La verdadera cara de la impunidad está en el Trife

Tomados de La Jornada, Hernández, Rocha y Helguera y El Universal, Helioflores y Naranjo.

Ahora tocó el turno a los “honorables jueces” del Trife –los que avalaron el fraude electoral de 2006, a pesar de las violaciones a la ley que ellos mismos aceptaron que existieron- ser investigador por la Auditoría Superior de la Federación. Los resultados son escandalosos y brutales en un país donde ni siquiera se respeta el salario mínimo de casi 50 pesos diarios.

Mientras que millones de personas sobreviven con menos de esa cantidad, los magistransas del Trife recibieron sueldos, bonos y prestaciones por un monto cercano a los 100 millones de pesos en un año. Ni siquiera fue en el año electoral.

El ahora ex presidente de ese tribunal Leonel Castillo obtuvo en 2005 casi 8 millones y medio de pesos, más del doble de lo que se le pagó oficialmente al traidor de Vicente Fox Quesada. Incluso un secretario de acuerdos ganó 40 mil pesos más que el titular del Ejecutivo.

De esta manera se entiende que –en un momento en que debió aplicarse la ley y de esta forma beneficiar a las mayorías- los magistransas del Trife votaran a favor de imponer al usurpador Felipe Calderón Hinojosa, sin importar la cantidad innegable de violaciones a la ley, la inequidad, la compra de votos, la campaña del miedo, la intromisión del ladrón Fox Quesada, etc.

Estaban defendiendo sus intereses particulares y de grupo y no aplicando la ley como es su obligación.

Pese a todo la auditoría sólo hace recomendaciones elementales para que no se gaste tanto, se racionalicen las percepciones, dice. No se trata de racionalizarlas, sino de ajustarlas a la realidad del país, al salario de miseria que pagan los grandes empresarios corruptos –copartícipes en el fraude electoral de 2006- y a la política neoliberal que rige en el país.

Es aberrante que servidores públicos ganen inmensas cantidades de dinero –de nuestros impuestos, no se nos olvide. De cada peso que nos quitan cada vez que trabajamos, compramos un producto o adquirimos un servicio como el teléfono, la luz, el gas, etc.- mientras que ellos mismos apoyados en los altos cargos que tienen, nos imponen salarios de hambre y altos precios en los productos y servicios que consumimos. También nos recetan pensiones raquíticas, mientras que ellos acceden a grandes cuentas para su retiro porque poseen grandes subsidios –si ahorran 10 por ciento de su salario nosotros con nuestros impuestos les ponemos otro 10 por ciento- que los demás mexicanos no tenemos ni tendremos mientras estos ladrones sigan gobernando este país.

Dicen los ignorantes: trabaja no te quejes. Pero hay quienes trabajaron 30, 40 años y aún hoy tienen que seguir haciéndolo, porque la pensión no les alcanza. Mientras en el otro extremo están los altos funcionarios públicos que con 3, 4 o 6 años de trabajo en Nafinsa, Pemex, Secretaría de Hacienda o Presidencia de la República reciben una pensión superior a la de un trabajador que cotizó 30 años. Todavía más al extremo tenemos fortunas como la de Carlos Slim, que en sólo 15 años pasó de ser un empresario del montón a ser el tercer hombre más rico del mundo con negocios en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Con los salarios de hambre que paga Slim, o Azcárraga, o Servitje, o González Barrera, o Salinas Pliego, no se puede aspirar a una jubilación decorosa. Así que de nada servirá que trabajen día y noche de todas formas no les alcanzará, mientras estos “hombres de negocios visionarios” –para la transa claro- seguirán engordando sus cuentas bancarias, pues no pagan los impuestos que les corresponden, ni los salarios justos que merecen sus trabajadores, en el reparto de la riqueza obligado en cualquier sistema político y económico.

Ese es el México de hoy, el de la desigualdad que golpea sin misericordia las caras de los mexicanos.


La siguiente nota fue tomada de la revista Proceso, donde queda claro cómo se va “ganando” la lucha a la delincuencia organizada.




Nuevo León: Desbandada de policías


luciano campos y arturo rodríguez

Monterrey, N.L., 2 de abril(apro).- En sólo tres meses, se han registrado 42 muertes violentas en Nuevo León sin que uno solo de los responsables esté detenido, pese a que el Ejército Mexicano patrulla las calles de Monterrey desde hace varias semanas, mientras en varios municipios del estado empiezan a presentarse renuncias masivas de policías.

La escalada de violencia en Nuevo León, que apenas el pasado 29 de marzo dejó ocho muertos, obligó al gabinete de seguridad del gobierno del estado a reunirse con el fin de elaborar una estrategia conjunta y enfrentar el problema de los homicidios violentos, aunque admiten que continuará la violencia.

El procurador de Justicia de Nuevo León, Luis Carlos Treviño Berchelman, señaló que el gobierno de Natividad González Parás intercambia información de manera constante con autoridades federales, y respecto a la falta de detenidos en torno a estos delitos, justificó que los grupos “se mueven mucho”.

“Precisamente ese es un grado de problema que tenemos por la movilidad que tienen estos grupos, por las facilidades que tienen a veces por ocultarse en manchas urbanas tan grandes como estas, por la posibilidad que tienen entre ellos mismos de estar intercambiando vehículos, información y tener, a veces, hasta el cobijo de algunos grupos de civiles que les dan esas facilidades”, dijo.

