Palabras que evidencian el vacío y la ilegitimidad

Tomados de La Jornada, Hernández y Rocha y El Universal, Helioflores y Efrén.

El número de muertes relacionadas con el hampa sigue en aumento, de la misma manera que el usurpador Felipe Calderón Hinojosa incrementa sus discursos de tolerancia cero y en cantidad proporcional al número de mensajes publicitarios que difunden las empresas monopólicas de los medios de comunicación mexicanos. Palabras que vienen a engrosar las miles de horas que uso el ladrón Vicente Fox Quesada durante los seis años de su desgobierno, que trajo como consecuencia la peor violencia –en tiempos de paz- que ha afrontado el pueblo de México.

Los datos de ejecuciones diarias sobrepasan a los de cualquier administración anterior. Sin embargo, los poderes fácticos están empeñados en su campaña de lavado de cerebro, para que pensemos que todo marcha bien, que todo va por buen camino.

Llamadas de alerta como el constante crecimiento de la cartera vencida en tarjetas de crédito, muy superior a la de 1994 –cuando ocurrió la deblace financiera que trajo consigo el Fobaproa- no son tomadas en cuenta –porque no les interesa, al fin habemos más de 100 millones de mexicanos para pagar su raterías- y las nuevas instituciones bancarias como Wal-Mart o Coppel, prácticamente las regalan. Un país de ficción –Foxilandia, Calderolandia- que tendrá un rudo despertar cuando la economía reviente.

Recordemos que los actuales capos de la economía, son alumnos de los anteriores y los iguala ser PRIANistas. Hoy como ayer pregonan una economía fuerte, –“sólo tendremos que administrar la abundancia”: José López Portillo- blindada contra todo, menos contra ellos mismos. Dan tantas seguridades, ante tantas evidencias en contra, que será mejor tomar las providencias debidas y no seguir el canto de las sirenas que pretenden un nuevo rescate financiero para ocultar –como con el Fobaproa- el saqueo que han hecho los últimos seis años y lo que harán hasta que truene la economía. Si no, al tiempo.

La siguiente es una colaboración tomada del diario La Jornada.

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Los diputados y la ASF, obligados a actuar


Mario Di Costanzo

La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y el auditor superior de la Federación están obligados a presentar las denuncias administrativas y penales correspondientes contra los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los servicios de Administración Tributaria (SAT) y de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Fobaproa-IPAB y cualquier otra dependencia que haya sido objeto de irregularidades e ilegalidades detectadas durante la revisión de la cuenta pública de 2005.

De no hacerlo así, estarían incurriendo en una falta grave a su responsabilidad como funcionarios públicos y se podrían hacer acreedores a juicio político.

Lo anterior en virtud de que los artículos 45 y 52 de la Ley de Fiscalización Superior facultan y obligan a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a presentar las denuncias y querellas penales a que haya lugar, si sus observaciones no son corregidas en 45 días.

Es claro que en muchos casos las observaciones del auditor superior de la Federación no podrán ser solventadas por las dependencias fiscalizadas, en virtud de que éstas son prácticamente "contundentes acusaciones", en las que no existe margen de aclaración por parte de las dependencias revisadas.

Para ello únicamente basta mencionar algunas conclusiones de las auditorías llevadas a cabo. En el caso de la devolución del impuesto al valor agregado por más de 12 mil millones de pesos a Transportación Ferroviaria Mexicana (empresa de TMM), el auditor concluyó:

El SAT, la Tesorería de la Federación (Tesofe), la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y tampoco los órganos internos de control de estas entidades actuaron oportunamente en el ámbito de su competencia, y después de ocho años, el 26 de enero de 2005, se emitió la resolución definitiva e inatacable del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito del Distrito Federal, en la cual se ordenó al gobierno federal emitir el certificado de devolución por 2 mil 111 millones de pesos más actualizaciones e intereses, monto que ascendió a 12 mil 965 millones.

Es evidente que el señalamiento anterior es una acusación formal por no actuar en tiempo y forma en contra del SAT, la Tesofe, la PFF y demás instancias. Esas dependencias del Ejecutivo federal poco podrán hacer para solventar en 45 días tan grave imputación.

Sobre el resto de las devoluciones de impuestos, la ASF establece que de 2000 a 2005 el monto de éstas, pagadas por el gobierno federal, se incrementó notablemente, ya que pasó de 75 mil 300 millones de pesos a 149 mil 849 millones; sólo en 2005 fueron equivalentes a 15 por ciento de la recaudación tributaria efectiva. Con esos recursos se pudo haber financiado 84.6 por ciento de pensiones y jubilaciones pagadas por el sector público presupuestado en ese año. Luego entonces, el sistema pensionario no estaría en quiebra si se recaudara bien.

