"Justicia" mexicana en acción

Tomados de La Jornada, Hernández, Helguera, El Fisgón y Rocha y El Universal, Helioflores.

La justicia mexicana es pronta y expedita, como que demostrado en el caso difundido ampliamente –lo que no sucede con la mayoría- de las violaciones a las garantías individuales de la periodista Lidia Cacho. Después de más de un año la PGR asegura que “en breve” será concluido.

Entrevistada por la mañana en el noticiero radiofónico Hoy por hoy, Cacho aseguró que sería hasta los primeros días de octubre cuando se obtendría alguna respuesta de la autoridad, ya que el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, giró instrucciones precisas de detener el caso –aún cuando se cuenta con nombres y posibles órdenes de aprehensión- hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera a conocer sus conclusiones sobre el caso.

Pero resulta que ese tribunal dio paso a una segunda parte en la investigación –para darle más oxígeno al góber precioso Mario Marín- donde comparecerán las partes a exponer lo que a su derecho convenga. Y conste que ellos mismos determinaron que no se tratada de un asunto judicial ¿entonces a que citar a comparecer?

Buenos pues se trata de esperar a ver que dice la SCJN y a partir de ahí, la PGR girará o no las órdenes de aprensión. Si se trata de una acción de la justicia a qué esperar una resolución que no implica obligatoriedad. Es a todas luces una acción dilatoria. ¿De qué servirá si el dictamen irá en contra de Marín? Simplemente es para seguir chantajeando al PRI para que apruebe las “reformas” del pelele Felipe Calderón Hinojosa. ¿Y la justicia? Como siempre dormida en sus laureles.

En seguida un análisis tomado de la revista Proceso.

http://www.proceso.com.mx/

Purga en el Tribunal

jenaro villamil

México, D.F., 14 de agosto (apro).- Los métodos extraños del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para operar la salida de Flavio Galván Sosa y su relevo por María del Carmen Alanís, sólo han logrado agudizar la crisis de credibilidad que éste organismo heredó de su papel en el proceso electoral de 2006 y alentar la suspicacia en torno al organismo que se ha convertido en el verdadero árbitro de los comicios y de la vida interna de los partidos.

Nadie duda de la importancia que ha adquirido éste tribunal desde su creación, en 1996, y su transformación en los últimos años en una especie de megárbrito de la vida política, a raíz de los intentos fallidos por realizar reformas electorales que eviten la creciente judicialización de las contiendas.

Por esta razón resulta doblemente preocupante que, entre las herméticas paredes del edificio de la avenida Carlota Armero, un grupo de notables magistrados decida operar una especie de purga interna sin informarle a la opinión pública sobre los alcances de los cambios.

La lucha parece concentrarse más en posiciones de poder que en idílicos problemas de salud (como justificó Flavio Galván su salida), en salarios y prebendas (y vaya que los magistrados se despachan con la cuchara grande: 165 mil 659 pesos mensuales más prestaciones que cualquier funcionario público envidiaría) y no en aspectos sustantivos relacionados con las últimas contiendas (la guerra sucia en Baja California y el estado de excepción bajo el cual se realizaron los comicios en Oaxaca).

El término de purga no es exagerado. Tras la salida de Flavio Galván Sosa se encuentran no sólo indicios de tráfico de favores y posible corrupción que apunta hacia la excoordinadora de asesores de Galván, María Inés Aguilar, sino también a un cambio de orientación jurídico-política en la presidencia del tribunal. Algunos elementos son claves para explicar esta situación:

--María del Carmen Alanís, la nueva magistrada presidenta, prácticamente le ha apostado al olvido para que nadie cuestione su abrupta renuncia como secretaria ejecutiva del IFE, en vísperas del inicio del proceso electoral, en un gesto que tuvo mucho de berrinche y poco de sustancia. La hija del exprocuador Alanís Fuentes prácticamente ha evadido todas aquellas tronantes denuncias que hizo en su carta de despedida del IFE, con el cual deberá tener un trato cotidiano.

Su vínculo con el entorno panista no se reduce sólo a su amistad con Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, ni con Lía Limón, hija del

exsecretario de Educación, Miguel Limón Rojas, y exesposa de Luis Carlos Ugalde, consejero-presidente del IFE.

Entre sus principales colaboradores se encuentra Enrique Figueroa Avila, su secretario de Estudio y Cuenta, quien antes trabajó en el tribunal electoral capitalino con el magistrado Rodolfo Terrazas Salgado, cercano en todas sus posiciones al PAN. Para mayor precisión, Terrazas Salgado es esposo de Odette Rivas, propuesta por Acción Nacional para ocupar su cargo de comisionada en el Consejo de la Información en el Distrito Federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Además de estas relaciones, quienes la conocen saben que María del Carmen Alanís fue siempre crítica de jurisprudencias que adoptó el tribunal, como la causal de nulidad abstracta que muchos reclamaron que se aplicara en el proceso electoral de 2006.

--En el lugar que ocupó María Inés Aguilar como coordinadora de asesores del magistrado presidente quedó Patricio Ballados, excoordinador del voto de los mexicanos en el extranjero. Ballados se vincula al entorno del especialista y exfuncionario Jorge Alcocer, así como al del

expresidente del IFE, José Woldenberg. Su papel en la promoción del voto de los mexicanos en el extranjero fue finalmente muy pobre, tanto por la falta de apoyos institucionales, como por las limitaciones propias de la reforma.

En todo caso, lo que se trasluce en estos enroques es una especie de transfusión política de una parte de los cuadros operativos del IFE hacia el tribunal electoral, en medio de la discusión de una reforma electoral que nuevamente encuentra resistencias en el entorno del calderonismo y entre los poderes fácticos que alientan la opacidad política.

jenarovi@yahoo.com.mx