Desfiladero*

Tomados de La Jornada, El Fisgón y Helguera y El Universal, Omar.

Jaime Avilés


Qué bonito país

Saldrán libres los violadores de prostitutas

El arzobispo primado bajo la peor sospecha

Que den el Grito AMLO o Rosario Ibarra


Faltan sólo unos días para que se dicte sentencia en el caso de los militares que violaron a 14 prostitutas en un tugurio del poblado de Castaños, en Coahuila. Los hechos ocurrieron el 11 de julio del año pasado, cuando los uniformados, que teóricamente resguardaban una oficina del Instituto Federal Electoral para cuidar los "votos" que en ella había, salieron de ahí drogados y borrachos y llegaron a la pequeña zona roja para someter a los clientes y disponer sexualmente de las mujeres durante muchas horas.

Por invitación del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, acudió a Castaños para reconfortar a las muchachas y apoyarlas en su defensa. Desde entonces, el prelado ha sufrido presiones, amenazas e incluso una persecución en carretera por el desierto. En vísperas del fallo que prepara el juez que lleva el asunto, las perspectivas no son buenas. Se teme que tres de los cuatro soldados detenidos puedan ser absueltos y que la procuraduría estatal no se inconforme si así sucede. Ello en razón de que algunas de las víctimas cedieron a las intimidaciones de sus agresores y cambiaron sus declaraciones o se desdijeron de ellas.

Monseñor Vera teme que una sentencia exculpatoria para quienes a punta de pistola se aprovecharon de aquellas pobres "tendrá efectos nocivos para el resto del país". Así lo dijo a principios de la semana que termina: "Si deciden dejar esto en la impunidad, dar el mensaje de que no pasó nada, como lo han hecho con la señora Ernestina Ascensión, en Zongolica, y con la familia de Sinaloa, estaremos caminando hacia una dictadura, pues es muy delicado que nadie pida cuentas al Ejército que, como estamos viendo, gobierna y vigila México".

Felipe Calderón, que nunca había gobernado a nadie y no sabe cómo hacerlo, mantiene su alianza con las fuerzas armadas recibiendo "lealtad institucional" a cambio de impunidad absoluta, con todos los riesgos que esta palpable expresión de debilidad implica para los ciudadanos: mientras no haya sanciones, los abusos de las tropas contra la gente seguirán al alza (y José Luis Soberanes las bendecirá alegando que son "exageraciones" de Amnistía Internacional).

Pero mientras el Ejecutivo federal da carta blanca a sus guardianes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo justifica, el obispo de Saltillo resiste con la fuerza de su autoridad moral, aunque en medio de un terrible aislamiento, porque el jefe local de la Iglesia católica, el cardenal Norberto Rivera Carrera, está ocupado en asuntos más serios: trata de desvirtuar las acusaciones de que encubrió a un cura pederasta cuando era obispo de Tehuacán, Puebla, para eludir el castigo que la justicia estadunidense le aplicará si demuestra que fue cómplice de aquel violador de niños.

El Ejército, la CNDH y la jerarquía eclesiástica son tres instituciones que reflejan la profunda descomposición política del país, pero no son todas: allí está, por su parte, la Procuraduría General de la República y, con ella, de nuevo Calderón, intentando echar tierra sobre los 205 millones de dólares incautados a Zhenli Ye Gon que fueron "lavados" a toda prisa por el "gobierno" de México, para darle, a medida que pasa el tiempo, más y más credibilidad a las palabras del contrabandista asiático de que parte de ese dinero provenía de fondos secretos del PAN.

En este contexto, la derecha está de fiesta porque nadie votó por el partido de Andrés Manuel López Obrador en las recientes elecciones de Baja California y Oaxaca. Andan celebrando el acontecimiento con euforia porque significa, dicen, el colapso del movimiento de resistencia civil pacífica. Tienen sangre fría cuando alaban tan flagrante mentira y se niegan a leer el mensaje del abstencionismo, que en Oaxaca alejó de las urnas a siete de cada 10 votantes.

Las fuerzas políticas aglutinadas en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), no vinculadas con López Obrador (por desgracia), se negaron a tachar los nombres de los candidatos perredistas porque éstos pertenecen a la nueva derecha que se hace llamar Nueva Izquierda y son tan poco confiables como los priístas y los panistas juntos: son lo mismo. Pero el vacío que le hicieron al proceso tiene un significado más grande: el 2 de julio de 2006 la oligarquía destruyó el sistema electoral mexicano y la gente no lo olvida. Las votaciones ya no sirven para nada: el pueblo tiene que encontrar otros caminos -y la resistencia pacífica los ofrece- para derrotar a quienes desbarataron las débiles instituciones democráticas para mantenerse enquistados en el poder, desafiando y amenazando al pueblo, provocándolo para someterlo por medio de la represión.

Las cosas continuarán empeorando no sólo porque Calderón y su equipo son ciento por ciento incapaces de interrumpir -ya no digamos remediar- el naufragio que han causado, sino porque además del desempleo, la carestía y el hambre -pronto habrá un nuevo aumento en el precio de la tortilla-, la captación de recursos externos sigue en picada. Antes, la derecha empresarial católica decía que si un priísta administrara el desierto del Sahara terminaría importando arena; hoy, bajo la égida de los mochos, las ventas de Pemex registran una baja histórica, mientras las remesas crecieron, en los ocho meses que van de 2007, apenas 0.6 por ciento, de acuerdo con un reporte del Banco de México difundido anteayer.