Pero en ese sentido, lo más grave es que la ASF está señalando que la SHCP no cuenta con una propuesta de reforma fiscal que concentre los impuestos dispersos para ampliar la base de recaudación y eliminar situaciones de privilegio, lo que repercute en un alto número y monto de devoluciones por saldos en favor de los contribuyentes, en perjuicio del Estado, su hacienda pública federal, la equidad fiscal y la eficiencia recaudatoria del país.

Es evidente que esas observaciones no podrán solventarse en 45 días.

Por lo que respecta al rescate bancario (Fobaproa), el auditor superior asevera que "se observó discrecionalidad y exceso de atribuciones del Fobaproa y de su comité técnico". Esa situación es otra grave acusación que difícilmente solventarán las autoridades hacendarias, por lo que es una obligación aplicar la ley y fincar las responsabilidades a que haya lugar.

De igual manera, en el caso del SAE la ASF asegura que muchos inmuebles fueron vendidos a un precio inferior a su valor de mercado, causando un daño patrimonial por poco más de 10 mil millones de pesos.

Así, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y el auditor superior de la Federación deben empezar a actuar para que ello no nada más se quede en una serie de hallazgos que se han vuelto comunes cada vez que la ASF entrega sus informes, sin que los funcionarios sean castigados.


Estas son notas publicadas también en La Jornada.

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El ataque a Ernestina Ascención, posible "mensaje de escarmiento": autoridades



Habría irritado a oficiales queja presentada por escrito contra soldados, señala alcalde

"No hay oposición a la presencia del Ejército, pero pedimos que no pisoteen derechos"



BLANCHE PETRICH ENVIADA



"Creo que la queja que presentamos" contra soldados "está relacionada con la agresión a nuestra hermana mayor Ernestina", afirmó el alcalde Javier Pérez Pascuala Foto: Marco Peláez Soledad Atzompa, Ver., 8 de abril. El 2 de febrero, tres semanas antes de la agresión física que mató a la anciana Ernestina Ascención Rosario cuando pastoreaba sus ovejas en la comunidad de Tetlatzinga, el jefe militar del cuartel de Orizaba, teniente coronel Alejandro de Jesús Orozco, recibió una queja "por mal comportamiento" de sus soldados por parte del agente municipal de la comunidad de Mexcala, Modesto Antonio Cruz.

El presidente Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, también debían haber estado enterados de este antecedente, pues el oficio presentado por las autoridades municipales de Soledad Atzompa tenía copia para ambos.

El presidente municipal Javier Pérez Pascuala no descarta que el ataque a la señora Ernestina Ascención, de 72 años, estuviera relacionado con la irritación de algunos oficiales por ese documento. "Creo que la queja que presentamos sí está relacionada con la agresión a nuestra hermana mayor Ernestina. Sí pudo haber sido una represalia, sí pudo ser un mensaje de escarmiento".

Considera que los hechos tendrán graves consecuencias en la forzada convivencia entre los soldados y los indígenas de las comunidades serranas.

"La gente aquí ya está viendo que va a haber impunidad. Cuando vuelvan los soldados la población va a tener más miedo. El temor es que cualquier incidente pueda desencadenar un conflicto mayor."

Para Modesto, campesino que hace honor a su nombre con su camisa raída y sus viejos huaraches, el enésimo incidente provocado por los soldados en su comunidad -robo de leña, abuso de autoridad y faltas de respeto a los pobladores- fue la gota que derramó el vaso. Y no le importó ser, como agente municipal, el último escalón dentro de las estructuras de gobierno local para querer poner un alto a los excesos.

"Siempre pasa, desde hace años", explica Modesto a La Jornada. "Abusan y no respetan. Llegan a nuestras tiendecitas, que de por sí casi no tienen nada, piden refresco, piden comida y no pagan. Toman la leña de la gente sin pedirla. Se instalan en sus propiedades y ni siquiera piden permiso. Por temor, desde hace tiempo que muchas familias ya no mandan a sus hijas a la escuela, porque las chamacas tienen que caminar lejos, solas por las veredas. Con los soldados no se sabe".

No es habitual que en pueblos como éstos las violaciones y hostigamientos a las mujeres se denuncien. Son historias que se cuentan por lo bajo. Si hay víctimas, éstas prefieren el silencio para no ser estigmatizadas.

