavazos Lerma– evita pronunciar las palabras narcotráfico o cártel. Asegura que la ejecución de Guajardo “fue un crimen más” de los cometidos en el estado.

Y respecto del secuestro del candidato del PAN a regidor en el ayuntamiento de Reynosa, Rodrigo Moreno Ricart, que los panistas atribuyeron al gobierno de Eugenio Hernández, Herrera sostiene que el asunto se utilizó “para obtener un beneficio político inmediato”.

Cuando se le pregunta sobre la modificación que hizo a su acta de nacimiento, la muerte violenta de uno de sus hermanos en Estados Unidos y la ubicación inicial de otro más en un atentado del narcotráfico contra la abogada regiomontana Silvia Raquenel, Herrera se molesta.

“A mí nadie me puede tachar de corrupto, mucho menos me lo puede probar. Hablar es muy fácil. Probar es muy difícil. Nunca me van a probar con hechos, con una foto, con una declaración una relación o un vínculo con alguna persona indeseable”, responde el procurador.

Y antes de lanzar la advertencia –“en su oportunidad ya veremos qué hacemos” ante esas acusaciones–, en el punto más ríspido de la entrevista, el funcionario rechaza que su designación como procurador haya sido por encargo del cártel del Golfo:

“Niego categóricamente este tipo de cuentos ridículos. Es hasta absurdo. El que pretendan involucrar directamente al gobernador con el crimen organizado también me parece ridículo, y si lo quieren afectar a través de mi persona resulta doblemente ridículo.”

El miedo de los mal portados

La entrevista con el gobernador Eugenio Hernández resulta menos tensa que la realizada al procurador Herrera. De entrada, el mandatario asienta que sólo tienen miedo “los que se portan mal”, y explica que él no sucumbió ante las tentaciones del narcotráfico cuando fue candidato, menos aún acepta que el cártel del Golfo le haya impuesto a autoridades.

“Como candidato, siempre sostuve que prefería no ser gobernador a llegar con ese tipo de delincuentes. Alguna vez me mandaron un mensaje en el que decían si podían hacer algo por mí; siempre dije que no.”

Dice que ya como gobernador no ha sido sujeto de imposiciones por parte del narcotráfico.

–Sin embargo, la sociedad tiene miedo.

–Una parte puede tener miedo. Igual que en todo el país. Yo siempre he dicho que en Tamaulipas el que se porta bien no tiene nada que temer.

–¿Pero las extorsiones, el derecho de piso, el despojo?

–Por lo regular ocurre en gente que está en negocios ilícitos. Hay otros estados en los que la violencia es más marcada. Lo que pasa es que aquí, con motivo de la elección, ese tema se usó como bandera política.

–El miedo también está en los medios de comunicación.

–No sólo es Tamaulipas.

–El hecho es que un poder fáctico atenta contra la libertad de expresión.

–Pueden darse casos. No digo que no. Pero no hay denuncias. Además, no es privativo de Tamaulipas.

–¿Cómo explica que Proceso sea confiscada en su estado?

–No, pues quién sabe. Yo siempre la veo en los estanquillos.

–Esto ocurre cuando publica información sobre Tamaulipas.

–Habría que preguntarle a la gente que la maneja. Nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión.

–Su estado es asiento de uno de los cárteles más poderosos del país.

–Aquí tiene su origen (el cártel del Golfo), pero supongo que está integrado por gente de todo el país. Gran parte, por militares desertores. Pero la presencia que tienen aquí la pueden tener en otros estados.

–¿Finge que no pasa nada?

–Yo me dedico a hacer mi trabajo como gobernador. A mis responsabilidades constitucionales nunca les he sacado la vuelta. Siempre las he enfrentado. El crimen organizado no es una responsabilidad que tenga el gobierno de Tamaulipas. Sí, la de coadyuvar, y lo hemos hecho en lo que podamos. Yo tengo que dedicarme a lo que a mí me corresponde.

–¿La sociedad tamaulipeca es cautiva del narcotráfico?

–Más que otros estados no lo es. Repito: la gente que se porta bien no tiene nada que temer.

–¿Estas organizaciones mandan en Tamaulipas?

–Pues mandan entre ellos, en su gente, me imagino. Aquí en el gobierno no se mete ni una gente de esas.

–¿Y con la sociedad?

–Con la gente de bien, no. A lo mejor con los delincuentes tienen alguna influencia, pero con la sociedad no.