Los ataques contra los uniformados han provocado que en fechas recientes decenas de ellos hayan presentado sus renuncias. Tan sólo el pasado jueves 29 de marzo en el municipio de San Pedro el alcalde Fernando Margáin señaló que nueve elementos dimitieron voluntariamente por solicitud de sus esposas que consideraban que sus vidas estaban en peligro.

En la policía de Monterrey, en lo que va de este 2007, se han reportado por lo menos 50 bajas voluntarias, según informó el secretario de Seguridad Pública municipal, Amador Medina.

Después de la racha de asesinatos con el sello de la mafia que hubo en diferentes puntos de la ciudad, el subprocurador estatal, Aldo Fasci Zuazua, admitió que las muertes violentas continuarán registrándose en la entidad.

“De acuerdo con información que tenemos en el estado e información que nos ha proporcionado el gobierno federal, existe la posibilidad, la alta posibilidad, que tengamos otra andanada de violencia, queremos hablar claro con nuestra población y que sepan que nosotros estaremos muy atentos y estaremos dando la lucha”, afirmó.

“Nosotros seguiremos hasta donde Dios nos lo permita, luchando contra la delincuencia”, subrayó.

El funcionario señaló que la racha de muertes atribuidas al crimen organizado es un problema nacional que se ha observado en 12 estados de la República, como una estrategia de los grupos de narcotraficantes que buscan “generar terror entre la población y desestabilizar a los gobiernos”.

Aseguró que esta estrategia del crimen organizado se ha repetido en estados como Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz. “Hay indicios importantes de que estos fenómenos también están iniciando o naciendo en el Distrito Federal, en Quintana Roo y Coahuila”, explicó.

Por su parte, el diputado Julián Hernández, líder de la fracción legislativa del PAN en el Congreso del estado, señaló que el crimen ya rebasó por completo al gobierno del estado y se mostró incrédulo ante el anuncio del gobernador de ofrecer seguridad a los vacacionistas en esta temporada de Semana Santa.

“Claro que no le creemos (al gobernador) cuando dice que va a dar seguridad en estas vacaciones. A menos que refiera que no va a haber choques de carros; o también puede ser que alguien mande otra carta a Santa Claus, como en fin de año, para que cese la violencia”, dijo el legislador.

El comentario irónico se refería a la predicción que hizo Fasci a finales del año pasado, cuando dijo que en la temporada navideña cesarían las ejecuciones, vaticinio que se cumplió puntualmente durante la época.

“La seguridad del gobierno estatal ya fue completamente rebasada y eso es un hecho”, afirmó.

Aumenta la cuenta a 42

En la historia reciente de Nuevo León no se habían registrado ocho asesinatos en un solo día. La escalada de violencia se inició el jueves pasado a las 15:00 horas en el municipio de Apodaca, cuando un hombre, aún no identificado, circulaba en una camioneta Silverado por la avenida Concepción Barragán, en la colonia Fomerrey 4.

Ahí fue interceptado por un automóvil que le impidió el paso, mientras otras dos camionetas se aproximaron para disparar en más de 20 ocasiones sobre quien ocupaba el asiento del piloto.

El segundo atentado fue una triple ejecución, a las 18:30 en un lote de autos, en la colonia Burócratas del estado, al poniente de Monterrey. En el interior se encontraban el agente de la Policía Ministerial, Milton Guadalupe Pacheco Quintanilla; su hijo Milton Pacheco Araizade, 18 años, estudiante de Leyes; y el empleado José Castro Prado.

A lugar llegaron varios hombres en camionetas e ingresaron al lugar. Ya adentro dispararon en más de 40 ocasiones contra los tres. Una hija del ministerial se encontraba en las oficinas, y presenció la muerte de su padre y su hermano.

Los Pacheco eran hijo y nieto, respectivamente de Milton Pacheco, un exjefe de la Policía Judicial del estado, actualmente jubilado.

En la última de las acciones del jueves pasado, a las 21:00 horas un comando disparó con armas de grueso calibre a seis jóvenes que se encontraban departiendo con cerveza en el interior de una cochera de la calle Sexta en la colonia Residencial Anáhuac. Tres perecieron al instante y uno más en el trayecto al hospital; los otros dos eran reportados graves hasta la tarde del viernes.

Como preámbulo a estas masacres, la noche anterior, miércoles 28, el comandante de Seguridad Pública del estado, Ramiro Calderón Castillo fue asesinado en la colonia Jardines de Roma; le dispararon en más 45 ocasiones al automóvil Honda Accord gris que tripulaba.

Luego de los homicidios, el procurador se reunió en el Palacio de Gobierno con el gobernador Natividad González Parás; el subsecretario de Seguridad Pública federal, Patricio Patiño; Facundo Rosas, director general de Análisis Táctico de la PGR; y Ramón Pequeño, de la misma dependencia federal.

Al final de la reunión, Treviño Berchelman afirmó que no renunciará al puesto y explicó que las investigaciones requieren tiempo para arrojar resultados.

“Nosotros estamos trabajando, estamos expuestos ante la comunidad, venimos a dar la cara ante la comunidad. Hemos dado resultados en otras ocasiones, las investigaciones no se resuelven instantáneamente, todas tienen un grado de complejidad y tratándose del crimen organizado que está vinculado con acciones de tipo federal y estatal, pues la complejidad de este tipo de situaciones nos da la condición de que tenemos que pues darle más impulso a la parte que le corresponde para tratarlo de resolver”, apuntó.