De este lado del río hay franca irritación ante la brutalidad sin atenuantes que el gobierno de Marcelo Ebrard usó contra las prostitutas de La Merced: la política de cero tolerancia aplicada en detrimento de uno de los grupos sociales más desprotegidos fue prusiana: redadas de mujeres que ahora están presas, clausura de siete hoteles de paso y nuevas expropiaciones de predios hablan de un autoritarismo que repugna a la izquierda capitalina. Pero eso no es todo: en la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, la ex dirigente nacional de las y los sobrecargos, ha lanzado una persecución política contra cuatro militantes del ala conservadora de ese gremio, quienes la acusan de haber contratado ilegalmente a una persona que al mismo tiempo cobra en el sindicato y en Mexicana de Aviación.

Alejandra Barrales tiene contactos en las más altas esferas del poder, pero por lo visto carece de amigos que la quieran tanto como para hacerle ver que al acusar penalmente a sus opositores por el supuesto robo de "un expediente", con el único fin de amedrentarlos para que "ya le bajen" a sus denuncias (que por otra parte son justas y están bien fundadas), cometió un gravísimo error. Ahora bien, si en el campo de la izquierda el periodismo tampoco sirve para promover rectificaciones...

Esta columna sigue recibiendo cartas acerca de quién debe dar el Grito en el Zócalo. Hasta ahora, la mayoría se inclina por López Obrador, pero en segundo lugar va doña Rosario Ibarra de Piedra, muy adelante de Marcelo, a quien algunos le dicen ya El Káiser.

jamastu@gmail.com

*Tomado del periódico La Jornada.


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Las reglas de la Corte*


jorge carrasco araizaga

México, D.F., (apro).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá esta semana las reglas que podrían derivar en juicio político a los gobernadores de Puebla y Oaxaca, incluso a funcionarios federales como el procurador DE LA República, Eduardo Medina Mora.

El mismo lunes los ministros pueden llegar a un acuerdo, en sesión privada, para reglamentar el ejercicio de la facultad de la Corte, prevista en el artículo 97 de la Constitución, sobre la realización de investigaciones para el caso de graves violaciones a las garantías individuales, así como al voto público.

Al interior del pleno, varios ministros pretenden enmendar la propuesta de reglamento elaborada en el pasado receso vacacional del Poder Judicial por los magistrados Mariano Azuela, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Sergio Valls Hernández, de conocida posición conservadora; especialmente en el caso de los dos primeros.

Ese proyecto concibió la integración de débiles y restringidas comisiones investigadoras, casi de trámite, sobre todo porque sus resultados –de acuerdo con la Constitución– carecen de carácter vinculante, con lo que quedan en meras recomendaciones.

El propósito de los ministros que se oponen a esa propuesta es dotarles de “dientes” a los jueces o magistrados que sean designados por la Corte para tales investigaciones.

No se trata de darles facultades inquisitorias, de Ministerio Público. Lo que se pretende es que la investigación de los hechos sea considerada en el contexto de la probable existencia de violaciones a las garantías fundamentales.

Fijadas las reglas, se iniciarán los procedimientos de investigación para el caso de Puebla, San Salvador Atenco y Oaxaca.

En el primer caso, el ministro Juan Silva Meza ya produjo un informe, producto de una investigación de casi un año, en el que estableció la existencia de una concertación de autoridades del gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Mario Marín, para violar los derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho.

Con las reglas establecidas, es seguro que el reporte de Silva Meza sea modificado, aunque las evidencias son tan abrumadoras que, al final, la Corte podría hacer una recomendación de juicio político en contra del gober precioso.

De acuerdo con la ley, la decisión quedaría en manos del Congreso poblano. Pero dependerá de las negociaciones del PRI con el gobierno de Felipe Calderón, lo que podría derivar en impunidad.

Calderón necesita comprar estabilidad para su gobierno y el PRI está en condiciones de vendérsela. Cuando fue candidato presidencial, Calderón encabezó una farsa en contra de Marín.

En el discurso y para la fotografía “firmó” una solicitud de juicio político contra el gobernador poblano elaborada por congresistas del PAN en Puebla. En realidad nunca la firmó. Y más aún, como presidente ha ido varias ocasiones a ese estado acompañado por el gober precioso.

En la Corte hay quienes consideran que no sólo en Puebla, sino también en los casos de Oaxaca y San Salvador Atenco las investigaciones pueden derivar en recomendaciones de juicio político.

De nueva cuenta, el gobierno de Calderón tendrá una intervención directa, pues el PRI no está dispuesto a permitir la salida de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca, sobre todo después de haber arrasado en las elecciones locales del domingo 5 de agosto, aun con el abstencionismo del 70 por ciento. Calderón puede negociar también su permanencia.

En San Salvador Atenco, Calderón tendrá que salir a defender a su ya de por sí desprestigiado procurador, señalado en la red de protección de Zhenli Ye Gon.

Como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y jefe político de la Policía Federal Preventiva, en el gobierno de Vicente Fox, Medina Mora está directamente involucrado en el exceso de fuerza y graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores de ese municipio del Estado de México.

En la Corte hay quienes están dispuestos a hacer esas recomendaciones, pero hasta ahí podrían llegar. Y si en el Poder Judicial hay quienes se dicen dispuestos a hacer cumplir la ley, uno de sus principales integrantes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendría que predicar con el ejemplo.

El escándalo de presunta corrupción solapada por el hasta el lunes pasado presidente del tribunal, el magistrado Flavio Galván, tendría que derivar la renuncia de quienes estuvieran implicados, empezando por la del propio Galván. (10 de agosto de 2007)

*Tomado de la revista Proceso.