Pero lo que decidió al agente Modesto a presentar su queja por escrito fue la respuesta que recibió del cabo de infantería Edwin Martínez ante su reclamo. "Nosotros venimos con instrucciones superiores y aquí hacemos como queremos", le dijo.

"¿Quién es el confundido?"

Convocado como mediador, el alcalde Pérez Pascuala intentó hacer valer la palabra de la autoridad municipal y en respuesta, a él "también lo maltrataron".

Le contestaron que "estaba confundido, que tenía que entender que una autoridad federal siempre iba a estar por encima de la municipal". El alcalde respondió: "¿Quién es el confundido? Porque yo no estoy enterado que haya sido derogada la Ley Orgánica del Municipio Libre. Me parece que el confundido es usted". Y, según consta en el oficio, el militar interpelado "sólo nos miró con desprecio" y dio por concluida la discusión. Entonces, para aclarar el punto, las autoridades municipales resolvieron llevar sus siempre infructuosas quejas orales al papel. Así, por primera vez, los reclamos sin respuesta se plasmaron en un oficio con todas las firmas y sellos de rigor.

Nunca habían presentado un escrito así, a pesar de que el "mal comportamiento" de los militares venía de mucho tiempo atrás; desde que, a mediados de los años noventa, empezaron los patrullajes de supuestos operativos contrainsurgentes y contra el narcotráfico.

El presidente municipal niega que la población de Zongolica se oponga a la presencia del Ejército. Justamente eso fue lo que reiteró cuando habló con el secretario Galván el pasado 8 de marzo durante la audiencia con legisladores perredistas -Javier González Garza, Carlos Navarrete, Guadalupe Acosta, Patricia Martínez, Juan Carlos Mezhua y Norberto Carrasco- en Lomas de Sotelo.

"Le expuse que entre nosotros no hay oposición a la presencia del Ejército. Tienen el paso libre, pero se les pide que no pisoteen el derecho de la gente."

Con esta afirmación, las autoridades de Soledad Atzompa rectifican las duras palabras que dirigieron el primero de marzo a Calderón en una carta en la que expresaban: "La institución castrense hasta ahora no nos ha servido; por el contrario, sólo nos ha agredido, atentando contra nuestra integridad física y dignidad como personas, como humanos. Por eso demandamos y emplazamos al Ejército para que de inmediato salga de nuestro territorio y no vuelva jamás".

Los sucesos del 25 y el 27 de febrero, después del ataque y la muerte de la señora Ascensión, pudieron haberse desbordado. La misma noche del domingo la noticia se regó como pólvora en el escarpado caserío de Tetlatzinga. "¡Que los soldados violaron a la Ernestina!" Al anochecer miles de hombres se habían congregado frente a la presidencia municipal en la cabecera, bloqueando la carretera que baja al valle de Orizaba y cerrando el paso de un convoy militar que intentaba salir de la zona.

Era una patrulla donde viajaba el capitán José Soberanes y cuatro soldados rasos que iban de civil. La gente sospechaba que eran los culpables. El capitán persuadió al alcalde para que le cedieran el paso con el argumento, que resultó falso, de que los llevaba "arrestados".

Al día siguiente eran cerca de 6 mil los que se congregaron en una hondonada de Tetlatzinga, dispuestos a avanzar los 500 metros que los separaban del campamento militar, donde se habían atrincherado los 120 soldados del campamento, todos armados. Esa fue la escena que encontró el gobernador Fidel Herrera cuando su helicóptero descendió en el poblado para apaciguar los ánimos encendidos.

"Mi pueblo -afirma Pérez Pascuala- es muy sabio a pesar de no tener educación. Ese día demostramos que somos prudentes, que estamos dispuestos a canalizar nuestro coraje por la vía de diálogo y la exigencia de justicia."

El alcalde es un luchador social con un largo camino andado. "Mucho antes del zapatismo", cuenta, "desde mediados de los ochenta, empezamos a defender nuestros territorios y nuestros derechos".

Fue dirigente del Centro Promotor de Justicia. Azompa es uno de los cinco municipios perredistas de la sierra. Pero en las 22 jurisdicciones -cinco del sol azteca, tres de los más poblados panistas y el resto priístas- se participa unitariamente en las agrupaciones productivas y de gestión, donde tienen presencia la Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica, la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica y la Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica. Incluso la Unión de Todos los Pueblos Pobres (TINAM, por sus siglas en náhuatl) mantiene su trabajo en la zona.

El arresto de la veracruzana Gloria Arenas, fundadora del TINAM en los años ochenta y posteriormente dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente en Guerrero en 1999 (actualmente sentenciada a 50 años de prisión), alimentó versiones que datan de 1996 sobre supuestas "ligas" de las agrupaciones de Zongolica con grupos armados, lo mismo que el arresto, el año pasado, de los hermanos Gerardo y Jorge Txompaxtle, presuntamente vinculados con el Ejército Popular Revolucionario.

Esta semana, a raíz de la muerte de Ernestina Ascención, la presunta vinculación del Ejército con los hechos, el reclamo de justicia y la fricción entre los gobiernos estatal y federal, un anónimo que fue distribuido a la prensa veracruzana señala los líderes de la Zongolica -Pérez Pascuala, René Huertas, Maurilio Xocua y Julio Atenco- como miembros "de una organización violenta y oscura" y con relaciones con la guerrilla.

"Falso -responde el alcalde-; nosotros siempre hemos dado la cara desde nuestras organizaciones, que son legales".





El fiscal especial del caso de Ernestina Ascención, sin reportes de la CND

"No tengo idea de lo que está haciendo" la comisión, dice el funcionario veracruzano

BLANCHE PETRICH ENVIADA



Orizaba, Ver. Las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso de la anciana nahua Ernestina Ascención Rosario -de las que funcionarios de la dependencia hablan profusamente ante la prensa- no han sido canalizadas a la fiscalía especializada que asignó la procuraduría veracruzana, como correspondería legalmente. El organismo tampoco ha comunicado oficialmente sus impresiones sobre el caso al Ministerio Público que lleva la averiguación.

"No sé qué está haciendo la CNDH. No tengo ni idea", asegura el fiscal Juan Alatriste, a cargo de la averiguación 140=2007/ae. "Lo que sé es únicamente lo que he leído en la prensa".

El caso, que ha enfrentado a las autoridades estatales con las federales, que niegan que la señora Ascención Rosario haya sido asesinada, fue radicado en la Agencia Especializada de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y Contra la Familia de la Procuraduría General de Justicia Estatal. El 10 de marzo, 12 días después del deceso de la anciana, se anunció la creación de una fiscalía especial.

Alatriste, que encabeza la investigación, declina hacer cualquier otro comentario sobre su trabajo, en acato al sigilo debido en procesos como éste. También desiste a responder a las descalificaciones de los visitadores de la CNDH Rafael Plascencia y Susana Thalía Pedrosa y del propio ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, quienes han calificado como de "total irresponsabilidad" el trabajo de la procuraduría estatal.

"Se están diciendo muchas cosas pero son versiones periodísticas, nada más", responde el penalista, con más de 20 años de experiencia en agencias de Ministerio Público y juzgados.

Reconoce, sin embargo, que la CNDH no ha enviado a Orizaba sus investigaciones y dictámenes, ampliamente difundidos en el Distrito Federal.

En días recientes, decenas de habitantes de Soledad Atzompa y municipios vecinos han acudido a la fiscalía para hacer y ratificar declaraciones ministeriales. Los familiares de la víctima, las autoridades municipales y dirigentes de las organizaciones regionales, las enfermeras y el personal médico que atendió a la señora y otros testigos han reiterado en sus testimonios que hay indicios claros de que la anciana, desde el momento en que fue encontrada en un paraje boscoso de Tetlatzinga, a menos de 500 metros de donde se encontraba un campamento militar con 150 soldados, estaba mal herida, golpeada y aseguraba haber sido agredida por los uniformados.

Por su "impedimento legal", el fiscal omitió informar si también han sido citados a declarar los mandos y soldados que estaban en el campamento de Tetlatzinga o si piensa convocarlos. "Me voy a conducir dentro de la obligación legal que tengo, de guardar absoluto sigilo", señaló.

El fiscal, que mantiene abierta la puerta de su despacho a lo largo de las 12 horas que permanece en su oficina, los siete días de la semana, recibe con amabilidad a cuanto periodista se acerca por datos sobre el curso de las investigaciones del caso. Y, sin variar, los informadores salen con las manos vacías porque Alatriste no se desvía de su norma de silencio.

Mientras, la prensa local se pregunta sobre los alcances y el grado de independencia que podrá tener el funcionario en este caso que necesariamente lo tendría que llevar a terrenos. Es el caso, por ejemplo, del periodista Héctor Sánchez Navarro, del diario digital Notiexpress, que en su columna planteó algunas de las interrogantes que nadie responde hasta ahora: "Cuando las investigaciones así lo requieran, ¿se atreverá el fiscal especial a exigir información al Ejército? ¿Se subordinará éste a la autoridad civil y entregará la información real?"